Eduardo Garcia
10 de enero de 2025; esa es la próxima fecha clave de la crisis política que Venezuela atraviesa desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Aquellos comicios fueron seguidos de dos relatos contrapuestos, el de la oposición antichavista y el del oficialismo del gobierno de Nicolás Maduro.
El primero defendió que Edmundo González, candidato unitario del complejo espacio opositor, había ganado las elecciones con más de siete millones de votos, un 67% de los sufragios, e hizo públicas las actas que darían validez a su postura en la página web Resultados con Vzla.El segundo, por contra, validó los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad del Estado venezolano en materia de procesos electorales. Según el CNE, había sido el propio Maduro quien, con algo más de seis millones de votos y el 51% de los apoyos, había revalidado su mandato.
El CNE nunca difundió los resultados desagregados por distritos, sino que fue el Tribunal Supremo quien, a petición del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ratificó los resultados de la autoridad electoral.
Ambos sectores se enrocaron en su narrativa de victoria, con el horizonte fijado en el 10 de enero de 2025, fecha en la que está previsto el inicio del nuevo mandato 2025-2031, para el que ambos, Maduro y González, se han preparado. Con las cartas encima de la mesa y una tajante negativa por parte del chavismo y de la oposición a cualquier tipo de negociación, es la correlación de fuerzas nacionales e internacionales lo que definirá el éxito de ambas estrategias para la toma del poder, en el caso de la oposición, y para la conservación del mismo, en el caso del chavismo.Lo cierto es que buena parte de los gobiernos que se han posicionado, tanto en la región como fuera de ella, lo han hecho desde un prisma ambiguo en el que, simplemente, exigen “transparencia” al CNE, pero no otorgan legitimidad a los resultados publicados por la oposición.
No obstante, Edmundo González y María Corina Machado, el principal nombre propio del antichavismo, cuentan con algunos apoyos clave, en particular los de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y, principalmente, Estados Unidos. También defienden la victoria de González otros como Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón o Uruguay –está por ver si el entrante gobierno de Yamandú Orsi modifica la postura de Montevideo–.El bloque oficialista, empero, cuenta también con apoyos significativos que han validado los resultados proclamados por el CNE. En la región, cuenta con el respaldo de Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua; fuera de América Latina, le apoyan algunos como China, Irán, Rusia o Serbia.
Hacia una «doble institucionalidad» en Venezuela
Sea como fuere, la estrategia impugnatoria de la oposición venezolana encuentra un elefante en la habitación: la disposición efectiva de la institucionalidad nacional en favor del PSUV y el chavismo, quien ha sabido imbricarse políticamente en los distintos poderes públicos. Es poco probable que se produzcan movimientos de hondo calado que transformen esta correlación de fuerzas antes del 10 de enero de 2025.
Además, Nicolás Maduro se encuentra en territorio venezolano, por lo que la ceremonia de asunción en Caracas le reconocerá a él como presidente reelecto. También hay que tener en cuenta que asume 10 días antes de lo que lo hará Donald Trump en Estados Unidos, por lo que es poco probable que Washington acelere su presión contra el país.González, sin embargo, se halla asilado en Madrid. Es cierto que, más simbólica que efectivamente, el candidato de la oposición será “ratificado” como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y, probablemente, conforme una suerte de “gobierno en el exilio”.
Es también cierto que la oposición tiene un precedente cercano de esta estrategia: Juan Guaidó. La experiencia del gobierno “encargado” de Guaidó no solo dinamitó la unidad interna del campo antichavista, sino que consolidó en buena medida la ligazón entre el PSUV y el Estado. Así, es esperable que el 10 de enero de 2025 dé lugar a dos “institucionalidades” en Venezuela. De un lado, una institucionalidad “oficial”, desde Caracas, con control efectivo de las instituciones públicas y de las fuerzas armadas nacionales. Del otro lado, una institucionalidad “simbólica” e impugnatoria en el exilio que, con toda probabilidad, buscará recabar apoyos internacionales para ejercer una presión externa contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El nuevo gobierno de Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, supondrá un apoyo firme a la oposición, aunque está por ver el grado de involucramiento que Washington decida jugar en Venezuela.
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