Podemos afirmar que, con esta resolución, el nivel de judicialización de la política en Argentina alcanzó niveles extremos, al punto de definirse en el terreno judicial la suerte del futuro del país y de su pueblo.

No es que nos encontró desprevenidxs: Rafael Correa está exiliado de su patria hace años y tiene pedido de captura internacional, Lula estuvo preso 580 días, Milagro Sala lleva 2517 días de detención preventiva, por lo que conocemos, discutimos, teorizamos y sufrimos hace años el abuso del derecho penal como mecanismo para garantizar gobernabilidad a los sectores de poder en Latinoamérica. Pero el mecanismo, aunque reiterado, no deja de sorprender. Sobre todo cuando opera de un modo tan burdo.

¿Pruebas? No, gracias

Ayer concluyó el juicio oral que comenzó en mayo de 2019 en el que se investigó el presunto redireccionamiento de obras viales llevadas adelante en la Provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez. Esta causa tuvo su inicio en el año 2008, cuando se presentó una denuncia para que se investiguen estos hechos. En aquel momento fue sorteado el juez Julián Ercolini, quien resolvió que él no era competente para la investigación, y que ésta se debía tramitar en el poder judicial de Santa Cruz.

Ese proceso concluyó con el sobreseimiento de todos los investigados por entender que no constituían ningún delito. En febrero de 2016, el interventor de Vialidad Nacional designado por Mauricio Macri presentó una denuncia por los mismos hechos ante los tribunales de Comodoro Py. Otra vez debía intervenir Julián Ercolini. Curiosamente, ocho años después de su declaración de incompetencia, resolvió que en esta ocasión sí le correspondía llevar adelante la instrucción del proceso.

El objeto de causa era si se direccionaron las licitaciones de las 51 obras viales a una misma empresa, si se pagaron sobreprecios, si las obras no fueron realizadas y si esas obras y los recursos necesarios se encontraban contemplados en el presupuesto nacional, todo ello en el período 2003-2015.

A pesar de que en el año 2019 se llegó a la etapa de juicio oral, no hubo a lo largo de los años una pericia contable para determinar si se pagó de más. Tampoco existió constatación de que las obras no se hubieran hecho; no hubo declaraciones testimoniales que indicaran que se hubieran recibido órdenes para que Austral Construcciones fuera la ganadora de las licitaciones. No hubo registros de mails, llamados, mensajes de texto entre CFK y quienes intervinieron en esas licitaciones…

La defensa de Cristina incluso solicitó que se haga una pericia sobre todas las obras viales a los fines de demostrar que habían sido realizadas y que no había habido valores fuera del mercado. Pero tanto el juez Ercolini como el Tribunal Oral Federal No. 2 no lo admitieron[1].

Durante el debate oral fueron múltiples los testigos que afirmaron que, una vez que Macri ganó la presidencia, fueron hostigados para que declararan mintiendo sobre irregularidades que no existieron. A pesar de todo ello, el 22 de agosto pasado concluyeron los alegatos fiscales (que parecían emular una serie judicial yanqui: plagados de adjetivos, cambios de tonos y números estrafalarios que solo por arte de magia se podían deducir) solicitando se condene a Cristina Fernández de Kirchner, en tanto jefa de una asociación ilícita y autora del delito de administración fraudulenta contra el Estado Nacional, a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de por vida.

Alegaron que la «asociación ilícita piramidal» habría comenzado en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y continuado en las dos presidencias de Cristina, hasta diciembre de 2015. Es decir, sostienen que se montó una organización criminal bajo el amparo del gobierno nacional. Y como acusan a CFK de ser su jefa, consideran que no es necesario probar su intervención en algún hecho en concreto, ni tampoco su voluntad o conocimiento sobre los hechos. Basta con afirmar que ella «no podía no haber sabido».

Aquí me permito una digresión (de vida o muerte). Es imposible no vincular este hecho político —sí, político— con el atentado a la vida que sufriera Cristina el 1º de septiembre, apenas una semana después de aquel alegato, en el marco de un escrache en su domicilio y el posterior apoyo popular que recibiera como respuesta.

Todas las defensas rebatieron, una a una, las afirmaciones de la fiscalía; incluso lo hizo la propia Cristina, haciendo uso de su derecho de ejercer la propia defensa. Se mostró que el alegato se basó en falsedades y que se omitió valorar prueba dirimente, dejando en ridículo a los propios fiscales por razonamientos rayanos a la ignorancia o al desprecio de las reglas básicas del funcionamiento del Estado. Al momento de poder contestar esos argumentos y pruebas de las defensas, los fiscales optaron por el silencio. Nada tenían para decir: ni una sola palabra, ni una sola mención a todo lo que se había argumentado.

