La crisis alimentaria en Argentina y el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil
En este análisis queremos problematizar la situación de crisis alimentaria en Argentina, el rol de las OSC en su abordaje mediante los comedores, merenderos y las ollas comunitarias y el impacto del nuevo gobierno tanto en la gestión de estos espacios como en la representación simbólica de este actor en la sociedad.y cómo en el último tiempo se está viviendo un proceso similar de deslegitimación y estigmatización de este actor.
Un día sin comedores, merenderos y ollas comunitarias
Por Verónica Soto Pimentel y Jessica Fajardo Carrillo*
Investigadoras del Área Estado y Políticas Públicas
En 2004 se estrenó en Estados Unidos la película Un día sin mexicanos, un drama de ficción que, a través de un relato imaginario, plantea la problemática de la migración en términos de prejuicios y discriminación de este colectivo en California. A partir de la extraña desaparición de latinos e hispanos, la película muestra cómo diferentes dinámicas y prácticas sociales se ven afectadas por este fenómeno. En su narrativa, encontramos la profunda relación entre el sostenimiento de la vida y poblaciones que son invisibilizadas y despreciadas por un sector de la sociedad y de la institucionalidad. Nos parece oportuno traer esta metáfora y exponer el lugar de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el bienestar de los territorios y cómo en el último tiempo se está viviendo un proceso similar de deslegitimación y estigmatización de este actor.
La problemática del hambre no es nueva en Argentina. En efecto, en el año 2023 se prorrogó hasta el año 2025 la Emergencia Alimentaria Nacional, un decreto del poder ejecutivo nacional de enero de 2002 que crea un Programa destinado a la compra de alimentos, administrado por la correspondiente entidad nacional de rango ministerial. En la actualidad, el deterioro de la economía y la problemática inflacionaria en el país nos hace suponer que lejos estamos de haber superado la crisis alimentaria. De hecho, el 41.7% de personas en situación de pobreza y el 11.9% en situación de indigencia, nos indica que una parte importante de la población no alcanza a cubrir con sus ingresos la canasta básica total (de alimentos y de bienes y servicios no alimentarios) o la canasta básica de alimentos, respectivamente (INDEC, 2023). A su vez, el desfase entre el aumento del precio de los alimentos y la actualización de salarios, deja en una situación de riesgo permanente a los hogares en su capacidad de acceder y mantener el consumo alimentario por sobre la línea de la pobreza y la indigencia. Por ejemplo, según la última medición del INDEC, mientras que la variación interanual del precio en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 293.4%, la variación interanual del ingreso fue del 200.8% (INDEC, 2024a, 2024b).
Lo nuevo y preocupante frente a esta situación, es que con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza al poder, asistimos a un quiebre en dos de los consensos sociales que creemos sostenían las herramientas y políticas públicas para enfrentar la emergencia alimentaria. Por una parte, la idea del Estado como principal garante del derecho a la alimentación de las personas y por otra, la legitimidad del rol que han tenido las OSC en la contención alimentaria de la población más vulnerable frente a las crisis económicas e inflacionarias. Ambos supuestos, habían forjado, más allá de las ideologías de las coaliciones gobernantes, una relación de colaboración entre las OSC y el Estado para garantizar el derecho a la alimentación, sobre todo donde el segundo no alcanzaba a llegar. Sin embargo, esta lógica se ha puesto en tensión con el gobierno de Javier Milei, lo que ha traído consecuencias tanto en términos materiales (recursos económicos para garantizar el derecho a la alimentación) como discursivos (legitimación de quien provee este bienestar).
En términos materiales, asistimos a una merma en los recursos para garantizar el derecho a la alimentación. El Ministerio de Capital Humano es responsable de ejecutar la política alimentaria mediante un conjunto de programas que, en parte, se articulan a las acciones de cuidado comunitario de las OSC[1]. Además de contar con herramientas nacionales para ello, se disponen de mecanismos de cooperación internacional, cómo es el Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el documento oficial del Plan, observamos el compromiso del Estado argentino de asignar 217.152.144 dólares para garantizar la seguridad alimentaria entre los años 2020 y 2025 (Informe 85263037, 2020).
