Las placas tecno-sociales parece que comenzaron a moverse. No significa que ya estemos frente a una posible erupción social -como sucede en la litosfera terrestre cuando comienzan las fricciones interplaquetarias  (aunque entre nosotros nunca se sabe), pero si las hasta ahora rígidas placas sociales comenzaron a friccionarse en la superficie, es porque algo pasa en su interior.

Rápido y furioso
Así podría llamarse el recorrido declinante que desde inicios de año viene transitando el presidente y su gobierno. Desde el discurso en Davos arremetiendo contra toda forma de progresismo, diciendo disparates como que las parejas del mismo sexo tienen tendencia a la pedofilia. Continuando con el criptogate, que deja al presidente como partícipe necesario de una estafa piramidal o bien como un economista que aspira a ser Premio Nobel, y que se lo pasaron al cuarto cuatro vivos. Finalizando con los Decretos de Necesidad y urgencia (DNU) para nombrar jueces o apoyar un nuevo acuerdo con el FMI, acuerdo que nadie conoce y cuya fecha de concreción se posterga una y otra vez. En el medio la intervención de su principal asesor en un reportaje periodístico al presidente (evidentemente pauta en su contenido), que dejó planteado quiénes son los periodistas ensobrados.

La calle
Las movilizaciones y las disputas parlamentarias ganaron espacio en el marco del conjunto de “errores no forzados” del gobierno, de una situación económica que esta encendiendo alarmas tanto entre los gurúes de la city como en el empresariado, y de la descomposición del sistema de partidos (principal acervo político del gobierno frente a una oposición sin rumbo, sin liderazgo y sin programa).

Las marchas de los miércoles de un centenar de jubilados y la respuesta represiva era ya una rutina hasta que un puñado de hinchas futboleros decidió acompañar a uno de los suyos que fuera gaseado la marcha anterior. La convocatoria se replicó rápidamente en otras hinchadas con un resultado más simbólico que efectivo, pero con la virtud de ampliar la voz de los jubilados,  fue también un verdadero cachetazo para el peronismo que se sintió interpelado y salió de su letargo. (Un militante popular de larga trayectoria comentó estos días que un grupo de hinchas de futbol tuvo más capacidad de convocatoria que la mayoría de nuestros dirigentes).

Cientos de militantes se volcaron a las calles junto con integrantes de  asambleas barriales, centros culturales y múltiples formas de organización sociopolíticas  y solidarias. Así uno de los logros políticos del gobierno, haber recuperado el control de la calle, desplazando a los piqueteros, quedó neutralizado por una multitud que se autoconvocó y se manifestó por fuera de las estructuras partidarias, sin organicidad ni mando alguno.

Aquel miércoles 12 la concentración fue masiva y la ministra de seguridad no tuvo mayor respuesta que desatar una represión que superó todo lo anterior. El disparo de gases comenzó antes del acto y sin necesidad alguna, salvo disuadir a la multitud que se estaba acercando, lo que fue respondido con una táctica de violencia defensiva por los manifestantes. Todo terminó con más de un centenar de detenidos, heridos por doquier y un fotógrafo con un disparo en la cabeza, que lo puso al borde de la muerte y que aún hoy pelea por su recuperación.

El miércoles 19 la manifestación fue mayor que la anterior, esta vez con muchos sectores organizados, pero sin dirección política. El ministerio de Seguridad fue prácticamente intervenido y la ministra Patricia Bullrich (hoy su futuro político es incierto) apartada de la preparación de una estrategia disuasiva que incluyó cercar militarmente el Congreso, propalar mensajes amenazantes en las estaciones ferroviarias  y poner controles en los distintos accesos a la ciudad. Distintas versiones dejan trascender que también se ordenó a la SIDE realizar tareas de espionaje interno, previa transferencia de 1.600 millones de pesos. Por unas horas se vivió una suerte de estado de guerra. El “Que se vayan todos” volvió a sentirse con fuerza.


El parlamento
Mientras esto sucedía el parlamento era escenario de disputas interpartidarias y negociaciones cada vez más espurias y poco transparentes con lo que el gobierno buscaba que diputados le aprobaran el DNU para otro acuerdo con el FMI. Esta aprobación tuvo un alto costo político. Consiguió solo 129 votos favorables, cuando esperaba 140, y debió maniobrar y conceder para que las abstenciones hicieran que el rechazo no alcanzara los 108 votos necesarios. Concedió la presidencia de la comisión que controla los DNU a un aliado que suele ser muy errático y tuvo que habilitar transferencias de dinero a varias gobernaciones  por una suma que supera lo transferido a la sufrida Bahía Blanca, para conseguir votos y abstenciones.

