La desigualdad de género es un dato. Existe. No es un invento ni una ideología, ni un pretexto para quejarse. Es un hecho empírico ampliamente constatado en todo el mundo. Por eso, todas las políticas —lo busquen o no— tienen efectos de género, incluida la política económica. Esto se debe a factores que la economía feminista describió y midió hace ya varias décadas: la división sexual del trabajo y la composición del mercado laboral que se desprende de ella, la participación de las mujeres y los varones en las distintas ramas, los ingresos que las mujeres y los varones obtienen y de dónde los obtienen, y la forma en la cual las políticas de austeridad cambian diferencialmente la vida de unos y otras.

La economía ortodoxa, sin embargo, aún no terminó de procesar este dato y sigue reproduciendo varios sesgos. Todos ellos se explican por la invisibilización histórica del trabajo de cuidados, esencial para la reproducción social y, por lo tanto, para todo el sistema productivo. Si se remunerase, el trabajo de cuidados representaría el 16,8% del PBI en Argentina. Las mujeres realizan más del el 70% de ese trabajo en el país y le dedican un promedio de 6.5 horas diarias, y que puede llegar a superar las 10 horas en hogares con dos hijos. Esta carga no responde a inclinaciones naturales y eternas, sino a normas culturales y definiciones políticas concretas e históricas.

Como producto de estos sesgos existen brechas estructurales en el trabajo y los ingresos. En 2023, pese a que la tasa de empleo femenina alcanzó un récord histórico (49,3%), seguía 18 puntos por debajo de la masculina. Debido a su participación intensa en el trabajo de cuidados no asalariado, las mujeres presentan además mayores niveles de informalidad, lo que afecta su acceso a derechos laborales en el presente y previsionales en el futuro: solo 1 de cada 11 mujeres entre 55 y 59 años tiene más de 20 años de aportes. De ahí que la mayoría de las jubiladas lo hagan vía moratoria previsional.

Además, la participación femenina se concentra en sectores formalizados pero con salarios bajos en comparación con otros sectores que requieren igual o menor nivel de formación —como la enseñanza (85% mujeres) y la salud (70% mujeres)— o bien altamente informalizados y con los salarios más bajos de todo el mercado de trabajo: el comercio, la principal actividad económica de las mujeres, y el trabajo en casas particulares, la segunda actividad económica de las mujeres y la rama con mayores niveles de informalidad laboral (alrededor de un 75%) y con los salarios más bajos de toda la economía. Estas cuatro ramas explican casi la mitad del empleo asalariado de las mujeres. Esta segregación ocupacional, sumada a la carga de cuidados, genera menores ingresos. Así, la brecha de ingreso total individual fue del 25,8% en el último trimestre de 2023.

Un ajuste por motu proprio

Desde su campaña electoral, Javier Milei y su equipo sostuvieron un discurso abiertamente antifeminista. Negaron la existencia de la brecha salarial, calificaron la interrupción del embarazo como una “agenda asesina”, afirmaron que las mujeres “que no aportaron” no deberían jubilarse y que su lugar está en el hogar, cuidando a los hijos. Una vez en la Casa Rosada, los libertarios prohibieron formalmente el enfoque de género en la administración pública y desfinanciaron todas las políticas de igualdad. La política económica de Milei desde diciembre de 2023 fue coherente con ese enfoque ideológico. La erosión de las condiciones de vida de las mujeres fue una consecuencia del programa económico de La Libertad Avanza desde sus inicios y esto ocurrió por iniciativa y convicción del Gobierno. No fue necesario que se lo pidiera el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial ni ningún otro organismo multilateral.

En la dimensión fiscal y de ingresos, el Gobierno libertario impulsó desde el primer día un ajuste de una magnitud inédita, que alcanzó los 5 puntos del PBI. Como consecuencia de esto, aumentó la desigualdad: solo en el primer trimestre de 2024, la brecha de ingresos entre varones y mujeres ocupadas creció dos puntos y llegó al 27,4%. Este aumento se explica por la devaluación de diciembre de 2023, que disparó la inflación y erosionó fuertemente el salario real, especialmente en el sector público. La recomposición desde entonces ha sido marcadamente desigual: mientras algunos trabajadores privados (registrados) recuperaron su nivel de ingresos, el sector público —donde las mujeres están sobrerrepresentadas, especialmente en las áreas de salud, educación y trabajo social—sufrieron caídas más profundas y recuperaciones más lentas. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los recortes a las provincias intensificaron esta desigualdad, golpeando directamente a las maestras y profesoras. En los hospitales y centros de salud —donde el personal femenino representa alrededor del 70%—, el deterioro salarial y presupuestario también impactó de forma directa sobre la calidad de atención y las condiciones de trabajo.

