Brasil. El quinto territorio más grande del mundo. La séptima población más numerosa del mundo. La décima economía y una potencia en construcción. Siempre sería difícil escribir sobre un país con estas características. Aún más difícil resulta analizar su estructura social y política. Por todas estas razones, voy a dividir este análisis en seis ejes: el regreso de Lula y los últimos cuatro años, el bolsonarismo en la oposición, el presupuesto secuestrado y los nuevos patrones económicos, el voto joven y la calcificación del electorado brasileño, la seguridad pública y la religión, y la influencia del panorama internacional en las elecciones. Serán unos cuantos (muchos) párrafos para los que pido un poco de atención.

Lula: el líder más importante del siglo se presenta a sus últimas elecciones tras renacer como el ave Fénix

Elegido. Reelegido. Sucesora elegida. Sucesora reelegida. Golpe de Estado. Encarcelamiento. Elegido. Estos 89 caracteres resumen dos décadas (entre 2002 y 2022) de la vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Supongo que ya se sabe de quién hablo, así que no hace falta que presentarlo en detalle, pero no puedo dejar de poner en contexto cómo empezó su vida. Nacido en el noreste, Lula se mudó a São Paulo cuando aún era un niño, con su madre, la conocida doña Lindu, y seis de sus siete hermanos. Trabajador desde niño, Lula perdió un dedo en un accidente laboral en 1964. Años más tarde, se convertiría en el líder sindical más importante de Brasil. Lula fue clave en las grandes huelgas de los metalúrgicos, a finales de los años 70, que exigían un aumento salarial y libertad de organización. Bajo la dictadura militar, Lula estuvo preso durante 31 días. Durante ese tiempo, su madre, la señora Lindu, falleció.

Y aún queda mucho por contar. Desde la muerte de su primera mujer hasta la fundación del Partido de los Trabajadores, necesitaría muchas líneas más para hacerle justicia a la figura de Lula. Pero he escrito esta pequeña introducción con un objetivo: hablar de la capacidad de renacer, reinventarse y adaptarse de esta figura. Esto explica su capacidad para, siendo un simple metalúrgico sin estudios, liderar las huelgas que pusieron en jaque a la dictadura militar brasileña. Explica cómo, a pesar de que se le consideraba un político al margen del sistema que nunca llegaría al poder, Lula logró adaptar su discurso y alcanzar la Presidencia de la República en 2002. Explica cómo, sin una base de diputados, negocia con políticos de derechas para mantenerse en el poder incluso en la primera década del siglo XXI. Al señalar estos logros de Lula, no quiero dar a entender que esté de acuerdo con ellos, solo pretendo ejemplificar la forma en que Lula hace política. Y eso dice mucho sobre la situación en la que se encuentra Brasil y, sobre todo, dice mucho sobre cómo Lula llegó a su tercer mandato en 2022.

Pero como no me han pedido que escriba una biografía de Lula, sino un análisis sobre las elecciones brasileñas, viajemos hasta 2022. Brasil atravesaba tantas crisis en distintos ámbitos que no caben ni en los dedos de las dos manos. La gestión desastrosa y criminal del Gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia dejó a Brasil en una situación vergonzosa y lamentable: más de 700000 muertes y el segundo país con más fallecidos por la covid-19. La gestión económica, con la privatización de sectores estratégicos (iniciada en el gobierno de Michel Temer), la precariedad laboral, la inflación descontrolada y los recortes en la inversión pública, dejó a Brasil en un panorama de tierra arrasada. Retrocedimos al Mapa del Hambre de la ONU. El 30% de la población por debajo del umbral de la pobreza, lo que suponía 9,6 millones de personas más que en 2019. En cuanto al medio ambiente, quiero citar al que entonces era ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles: “dejemos que pase la manada de bueyes”. Esa fue la frase que usó Salles en una reunión ministerial, sugiriendo aprovechar la atención mediática centrada en la pandemia para acabar con las regulaciones medioambientales. En la práctica, dividir la Amazonía en pedazos y venderla. Hacer lo mismo con todos nuestros biomas y bosques. Pero quedémonos con estas tres áreas.

Este fue el país que Lula recibió para gobernar el 1 de enero de 2023. Por si fuera poco, una semana después, el 8 de enero, se puso en marcha un intento de golpe de Estado. Orquestado por militares, miembros del Gobierno de Bolsonaro y por el propio Jair, Lula se encontró ante un país dividido por la mitad, marcado por la violencia política y el descrédito de las instituciones del Estado de derecho. Pero tuvo que seguir adelante.