La respuesta
La respuesta social ha sido diversa, con una gran heterogeneidad en su composición y sin dirección política clara. La izquierda acompaña y estimula estas movilizaciones pero en cada una de ellas se van incorporando nuevos sectores plebeyos y populares, por lo que se puede estar incubando una nueva subjetividad en el enfrentamiento con el gobierno, tal vez también en busca de una perspectiva política superadora.

Nada es definitivo ni está consolidado, pero es indicador de que el aire de los tiempos está cambiando. La marcha del primero de febrero en respuesta a los dichos de Davos instaló el antifascismo y antirracismo como una cuestión política central, la habilitación para el nuevo acuerdo con el FMI el mismo día de la concentración de los jubilados expuso una relación entre las bajas jubilaciones y salarios, el fin de la moratoria provisional y la política de ajuste permanente que promueve el Fondo, con lo que quedó planteada la necesidad de rechazar el nuevo acuerdo y cuestionar la totalidad de la deuda.  El 24M reinstaló con fuerza el Nunca Más frente al negacionismo del gobierno y su visión de los dos demonios.

La dinámica de la movilización terminó interpelando a la CGT que tuvo que anunciar un plan de lucha que comenzó con su participación el 24M, siguió con el apoyo a las concentraciones de los jubilados, continuará efectivizando un paro general el próximo 10 de abril  (que puede ser de 36hs) y concluirá con una marcha obrera y sindical para el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Sus reivindicaciones inmediatas incluyen paritarias libres, aumento de emergencia para jubilados y pensionados y reinicio de la obra pública.

Hoy miércoles 26 el escenario vuelve a repetirse. Un Congreso sitiado, grandes extensiones de vallas metálicas impiden el paso a manifestantes y transeúntes, cientos de tropas represivas (se estima en 1000 efectivos) se despliegan por todas las adyacencias. Del otro lado los jubilados que quieren hacer su ronda de todos los miércoles y cientos de personas, entre ellas delegaciones sindicales, apoyando y protegiéndolos. Este conflicto tiene un rasgo que lo distingue cualitativamente de otros, que expresaron  en grandes explosiones sociales que se diluyeron rápidamente. Esa diferencia cualitativa es su continuidad en el tiempo. Lo  que obliga a pensar como sostenerlo y amplificarlo. La fecha del miércoles 9 de abril, que contaría con una marcha de la CGT previa al tercer paro general, cobra entonces una mayor significación.

Nada es gratis
El criptogate  y las denuncias de que se cobraría peaje para las entrevistas con el presidente (según denunciaron la cajera sería la Secretaria General de la presidencia), pusieron en duda la proclamada decencia del gobierno, mientras que las concesiones para que se aprobara el DNU lo vinculan cada vez más a la casta que dice combatir. La violencia institucional, frente a la respuesta social, deja en evidencia las tendencias al autoritarismo de un gobierno dispuesto a gobernar por decreto.

El gobierno presenta como triunfos haber logrado la habilitación del acuerdo con el FMI por el Congreso, pero acusa el golpe del costo político de este “éxito», mientras que trata de capitalizar el hecho que el inédito despliegue de fuerzas de seguridad trajo una calma tensa, pero calma al fin, en la manifestación del 19. Oculta que ahí quedó demostrado que cuando las fuerzas de seguridad no ejercen violencia institucional todo transcurre sin turbulencias.

Por debajo de todo esto se desenvuelve la crisis económica. Una situación que genera cada vez mayor incertidumbre sobre el futuro de la ocupación y el trabajo, que altera los mercados cambiarios y promueve la devaluación, al mismo tiempo que la inflación, principal logro político del gobierno, está recrudeciendo.

En el horizonte cercano están las elecciones de medio camino que en estas circunstancias adquieren mayor importancia. Un año electoral que será particularmente decisivo. Tanto para el gobierno que, al contrario de gobiernos anteriores no viene a administrar la crisis del capitalismo local sino a resolverla, en los términos de las grandes tendencias mundiales y de las corporaciones dominantes, como para el movimiento obrero y popular y sus representaciones sindicales y políticas. Es que lo que está en juego es la consolidación del proyecto político del gobierno, para imponer una relación de fuerzas duradera a favor del capital, o bien su limitación y eventual desplazamiento por la reacción del movimiento obrero y popular en las calles y en las urnas.

La lucha de clases es imprevisible, pero no hay porqué apostar a la espontaneidad, que es siempre relativa. En todo caso prepararse por si se hace presente. La resistencia y el proceso electoral debieran tomarse de conjunto.

Todo lo sucedido desde inicios de este año ha mellado la imagen presidencial y sembrado dudas sobre la capacidad de gestión de su gobierno. Al mismo tiempo el presidente perdió centralidad política y ya no controla la agenda como hasta hace pocos meses, mientras que las movilizaciones y el descontento social tienden a crecer.

Sí, algo está cambiando.

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Eduardo Lucita es integrante de EDI (Economistas de Izquierda).

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