Además del ajuste salarial, hubo un recorte drástico en los ingresos no laborales que sostienen a millones de hogares, especialmente monomarentales. Con excepción de la AUH (Asignación universal por hijo), la única prestación social que aumentó, todos los demás programas fueron recortados drásticamente por la gestión de La Libertad Avanza. Los montos de la prestación Alimentar fueron congelados pese al aumento sostenido de los precios (94,7% en 2024). Las jubilaciones mínimas, que perciben mayoritariamente mujeres, también se licuaron y el Potenciar Trabajo, la única política de transferencia para trabajadoras informales y desocupadas, se redujo casi un 70% en términos reales. Este achicamiento de las transferencias refuerza la feminización de la pobreza y afecta especialmente a quienes combinan bajos ingresos con responsabilidades de cuidado.

En el plano institucional, el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad supuso más que un gesto simbólico: implicó el vaciamiento de programas diseñados para reducir la violencia, que no fueron compensados por ninguna otra política pública. El Programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género, prácticamente no registró nuevas altas. Las áreas de género provinciales y municipales, que dependían de esa articulación y de esos fondos, vieron paralizada su capacidad de respuesta. Lo mismo ocurrió con el Plan ENIA, que combinaba educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y atención sanitaria para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, y que había logrado reducirlo en un 50%. Con el discurso de que “no hay plata”, no se construyeron jardines ni espacios de primera infancia, cortando una política que entre 2019 y 2023 había generado más de 400 nuevos espacios y refaccionado 300. El Gobierno también desmanteló dispositivos que promovían la formalización del trabajo y la inclusión económica de las mujeres. El Programa Registradas, que subsidiaba parte del salario para empleadoras de trabajadoras de casas particulares, fue eliminado. Todos estos retrocesos afectan directamente la inserción laboral de las mujeres, especialmente de las más pobres.

En la dimensión productiva y laboral, el sesgo recesivo del programa económico golpeó con más fuerza a sectores altamente feminizados. En 2024, el trabajo en casas particulares encabezó el aumento del desempleo, junto con la construcción. El comercio —principal rama de ocupación femenina— también sufrió caídas pronunciadas de la mano del desplome del consumo. Mientras tanto, las políticas de reactivación y obra pública que podrían haber generado empleo en sectores mixtos o redistribuido oportunidades fueron abandonadas o fuertemente recortadas.

Todas estas políticas —sobre todo la política fiscal extraordinariamente restrictiva— tienen efectos sobre el modo en el que las mujeres usan el tiempo. Cuando no hay jardines, ¿quién se queda con los chicos? Cuando se recortan horas de cuidado a adultos mayores, ¿quién se hace cargo? Cuando el hospital de la zona no tiene médicos y hay que viajar, ¿quién hace ese trayecto? Los datos de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo dejan poco lugar a la ambigüedad: las tres cuartas partes de las horas que se destinan al trabajo no remunerado en Argentina son aportadas por mujeres.

Un acuerdo caro para las mujeres

Hace poco más de dos semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con Argentina por un monto que asciende a 20.000 millones de dólares, con un primer desembolso de 12.000 millones para fortalecer las reservas. A pesar de que en los últimos años este organismo había avanzado en sus documentos internos y en los propios memorandos de acuerdo con Argentina de 2018 y 2022 hacia una mirada gender sensitive —en la jerga del Fondo, esto es el equivalente considerar los efectos diferenciados de las políticas económicas sobre las mujeres—, el último Staff Report —el documento del FMI donde se desarrollan las características y metas del programa bajo el cual se otorga el crédito— parece haber dejado atrás por completo esa preocupación. Se trata de un típico programa del Fondo.

¿Qué significa esto? Varias cosas. Primero, más ajuste. Pero no cualquier tipo de ajuste: se trata de un ajuste que prevé una política tributaria más regresiva y con más desigualdad. Para 2025, el Staff Report proyecta un superávit fiscal de 1,3 puntos del PBI, incrementándose a 2,2 puntos en 2026 y 2,5 de 2027 en adelante. Si bien el superávit puede alcanzarse tanto a partir de la reducción del gasto como incrementando los impuestos, el documento no prevé una mayor progresividad en la política tributaria, sino todo lo contrario: entre sus recomendaciones está la de “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras, reemplazándolos por impuestos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas”, lo que implica explícitamente en el documento “armonizar” (aumentar) la alícuota del monotributo y “mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al régimen general”. En resumen: bajar las retenciones a las exportaciones, subir el monotributo y el impuesto a las Ganancias.