Incluso antes de tomar posesión, Lula impulsó la aprobación de una enmienda constitucional que modificó el régimen de control fiscal de Brasil, lo que permitió ampliar la inversión pública de forma inmediata, sobre todo en programas sociales como Bolsa Família, Farmacia Popular y Minha Casa, Minha Vida, que habían quedado destrozados durante los gobiernos de Bolsonaro y Temer.

Durante los primeros meses de gobierno, el objetivo fue precisamente este: reconstruir el país arrasado tras seis años de gobiernos de derecha y de extrema derecha. De hecho, el lema del gobierno transmitía exactamente el sentimiento de aquel momento:Unión y Reconstrucción. Desde luego, no fue fácil y, en el punto 3 de este análisis, hablaré específicamente del principal obstáculo para la reconstrucción del país: el secuestro del presupuesto por parte del poder legislativo. A pesar de ello, tras mucha lucha y coordinación, fue posible garantizar que se asegurara lo mínimo de lo mínimo.

Pero nadie sobrevive con lo mínimo de lo mínimo y, por eso, había que ir más allá. El gobierno de Lula III, aunque sin mayoría en el Parlamento, aprobó la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5000 reales (unos 3 salarios mínimos). La tasa de desempleo bajó a mínimos históricos, situándose en torno al 6%.

Gracias al avance de las políticas sociales, Brasil salió del Mapa del Hambre de la ONU y unos 9 millones de personas salieron de la línea de pobreza, volviendo al nivel anterior a Bolsonaro. Las inversiones en salud y educación también se dispararon, y los efectos se notaron en la construcción de colegios e institutos federales, pero también en la mejora de los índices de vacunación, por ejemplo. En el ámbito medioambiental, el trabajo de la ministra Marina Silva, junto con las inversiones en control, ha garantizado una reducción del 50% de la deforestación en la Amazonía. Gracias a la movilización en las redes sociales y en las calles, el Gobierno también está impulsando el fin del horario de trabajo 6×1, proponiendo la primera reducción de la jornada laboral desde 1988, ahora a 40 horas semanales.

Pero parece que nada de esto ha sido suficiente. En las últimas encuestas de opinión, el rechazo al Gobierno de Lula ronda el 50%. Lula fue elegido con el 50,90% de los votos en 2022. La conclusión a la que llegamos es que la población brasileña está paralizada, o, mejor dicho, calcificada, pero hablaré mejor de esto en el punto 5 de este análisis.

Por ahora, lo importante es decir que, a pesar de los avances sociales y económicos, el Gobierno de Lula no ha sido capaz de cumplir su principal objetivo: desmovilizar a la extrema derecha y unir al país en torno a un proyecto nacional común. Ni siquiera el fin del sistema de turnos 6×1, que cuenta con el apoyo del 70% de los brasileños, ha sido capaz de romper la burbuja de rechazo hacia cualquier proyecto anti-bolsonarista.

La cuestión aquí no es por qué Lula no tiene buena valoración, sino por qué, a pesar de las mejoras objetivas en la realidad concreta de las y los ciudadanos, no es posible conseguir una mejor valoración del gobierno o, simplemente, reducir la división de la sociedad brasileña. Intentaré (aunque no prometo conseguirlo) responder a esta pregunta a lo largo de este análisis. Por ahora, dejamos de lado los logros del gobierno de Lula para hablar de la oposición al mismo.

El bolsonarismo en la oposición: tras el 8 de enero y con el patriarca entre rejas, cómo se organiza y sobrevive la extrema derecha brasileña

En 2022, Jair Bolsonaro perdió la carrera por la Presidencia de la República por un margen mínimo de poco más de dos millones de votos. Años después, aunque inelegible y apartado de las urnas electrónicas por sentencias judiciales, su figura sigue siendo el eje central de la oposición brasileña. Sería tentador y profundamente ingenuo analizar el bolsonarismo solo desde la perspectiva de la biografía de Jair o de las controversias judiciales y sucesorias de su familia. La gran victoria política del expresidente no fue haber llegado al poder en 2018, sino haber transformado un resentimiento disperso en una identidad política duradera.

El bolsonarismo ha dejado de ser un simple movimiento electoral para convertirse en una forma orgánica de interpretar Brasil. Articula, bajo la misma bandera, pilares históricos de la sociedad brasileña: el agronegocio exportador y contrario a la regulación, el conservadurismo moral evangélico en expansión en las periferias urbanas y el punitivismo que responde al miedo cotidiano a la violencia. A esta tríada clásica se sumó un nuevo elemento decisivo: el énfasis en el emprendimiento informal y el discurso antiestatal, captado por una amplia red digital de influencers, canales alternativos y comunidades de comunicación directa.

