El elogio de figuras asociadas a dos de las mayores tragedias de la historia argentina reabre un debate sobre los límites de la afinidad ideológica, la memoria colectiva y la responsabilidad política. Mientras un dirigente reivindica a Margaret Thatcher, responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano, otro exalta a los responsables del bombardeo de Plaza de Mayo de 1955. ¿Qué ocurre cuando la admiración por determinados liderazgos termina relativizando la muerte de cientos de compatriotas? Este artículo analiza las implicancias históricas, políticas y éticas de esas reivindicaciones.
La historia argentina ha construido algunos consensos que parecían definitivamente consolidados. Uno de ellos es el repudio al bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, el mayor ataque aéreo perpetrado por fuerzas militares nacionales contra su propia población civil. Otro, la reivindicación de los 323 tripulantes del ARA General Belgrano, hundido durante la Guerra de Malvinas, y el reconocimiento de que su muerte constituye una de las mayores tragedias de la historia militar argentina.
Sin embargo, en los últimos años esos consensos comenzaron a resquebrajarse. No porque hayan aparecido nuevas evidencias históricas, sino porque algunos dirigentes políticos han decidido reivindicar —explícita o implícitamente— a quienes protagonizaron aquellos hechos.
Dos argentinos, desde posiciones ideológicas diferentes, terminan coincidiendo en un punto inquietante: elogian a quienes ejercieron violencia extrema contra sus propios compatriotas.
El presidente Javier Milei ha expresado en diversas oportunidades su admiración por Margaret Thatcher, a quien considera una de las grandes líderes del siglo XX. El argumento suele concentrarse en las reformas económicas impulsadas por la ex primera ministra británica.
Sin embargo, separar a Thatcher de la Guerra de Malvinas resulta prácticamente imposible. Fue ella quien asumió la responsabilidad política de conducir la campaña militar británica y quien autorizó el ataque contra el ARA General Belgrano, episodio que provocó la muerte de 323 marinos argentinos. El artículo original sostiene que diversos especialistas cuestionan la legalidad de esa decisión por las circunstancias en que se produjo, entre ellas la posición del crucero respecto de la Zona de Exclusión Total y el contexto diplomático existente en ese momento.
Existe un debate historiográfico y jurídico acerca de si aquel hundimiento constituye o no un crimen de guerra. Mientras algunos autores sostienen esa interpretación, otros consideran que el ataque fue compatible con el derecho internacional aplicable durante un conflicto armado. Esa controversia no impide señalar un hecho incontrovertible: para la memoria argentina, el hundimiento del Belgrano representa una tragedia nacional y la muerte de centenares de compatriotas.
Por ello, la reiterada admiración presidencial hacia Thatcher genera una tensión política y simbólica evidente con la política histórica de reivindicación de los caídos en Malvinas.
Si el hundimiento del Belgrano fue una agresión proveniente de una potencia extranjera, el bombardeo del 16 de junio de 1955 constituyó una violencia ejercida desde el propio Estado argentino contra su población.
Aviones de la Aviación Naval y sectores de la Fuerza Aérea bombardearon durante horas el centro de Buenos Aires con el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El resultado fue una masacre: centenares de muertos y más de mil heridos, en su inmensa mayoría civiles.
Durante décadas ese episodio fue reconocido como uno de los antecedentes más graves de la violencia política argentina. La legitimación posterior de quienes participaron del ataque ha sido objeto de fuertes críticas por parte de historiadores, organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos.
Los dos episodios presentan diferencias históricas enormes. Uno ocurrió durante una guerra internacional; el otro, en el marco de una tentativa golpista.
Pero existe una coincidencia esencial.
En ambos casos murieron argentinos como consecuencia de decisiones políticas deliberadas.
Y en ambos casos aparecen hoy dirigentes argentinos que optan por destacar las virtudes políticas o ideológicas de quienes estuvieron al frente de esas decisiones, relativizando el impacto que tuvieron sobre la sociedad argentina.
Desde luego, admirar determinados aspectos de una figura histórica no implica necesariamente justificar todas sus acciones. Es posible valorar ciertas políticas económicas de Thatcher sin compartir su conducción de la guerra de Malvinas, del mismo modo que alguien podría reivindicar aspectos de otros actores históricos rechazando sus actos de violencia. Sin embargo, cuando esa distinción no se formula explícitamente, el elogio puede ser percibido por amplios sectores sociales como una minimización del sufrimiento de las víctimas.
El problema no reside únicamente en el juicio sobre el pasado.
También afecta la construcción de la identidad nacional.
La Constitución argentina sostiene el reclamo permanente sobre las Islas Malvinas y establece la recuperación de su ejercicio pleno como un objetivo nacional. Esa orientación institucional convive con una memoria colectiva que reconoce el sacrificio de quienes combatieron y murieron durante la guerra.
Algo semejante ocurre con Plaza de Mayo: el rechazo al bombardeo constituye uno de los consensos democráticos construidos después de décadas de violencia política.
Cuando dirigentes argentinos elogian a protagonistas asociados con esos episodios sin establecer una condena igualmente explícita de las acciones que costaron la vida de cientos de compatriotas, la discusión deja de ser historiográfica para convertirse en un problema político contemporáneo.
Toda nación selecciona cuidadosamente los símbolos que honra.
Los líderes políticos no sólo gobiernan mediante leyes y decisiones administrativas; también producen sentido histórico. Cada elogio público implica una jerarquización de valores y una definición acerca de qué episodios merecen admiración y cuáles deben permanecer como advertencia.
Por eso, la memoria democrática exige una cautela especial cuando se evocan figuras asociadas a hechos que provocaron la muerte masiva de argentinos.
La discusión no consiste en prohibir el análisis histórico ni en impedir el debate sobre las complejidades de cada personaje. Consiste, más bien, en recordar que existen tragedias que forman parte del patrimonio moral de una nación.
Porque una democracia plena puede debatir sobre economía, estrategia militar o liderazgo político. Lo que difícilmente pueda hacer sin deteriorar sus propios consensos es naturalizar el elogio hacia quienes quedaron vinculados, de manera directa o indirecta, con algunos de los episodios más dolorosos de la historia argentina.