El liderazgo estatal de YPF en Vaca Muerta y la transición energética argentina

Por Hernán Herrera

La reciente sentencia de la jueza Loretta Preska en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ordena al Estado argentino compensar al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF, entregando el 51% de las acciones a cargo del Estado (sin mencionar que las provincias tienen parte integrante del 25%) implica un riesgo concreto de reprivatización indirecta (por lo menos) de la compañía y plantea interrogantes centrales sobre la soberanía de los activos estratégicos nacionales.

El fallo privilegia el estatuto societario elaborado en los años noventa —que buscaba garantizar el control privado y establecer condiciones de oferta pública de acciones en caso de cambios de control— por sobre el marco legal argentino y los principios constitucionales que amparan la utilidad pública y la intervención estatal en recursos estratégicos.

Burford Capital, que no sufrió perjuicio patrimonial alguno por la estatización y adquirió los derechos litigiosos solo como instrumento financiero, fue posicionado por la sentencia en una posición equivalente a la de un inversor productivo real. Lo más problemático es que la jueza Preska decidió ignorar la prelación normativa argentina, dando prioridad a un estatuto societario privado por sobre una ley aprobada por el Congreso nacional, lo que sienta un precedente inédito e inestable en materia de derecho internacional y protección de soberanía sobre los recursos energéticos.

A partir de esto, se hace imprescindible recordar la importancia de YPF para todo el sistema económico, productivo y de bienestar de la Argentina. La estatización de YPF en 2012 marcó un punto de inflexión decisivo en la política energética argentina, estableciendo una visión de largo plazo y superando las limitaciones de una lógica privada cortoplacista que prevaleció durante la gestión de Repsol. Esta lógica cortoplacista amenaza con volver con fuerza bajo las políticas energéticas impulsadas desde 2023 por el gobierno de Javier Milei, centradas en la desregulación y privatización. Desde su recuperación estatal, YPF asumió riesgos exploratorios en etapas tempranas y proyectos de perforación inicial en yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, una incertidumbre inicial que el capital privado se mostró reticente a enfrentar. Así, la empresa estatal se consolidó como líder indiscutido en la producción de shale oil y shale gas en Argentina, mostrando la capacidad estratégica del Estado para desarrollar recursos críticos y transformar al país de un importador neto a un potencial exportador estratégico de energía.

Este papel central del Estado quedó evidenciado particularmente en el desarrollo de Vaca Muerta, segunda reserva mundial de shale gas y cuarta de shale oil. En un mundo donde la transición energética hace que se vaya abandonando el carbón y se use el gas como vector energético de transición. La sostenibilidad del liderazgo estatal permitió resultados contundentes y de largo plazo: entre enero y marzo de 2025, Argentina alcanzó su mejor trimestre petrolero en 15 años, con 10,68 millones de m³ extraídos, un incremento interanual del 9,8%. Neuquén fue crucial en esta dinámica, aportando el 60% del total nacional. YPF fue el actor más relevante, representando el 31% de toda la producción nacional de hidrocarburos líquidos y enfocándose en operaciones avanzadas de shale oil, las cuales constituyen cerca del 65% de su producción mensual total. Este crecimiento fue el resultado directo de inversiones estratégicas en tecnologías de punta como fractura hidráulica, perforación horizontal y optimización de etapas de fractura.

Cabe destacar que hacia diciembre de 2013 se observa (según trabajos de quien suscribe y que aguardan para ser publicados) que el crecimiento de la cuenca neuquina no convencional ocurrió de la mano de YPF. Recién a partir de fines de 2017 se suman con fuerza otras empresas a la producción no convencional, situación que se consolida a partir de mediados de 2019. Hacia septiembre de 2024, YPF explica el 31% del total de la producción de oil en el país, casi un tercio de la producción total se explica por los no convencionales de YPF en la cuenca neuquina. Esto da una idea de la importancia que tuvo la empresa de control estatal en el desarrollo de este tipo de producción. YPF actualmente produce aproximadamente 1,1 millones de metros cúbicos por mes de shale oil en la cuenca neuquina, esto a su vez, explica más del 65% de su producción total.

En referencia al shale gas, observamos una situación similar, en octubre de 2013 se despierta la producción no convencional en dicha cuenca por parte de YPF, cuando sus principales competidoras no movieron significativamente el sector hasta el segundo trimestre de 2017. Este dato verifica las conclusiones sobre el riesgo que asumen las inversiones de YPF, generando la primera huella local en la operación con pozos de fractura horizontal.