En la oposición al Gobierno de Lula, esta estructura demostró su eficacia práctica. Lejos de retirarse tras la derrota, la extrema derecha actuó en dos frentes simultáneos. En el Congreso, actuó como una fuerza de obstrucción permanente, imponiendo derrotas en la agenda de los valores morales, bloqueando temas relevantes y utilizando el control del presupuesto para chantajear al Ejecutivo. En las calles y en las redes sociales, mantuvo a su militancia movilizada a través de una guerra cultural ininterrumpida, convirtiendo cualquier medida del Gobierno en un pretexto para reforzar el rechazo al PT y mantener al país en constante tensión.

Para millones de brasileños, el bolsonarismo se ha convertido en un refugio identitario frente a lo que perciben como la hegemonía cultural de la izquierda y la injerencia de las instituciones tradicionales. Votar en contra del Partido de los Trabajadores y de Lula ya no es solo una elección pragmática de política económica, es un acto de pertenencia moral. Por eso, el desgaste del liderazgo formal de Jair Bolsonaro no se ha traducido en la disolución de su base. La propia sanción judicial contra los líderes funciona como combustible simbólico para la narrativa del martirio y la persecución por parte del sistema.

Es en este escenario de fragmentación y resiliencia donde surge el dilema de la sucesión. El intento de impulsar a figuras como Flávio Bolsonaro o de probar la viabilidad de gobernadores estatales de derecha revela la principal vulnerabilidad del movimiento: la dificultad de institucionalizar el carisma. Mientras que las élites políticas y económicas de la derecha buscan un bolsonarismo pragmático, capaz de gestionar el Estado y dialogar con los mercados sin el desgaste que supone una ruptura institucional, la base radicalizada exige que se mantenga la estética de la confrontación y la retórica antisistema.

La oposición en Brasil ya no depende de que haya un único candidato en las urnas. Se estructura como una fuerza social y parlamentaria consolidada, domina gobiernos estatales estratégicos y mantiene una capacidad de movilización impredecible. La pregunta que se plantea de cara a las elecciones brasileñas no es si el bolsonarismo sobrevivirá sin Jair, sino cómo afronta la democracia un movimiento que ha aprendido a existir y prosperar al margen de las propias reglas del juego político tradicional. Pero hay una pregunta aún más importante: ¿cómo se presentará el bolsonarismo en las próximas elecciones? ¿Será imposible desmantelar el resentimiento y la insatisfacción que sustentan a este grupo político?

El secuestro del presupuesto por parte del Congreso y las aspiraciones económicas de la sociedad brasileña
Para este eje, tenemos que pensar en cómo funciona el poder y cómo se legitima. En democracia, nadie es poderoso simplemente porque sí. Siempre hay una legitimación externa, ya sea política, económica o de otro tipo. En el caso del presidente de Brasil, durante muchos años su poder estuvo ligado a la gestión del dinero público, del presupuesto. Como siempre tenía que ser aprobado por las y los diputados y senadores, el presupuesto se elaboraba en el Planalto y en sus ministerios. Si una o un diputado o senador quería destinar fondos a su circunscripción, necesitaba el visto bueno del ejecutivo. Esa era la base de apoyo del presidente. Una o un diputado quiere construir una guardería en la ciudad que lo ha elegido; para ello necesita el dinero que controla el ejecutivo, que, a su vez, necesita el apoyo de la o del diputado en las votaciones que le interesan.

Pero esta lógica se basa en la legitimidad y la fuerza política del presidente. Cuanto más frágil es el poder del presidente, más se fortalece el Congreso Nacional. Volvamos entonces a 2013. Dilma era presidenta de Brasil y alcanzó el mayor índice de rechazo de la historia de la democracia. ¿Qué significa eso? Falta de legitimidad y fuerza política. A continuación, en 2016, Dilma seguía teniendo un alto índice de rechazo y se inició un proceso de destitución. ¿Qué significa eso? Falta de legitimidad y fuerza política. Dilma se resistió con uñas y dientes a los intentos del poder legislativo de imponerse al ejecutivo, y por eso la destituyeron.

Su sucesor no tendría ni el valor ni las ganas de hacerlo. Y ahí se fue todo al traste. Cuando Michel Temer llegó a la presidencia tras el golpe que derrocó a Dilma, su legitimidad no era precisamente la mejor. No había sido elegido por el pueblo y, en un momento dado, las y los brasileños que aprobaban su gobierno no llegaban ni al 5%. Fue entonces cuando el Congreso se impuso. Las y los diputados y senadores empezaron a exigir enmiendas impositivas, es decir, la asignación de recursos que el gobierno debía cumplir de forma obligatoria. Es cierto que ya existían desde 2015, pero no superaban el 1% del presupuesto.

