El préstamo fue «odioso» porque no sirve ni al pueblo ni a la Nación, ya que el acreedor y el deudor sabían que no había destino para el “desarrollo” y, además, la imposibilidad de cancelación. Fue una operación ilegítima e ilegal.

Lo que ahora se negocia se hace de manera ilegal, por anti-Constitucional, ya que no había ni «necesidad ni urgencia» en pleno periodo de sesiones ordinarias del Congreso, por lo que debió enviarse una ley y no un DNU.

Más allá de esta irregularidad, lo que se negocia tiene problemas de origen, sin perjuicio que lo que ingresó en 2018, lo hizo por una puerta giratoria, agigantando la fuga de capitales.

Existe ilegitimidad de origen y de proceso (2018-25), con identificados beneficiarios inmediatos, según informe del BCRA (Banco Central de la República Argentina) del 2020, y un pasivo que se cargó a las cuentas de la sociedad, que es la que viene soportando el flagelo de la deuda, especialmente los más empobrecidos, sujetos principales del ajuste sempiterno de la gestión Milei.

Con el DNU nos enteramos que los fondos que se liberen, por ahora una incógnita respecto de su magnitud, solo podrán usarse para cancelar deuda con el FMI y “letras intransferibles”, otorgadas al BCRA a cambio de Reservas Internacionales por parte del Tesoro Nacional.

Esas «Letras intransferibles» son papeles que figuran en el balance del BCRA, que no se negocian en el mercado secundario y que generan un bajísimo interés. Es una deuda entre organismos del Estado Nacional.

El BCRA tendría unos 23.084 millones de dólares en Letras intransferibles, que en distintos momentos entregó el Tesoro Nacional a cambio de divisas de las Reservas Internacionales que gestiona el BCRA.

Esas Letras estaban valorizadas en 67.350 millones de dólares y bajo la gestión actual al frente del BCRA, de Bausili, se revaluaron esos activos en menos de 20.000 millones de dólares.

Las razones para el cambio de la valorización remiten a que aquel valor no era real, “recuperable”, y como no existe posibilidad de colocarlas en un mercado secundario se hizo una valoración menor del valor nominal. La realidad es que esas letras hoy alcanzan a 23.084 millones de dólares.

El Gobierno de Milei y Caputo pretenden cancelar parcial o totalmente esa deuda con el BCRA. Todo dependerá de la magnitud de los recursos que se logren, no solo en la renegociación con el FMI, sino de otros organismos internacionales que podrían complementar el financiamiento demandado por la Argentina.

Las estimaciones periodísticas oscilan entre 11.000 y 20.000 millones de dólares, entre lo que surja del acuerdo con el FMI y de otros prestamistas globales.

Más allá de cualquier objeción, se trata de un pésimo negocio, ya que se canjea una deuda manejable con el BCRA, que podría renegociarse recurrentemente, a bajo costo y de legislación nacional, por otra con el FMI, a mayor tasa de interés, con condicionalidades y bajo legislación extranjera.

Los condicionantes que imponga el FMI serán en materia cambiaria, monetaria o fiscal, adicionando a ello la amenaza de ir por remanentes de capital público o bienes comunes ante el impago a futuro de esta u otras acreencias.

No es ocioso mentar, que podría ocurrir lo que acontece hoy en Ucrania, con EEUU demandando contratos beneficiosos en la explotación de bienes comunes. No debemos olvidar el carácter decisorio de EEUU en el FMI.

Lo que acontece es un canje de deuda entre organismos del Estado argentino por una deuda con un organismo internacional, profundizando la dependencia local respecto del capital transnacional gestionado por la potencia hegemónica del capitalismo global.

Además, el gobierno pretende aprobación congresal a libro cerrado vía Decreto de Necesidad y Urgencia.

La estafa es la $Libra, la deuda y el conjunto de la política que afecta a millones de empobrecidos en el país.

Con esa operación, mejoran las Reservas Internacionales del BCRA que vienen bajando de manera abrupta. Si el 7 de enero alcanzaban casi 33.000 millones de dólares, el 5 de marzo bajaron a poco menos de 28.000 millones de dólares.

Son unos 5.000 millones dilapidados para el negocio especulativo del “carry trade” y una política antiinflacionaria asentada en la intervención estatal sobre el tipo de cambio, a contramano de un discurso de libre mercado.

Los efectos de la política gubernamental son desastrosos para la mayoría, pero beneficiosa para una minoría enriquecida.

El destino del préstamo en el 2018 fue la fuga de capitales en beneficio de unos pocos, y ahora también, a lo que se suma el peligro de profundizar la entrega del patrimonio público y de los bienes comunes para una explotación extranjerizada bajo la modalidad exacerbada del extractivismo depredador.

Más allá de las acciones jurídicas en curso y el debate parlamentario que el DNU habilita, la sociedad debe movilizarse para decirle “Basta al FMI” y rechazar esta nueva estafa que contribuye a profundizar la dependencia de la Argentina al capital concentrado transnacional y a la primarización extractivista del modelo productivo.