Segundo, más inflación. Si bien el acuerdo prevé entre un 18% y un 23% para este año —aunque según cifras oficiales, la inflación acumulada a marzo ya es de 8,6%— las especulaciones ante los anuncio del Gobierno de un cambio de régimen en la política cambiaria llevaron a los comercios, grandes y pequeños, a remarcar precios. Como resultado de esta remarcación, las expectativas de las consultoras para la inflación de abril rondan entre el 3,5% y el 4%, lejos de los pronósticos de desaceleración del Gobierno y las metas del FMI.

Este dato no debe ser considerado de manera aislada: en 2024, la caída del consumo fue de alrededor del 15% y estuvo acompañada por un incremento de los costos fijos de los hogares, como consecuencia de la reducción de subsidios a los servicios. Además, si bien se registró una ligera mejora de los ingresos reales de los trabajadores formales privados, esto no se tradujo a los demás segmentos —informales, empleo público, prestaciones sociales y jubilaciones—, que cerraron el año con ingresos por debajo de los de 2023. Las mujeres están sobrerrepresentadas en estos segmentos y el incremento de los gastos fijos de los hogares (vivienda, servicios, tarifas, alimentos, entre otros) resultó especialmente gravoso para ellas, en especial para las jefas de hogar. La inflación tiene rostro de mujer.

Una serie de reformas a medida del Fondo

Pero lo más característico de un “típico programa del FMI” es una serie de reformas estructurales, sintetizadas en 11 hitos o benchmarks. Aunque la economía ortodoxa, los libertarios y el propio Javier Milei lo nieguen, cada una de estas reformas tienen un impacto de género.