A Temer no le quedaba mucho por hacer. Con un gobierno rechazado por los brasileños y brasileñas y con escándalos de corrupción a diario, o aceptaba las reglas del juego impuestas por el Congreso o caía como su predecesora.

Lo mismo le pasó a Bolsonaro, aunque con algunas particularidades bastante relevantes. A pesar de haber sido elegido por un margen considerable, Bolsonaro no tenía mayoría en las cámaras y necesitaba a los partidos del centrão para gobernar. Sobre todo, durante la pandemia, la presión popular para que cayera reforzó el poder del Congreso, que empezó a exigir cada vez más.

Bolsonaro se quedó, no fue reelegido y Lula volvió a la presidencia. Pero el Congreso ya no era el mismo que en 2002. Ahora tenía exigencias bastante prometedoras. Se calcula que, en este momento, las enmiendas presupuestarias representan el 25% del presupuesto discrecional de Brasil. Es decir, el 25% de todo el dinero que el Gobierno tendría para invertir en educación, sanidad y programas sociales lo decide unilateralmente el poder legislativo. Sin planificación, sin proyecto de país, sin organización central. Sin nada. En la práctica, cada diputado o diputada dispone de millones de reales para destinarlos a su base electoral y mantenerse en el poder. Por si fuera poco, gran parte de esas enmiendas están envueltas en un secretismo tal que no es posible saber qué diputado destinó el dinero a tal obra. Ni siquiera sabemos si la obra llegó a existir realmente. Esta era la situación en el país.

Con el 25% del presupuesto secuestrado, al Gobierno de Lula solo le quedó hacer pequeños ajustes para garantizar el mantenimiento de los programas sociales y las inversiones. Pregunto, con toda sinceridad y dando por hecho que quien lea esta web tiene un mínimo de idea de cómo se gestiona un país: ¿cómo se puede gobernar sin tener control sobre el 25% de todo el dinero disponible? Es imposible. Este fue el panorama que se encontró Lula y con el que tuvo que lidiar.

Dejando a un lado la cuestión del presupuesto central y la lógica del poder en Brasilia, hay otra cuestión económica que conviene señalar. Los gobiernos de Lula I y II fueron auténticos motores del auge económico y social. En un momento dado, el eslogan de Lula era “en mi gobierno, la empleada doméstica empezó a viajar en avión y su hijo entró en la universidad”. Exagerado o no, el discurso cuaja. Es atractivo. Junto con unos índices económicos positivos, crea una sensación de progreso en la sociedad brasileña, sobre todo entre las clases más pobres. Pero eso se acabó.

En la campaña de 2022, Lula prometió que los brasileños y brasileñas volverían a comer picaña [pieza triangular de carne vacuna]. Llegamos a 2026 y el 82% de las familias brasileñas están endeudadas, y más de la mitad dice que el sueldo no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Los buenos indicadores macroeconómicos que he presentado en el primer eje de este análisis son reales: el desempleo ha bajado y el PIB ha crecido. Entonces, ¿a qué se debe el descontento con la economía? ¿Por qué hay tanta gente endeudada? Bueno, hay una evidente disonancia entre la macroeconomía y la vida real de la gente. La limitación de la política económica del Gobierno de Lula es evidente: la inflación general ha bajado según los informes oficiales, pero el coste de los productos de primera necesidad (comida, vivienda, transporte) sigue pesando en el bolsillo del trabajador y la trabajadora. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el 82% de las familias brasileñas están endeudadas, el altísimo tipo de interés (impuesto por el Banco Central, con la oposición del Gobierno) sigue estrangulando a las familias. La media mundial del interés real ronda el 1,6%; en Brasil, esta cifra es del 8,45%, siendo el interés nominal del 13,75%. En la práctica, Brasil tiene el tipo de interés real más alto del mundo, superior incluso al de Rusia, que, como sabemos, no es precisamente un país muy estable. Con una inflación elevada y un sueldo que no cubre las necesidades básicas, la población brasileña se ve obligada a recurrir al interés más caro del mundo para garantizar su subsistencia. Es un círculo vicioso. El Gobierno de Lula presentó un buen programa de renegociación de deudas, garantizando tipos de interés bajos para que se pudieran pagar las deudas. Pero no fue suficiente. Ya vamos por la tercera edición del programa Desenrola Brasil programa del Gobierno Federal de Brasil diseñado para ayudar a los ciudadanos a renegociar deudas atrasadas y salir de la morosidad] y los índices de endeudamiento siguen por las nubes.

