Lula, las redes y la despolitización del conflicto social

Existe una interpretación de la victoria electoral de Lula que merece ser discutida: aquella que atribuye el resultado, fundamentalmente, a la eficacia de una estrategia de comunicación digital. Se trata de una forma de determinismo tecnológico que convierte a las plataformas en protagonistas de la política y relega a un segundo plano las condiciones sociales, los intereses materiales y los sujetos colectivos que hacen posible una transformación electoral.

Las redes sociales son hoy un terreno ineludible de la disputa política. Ignorarlas sería un error, pero atribuirles capacidad autónoma para producir mayorías constituye otro, probablemente más profundo. Las herramientas comunicacionales pueden amplificar una identidad política, instalar temas y alcanzar públicos que los medios tradicionales no consiguen interpelar. Pero no pueden sustituir la construcción de una fuerza social ni reemplazar la confrontación entre proyectos de sociedad.

La experiencia brasileña permite observar esa diferencia. Los diez millones de votos adicionales que se invocan para explicar el crecimiento electoral de Lula deben leerse en relación con una disputa política y social mucho más amplia. La reducción de la jornada laboral, el enfrentamiento con la escala 6×1, la defensa de los ingresos populares, la educación y la sanidad públicas, y la movilización juvenil son parte de esa trama. La aprobación de la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, que beneficiaría a más de 37 millones de trabajadores formales, ofrece un ejemplo concreto de cómo una demanda material puede convertirse en una cuestión central de la agenda política.

No se trata de una abstracción. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) enfrentan a una estructura de poder en la que el agronegocio, la bancada ruralista, los grandes intereses financieros y las fuerzas conservadoras tienen una presencia institucional considerable. La disputa con los sectores propietarios de la tierra, los conflictos por la reforma agraria y las reivindicaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) expresan contradicciones que atraviesan históricamente a Brasil. También las centrales sindicales, particularmente la CUT, sostienen demandas que exceden largamente la competencia electoral: reducción de la jornada sin pérdida salarial, fortalecimiento de la negociación colectiva y regulación del trabajo por aplicaciones.

La confrontación con el bolsonarismo tiene, asimismo, una dimensión institucional. Jair Bolsonaro y sus aliados no representan solamente una corriente de opinión conservadora: expresan una articulación política que reúne sectores militares, empresariales, religiosos y agrarios. La figura de Flávio Bolsonaro, adversario de Lula en el balotaje de octubre de 2026, muestra la continuidad de ese espacio político. La disputa con el Poder Judicial y los ataques de sus aliados contra el juez Alexandre de Moraes, figura central en los procesos vinculados al intento de ruptura institucional del 8 de enero de 2023, forman parte de ese escenario.

La cuestión de fondo es la relación entre representación y organización social. Una izquierda que confunde la política con la gestión comunicacional corre el riesgo de convertir a los ciudadanos en audiencias y a los militantes en operadores de marketing. Pero, sobre todo, puede terminar desplazando el conflicto de clase del centro de la escena. Porque detrás de cada proyecto político hay intereses materiales concretos: los del capital y sus distintas fracciones, por un lado; los de los trabajadores y los sectores populares, por el otro.

La victoria de Lula tampoco resuelve automáticamente esas contradicciones. El Congreso que deberá acompañar su cuarto mandato presenta una composición fuertemente conservadora, con el Partido Liberal de los Bolsonaro y sus aliados en posiciones dominantes. El resultado electoral convive así con una correlación de fuerzas institucional adversa. La posibilidad de sostener las políticas sociales, defender los ingresos y avanzar sobre los privilegios tributarios de los sectores económicamente concentrados dependerá de una disputa que continuará después de las elecciones. La mayoría electoral no equivale necesariamente a una mayoría parlamentaria ni, mucho menos, a una transformación de las relaciones de poder.

La movilización juvenil merece una consideración particular. Su participación no puede reducirse a una generación que encontró en los formatos audiovisuales breves una manera más eficaz de comunicarse. Lo relevante es su articulación con demandas sociales, expectativas de futuro y rechazo a determinadas formas de representación política. Los jóvenes no son simplemente usuarios de nuevas tecnologías: son trabajadores actuales o potenciales, estudiantes, sectores precarizados y protagonistas de una sociedad atravesada por profundas desigualdades.

Hay, además, una dimensión ideológica que merece subrayarse. Despolitizar es la modalidad específica que asume en esta etapa la ideología dominante. Uno de sus mecanismos consiste en atribuir a los dispositivos tecnológicos los efectos de una práctica popular y democrática, desplazando del análisis a los sujetos sociales y a las relaciones de fuerza que hicieron posible esos resultados. La historia parece protagonizada por algoritmos, plataformas y expertos en comunicación, mientras desaparecen los trabajadores, las organizaciones populares y los conflictos de intereses.

Esta operación no es inocente. Al explicar los cambios políticos por la eficacia de los instrumentos y no por las contradicciones sociales, se naturaliza el orden existente. La desigualdad deja de aparecer como resultado de relaciones de producción y apropiación de la riqueza para convertirse en un problema de comunicación, percepción o acceso a la información. El conflicto entre capital y trabajo queda desplazado por una supuesta competencia entre narrativas.

La cuestión no es contraponer las nuevas tecnologías a las formas tradicionales de organización, sino establecer una jerarquía política: los instrumentos deben estar subordinados a una estrategia y a un proyecto de transformación social. Su significado depende de las fuerzas que los utilizan, de los intereses que expresan y de los objetivos a los que sirven.

La experiencia brasileña deja una enseñanza que excede largamente el resultado electoral. La tecnología puede amplificar una correlación de fuerzas, pero no crearla de la nada. Puede contribuir a organizar una voluntad colectiva, pero no reemplazar la organización social que le da sustento. La política sigue siendo el terreno donde los intereses de clase se articulan, confrontan y disputan la dirección de la sociedad. Reducir esa complejidad a una cuestión de comunicación no es modernizar la política: es despolitizarla.