El ajuste fiscal en Argentina, implementado durante el gobierno de Javier Milei, ha impactado significativamente el denominado "gasto previsional", aunque los detalles muestran una dinámica compleja. Según diversas fuentes, el gasto en jubilaciones y pensiones, que representa aproximadamente el 40% del gasto primario del gobierno, ha sido un componente clave en aquello que la narrativa dominante denomina "superávit fiscal".
Respecto al reciente veto presidencial, el CEPA informa que considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (1), se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para los jubilados del país.
Esta cifra alcanza $5,6 billones en los próximos 12 meses para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas de Argentina.
Este cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.
Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica.
(1) Boletín de estadísticas de la seguridad social a junio 2025
Para sostener el ajuste que supone el recorte en el gasto previsional el gobierno nacional reprime todo reclamo de jubilados y pensionados. Como es obvio, si el plan de ajuste se mantiene, y básicamente logra sortear la elección bonaerense con relativo éxito, la corrupción, en paralelo a la represión sobre los reclamos de todos los sectores impactados por los recortes, escalará.