Al mismo tiempo, hay otro factor sociológico que potencia la insatisfacción: los cambios en los patrones de consumo y las aspiraciones sociales. Brasil es el segundo país en tiempo de uso de Internet (una media diaria de 9 horas), lo que hace que la sociedad esté muy expuesta al marketing de los influencers digitales y a la exhibición de un consumo excesivo e inalcanzable en las redes sociales. Si antes el objetivo era tener una casa sencilla donde vivir (lo que garantizaba el programa Minha Casa, Minha Vida), ahora, con el nuevo nivel de comparación que han creado las redes sociales, el objetivo es una gran mansión como la que muestra la influencer en Instagram. Si antes bastaba con tener comida en la mesa (lo que garantizaba el programa Bolsa Família), ahora el objetivo es tener el móvil de moda, hacer el viaje más caro y tener el coche más espectacular. Pero la exhibición y la promoción del consumo excesivo no es el único factor. Las y los influencers tienen que mostrar un camino a sus seguidores, un camino que, por norma general, incluye comprar algo o, peor aún, apostar. Y así llegamos a uno de los mayores dramas sociales de Brasil en 2026.

Las apuestas. Apuestas online. Llámalas como quieras. Brasil es el país del mundo que más accede a sitios web de este tipo. Sabemos muy bien que la gente brasileña está lejos de tener grandes excedentes presupuestarios para gastar en juegos online y, por eso, a pesar de ser el país que más accede a estos sitios, Brasil ocupa el quinto puesto en el rankingde dinero invertido en apuestas. Pero el drama social sigue siendo gravísimo: alrededor del 12% de las y los brasileños apuestan activamente, casi el 30% de la población admite haber apostado alguna vez y, quizás el dato más revelador, en un solo mes 5 millones de beneficiarios del programa Bolsa-Família aportaron más de 3000 millones de reales a sitios web de apuestas, según el Banco Central. Hay una razón que alimenta esta adicción y está directamente relacionada con los nuevos patrones de consumo. La necesidad de ascender económica y socialmente está muy extendida en la sociedad brasileña y, en uno de los países con mayor desigualdad y salarios más bajos del mundo, no queda más remedio que apostar para sentir que es posible vivir mejor.

Se estima que en 2025 las apuestas online representaron el 1,1 % del PIB de Brasil. El 1,1% del PIB de la décima economía más grande del mundo. Son unos 140000 millones de reales gastados en apuestas en Brasil.

Es imposible pensar en las elecciones de 2026 sin abordar este tema que se ha convertido rápidamente en un drama social y económico abrumador.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo gobernar un país con el 25% del presupuesto secuestrado por el poder legislativo y con un nivel de desigualdad e insatisfacción económica tan grande como este? Sinceramente, no lo sé. Pero todas estas cuestiones tienen mucho que ver con nuestro próximo eje de análisis.

¿Qué demonios es un electorado calcificado? ¿Se puede cambiar el voto de alguien? ¿Cómo votan los distintos grupos sociales en estas elecciones?
Querido lector, querida lectora, este eje de análisis empieza con una serie de preguntas clave para intentar predecir el resultado de las elecciones del próximo domingo. Aviso de antemano que no voy a responderlas como por arte de magia, pero sí que puedo aportar algunos datos interesantes al debate.

El término calcificación del electorado surgió a raíz del libro Biografía del abismo, escrito por los politólogos brasileños Felipe Nunes y Thomas Traumann. En pocas palabras, se refiere a la resistencia del electorado a cambiar su postura política, incluso ante nuevos hechos que, en un escenario normal, modificarían el análisis del contexto. En 2022, se usó mucho el término polarización para definir las elecciones brasileñas. La polarización no es más que la distancia ideológica entre dos grupos que se sitúan en polos opuestos según sus opiniones. La calcificación es más profunda. Consiste en la rigidez y la inmovilidad de las posturas. En pocas palabras, consiste en negarse a moverse del lugar en el que uno se ha quedado anclado, pase lo que pase. Y aquí es donde, en mi opinión, se encuentra el electorado brasileño.

Hay un montón de ejemplos prácticos que podrían aclarar esto, pero voy a usar un sencillo agregador de encuestas electorales.

