-Por Arturo Laguado Duca* –
Investigador y docente del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina
El sociólogo Daniel Feierstein escribió un hilo en Twitter en el cual resume el pensamiento del mainstream sobre los cambios planetarios que introdujo el neoliberalismo, tanto en lo subjetivo como en lo estructural[1]. En él destaca cuatro grandes transformaciones epocales: los cambios en la subjetividad que redundan en el híper individualismo contemporáneo; mutaciones en el sistema de acumulación hacia “un capitalismo por desposesión[2]”, según la expresión de David Harvey; el surgimiento de una derecha neofascista; y, por último, el quiebre de los consensos que se establecieron en la Argentina post dictadura donde se acordaron las reglas del juego democrático, poniendo en un lugar central los derechos humanos.
Estos cuatro grandes cambios que sintetiza Feierestein nos recuerdan la necesidad de entender la acción política en un marco diferente a los análisis usuales en la sociología y la ciencia política. Mientras que las elites políticas abandonan el compromiso con los derechos humanos, virando hacia la ultraderecha, el lawfare y los “golpes de Estado blandos” constituyen, cada vez más, el mecanismo que han elegido los poderes concentrados en su rebelión contra los constreñimientos que les imponen los regímenes democráticos. Sin duda, América Latina es el laboratorio privilegiado para este experimento de la derecha internacional como lo fue en los años 70 con las dictaduras militares neoliberales. Argentina no escapa a esta casuística.
En ese marco, el análisis político se ve en la necesidad de desentrañar la manera en que se imbrica el neoliberalismo tardío con la derecha antidemocrática mundial y sus expresiones locales, ya alejadas de los acuerdos básicos establecidos hace cuarenta años.
Indudablemente el lawfare fue un mecanismo útil para perseguir a dirigentes kirchneristas e influir en el escenario electoral: los casos más conocidos -pero no los únicos- son el encarcelamiento de Luis D’Elia, de Julio de Vido, encarcelamiento y proscripción de Amado Boudou y el armado de causas varias contra CFK, que culminaron con su proscripción, entre muchas otras.
Pero, además de operar como una poderosa herramienta para interferir en la vida democrática, el lawfare tiene al menos dos caras más. Una de ellas pasa por garantizar la impunidad de los agentes de la derecha, sean funcionarios, propagandistas o políticos, llegando, incluso, a proteger a los integrantes de la agrupación Revolución Federal y, posiblemente vinculados al intento de asesinato de CFK. Los casos son muchos, los más conocidos son los de Rodríguez Simón, la negligente investigación de la llamada “Banda de los copitos” y, actualmente, el “caso Milman”.
Pero el lawfare va más allá de proteger a quienes se hayan asociado para defraudar la riqueza nacional. Tiene también connotaciones de política económica, boicoteando las iniciativas regulatorias de un gobierno débil, favoreciendo de esa manera al capital concentrando y favoreciendo el proceso inflacionario, sin ser por ello su causa principal.
Es notorio cómo los jueces han saboteado sistemáticamente los intentos del Poder Ejecutivo de controlar el incremento de precios fundamentales para la microeconomía. En un interesante hilo, Julia Strada expone algunos ejemplos palmarios de la intromisión del Poder Judicial -usualmente bajo la figura de la cautelar- en el manejo económico[3]: por ejemplo, la aceptación de una cautelar que permite el incremento de la medicina prepaga que, desde 2021, registró un aumento de 216% vs. el 191% de la inflación. Otros casos son el aumento abusivo del precio de los peajes en la AMBA y la cautelar que impidió su reestatización; o los sobreprecios en la harina impuestos por los molineros con el beneplácito de la justicia, o las cautelares que frenan la regulación de ventas al exterior de productos prioritarios para el consumo interno -p.e. la carne-; o el rechazo a la ley de alquileres, etc.