Sin embargo, según el informe de abril del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gobierno redujo un 45% el gasto presupuestario destinado a comedores y merenderos (CEPA, 2024). El recorte del crédito comprometido para llevar adelante planes cómo el del PNUD, tiene su correlato en el anuncio oficial de alcanzar el superávit fiscal y en las distintas denuncias y testimonios sobre la falta de alimentos que realizan referentes de comedores, merenderos y ollas comunitarias, en su mayoría mujeres. A ello se suma que durante los primeros cien días del gobierno de Javier Milei, se registraron 82 hechos de protesta y se observó un incremento de las demandas por alimentos, contra el ajuste y la suba de precios (Soto Pimentel, Gradin y Reiri, 2024, p. 1-2).
Por otro lado, la problemática no se reduce a la gestión presupuestaria. Las tensiones han escalado al plano discursivo. Bajo la promesa electoral de acabar con el “curro de la justicia social”, el gobierno de La Libertad Avanza ha instalado una retórica contra el entramado organizativo de los movimientos sociales y sindicales, deslegitimando y criminalizando el rol de éstos en la provisión y garantía de derechos sociales, entre ellos, el de la alimentación.
Según los medios masivos de comunicación, el Ministerio de Capital Humano realizó una auditoría y señaló que, de los 2.600 comedores y merenderos auditados, 1.201 no pudieron ser validados georeferencialmente (Ventura, 2024). El Ministerio tomó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCom), una herramienta que sistematiza los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a nivel nacional. Es preciso mencionar que en el ReNaCom no todos reciben ayuda del Estado. Muchos de estos lugares funcionan de forma autogestiva y con recursos de las comunidades y organizaciones de base. Así mismo, sabemos que las dinámicas sociales y geográficas son complejas y exceden los registros institucionales.
Bajo el argumento de esta auditoría, también conocida como el caso de los “comedores fantasmas”, el poder ejecutivo frenó la entrega de alimentos conveniada con distintas OSC y las acusó de conformar una red corrupción contra el pueblo argentino. Incluso, han demorado la distribución de toneladas de alimentos por vencer, almacenados y adquiridos por la gestión anterior, pese a una orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a repartirlos. Estas denuncias fueron interpuestas al Ministerio de Capital Humano por referentes de los movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos, encontrando en la justicia una herramienta para arbitrar y tensionar la disputa por los alimentos. También se suma a esta trama, la investigación penal que adelanta la Oficina Anticorrupción sobre contrataciones irregulares en el Ministerio de Capital Humano.
El relato de los “comedores fantasmas” se da en un clima de polarización que profundiza el rechazo social y la estigmatización de comedores, merenderos y ollas comunitarias vinculadas al movimiento social y sindical. Estos espacios hoy se enfrentan a situaciones de vandalización y violencia[2]. Todo agravado por los allanamientos y llamados a indagatoria que atraviesan algunes dirigentes del movimiento social por el manejo de los recursos estatales durante la gestión anterior.
Volviendo a nuestra premisa inicial, esta situación da cuenta, por una parte, de un quiebre en el consenso social que admitía al Estado como garante del derecho a la alimentación de la población argentina. En coherencia con la posición política e ideológica de un gobierno neoliberal, para el ejecutivo el garante de la alimentación es el mercado y por ende, el individuo y su capacidad de decidir cómo proveérsela. Esto lo ha ratificado el presidente Milei hace pocos días cuando señaló en un discurso en Estados Unidos que “la gente no es idiota, va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse”. Esta postura respecto del rol del Estado se articula con la política del gobierno de la “motosierra” que pone como prioridad pública la reducción del gasto y el déficit fiscal. Ahora bien, si esto implica una merma en la provisión de alimentos para sectores vulnerables, se pone en duda la promesa del gobierno de que el ajuste lo pague la casta.