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Gráfico 1. Recopilación de las principales encuestas electorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas (desde el 11 de enero). Fuente: UOL

Como se puede ver, el electorado brasileño se mantiene constante. Desde enero hasta ahora, ni Lula ni Flávio Bolsonaro han tenido variaciones superiores al 5 %. El electorado está paralizado. Si se tiene buena memoria y se siguen las noticias que llegan de Brasil, se ve que desde enero hasta ahora han pasado muchas cosas allí. Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el caso del Banco Master, el mayor fraude financiero de la historia de Brasil. Incluso hay un audio en el que Flávio le pide dinero al dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro. Un gran escándalo. Hace una década, eso habría bastado para sacar a un candidato de la carrera, pero con Flávio no pasa nada. Vale, hay una oscilación de dos puntos porcentuales, que vuelven a votar por él al cabo de unas semanas. Esto revela que el electorado es poco sensible a los nuevos hechos. El voto, aunque no sea por convicción, no cambia. En pocas palabras, Flávio podría aparecer mañana comiéndose a unos niños pequeños para desayunar y aún así alrededor del 40% de la población brasileña seguiría votándole porque rechaza aún más a Lula y al PT. Y en el lado opuesto de la balanza, la lógica es la misma. Lula ha presentado en las últimas semanas una serie de medidas que, en un país con un electorado no anquilosado, deberían cambiar el panorama: aumento de la Bolsa Família, avances para acabar con la escala 6×1, prohibición de las apuestas y una lista interminable de medidas con un fuerte impacto social. ¿Qué ha pasado? Nada. Las encuestas indican que el electorado sigue igual.

La conclusión que saco de esto es que es bastante difícil ganar (y perder) votos en Brasil. No porque quien vota no note en primera persona las mejoras del Gobierno de Lula o porque no esté al tanto de los escándalos relacionados con Flávio, sino porque el rechazo hacia la figura de uno y otro y el arraigo en un campo político, identitario y moral parece ser más fuerte que cualquier dato objetivo o acontecimiento de la vida política.

Esta rigidez también se refleja en la división demográfica. El electorado brasileño sigue profundamente segmentado por clase, raza, género y región. Los hombres, los blancos, con ingresos superiores a cinco salarios mínimos y residentes en las regiones del Sur y del Sudeste mantienen un apoyo mayoritario al proyecto de la extrema derecha. Por otro lado, las mujeres, las personas negras y mestizas, las y los ciudadanos con ingresos más bajos y quienes viven en la región del noreste siguen siendo la base más fiel del proyecto liderado por la izquierda.

Lo que consolida esta brecha es el resentimiento sociocultural. Entre el electorado con mayores ingresos y perfil conservador, el resentimiento se alimenta del miedo a perder el estatus económico, de la ruptura de los valores tradicionales y del rechazo al Estado redistributivo. Entre el electorado con menores ingresos, el resentimiento surge de la memoria histórica de la exclusión social y del temor constante a perder los derechos conquistados.

En este panorama tan rígido, el voto joven se perfila como una de las pocas incógnitas. La juventud brasileña ya no responde de manera uniforme a los llamamientos partidistas del pasado. Si bien una parte importante de la juventud se moviliza en torno a temas progresistas, medioambientales y de derechos laborales, otra parte significativa, inmersa en la economía informal, en el discurso del emprendimiento individual y en la cultura digital de las redes sociales, se siente fuertemente atraída por la estética antisistema de la extrema derecha. La joven o el joven brasileño no está encorsetado por la tradición, sino por la burbuja informativa en la que vive. Y es en la pugna por los márgenes de esta juventud, donde la identidad aún no está del todo cristalizada, donde se juegan las pocas cartas capaces de inclinar la balanza electoral.

Fe, miedo y orden: el papel de la seguridad pública y la religión en la decisión del voto
Llegamos a uno de los puntos más delicados de este análisis. Para entender por qué la izquierda se encuentra con resistencias tan profundas en amplias regiones del país, hay que fijarse en el altar y en la seguridad pública. Lejos de ser temas secundarios, el miedo a la violencia y la fe evangélica se han convertido en las lentes principales a través de las cuales millones de brasileños evalúan si el Estado es un aliado o una abstracción inútil.

En materia de seguridad, el panorama brasileño se ve marcado por una paradoja concreta. La expansión de facciones como el Comando Vermelho o el PCC (responsables de un avance en la organización logística del crimen en Brasil, sobre todo en lo que respecta al tráfico de drogas y armas y al control territorial), sumada a la presencia y el dominio territorial de las milicias, ha convertido la rutina de las periferias en un estado de ansiedad permanente. Ante el terror diario, la respuesta punitiva gana un apoyo popular significativo. Basta con fijarse en la reacción del público ante intervenciones ostensivas en Río de Janeiro, como las operaciones policiales en Penha y en el Complexo do Alemão o las acciones de la Policía Militar en São Paulo. Incluso con altos índices de mortalidad y críticas de organismos internacionales, estas operaciones suelen contar con el apoyo de la mayoría de vecinos y vecinas.

