Bajo el gobierno libertario se registra una caída inédita en la producción industrial, con un retroceso del 0,6% mensual en noviembre y un posicionamiento 8,7% por debajo del mismo mes de 2024. Al comparar el promedio desestacionalizado de 2023 con noviembre de 2025, la producción industrial se contrajo un 11%. A septiembre, el sector acumula la pérdida de 47.900 puestos de trabajo privados registrados.

Las plantas operan con elevada capacidad ociosa —por ejemplo, la textil alcanza solo el 44% de su capacidad en noviembre de 2025, muy por debajo de los niveles de 2023— y enfrentan una creciente pérdida de terreno ante la avalancha de importaciones baratas que desplazan productos locales.

Esta crisis productiva se manifiesta también en los indicadores macroeconómicos: en 2025 las exportaciones de manufacturas crecieron apenas un 1,5% sobre 2022 mientras las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 33,05%, erosionando la competitividad local y profundizando el desequilibrio comercial.

Desarma y sangra

El aparato productivo se desangra en casi todos sus eslabones, menos en los vinculados a hidrocarburos de Vaca Muerta, minería o agro; cada obra pública frenada o paralizada genera un efecto dominó que daña no solo a la construcción directa, sino a proveedores de materiales, maquinaria y servicios asociados.

En los últimos 18 meses de gestión, se verificó el cierre neto de 21.046 empresas, equivalente a casi 31 cierres diarios netos, con un saldo acumulado de 177.000 puestos de trabajo privados registrados perdidos desde el inicio del nuevo gobierno. Este deterioro se combina con un ajuste fiscal que redujo el gasto público primario total en un 27,6% real entre 2023 y 2025, alcanzando en 2025 su nivel más bajo desde 2019.

La inversión en ciencia y tecnología constituye otra víctima crítica de este proceso, retrocediendo al equivalente de los niveles de 2002 en términos de porcentaje del PIB: de 0,30% en 2021 a 0,21% en 2024, con proyección de 0,15% para 2025. Este colapso sectorial y fiscal no sólo contrae la demanda interna de manera sostenida, sino que deteriora de forma estructural la capacidad productiva futura del país, limitando la generación de conocimiento, innovación y escalabilidad en sectores clave.

Sin una industria nacional fuerte y diversificada, la Argentina no puede aspirar a un desarrollo sostenible ni a un crecimiento genuino; un país desindustrializado pierde soberanía económica, se vuelve altamente vulnerable a shocks externos, fomenta la fuga de cerebros y condena a amplios sectores de la población a empleos precarios o informales, perpetuando ciclos de desigualdad y estancamiento.

Modelo que agrava problemas

El modelo económico vigente prioriza la desregulación comercial irrestricta por encima de la protección y promoción de la industria local. Como alertó Martín Burgos en Cash hace pocos días, la política de liberalización a ciegas solo agrava los problemas de empleo, divisas y aleja las posibilidades de desarrollo tecnológico autónomo.

En concreto, se flexibilizaron aranceles, se eliminaron trámites regulatorios —por ejemplo, el DNU 892/2025 permite importaciones sin controles técnicos adicionales— pese a las denuncias recurrentes de cientos de empresas industriales locales sobre inundaciones de productos extranjeros a precios de dumping.

Estudios de Fundar estiman que este paquetazo importador desplaza alrededor de 12.391 millones de dólares de producción nacional al año, poniendo en riesgo directo 431.452 empleos, o incluso más si se acelera la apertura. Ni las fábricas que cierran ni los trabajadores despedidos disponen de un plan de transición ordenada: sin mecanismos de protección temporal, acceso a crédito bancario accesible o programas de reconversión laboral, muchas PyMEs terminan liquidando sus activos de manera forzada, lo que genera pérdidas irreversibles de capacidades productivas acumuladas durante décadas.

En paralelo, la Ley de Bases instituye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer proyectos superiores a 200 millones de dólares. Este régimen otorga 30 años de estabilidad tributaria, un impuesto a las Ganancias del 25% —frente al 35% general—, exenciones arancelarias y cambiarias especiales. Aunque a primera vista se presenta como herramienta de promoción del desarrollo, en la práctica genera privilegios asimétricos sin contraprestaciones concretas.

Una empresa local enfrenta el 35% de Ganancias más tributos habituales, mientras los proyectos RIGI operan con ventajas que los colocan fuera de competencia real. Más grave aún, no se exigen encadenamientos productivos locales ni generación de empleo calificado. Normas concatenadas, como el artículo 198, permiten retener progresivamente el 100% de las exportaciones —20% el segundo año, 40% el tercero, 100% al cuarto— sin obligación de liquidar divisas en el mercado local. Esto facilita la extracción de recursos estratégicos como petróleo, litio o minerales críticos sin reinversión en la economía argentina ni requisitos de contenido local mínimo, acelerando la dependencia externa y limitando los beneficios netos para el país. Hasta Chile tiene una estrategia de agregado de valor para el litio.

Política industrial

El RIGI debe ser transformado en un instrumento genuino de promoción industrial. Para ello se requiere condicionar todos los incentivos a compromisos explícitos y verificables de valor agregado, generación de empleo y encadenamientos productivos: por ejemplo, exigir que cada proyecto incorpore un porcentaje mínimo pero creciente de proveedores locales, reinvierta al menos una porción determinada de utilidades en el país, contrate y capacite mano de obra calificada argentina y contribuya a la transferencia tecnológica.