Por otro lado, el relato oficial sobre la corrupción y la judicialización de algunes dirigentes sociales, está profundamente mediatizado y profundiza el quiebre del consenso social sobre la legitimidad de los OSC en la garantía de derechos. Durante los últimos años, el trabajo de los comedores, merenderos y ollas comunitarias no se limitó a la provisión de alimentos. Allí se atienden otras problemáticas cómo son las situaciones de violencia por motivos de género, las barreras en el acceso a la salud, al trabajo y a la educación, el consumo problemático de drogas, la crisis habitacional, entre otras. Las cocinas se convirtieron en escenarios que permiten el acceso a otros derechos. Consideramos que para que una política pública sea efectiva, no se puede prescindir de estos espacios y de las relaciones sociales que se dan alrededor. En la contención alimentaria se reconstruye parte de un tejido social que se rompe en momentos críticos de ajuste y recesión, cómo el que atraviesa la Argentina ahora y donde toman fuerza los discursos de odio. Es una pesada carga que asumen las comunidades y las organizaciones de base y que demanda que el Estado asuma un rol central para atender problemáticas sociales que son estructurales e históricas.
Acá queremos retomar la metáfora inicial para una reflexión final. El gobierno de La Libertad Avanza insiste en que lo que busca no es terminar con la asistencia social, sino dirigirla directamente a la gente, sin intermediarios. Pero, ¿qué pasaría si por un día desaparecieran los comedores, las ollas populares y los merenderos gestionados por las OSC? y más relevante aún, ¿qué pasaría si sólo por un día no estuvieran quienes militan el derecho a la alimentación en los barrios y territorios? Una primera consecuencia, miles de personas simplemente no podrían recibir un almuerzo, una merienda o una cena, ni podrían acceder a servicios sociales y a otros derechos humanos como los mencionados anteriormente. Se rompería el lazo que históricamente ha permitido ejecutar políticas públicas de diversa índole mediante relaciones de colaboración entre el Estado y las OSC. Y se rompería un canal que es fundamental para la promesa del ejecutivo de seguir otorgando asistencia social, porque, ¿cómo planea distribuir los alimentos a los merenderos, ollas populares y comedores sin el conocimiento territorial de las OSC?, ¿cómo va a reemplazar el trabajo concreto que miembros de esas organizaciones construyen diariamente para cuidar, cocinar y proteger a quienes muchas veces ni siquiera tienen un lugar para dormir?
Referencias
CEPA. (2024). La ejecución presupuestaria de la administración pública nacional – Abril 2024. Informe. Análisis de la ejecución por programa. CEPA. Disponible en: https://centrocepa.com.ar/
INDEC. (2023). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2023. Informes Técnicos. Condiciones de vida, Vol. 8, n° 7. INDEC y Ministerio de Economía de la Argentina.
INDEC. (2024a). Índice de precios al consumidor (IPC). Abril de 2024. Informes Técnicos. Índice de precios, Vol. 8, n° 15. INDEC y Ministerio de Economía de la Argentina.
INDEC. (2024b). Índice de salarios. Marzo de 2024. Informes Técnicos. Salarios, Vol. 8, n° 5. INDEC y Ministerio de Economía de la Argentina.
Informe 85263037 de 2020 [Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación]. Proyecto PNUD ARG 20/004 – Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. 9 de diciembre de 2020. Ministerio de Desarrollo Social – 2020. Disponible en: https://www.undp.org/es/
Soto Pimentel, V., Gradin, A. y Reiri, M. (2024). Informe N° 44 | La conflictividad social a 100 días del inicio del gobierno de Javier Milei. Observatorio sobre políticas públicas y reforma estructural. Disponible en: https://politicaspublicas.
Ventura, A. (17 de mayo de 2024). Uno por uno, los 1201 comedores fantasma que recibían fondos del Estado y todas las irregularidades detectadas. TN. https://tn.
[1] Estos programas también están vinculados a comedores escolares y transferencias directas a los hogares.
[2] Esto lo observamos en el trabajo de campo realizado en el marco de uno de nuestros proyectos de investigación en curso.
Milei: “Soy el que destruye el Estado desde adentro”
Ah, muy bien !
Poder Legislativo ?
Poder Judicial ?