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Figura 2.Encuesta de opinión sobre una megaoperación policial en Río de Janeiro en 2025, en la que murieron 120 personas. Fuente: G1 y Quaest.

Para quienes viven bajo el chantaje del crimen organizado, una acción policial de mano dura no se interpreta a través del prisma de los derechos humanos, sino como la única demostración tangible de que el Estado todavía intenta recuperar ese territorio. La izquierda tradicional, al responder a esto con discursos centrados en las causas estructurales de la violencia o con propuestas institucionales como la PEC de Seguridad Pública, a menudo suena lejana para quienes necesitan salir de casa a trabajar sin que les roben. El bolsonarismo se ha hecho eco de este sentimiento ofreciendo un discurso de autoridad, apoyo incondicional a las fuerzas policiales y respuestas inmediatas.

Esa búsqueda de protección en el día a día encaja a la perfección con el crecimiento de la comunidad evangélica. La expansión de estas iglesias en Brasil (que hoy representan alrededor del 30% de la población y siguen creciendo en las periferias) no se explica solo por la fe. Donde fallan los servicios públicos, la iglesia local actúa como una red de protección social. El pastor de la comunidad suele ser quien ayuda en la recuperación de personas con adicciones, quien ofrece mediación en conflictos familiares y quien garantiza el apoyo material básico en momentos de crisis.

La extrema derecha supo institucionalizar este vínculo. Líderes como Silas Malafaia, Edir Macedo y la influyente bancada evangélica en el Congreso transformaron el espacio del templo en un centro de movilización política diaria. La decisión electoral se empezó a presentar en los servicios religiosos y en las redes sociales no como un debate sobre propuestas económicas, sino como un deber moral en defensa de la familia tradicional frente a lo que definen como la amenaza progresista.

Cuando un pastor indica a quién votar, ese consejo lleva el peso de la confianza acumulada gracias al apoyo práctico que ha brindado a la comunidad. Ignorar esta dinámica y responder a ella únicamente con la defensa abstracta del Estado laico es revelar una profunda incomprensión de la realidad social brasileña. Al combinar la respuesta punitiva a la violencia urbana con la acogida y la disciplina de la fe, la derecha ha construido un escudo electoral muy sólido en las periferias, creando una brecha que el actual Gobierno aún no ha logrado superar.

Soberanía, Trump, Big Tech: la influencia extranjera en las elecciones brasileñas
Llegamos al último y uno de los ejes más importantes de este análisis. Supongo que es conocida la política internacional intervencionista del Gobierno de Trump, sobre todo en lo que respecta a los aranceles comerciales y la influencia sobre las redes sociales. Lejos de ser un fenómeno exclusivamente brasileño, esta cuestión ha adquirido rasgos bastante específicos en el caso de Brasil.

La Casa Blanca aplicó en 2025 una serie de aranceles comerciales a varios países del mundo, y Brasil fue sancionado con uno de los más severos. En Brasil, este suceso se conoció como el tarifaço. Desde el año pasado, las autoridades brasileñas sospechaban que no se trataba solo de una cuestión comercial, sino también política. Y tenían razón. Todavía en 2025, durante el juicio que condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, el Gobierno de Trump impuso una serie de sanciones a jueces del Tribunal Supremo Federal y a ministros del Gobierno de Lula.

La presión comercial y política tenía un objetivo claro: salvar a Jair de la condena. A diferencia de lo que pasó en otros países, las sanciones contra Brasil tuvieron como principales impulsores a figuras brasileñas, como el hijo número 2 de Jair, Eduardo Bolsonaro, y el influencer Paulo Figueiredo, nieto de uno de los presidentes de la dictadura militar.

A esta clara injerencia política se suma también el papel de las redes sociales (cuyos dueños son amigos de Trump), que desempeñan un papel fundamental en estas elecciones, ya que Brasil es el tercer país que más las utiliza, según DataReportal, una plataforma que recopila y analiza datos de todo el mundo.