YPF no se limitó al desarrollo productivo, sino que lideró inversiones en infraestructura crítica como el Gasoducto Néstor Kirchner, financiado en parte por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Este proyecto fue vital para reducir significativamente la dependencia argentina de importaciones de gas natural licuado (GNL). Según datos oficiales del BCRA, elaborados por el Instituto Argentina Grande (IAG), el balance cambiario energético pasó de un déficit alarmante de USD -8.382 millones en 2022 a un superávit notable de USD 2.905 millones en 2024, acumulando USD 3.912 millones en solo cinco meses de 2025. Esta reducción drástica en las importaciones energéticas no solo alivió la presión sobre las reservas internacionales, sino que también estabilizó la economía nacional, demostrando claramente la eficacia de una estrategia estatal de largo plazo frente al enfoque liberalizador y cortoplacista promovido actualmente por el gobierno de Milei.

Sin embargo, con la nueva etapa abierta a partir de 2023 bajo la administración Milei, se sancionó una Ley llamada “Bases”, que incluye una política de incentivos para grandes inversiones, RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones). Este régimen fue publicitado como un instrumento para captar inversiones, pero en la práctica no se sintetizó en una política energética integral ni a un desarrollo federal de proveedores nacionales. Como resultado, las señales al capital internacional fueron ambiguas y desarticuladas respecto a una visión de largo plazo. Un ejemplo concreto: la salida de Petronas del proyecto de GNL en Bahía Blanca, con una inversión potencial superior a los USD 10.000 millones, es la mejor prueba de que los incentivos desregulados, sin planificación estratégica estatal, no logran retener ni escalar inversiones transformadoras; cabe mencionar que ésta perdida supera los beneficios logrados hasta ahora con el RIGI. La ausencia de un marco federal y de reglas claras atenta contra la continuidad y profundización del modelo de desarrollo energético autosustentable.

En contraste con la gestión de Repsol, por otro lado, donde se privilegiaba la repatriación de ganancias al exterior y la desinversión en infraestructura crítica, la conducción estatal de YPF aseguró que las rentas generadas por la producción energética permanecieran y se reinvirtieran en el país. Así, se garantizó una política energética integral y autosuficiente orientada al desarrollo productivo y tecnológico nacional creciente.

En términos de innovación tecnológica y transición energética, YPF desempeña un rol clave mediante Y-TEC, su brazo tecnológico. Esta empresa lidera la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, especialmente baterías de litio, esenciales para la electromovilidad global. La creación de YPF Litio reforzó esta visión estratégica estatal al asegurar la cadena productiva del litio desde la extracción hasta la fabricación local de baterías, fomentando así la soberanía tecnológica y reduciendo la dependencia externa.

Afiche de época, cuando el kirchnerismo recuperó YPF para todos los argentinos.

Además, la operación de YPF Litio y su colaboración con empresas provinciales como CAMYEN en Catamarca ejemplifican la eficacia del Estado en integrar proyectos productivos con arraigo territorial. Esta estrategia genera divisas y garantiza la licencia social para operar, minimizando conflictos socioambientales y fortaleciendo la estabilidad social local. Este enfoque, raramente priorizado por el sector privado debido a sus objetivos inmediatos de rentabilidad, muestra el potencial único del Estado para promover un desarrollo regional sustentable. En este contexto, el proyecto de ley presentado por Julia Strada en la HCDN busca promover la industrialización del litio y el desarrollo local de baterías, estableciendo criterios para agregar valor en origen y fortalecer la cadena tecnológica nacional, tal como venía impulsando la gestión anterior.

A nivel sectorial, empresas privadas como Vista, Shell y PAE se beneficiaron considerablemente del entorno creado por la infraestructura, los conocimientos técnicos y las inversiones iniciales lideradas por YPF. Esto confirma que una política energética estatal, consistente y a largo plazo, genera un ecosistema favorable para inversiones privadas sostenibles, demostrando que la complementariedad entre lo público y privado es clave en sectores estratégicos.

¿Y antes qué pasaba? Previo a la estatización en 2012, YPF bajo la gestión de Repsol mostró claras señales de deterioro operativo y estratégico que afectaron gravemente la producción nacional de hidrocarburos. Entre 1998 y 2011, la producción total de petróleo de YPF cayó de 54 millones de metros cúbicos anuales a menos de 33 millones, lo que representó una reducción acumulada del 39%. En paralelo, la distribución de dividendos por parte de Repsol fue agresiva y abusiva, llegando a distribuir hasta el 90% de las utilidades netas generadas entre 2007 y 2011. Este comportamiento financiero deterioró seriamente la capacidad inversora de YPF, impidiendo mantener el nivel necesario de inversiones para revertir la declinación productiva y responder a las crecientes necesidades energéticas del país. Además, entre 1993-1998 el promedio anual fue 77 pozos exploratorios, entre 1999 y 2004, ese promedio cae a 26 pozos/año (contracción de ~70%), y hacia 2005-2010 cae a 13 pozos/año (contracción de ~84% respecto del primer período).