Amigos son los amigos

Así se llegó al veredicto del día 6 de diciembre. En el interín, unos días antes de finalizar los alegatos fiscales, se hizo pública una serie de vinculaciones y relaciones promiscuas entre los fiscales y miembros del tribunal, lo que se sumaba a una larga serie de irregularidades que se conocían de distintos jueces y fiscales de todas las instancias que habían intervenido en esta misma causa.

Esta crónica sería demasiado extensa si pretendiera detallar todas y cada una de estas obscenas relaciones. Pero para ilustrar la cuestión podemos mencionar, por ejemplo, que algunos de esos jueces y fiscales —Rodrigo Giménez Uriburu, juez del Tribunal que intervino en el juicio, Diego Luciani, fiscal del juicio, Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal de Apelaciones (que intervino en los recursos durante la instrucción)— juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaron al tenis y al paddle en la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente: tales son los casos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

Existieron otros que se reunieron con Macri, con la Ministra de Seguridad y con quien era en ese momento titular de la Agencia Federal de Inteligencia mientras la causa estaba en trámite: Jorge Gorini, juez del Tribunal que está interviniendo en el juicio, Sergio Mola, fiscal del juicio, Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl Pleé, fiscal ante Casación, Gustavo Hornos, juez de la Cámara de Casación Federal Penal. Finalmente están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (jueces de la Cámara de Casación Federal Penal) y Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que fueron designados en sus cargos judiciales por Macri pero de forma irregular.

El día previo al dictado de la sentencia también se hicieron públicas una serie de comunicaciones que involucraron a cuatro jueces federales —uno de ellos Julián Ercolini, quien investigó a CFK en la causa Vialidad—, al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a dos exagentes de inteligencia y a dos directivos del Grupo Clarín. Hacía un mes y medio que se había conocido la noticia (muy poco difundida) de que todos ellos habrían realizado un viaje juntos a la estancia de Joe Lewis —amigo personal y anfitrión de las vacaciones de Mauricio Macri— en Lago Escondido[2].

Sin embargo, la difusión de un grupo de chat creado entre todos ellos para intercambiar posibles cursos de acción sobre cómo intervenir frente a la difusión de aquella noticia evidenció la comisión de una larga serie de delitos: desde la aceptación del pago del viaje y el hospedaje por parte del Grupo Clarín hasta la obtención posterior de facturas de aquellos servicios para intentar justificar un pago que no habían realizado, pasando por amenazas a funcionarios que podrían tener más información de aquel viaje, la solicitud a la fiscal federal y a la jueza federal de Bariloche que investigaban ese viaje para que tomaran ciertas medidas en ese proceso judicial y la preparación de un testigo que debía declarar en esa causa para que falseara los hechos por los que debía responder, entre muchas otras acciones (probablemente, también delictivas).

Un poder judicial vergonzante

Este es el telón de fondo de la sentencia más aberrante de nuestra vida democrática. La mierda abajo de la alfombra que, descubierta, sacada a la luz, emana un olor rancio, inmundo, vomitivo, apenas soportable.

¿Podíamos sorprendernos con esta sentencia? ¿Nos cabe el derecho a sorprendernos? Si tenemos en cuenta que entre el 2004 y el 2022 Cristina fue denunciada en 654 ocasiones, que al menos 6 personas vinculadas con el espacio político opositor a ella la denunciaron entre 20 y 74 veces, que la mayor cantidad de denuncias se presentaron entre 2014 y 2016 y, luego, entre 2021 y 2022 —coincidiendo con los años previos a elecciones presidenciales—, que en su gran mayoría todas fueron desestimadas (CELAG 2022) y que, a pesar de que existe un sistema de sorteo para la asignación de los jueces que tienen que intervenir en cada causa judicial, en diez casos seguidos contra Cristina Fernández de Kirchner salió sorteado el mismo juez de doce juzgados con competencia federal posibles (las probabilidades de que ello suceda son de 0,00000000177%, es decir, menos de dos cada mil millones), creo que la respuesta es un rotundo NO.

Quizás la pregunta deba ser otra: ¿tenemos derecho a quedarnos de brazos cruzados mientras gobiernan los jueces y el Grupo Clarín?