A pesar de la ofensiva directa orquestada por los Bolsonaro, el efecto fue justo el contrario al deseado. Al igual que ocurrió en Canadá, el apoyo de Trump a un candidato hizo que el otro triunfara con un discurso en defensa de la soberanía y la nación. Y así fue con el Gobierno de Lula, que se benefició de una ola de aprobación bastante alta durante los ataques de la Casa Blanca. Por primera vez en mucho tiempo, Lula consiguió presentarse como líder del país, recuperó el verde y el amarillo de la bandera y afirmó que él era el verdadero defensor de la nación. Y funcionó.

Hasta la fecha en que escribo este análisis, la campaña electoral no ha sido testigo de una injerencia explícita y espectacular de EEUU en Brasil, como ha ocurrido en otros países de América Latina. En el caso de Argentina, por ejemplo, en las elecciones legislativas, la Casa Blanca chantajeó abiertamente al país al condicionar la ayuda financiera y el préstamo del FMI a la victoria de Javier Milei. En Honduras, el ataque también fue bastante directo durante el periodo electoral, con declaraciones públicas de apoyo al candidato conservador, ataques a la oposición y sanciones impuestas a los jueces electorales. En el caso de Brasil, el propio Flávio Bolsonaro viajó a EEUU a principios de año para mostrar su vasallaje y prometer que, si sale elegido, Washington tendrá acceso facilitado a recursos estratégicos, sobre todo a los minerales críticos.

La cuestión central aquí radica en cómo percibe la gente este fenómeno. Si en los países vecinos la presión se manifestó de forma directa y violenta, en Brasil estas maniobras, alianzas e incluso posibles distorsiones en los algoritmos por parte de las Big Tech que perjudican a la izquierda son, para gran parte de la población, desconocidas o simplemente se interpretan como un juego político entre bastidores, y no como una violación de la soberanía. En Brasil, por lo que parece, las ofensivas de EEUU solo logran movilizar a las masas cuando se traducen en un ataque económico directo.

Creo que, al ver el impacto negativo de las injerencias de Trump el año pasado, Flávio se dio cuenta a tiempo de que no sería buena idea pedirle ayuda a su amigo Marco Rubio.

Pero aún queda mucho por pasar. A finales de agosto, un informe de la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia) calificó de muy alta la posibilidad de interferencia extranjera en las elecciones brasileñas. Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno de Lula teme que la última semana antes de la primera vuelta sea la más afectada por posibles interferencias, sobre todo en el ámbito digital.

La verdad es que, si hay alguna interferencia en marcha, probablemente solo nos enteraremos después de que se haya producido. También quiero destacar que 31 congresistas demócratas firmaron una carta la semana pasada alertando sobre la posibilidad de interferencia en las elecciones brasileñas.

Perspectivas de futuro: ¿y después de 2026?
Llegados a este punto, la pregunta que se te plantea ya no es solo quién saldrá victorioso el próximo domingo, sino qué quedará de Brasil cuando se calme el revuelo electoral. Una victoria de Lula en esta su última campaña representa, ante todo, la garantía de que se mantenga el pacto democrático, la soberanía nacional y la protección de las instituciones del Estado de derecho frente a los ataques autoritarios. Sin embargo, el día después de 2026 traerá retos sin precedentes. En el campo de la izquierda, el inevitable fin de la era Lula abre una compleja y delicada pugna por su sucesión, en un panorama en el que ningún líder cuenta todavía con el mismo capital político ni la capacidad de mediación del actual presidente. Por otro lado, el bolsonarismo ya ha demostrado que ha venido para quedarse: con o sin Jair en las urnas, la extrema derecha se reorganiza como una fuerza sociocultural duradera y pragmática, perfectamente asentada en los gobiernos estatales y con una mayoría en el parlamento.

Es precisamente en este tablero reconfigurado donde se jugará el futuro del país. Con un Congreso dominado por fuerzas profundamente conservadoras y centrado en el control del presupuesto, la gobernanza seguirá siendo rehén de negociaciones agotadoras. Por eso mismo, la preservación de la democracia y la consecución de avances sociales no podrán depender únicamente de la coordinación institucional dentro de Brasilia. Será la movilización orgánica de los movimientos sociales, los sindicatos y la sociedad civil organizada la que tenga que ejercer la presión en la calle y en las redes necesaria para romper la «calcificación» del debate público, ganarse los corazones de la juventud y exigir que la agenda de derechos no se sacrifique en el mostrador de negociaciones del poder legislativo. Las elecciones de 2026 no ponen fin a la batalla por Brasil, sino que solo marcan el inicio de una nueva etapa en la que el país seguirá, día a día, disputándose su futuro y reescribiendo su pasado.

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Raul Noetzold es estudiante de Ciencias de la Comunicación en el ISCSP-UL y activista.

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