Asimismo, se propone elevar los umbrales de inversión mínima o complementarlo con un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que atienda a empresas de escala intermedia, evitando que el foco exclusivo en megaproyectos deje desprotegido al tejido productivo PyME. La idea es evitar que el RIGI se convierta en un espejismo que genera beneficios de corto plazo para inversores externos, pero acelera la apropiación de renta y recursos sin fomentar desarrollo genuino.

Particularmente en el contexto de la transición energética global, Argentina ocupa una posición estratégica que debe aprovecharse con mayor determinación. Con Vaca Muerta como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo, reservas significativas de litio —clave para baterías y almacenamiento de energías renovables— y potencial elevado en energías eólica, solar e hidroeléctrica, el país puede posicionarse como un actor relevante en la matriz energética futura.

Sin embargo, esto requiere integrar el RIGI y otras políticas de inversión a una estrategia nacional de transición energética justa, que priorice el desarrollo de industrias upstream y downstream locales: refinación, fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, procesamiento de litio con valor agregado e investigación para crear cadenas de hidrógeno verde. De lo contrario, la extracción pura y simple profundiza la reprimarización económica, los enclaves, y pierde la oportunidad de generar empleos calificados y exportaciones de mayor complejidad tecnológica.

Se requiere, por tanto, una política industrial activa y estratégica, sin caer en subsidios aislados ni en una desregulación extrema, pero tampoco en una ausencia estatal sin sentido. Se debe corregir el desbalance macroeconómico mediante un tipo de cambio real competitivo, previsible y que acompañe la inflación, permitiendo que el precio del dólar refleje condiciones que favorezcan la competencia con importaciones.

Sectores estratégicos

Sobre esa base estable, se propone seleccionar y priorizar sectores estratégicos con alto potencial exportador y de crecimiento tecnológico: industria energética vinculada a Vaca Muerta y transición renovable, minerales críticos como litio y cobre, manufacturas avanzadas, biotecnología, industrias del conocimiento y maquinaria agrícola inteligente.

La articulación público-privada resulta esencial, combinada con inversiones sostenidas en infraestructura vial, logística, puertos eficientes y redes de energías renovables que faciliten la producción y exportación nacional.

Créditos blandos focalizados, subsidios condicionados a metas de productividad y empleo, y programas de desarrollo de proveedores locales permitirían recrear cadenas de valor sostenibles. Se precisa, por supuesto, una institucionalidad estatal que acompañe con las capacidades necesarias. Además, se sugiere fortalecer la integración regional —especialmente en el Mercosur— para ampliar mercados complementarios, diversificar destinos de exportación y negociar en bloque condiciones más favorables.

La inversión en ciencia y tecnología no puede continuar descarrilada; el presupuesto de CyT debe recuperarse a los niveles que tristemente dio de baja la ley de presupuesto, mediante programas unificados de promoción de I+D, formación técnica y vocacional, y creación de hubs o clusters de innovación que conecten universidades, centros de investigación y empresas, tal como ocurría con YPF Litio hasta 2024.

La emergencia actual exige pragmatismo político: un plan industrial serio no puede excluir a los principales actores productivos existentes. Grupos como Techint u otras grandes empresas deben integrarse al proyecto nacional, participando en iniciativas con alto valor agregado, sin privilegios injustificados pero reconociendo su capacidad de invertir en fábricas, infraestructura y tecnología. Evitar sectarismos ideológicos permite aprovechar conocimientos acumulados y evitar la destrucción innecesaria de capacidades.

Cabe hacer una salvedad acerca de la licitación que salió en la tapa de algunos medios, por el nuevo gasoducto. La adjudicación reciente a la india Welspun del suministro de caños para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro fue resuelta por un consorcio privado (Southern Energy) y se anunció por un monto cercano a 210 millones de dólares para 480 km, lo que equivale a aproximadamente 440.000 dólares por km según el monto publicado.

En contraste, la provisión de cañerías para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (licitación 2022 realizada por una empresa pública en tiempo récord) implicó una cotización de Tenaris por un total reportado de 436 millones de dólares para 570 km (765.000 dólares por km), cifra que sirve para mostrar que la diferencia de precio entre ofertas no es marginal sino del orden del 35–40% por kilómetro si se comparan estos montos simples.

Además, las especificaciones técnicas del proyecto original de 2022 contemplaban caños de 36 pulgadas, mientras que el ducto en cuestión para el proyecto de GNL se diseña en torno a diámetros de 48 pulgadas, una diferencia técnica relevante que complica las comparaciones puras por precio.

Hay otro elemento de alcance contractual que altera la comparación: Tenaris publicita y comercializa soluciones integradas que incluyen revestimientos y servicios logísticos asociados —es decir, ofertas integradas que internalizan parte de la cadena logística y de protección anticorrosiva—, lo que podría explicar parte del diferencial con 2022 (¿y en la licitación actual?); por su parte, las coberturas públicas disponibles sobre la adjudicación a Welspun no especifican con claridad si su precio cubre revestimiento final, transporte y logística hasta puntos de obra, e impuestos asociados al comercio exterior.

Pero aquí se pone de manifiesto una clave: la ausencia de una estrategia industrial nacional coherente. No basta con privilegiar precios de corto plazo cuando las decisiones no internalizan comparaciones técnicas homogéneas, obligaciones claras de contenido, trabajo y proveedores locales.

En definitiva, sin revertir el rumbo de desindustrialización actual, la industria argentina continuará en caída libre, condenando al país al atraso prolongado. Pero con una estrategia que combine estabilidad macroeconómica, priorización de sectores estratégicos, fondos soberanos asociados a exportaciones de sectores con alta rentabilidad, políticas activas de encadenamiento productivo, estímulos a la demanda interna y una participación conducida por el Estado en la transición energética global, se puede reconvertir la crisis en una reconversión productiva.