La historia de nuestro poder judicial vergonzante no comenzó en 2016, ni tampoco unos años antes —a pesar de que la obscenidad y el descaro de sus prácticas día a día lo hagan más evidente—, sino que tiene una larguísima historia. En 1930, mediante una Acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo reconoció y legitimó al Gobierno Provisional de José E. Uriburu, afirmando que el título de gobierno de facto no podía ser judicialmente discutido «en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social».

Ello permitió, en adelante, en el lacerante siglo XX, legitimar a todas las dictaduras cívico-militares. En la última de las dictaduras, la que comenzó en 1976 al mando de Videla, el poder judicial no fue un obstáculo para llevar adelante el plan sistemático de represión y exterminio más atroz que nos tocó vivir. Muestra de ello es que durante los años 1976-1983 se presentaron 8335 habeas corpus bajo la imperiosa búsqueda de conocer el paradero de miles de personas que se encontraban desaparecidas por el accionar del Estado terrorista y que, salvo contadas excepciones, todos fueron rechazados (incluso, en ocasiones, con condenas en costas).

Recuperada la democracia, el poder judicial ha dado muestras de desprecio absoluto por ella. En 1994, y todavía aturdidos por el atentado a la sede de la AMIA/DAIA, Comodoro Py sería el escenario de las maniobras más escandalosas que pudiéramos imaginar: jueces arreglando pagos a imputados para que mintieran, abandono de líneas de investigación que pudieran llegar al entonces presidente Carlos Menem, privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, etc. Todo ello coordinado entre jueces, fiscales, la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otros.

La de ayer es una más de las numerosas páginas oscuras del poder judicial de nuestro país. Quienes militamos por sociedades más democráticas e igualitarias debemos asumir que construir un nuevo poder judicial es una tarea esencial e impostergable de esta hora.

Al finalizar la lectura del veredicto, Cristina volvió a tomar la palabra pública. Lo hizo para desenmascarar al grupo de muchachos que viajaron a la estancia de Lewis pagados por Clarín y la larga lista de delitos que cometieron. Lo hizo porque el silencio ensordecedor de los medios también lo exigía. Concluyó expresando:

¿A mí administración fraudulenta por el Estado? ¿Y a estos amarrillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, que se pasean en los aviones de Clarín? Bueno, no voy a ser candidata, una buena noticia para usted Magneto [Héctor, director ejecutivo del Grupo Clarín], porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, así que va a poder dar la orden de que me metan presa. ¡Pero mascota de usted, jamás! No voy a ser candidata a nada. Esta es la verdadera condena: la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa luego del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando a algunos Caputos de la vida no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere: presa o muerta.

El enojo de los dioses y la esperanza de Pandora

Pandora fue la primera mujer modelada en barro. Cuentan que Zeus estaba muy enojado con Prometeo porque se había hecho amigo de los hombres —sí, así dice la mitología griega: solo de los hombres— y les había dado el don del fuego, algo que Zeus había prohibido para la humanidad. Enojadísimo por eso, ordenó que moldearan a Pandora y que se la mandaran a los hombres.

Pandora era una hermosa doncella; distintos dioses le otorgaron virtudes, aunque Hermes le sembró la seducción y un carácter inconstante. Los dioses y diosas le regalan una caja, que en realidad es una tinaja que, según la versión, estaría llena de males o llena de virtudes y que, le advierten, no puede abrir por ningún motivo. Aquí escogeremos la segunda versión. Pese a las advertencias, Pandora, que era muy inquieta, abrió la caja y dejó que se escapen las virtudes, lo que hizo muy feliz a todo el pueblo (la mitología no habla de pueblo, pero permítanme la licencia poética). Pero, claro, también generó el enojo de los dioses por incumplir con su advertencia.

Cuando la caja se cierra, según el mito, solo queda allí dentro una virtud: la esperanza, que fue la única que no consiguió salir. Hasta el día de hoy sigue en manos de Pandora. Y la esperanza, según afirma la mitología griega, es lo último que los pueblos pierden.

«Ni presa, ni muerta. Tampoco proscripta». Para el pueblo argentino, Cristina es un poco su propia Pandora y tiene la certeza que la historia, la verdadera historia, no la escriben los jueces. La escriben los pueblos.

 

Notas

[1] El Tribunal, posteriormente, habilitó una pericia en 5 de las 51 obras.

[2] Se trata de una estancia de 12 000 hectáreas comprada por Lewis, operación sobre la que recaen una larga serie de irregularidades por la violación a la normativa que prohíbe la extranjerización de tierras cercanas a las fronteras.