Los casos son múltiples, pero sirven para ejemplificar que la colonización del sistema republicano de gobierno por el Poder Judicial no sólo se trata de la protección al capital concentrado -como sucedió con la suspensión de la ley de medios o la intervención del juez de Reconquista en favor de una empresa que había defraudado al Estado por un monto multimillonario-, o a los miembros de JxC en las múltiples causas en que están comprometidos, sino también de interferir en la política económica del gobierno.
Las simpatías políticas de la mayoría de los jueces del fuero federal -muchos de ellos puestos a dedo por el macrismo- son inocultables. De ahí que sus sentencias, tanto en lo penal como en lo económico, suelen ser funcionales a la estrategia política de JxC, al tiempo que limitan la capacidad de intervención del Estado.
A pesar de la interferencia de los jueces y del continuo deterioro del salario real[4], el ministerio de Economía podría exhibir el próximo año algunos éxitos importantes.
Uno de ellos podría ser la contención de la inflación para el cual se diseñó el programa 4×4 que consiste en congelar precios por 4 meses para reducir el incremento de precios al 4% mensual[5]. Otro éxito, nada menor, sería el fortalecimiento de las reservas del BCRA. Dado que Argentina es, cada vez más, una economía bimonetaria, la acumulación de divisas permite controlar el valor del dólar y, de esa forma, el de los precios del mercado interno que se referencian en él. Dólar e inflación son los ejes del debate económico nacional; si el FdT controlara estas dos variables claves podría recuperar competitividad de cara a las elecciones del 2023, incluso, en la cabeza del mismo ministro de Economía, Sergio Massa.
Aunque aún no se conocen los datos de la inflación de noviembre parece que, después de mucho tiempo, el gobierno tendrá un dato positivo que le permitiría acercarse a su meta de bajar la inflación al 60% anual para 2023[6]. Por otro lado, gracias al “dólar soja”, más los 6.000 millones de dólares que promete desembolsar el FMI -que no ha dejado de felicitar a Sergio Massa por su “prudente gestión macroeconómica”[7]– después de su revisión trimestral, sumado a la renacida flexibilidad del organismo internacional que bajó la meta de acumulación de reservas de 5.800 millones de dólares a 5.000 millones este año, el BCRA ha mejorado la disponibilidad de divisas.
Con seguridad, la ‘flexibilidad’ del FMI no es ajena al apoyo de EE.UU. al ministro. Donde más claramente se ve este apoyo es en la disposición para la firma del acuerdo de información tributaria que habilitaría la recuperación de unos 100 mil millones de dólares fugados del país[8]. Según Carlos Castagneto, director de la AFIP, “se podría cancelar la deuda con el FMI con lo que recaudarían por bienes no declarados de argentinos en EE.UU.” lo que no sólo permitiría al país recobrar la soberanía para manejar su política económica, sino que lograría que se hiciera realidad la consigna que en su momento entonó el kirchnerismo de que “la deuda la paguen quienes la fugaron”[9], evitando la continuidad de medidas tan antipáticas para el pequeño ahorrista como el precio diferencial para la liquidación de dólares de los agroexportadores.
El acuerdo firmado con EE.UU. de intercambio de información tributaria está diseñado para que el grueso de la recaudación vía blanqueo se produzca antes de las elecciones. Claro que, tratándose de una amnistía tributaria para evasores en el exterior, se necesitará una ley del Congreso de la Nación donde, presumiblemente, la oposición política intentará un boicot, cumpliendo su rol en ese trabajo coordinado con el Pode r Judicial y mediático para entorpecer las acciones de gobierno.
La debilidad del oficialismo ha acelerado la dinámica del lawfare en este último semestre, haciendo que un sector del Poder Judicial actúe cada vez más alejado de los códigos que lo limitan.
Una sucesión de hechos, concentrados en un período relativamente corto de tiempo, se produjo en los estrados. Algunos casos destacados de actuación arbitraria del Poder Judicial -en connivencia con JxC y los medios de comunicación durante este último semestre- fueron:
-La ‘captura’ por los tribunales federales de Comodoro Py de la causa por extorsión contra el fiscal Stornelli para que, allí entrara en el usual estado de hibernación en el que se sumen las acusaciones que involucran a aliados de JxC.