Durante la etapa de Repsol, la política corporativa priorizó la explotación intensiva de yacimientos maduros, aquellos que ya habían superado su pico de productividad y mostraban rendimientos decrecientes. Se buscó maximizar el flujo de caja a través del agotamiento acelerado de reservas existentes, relegando la inversión en nuevos proyectos exploratorios o de desarrollo de riesgo. Esta estrategia no solo aceleró el declino natural de la producción, sino que profundizó el vaciamiento del patrimonio hidrocarburífero nacional, posponiendo la perforación de pozos exploratorios y la incorporación de nuevas reservas. El resultado fue una mayor vulnerabilidad energética y el desfinanciamiento del futuro productivo del país.

Esta situación crítica dejó al país en una peligrosa dependencia energética externa, generando graves problemas económicos y vulnerabilidades estratégicas que urgían una intervención estatal decidida para revertir la tendencia negativa y recuperar la soberanía energética.

La desregulación profunda del mercado de hidrocarburos implementada en los años ‘90 no solo desarticuló las capacidades estatales de planificación y control, sino que también erosionó el mandato de la Constitución Nacional, que en sus artículos 124 y 125 establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias, pero exige la coordinación federal para su explotación estratégica en beneficio del desarrollo general. El paradigma de mercado libre, con privatización y apertura irrestricta, favoreció la expatriación de utilidades, la concentración de renta y la pérdida de capacidad de intervención estatal sobre precios, inversiones y abastecimiento energético interno. Esta vulnerabilidad jurídica y económica limitó la capacidad nacional para responder a las necesidades productivas y de consumo interno, contradiciendo la experiencia internacional y el espíritu constitucional.

La estatización de YPF no solo implicó la recuperación y modernización del entramado productivo energético, sino que tuvo un fuerte efecto multiplicador a lo largo de toda la economía nacional. La inversión sostenida y la irrupción de la producción shale dinamizaron industrias asociadas —servicios petroleros, transporte, metalmecánica, construcción— y consolidaron una nueva demanda de tecnología y empleo calificado. Además, la capacidad estatal para conducir el precio de los combustibles permitió amortiguar el impacto inflacionario sobre la cadena productiva y el consumo, facilitando la expansión de sectores como la industria, la agroindustria y el transporte.

Es cierto que algunos sectores han señalado que la política de precios bajos pudo desincentivar inversiones privadas de corto plazo y tensionar márgenes de operadores independientes. Sin embargo, el saldo para el desarrollo de la empresa fue positivo, con buenos balances y resultados operativos, pasando de ser la empresa predominante del mercado interno a ser la locomotora de las inversiones para exportar. Los nuevos desafíos se presentan por el lado de sostener el pleno control estatal de la compañía, y profundizar las inversiones tanto tecnológicas como orientadas a la exportación con un mercado interno estable.

Por último, pero no menos importante, la experiencia argentina con YPF subraya la importancia estratégica e indispensable de mantener un control estatal firme sobre los recursos energéticos, oponiéndose claramente a las políticas privatizadoras del actual gobierno. YPF estatal es un acierto, y ninguna decisión externa debe modificar eso. El gobierno podrá pedir la suspensión, apelar el fallo de la jueza neoyorkina Loretta Preska, o en última instancia negociarlo lo mejor posible, pero jamás deberá permitir que YPF desande su camino testigo de estas inversiones bajo el control del Estado. Mirando modelos exitosos como el de Noruega, Argentina debería intensificar esta estrategia, reinvirtiendo las rentas extraordinarias generadas por petróleo, gas y litio haciendo un puente hacia el presente para realizar proyectos nacionales de infraestructura vial, social, desarrollo tecnológico y reducción efectiva de la pobreza, asegurando así una transición energética inclusiva, equitativa y resiliente, que garantice soberanía energética y exportaciones que brinden mayor autonomía al país.

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Hernán Herrera

Lic. en Ciencia Política UBA; especializado en política económica, transición energética y gestión pública; docente, investigador de Flacso e integrante del Instituto Argentina Grande (IAG).

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