• “Elaborar una reforma tributaria neutral en términos de recaudación que mejore la equidad y la eficiencia del sistema”
  Este punto se refiere a la reforma impositiva que se mencionó más arriba. Lo que el FMI llama neutral en términos de recaudación significa incrementar las alícuotas de impuestos a los ingresos (monotributo y ganancias) y reducir impuestos a las exportaciones y transacciones financieras. Las mujeres están sobrerrepresentadas en el monotributo respecto a los demás impuestos, por lo que el cambio en el monotributo puede resultar especialmente adverso para ellas. La regresividad tributaria funciona, por lo tanto, como una regresividad también en términos de género.
• “Implementar la Resolución 21/2025 para desregular el mercado mayorista de electricidad, con el objetivo de fomentar la inversión y mejorar la viabilidad del sector”
  Esto significa avanzar en la eliminación de regulaciones y subsidios que hoy moderan el precio de la energía. En términos prácticos, esto implica quitar precios máximos o regulaciones que hoy fijan cuánto pueden cobrar las generadoras y distribuidoras de electricidad, trasladar más costos al usuario final –especialmente en sectores medios y bajos que hoy reciben algún tipo de subsidio–, reducir o eliminar los subsidios a la demanda, empezando por los sectores no considerados “vulnerables” (sectores medios), y favorecer la participación de grandes jugadores en un mercado con menos controles y más incentivos a la rentabilidad. En el marco del acuerdo, esta medida se inscribe en el combo de políticas que buscan reducir el déficit fiscal sin sopesar el impacto distributivo. Esta política aumentará los costos fijos de los hogares, especialmente aquellos encabezados por mujeres, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a servicios básicos. Además, tiende a reforzar la desigualdad territorial, porque muchas provincias dependen de los subsidios para mantener tarifas accesibles.
• “Presentar al Congreso un informe diagnóstico y una propuesta de reforma previsional”
  Dado que el Gobierno no prorrogó la última moratoria previsional –aprobada en 2023 por el Congreso– la situación de las mujeres en edad de jubilarse ya es compleja, ya que más del 90% de ellas no tiene los años de aportes necesarios para poder acceder a una jubilación. Para las que sí pueden acceder –muchas de ellas docentes– el programa del FMI también representa un futuro de mayor incertidumbre ya que el eje de las reformas está puesto en los llamados “regímenes especiales”. Uno de estos regímenes especiales es el de la docencia, que prevé un haber mensual de las jubilaciones equivalente al 82% móvil de la remuneración al momento del cese.
• “Eliminar todos los fondos fiduciarios (con la excepción del fondo fiduciario para subsidios residenciales al gas)”
  Varios programas sociales clave en Argentina se financian actualmente a través de fondos fiduciarios, entre ellos políticas de vivienda (Procrear, Vivienda Social), urbanización de barrios populares (FISU), salud, educación (Progresar), infraestructura (Red de Rutas Seguras), energía (FODER) y desarrollo productivo (FONDEP, Economía del Conocimiento, etc.). Su eliminación, tal como exige el nuevo acuerdo con el FMI, no solo recorta gasto: desfinancia políticas estratégicas que llegan a sectores vulnerables, en muchos casos mujeres, niños y niñas y hogares monomarentales.
• “Elaborar un plan para reorganizar entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar también su gobernanza”
  Más motosierra. En la práctica, un “plan” de estas características implica avanzar en el achicamiento o cierre de organismos públicos que funcionan por fuera del presupuesto central, como institutos, entes autárquicos o agencias especializadas que cumplen funciones estratégicas en ciencia, salud, tecnología, regulación o derechos humanos. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ya viene trabajando en esa dirección, y varios de estos organismos están incluidos en el listado de posibles privatizaciones o disoluciones contempladas en la Ley Bases. Esta reestructuración amenaza con la pérdida de capacidades estatales clave, tanto en empleo público altamente feminizado (como salud, educación o ciencia), como en políticas que atienden a poblaciones vulneradas. Al igual que las otras benchmarks, se trata de una política fiscal cuyas consecuencias y costos superan en el mediano plazo al ahorro que representan los recortes.
• “Publicar un informe sobre las empresas públicas incluidas en la Ley Bases, junto con lineamientos y un plan para su privatización o concesión”
  La privatización de empresas públicas, tal como prevé el acuerdo con el FMI y la Ley Bases, puede tener efectos regresivos en términos de género. Primero, porque muchas de estas empresas –AySA, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, Aerolíneas Argentinas– emplean a mujeres en sectores administrativos, técnicos y de servicios, por lo que su achicamiento implica pérdida de empleo formal femenino. Pero esto es lo de menos. Lo grave de los ciclos de privatización de empresas estatales y mixtas tiene que ver con sus efectos sobre la vida cotidiana: si se encarecen o reducen servicios básicos como agua, transporte o conectividad, el impacto será mayor en hogares con menos ingresos, especialmente los encabezados por mujeres. La pérdida de estas empresas también reduce herramientas estatales para implementar políticas con enfoque social o territorial, reforzando desigualdades ya existentes.
• “Completar la integración de las bases de datos administrativas relevantes en un registro social único, para mejorar la focalización y eficiencia de la asistencia social”
  Esto es lo único del acuerdo que está bien. No han faltado esfuerzos ni entusiasmo para hacerlo en otros Gobiernos, que se toparon con impedimentos legales para intercambiar bases de datos. Les deseamos lo mejor en este intento.
• “Desarrollar propuestas para reformar el complejo sistema de coparticipación entre el gobierno nacional y las provincias”
  Reformar el sistema de coparticipación federal requiere una reforma constitucional, ya que está regulado en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. ¿Vamos a reformar la Constitución a pedido del FMI? ¿Con qué mayorías parlamentarias? Aunque parezca un punto técnico, esta propuesta puede tener consecuencias profundas: reducir los fondos que la Nación transfiere a las provincias afectaría directamente la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios esenciales, especialmente en salud, educación, cuidado e infraestructura social. Esto impacta más sobre las mujeres, porque son mayoría entre quienes trabajan en el Estado en esas áreas, son usuarias prioritarias de esos servicios para conciliar trabajo y cuidados, y están sobrerrepresentadas en las provincias más pobres y rurales, que serían las más perjudicadas por una eventual recentralización o recorte de fondos.
• Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto 2026, en línea con la regla de déficit cero, que incluya un marco fiscal de mediano plazo y una declaración de riesgos fiscales con escenarios adversos y un plan para reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal
• Presentar un plan para reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal
  Los anteúltimos benchmarks (9 y 10) van en el mismo sentido que todos los acuerdos “clásicos” con el FMI: contraer más y más el gasto. El requerimiento de presentar un presupuesto podría parecer un chiste para un lector no argentino, ya que es una exigencia constitucional. Sin embargo, gran parte del ajuste de 2024 y lo que va de 2025 se hizo gracias a la llamada “licuadora” (que consiste en no actualizar los montos por inflación) y la prórroga del Presupuesto 2023, que ya lleva dos años y que habilita al Ejecutivo a distribuir recursos de manera discrecional. La exigencia de “déficit cero” va en el mismo sentido que toda la política fiscal de 2024 y casi todos los programas del Fondo en la historia. Las políticas de  austeridad afectan más a las mujeres en sus empleos,  en sus ingresos, en los servicios que les brinda el Estado y, fundamentalmente, en todo el tiempo que deben aportar para compensar servicios y cuidados cada vez que el Estado se retira. La reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal va en el mismo sentido de endurecimiento de la regla fiscal.
• Publicar el informe técnico del FMI sobre la hoja de ruta para la reforma del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), con mejoras para abordar riesgos transfronterizos y aplicar exenciones basadas en riesgo para mejorar la eficiencia del sector público
  Por último, el requisito de fortalecer el marco contra el lavado de activos (AML/CFT) resulta paradójico teniendo en cuenta las (nulas) condiciones en las que ingresaron 21.000 millones de dólares el año pasado a través del último blanqueos de capitales. Por su parte, las “exenciones basadas en riesgo”, si bien en teoría apuntan a recursos regulatorios, en la práctica podrían convertirse en una puerta trasera para relajar controles sobre capitales “sensibles” —como flujos financieros transfronterizos o operaciones de grandes patrimonios—, justamente donde el riesgo de lavado y evasión suele ser mayor.