-El silenciamiento de la denuncia publicada por el diario Página 12 el pasado octubre de un viaje de 4 jueces a una estancia en Lago Escondido propiedad del magnate inglés Joe Lewis, amigo del expresidente Macri[10]. Después se sabría que también viajaron el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques y el CEO del multimedio Clarín -quien financió el viaje- Jorge Rendo, entre otros. El ocultamiento de esta reunión entre jueces y el principal medio opositor al gobierno, hubiera caído en el olvido si no se hubieran conocido, recientemente, los vergonzosos chats de los viajeros.
-Las irregularidades de la investigación del intento de asesinato a CFK -falta de rigor y lentitud en los peritajes, displicencia en la toma de declaraciones y el seguimiento de la ruta del dinero, etc.-. Estas continuarían meses después cuando el Poder Judicial hará oídos sordos ante el llamado caso Milmam[11], un diputado que, según el denunciante, asegura estar enterado de un futuro intento de asesinato contra la vicepresidenta. La displicencia con que se tratan estas líneas de investigación es similar a la adoptada ante la relación entre el líder de Revolución Federal y la empresa Caputo Hermanos, dirigida por Flavio Caputo, tardíamente imputado por el juez Martínez de Giorgi[12]. Flavio Caputo es hermano de Nicolás Caputo, ‘hermano del alma’ del expresidente Macri, según su propia expresión.
– Las múltiples irregularidades en el juicio contra CFK que van desde reabrir una causa que era ya cosa juzgada, hasta la introducción de ‘pruebas’ sin el conocimiento de la defensa, cuyos recursos fueron rechazados[13]. Este juicio derivó en una condena a seis años de prisión y la inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos. Aunque los fundamentos de la condena no se conocerán antes de marzo del 2023, se da el absurdo de condenar a la CFK, entones presidenta -cuyo rol, según la Constitución Nacional, no incluye el manejo del presupuesto- y absolver al ministro de Obras Públicas en un juicio que, justamente, tiene que ver con la construcción de rutas. Debido a las múltiples irregularidades durante el juicio y la falta de pruebas[14], la condena levantó una oleada de repudios en la esfera nacional e internacional.
La colusión entre jueces, fiscales y la oposición quedó en evidencia por la documentada amistad entre el fiscal y el juez en el juicio contra CFK. Además, ambos jugaban al futbol con el expresidente Macri. Por otro lado, el Tribunal de Casación Penal -donde deberá apelar la vicepresidenta- está compuesto por jueces nombrados irregularmente por el macrismo y comprometidos con el affaire de Lago Escondido. Como dijo CFK en la alocución que siguió a su condena: “El camarista al que voy a tener que apelar esta condena es el tío de la mujer del presidente del tribunal que me condenó, el que juega al fútbol en la quinta de Macri”[15].
-La ‘toma’ del Consejo de la Magistratura por la Corte Suprema de Justicia que, 16 años después, en un momento de fuerte enfrentamiento con el gobierno, decide responder a una demanda de inconstitucionalidad sobre la actual composición del Consejo anulando su forma actual y reponiendo la anterior, donde el presidente de la Corte Suprema pasó a desempeñarse como presidente del Consejo.
Si ya de por sí la avanzada del Poder Judicial sobre el régimen democrático significa un tremendo desorden institucional, la reciente ratificación de la ilegalidad de la actuación de algunos miembros del Poder Judicial quedó puesta en evidencia por el conocimiento de los chats entre quienes viajaron a Lago Escondido invitados por Clarín. Este grupo de jueces y funcionarios de CABA -autodenominados ‘los huemules’ en los supuestos chats- crearon un grupo en la aplicación de mensajería Telegram, para coordinar formas de engañar a la opinión pública con facturas apócrifas, presión a los medios de comunicación y a la fiscal de Bariloche, encargada de investigar la denuncia de recepción de dádivas que en octubre pasado hiciera un periodista. Aunque los participantes han desmentido la veracidad de esos chats -pasando a la contraofensiva judicial como se propone en las comunicaciones filtradas- cada vez hay más pruebas que sugieren la veracidad de los mismos[16], algunas de ellas recogidas por la ahora diligente fiscal Etchepare[17].
