Michael Roberts

El domingo 27 de octubre se celebran elecciones parlamentarias en Japón. El nuevo líder del gobernante Partido Liberal Demócrata y actual primer ministro Shigeru Ishiba ha convocado elecciones para consolidar su gobierno en el poder. El anterior primer ministro Fumio Kishida dimitió tras un escándalo de corrupción relacionado con el dinero de «fondos secretos» para que las grandes empresas financiaran las campañas de su partido. No es nada nuevo, ya que ha sido una práctica habitual del PDL buscar financiación secreta de las grandes empresas a cambio, sin duda, de políticas adecuadas. El escándalo más reciente fueron las estrechas conexiones entre el saliente Kishida y la llamada Iglesia de la Unificación, del culto cristiano rabioso y anticomunista del ahora fallecido Sun Myung Moon.

Las encuestas de opinión indican que, si bien el PDL mantiene su popularidad entre los votantes conservadores de mayor edad, las generaciones más jóvenes están cada vez más desencantadas. Algunos observan con agrado el énfasis que pone el partido libertario Nippon Ishin no Kai en la reforma política y las iniciativas anticorrupción.

Según los sondeos de opinión, el gobernante PDL podría perder su mayoría absoluta en la cámara baja, lo que significa que probablemente tendría que depender de su socio habitual de coalición, el budista Komeito, para controlar la cámara baja del parlamento. Ya depende de Komeito para lograr una mayoría en la cámara alta. Komeito se ha mostrado menos dispuesto que el PDL a adoptar políticas como la de proporcionar a las fuerzas armadas japonesas misiles de mayor alcance y eliminar las restricciones a las exportaciones de armas que han impedido que Tokio envíe armas a Ucrania o a las naciones del sudeste asiático que se oponen a Pekín en el Mar de China Meridional.

La política exterior antichina de Japón en alianza con Estados Unidos es una cosa, pero como es habitual, lo que más preocupa a los votantes es el estado de la economía. Por primera vez en décadas, la inflación de los precios de los bienes y servicios de consumo ha ido en aumento.

Los salarios reales han estado cayendo durante dos años. En medio del aumento de los precios, algunos partidos de la oposición han abogado por una reducción o la abolición del impuesto a las ventas, pero Ishiba ha contraatacado diciendo que es una fuente importante de ingresos para la seguridad social.

De hecho, la participación del trabajo en el ingreso nacional de Japón ha estado cayendo sustancialmente desde el final del período de auge japonés de los años 1980: del 60% al 55% actualmente.

En algunos indicadores, Japón no es tan desigual en materia de riqueza personal como las demás grandes economías: la Base de Datos Mundial de Desigualdad sitúa el coeficiente de Gini de desigualdad de la riqueza en 0,74 (el de Estados Unidos es de 0,83) y el índice de Gini de desigualdad en 0,54 (el de Estados Unidos es de 0,63). Pero la desigualdad sigue siendo significativa, y la desigualdad de ingresos es similar a la de Europa. El 10% de los que más ingresos tienen se lleva el 44% de los ingresos personales, mientras que el 1% superior tiene el 13%. El 50% inferior de los que menos ingresos tienen sólo el 17%. Como es habitual, la brecha de riqueza es aún mayor. El 10% superior de los poseedores de riqueza tiene el 60% de toda la riqueza personal en Japón, una cifra que no ha cambiado en el siglo XXI ^. El 1% superior posee el 25% de toda la riqueza, mientras que el 50% inferior tiene sólo el 5%. Japón es propiedad de una élite, que la controla y la dirige, al igual que en las demás grandes economías.

Y Japón sigue luchando contra años de bajo crecimiento económico, incluso durante la llamada “Abenomics” (muy anunciada por los keynesianos) del ex Primer Ministro Shinzo Abe, que buscó estimular el crecimiento mediante flexibilización monetaria, déficits fiscales y “reformas” estructurales neoliberales.

Y el ex primer ministro Kishida ganó las últimas elecciones con un programa que, según él, iba a reactivar la economía japonesa con lo que llamó un “nuevo capitalismo”, supuestamente un rechazo del “neoliberalismo” aplicado por los primeros ministros anteriores, como Abe. En cambio, reduciría la desigualdad, ayudaría a las pequeñas empresas más que a las grandes y “nivelaría” la sociedad.   Esto rompería con el énfasis de Abe en la “reforma estructural”, es decir, reducir las pensiones, el gasto en bienestar social y desregular la economía. 

Pero nada cambió. El «nuevo capitalismo» no duró mucho, al parecer. El crecimiento de la productividad sigue siendo bajo. La imagen del capital japonés como un país que innova en tecnología parece haber desaparecido hace tiempo. Una medida convencional de la «innovación» se denomina productividad total de los factores (PTF). El crecimiento de la PTF se ha desvanecido de más del 1% anual en los años 1990 a casi cero en la actualidad, mientras que la enorme inversión de capital de los años 1980 y 1990 no se ve por ninguna parte. Ahora la tasa de crecimiento potencial del PIB real de Japón está cerca de cero.

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Aunque muchas empresas japonesas supuestamente tienen “mucho dinero en efectivo”, no están invirtiendo en el país, lo que refleja una baja rentabilidad de los sectores productivos nacionales. Por eso, el crecimiento de la inversión empresarial es muy débil. Las empresas japonesas pueden haber aumentado sus beneficios a expensas de los salarios e incluso han conseguido elevar un poco la rentabilidad del capital, pero no están invirtiendo ese capital en nuevas tecnologías ni en equipos que mejoren la productividad. La inversión real no es mayor que en 2007.

Fuente: Serie EWPT 7.0

Y, como en el resto de las principales economías, el sector manufacturero de Japón está en recesión (cualquier puntuación por debajo de 50 significa contracción).

Desde Abe hasta Kishida e Ishiba, nada cambia: la economía capitalista de Japón continúa estancada.