Los caminos posibles y la deuda con las mujeres

Más allá del punto por punto, está la historia argentina y el origen de todo esto, que es que una vez más se recurrió al Fondo luego de dos acuerdos que no se cumplieron. ¿Qué pasará con este? El Staff Report plantea metas macroeconómicas que parecen difíciles de alcanzar: la inflación ya acumula un 8,6% en lo que va de 2025, por lo que para finalizar el año con 23% el IPC debería tener un promedio de 1,6% mensual hasta diciembre. El crecimiento del 5,5% previsto para este año requeriría un rebote muy importante tras la caída del 1,7% en 2024. Son varios los organismos que coinciden en esta proyección, entre ellos el Banco Mundial, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el propio FMI. Pero solo para marcar una comparación, en 2022 hubo un crecimiento del 5,2% luego de una caída del 9,9% en 2020 producto de la pandemia, en un contexto de recuperación mundial que ya quedó atrás junto con sus reglas de juego, que cambiaron drásticamente con la política de aranceles de Donald Trump. Este dato tensiona, además, todo el esquema de proyecciones, ya que representa un desafío crecer a ese ritmo mientras se aplican políticas contractivas para contener precios; el superávit primario del 2,5% del PBI a partir de 2026 implicaría recortes aún mayores en un Estado ya desfinanciado; y la acumulación de reservas dependerá en parte de una política de restricción a las importaciones que a priori no parece consistente con la apertura comercial que está llevando adelante el Gobierno.

La cuestión de la viabilidad abre además un dilema imposible para las mujeres: si se cumplen las metas y las reformas estructurales, el ajuste recaerá sobre el servicios públicos y programas sociales, aumentando la carga de cuidados no remunerados y precarizando aún más el empleo en sectores como salud y educación; si no se cumplen, el retorno de la inestabilidad cambiaria y la aceleración inflacionaria golpearán primero a sus puertas. En ambos casos, el tiempo de las mujeres funcionaría como amortiguador de la crisis. Ellas pagarían el costo.

La salida a este escollo es compleja, no hay respuestas simples. Pero un primer paso necesario es que las metas de la Argentina no las defina un organismo multilateral de crédito sino un gobierno elegido democráticamente que pueda establecer una lista de prioridades refrendada por el voto de la mayoría. Algunos pasos ya se dieron en este sentido. Parte de la oposición —el peronismo— planteó de manera unívoca que este último acuerdo es no sólo ilegítimo sino también ilegal: hay una Ley que establece que los acuerdos deben ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, la decisión de recurrir al FMI —no el programa, que se publicó después— se definió a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Por su parte, Kristalina Georgieva, directora del Fondo, instó en conferencia de prensa a la Argentina a que en estas elecciones legislativas “mantenga el rumbo”. Las dos posiciones se expresan de manera cristalina.