Lo impactante del desafío a la democracia no sólo está en lo dicho por los miembros del chat, sino en la convicción de impunidad y el cinismo con que establecen su coartadas y presiones a la prensa. El chat de “los huemules”, denunciado por el gobierno por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, está compuesto por jueces y fiscales, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, además de representantes de Clarín, entre otros[18].
Cuando el diario Tiempo Argentino publicó la noticia -sólo levantada por un par de medios digitales- la lógica indicaba que semejante escándalo sería tapa de toda la prensa. Sin embargo, tal cual presumen correctamente los autores en los chats filtrados, los medios no se animaron a publicarla. Al día siguiente ningún matutino, ni escrito ni televisivo, se hizo eco de la noticia. Sólo cuando CFK en una elocución pública que alcanzó las dimensiones de una virtual cadena nacional, se refirió detalladamente a estas conversaciones entre jueces, CEO’s de Clarín y altos funcionarios de CABA, el complot tomó estado público. Incluso Alberto Fernández, renuente a ir más allá de las críticas retóricas ante un Poder Judicial que se negó a auto reformase como esperaba el presidente, se vio obligado a hacer una de las pocas cadenas nacionales durante su gobierno para prometer denunciar ante la justicia a estos jueces. Dado que éste no es un fenómeno aislado, el analista se siente compelido a hacerse la pregunta que según el Evangelio de Mateo se hace Jesús: “si la sal se corrompe, ¿cómo la salaremos?”
La intervención de la vicepresidenta y la cadena nacional del presidente lograron que la fiscal Etchepare formulara el requerimiento de instrucción el 6 de diciembre, un mes y medio después del viaje en cuestión.
Sea verdad o no lo que se conoció en las conversaciones posiblemente hackeadas del celular del ministro de seguridad de CABA, lo que parece confirmado es la existencia del viaje financiado por Clarín, aunque aún esté en investigación judicial este delito. Aunque sea redundante, la real dimensión de la interferencia de esos funcionarios en la política democrática sólo se advierte cuando se ve que todos ellos estuvieron al frente de causas de alta importancia institucional. Ari Lijalidad, periodista de El Destape, resume la participación de cada uno de los viajeros como sigue:
De más está decir que la gravedad institucional que trasuntan estos chats implicaría una demanda generalizada de la sociedad política y de todo el Poder Judicial por un rápido esclarecimiento de la situación. Hay que tener en cuenta que, por chats muchos menos comprometedores se anuló la causa Lava Jato que había servido para condenar a Lula da Silva en Brasil, hoy presidente electo. En cambio, la reacción local ha pasado por un manto de silencio y negación tejido por la oposición política, las altas Cortes y la mayoría de los medios de comunicación.
Así, en una escena digna de una mala obra de teatro estudiantil, la oposición política festeja con champan[20] -según transcriben algunos medios- la condena de CFK mientras, en un movimiento paralelo, se silencia el escándalo institucional de Lago Escondido.
En resumen, la actuación sincronizada de los tres principales actores del lawfare -jueces, medios y actores políticos- configuran un golpe blando que, si bien se materializa en la condena a CFK, tiene su primer gran acto en el asalto al Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues para que la desinstitucionalización liderada por sectores del Poder Judicial tuviera éxito, era indispensable anular la capacidad de sanción del único tribunal con participación política, como anteriormente se había hecho con la destitución de la procuradora Gils Carbó para reemplazarla por un procurador interino que ya lleva varios años sin nombramiento regular.
La persecución política liderada por algunos jueces y materializada en la condena a CFK ha sido advertida por amplios sectores políticos, gremiales y académicos, generando el repudio nacional e internacional. El proceso de desinstitucionalización iniciado por sectores del Poder Judicial no sólo limita la actuación del gobierno actual, sino que condiciona la voluntad popular hacia el futuro, introduciendo nuevamente la figura de la proscripción política que tan mal recuerdo dejó en la historia argentina -y bajo la cual se templó la resistencia peronista- durante la segunda mitad del S. XX.
Ni el gobierno ni los movimientos sociales deberían ignorar la gravedad de este golpe de Estado blando. Más cuando a la intromisión del Poder Judicial se suma la manifiesta voluntad de la oposición de paralizar la acción del Congreso.
Así mismo, es de esperar que cuando más medidas transformadoras tome el Poder Ejecutivo -y la firma del acuerdo con EE.UU. sobre evasores es una de ellas- mayor será el boicot sincronizado entre las tres ‘patas’ del lawfare. Como dijera CFK, no sólo se trata de impedir su participación política, sino de disciplinar el potenciar transformador del peronismo. En esa lógica, la condena a CFK hay que inscribirla en la misma serie que la de Amado Boudou.
Es fundamental para el futuro del país retomar el pacto democrático que surgió con la caída de la dictadura cívico militar para evitar que la política argentina se enturbie nuevamente bajo la sombra de la proscripción y la falta de legitimidad. El Poder Ejecutivo debería demostrar que no está dispuesto a ceder al chantaje del lawfare. Un comienzo podría sería derogar el DNU 267 -dictado durante el gobierno de Macri-, que mutiló la ley de medios.
[1] https://www.hamartia.com.
[2] “Tenemos una transformación del sistema de acumulación, también de carácter universal. El geógrafo inglés David Harvey ha caracterizado este cambio como “acumulación por desposesión”, lo cual me parece preciso y agudo. Esto implica que el grueso de las ganancias ya no se explica necesariamente por el plus de valor obtenido en el proceso productivo sino por formas directas de expoliación: extractivas, maniobras de corrupción, especulación, estafas financieras o piramidales, etc.” https://www.hamartia.com.ar/
[3] ttps://twitter.com/Juli_
[4] https://twitter.com/
[5] “El viernes 11 de noviembre, el Gobierno anunció un acuerdo con un gran número de empresas con el que se intenta fijar los precios de casi 2.000 productos de consumo masivo durante 4 meses. Pero ese mismo viernes, las firmas que estaban contenidas en el programa se comprometieron a mantener controlados los precios de sus productos, al menos por cuatro meses.
Esta segunda estrategia, denominada ‘Plan 4×4’ busca anclar las expectativas inflacionarias alrededor del 4% mensual. De ahí que ambos números dieran el título al proyecto: retener en un 4%, y durante cuatro meses, los precios de unos 30.000 artículos.” https://ciudadano.news/
[6] https://www.pagina12.com.
[7] “La gestión macroeconómica prudente y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica: se está restableciendo el orden fiscal, se está moderando la inflación, está mejorando la balanza comercial y se está fortaleciendo la cobertura de reservas”, dijo el Fondo en un comunicado.” https://www.lanacion.com.ar/
[8] https://www.ambito.com/
[9] https://www.perfil.com/
[10] Los involucrados son Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 https://www.pagina12.com.ar/
[11] https://www.pagina12.com.
[12] https://www.baenegocios.
[13] https://www.pagina12.com.
[14] Véase, p.e. https://www.ambito.com/
[15] https://www.
[16][16] https://www.pagina12.
[17] “Los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras los comprobantes datan del día 28”, se expresa en el documento firmado por Etchepare. Es decir, casi 15 días después del viaje.
[18] https://www.argentina.
[19] https://www.eldestapeweb.
[20] https://infocielo.com/
Default.
Se cayó la tapa de Clarín : Máxima no festeja