El principal objetivo de la COP 29 de Bakú (Azerbaiyán), la cumbre convocada cada año bajo la Convención de Cambio Climático (1992), era acordar cuánto dinero deben aportar los países desarrollados más ricos y mayores emisores a los países en desarrollo más pobres para ayudarles a luchar contra el cambio climático.

La quema de combustibles fósiles y otras acciones humanas han contribuido a elevar la temperatura media a largo plazo del planeta en unos 1,3°C desde la época preindustrial, una condición que provoca desastrosas inundaciones, huracanes, sequías y olas de calor extremas.

La tarea era y es así de urgente: según los científicos del clima, el planeta puede superar el umbral más riesgoso, el que abriría las puertas a impactos climáticos todavía más catastróficos, ya a principios de la década de 2030, o antes.

Pero después de extenuantes deliberaciones, el acuerdo surgido de la COP29 entre más de 200 países apenas redondeó un compromiso de financiación de 300 mil millones de dólares de parte de los más ricos y mayores emisores de gases de efecto invernadero, el triple de los 100 mil millones establecidos desde 2010, pero lejos del billón de fondos públicos y privados que demandaban los más afectados.

Estados Unidos, el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo, jugó un papel muy relativo en Bakú, a sabiendas de que Donald J. Trump -quien en 2017 ya retiró al país del Acuerdo de París- lo gobernará desde enero, con su premisa de “perforar, perforar y perforar” para explotar más petróleo.

También puede revisar todas las políticas de transición energética adoptadas por su predecesor Joe Biden y dificultar inversiones verdes, difícilmente la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA) puedan derogarse: los estados republicanos se beneficiaron con ellas.

Un lado positivo: tras casi una década de esfuerzos por establecer un reglamento para los créditos de carbono, la COP 29 sí llegó a un acuerdo que permite a los países empezar a establecer estos créditos para obtener financiación y compensar sus emisiones, o para comercializarlos en un mercado de intercambio.

Lo ideal y lo posible

El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, admitió que el acuerdo fue insuficiente. “Ningún país ha conseguido todo lo que quería, y nos vamos de Bakú con una montaña de trabajo aún por hacer”.

Los fondos comprometidos deberían servir para ayudar a los países más pobres a abandonar los combustibles fósiles e invertir en energías renovables como la eólica y la solar, pero también para hacer frente a los impactos inmediatos del cambio climático y todos sus variantes de desastres.

El Grupo Africano de Negociadores calificó directamente el acuerdo como “demasiado poco y demasiado tarde” e India definió los fondos comprometidos como “suma miserable”. 

El presidente de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, Cedric Schuster, resumió: “Nuestras islas se están hundiendo. ¿Cómo pueden esperar que volvamos a nuestros países con un mal acuerdo?”.

En términos de la COP, por países “desarrollados” se entienden los industrializados más ricos, como Reino Unido y Estados Unidos, y por “en desarrollo”,  las naciones más pobres o las economías emergentes. Pero se trata de clasificaciones que se remontan a la Convención sobre Cambio Climático de 1992.

Actualmente hay 23 países “desarrollados” que deben aportar los fondos necesarios, pero un debate se acentúa: ¿no debería ampliarse a estas alturas, más de tres décadas después en las que países como China, India y hasta los países del Golfo han dado un gran salto y hace una gran contribución al calentamiento global?

A esa última le sigue otra discusión clave: si los aportes deberían ser voluntarios, tal como funciona en el fondo que fue aprobado hace un año en Dubái, o si debieran ser obligatorios para los países desarrollados y mayores emisores, una cuestión tampoco saldada en Bakú.

Finalmente, ¿quién debe recibir los recursos para atender las pérdidas y daños provocados por el calentamiento global? ¿Los menos desarrollados e insulares vulnerables? En ese caso, América Latina se vería un tanto perjudicada.

Palabras y hechos

La COP 28 de Dubái había abrazado la idea de encarar finalmente por primera vez una “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles” que pusiera fecha de vencimiento al uso del carbón, el petróleo y el gas. En ese sentido, la COP29 quedó en ese mismo lugar de promesas, sin definir compromisos.

El uso de combustibles fósiles sigue aumentando, y se prevé que las emisiones de CO2 alcancen un nuevo máximo en 2024, con 37.400 millones de toneladas, un 0,8% más que en 2023, según Global Carbon Project.

Pero la cumbre no logró establecer medidas para que los países se basen en el compromiso de la COP 28 de 2023 de abandonar los combustibles fósiles y triplicar la capacidad de las energías renovables en esta década.

“Ahora vemos los desastres como algo normal, cotidiano, cuando, hace una década, ni siquiera las veíamos como probables”, hace notar Adrián Martínez Blanco, fundador de la ONG Ruta del Clima, que ha seguido durante varios años las cumbres de cambio climático. 

Según la ONU, si el planeta procede a quemar todo el carbón, el petróleo y el gas de los proyectos existentes y en construcción, el calentamiento del planeta superaría con creces aquella meta de 1,5 ºC acordado a escala mundial.

Los últimos informes de científicos del clima advierten, de hecho, que el ritmo actual pone al mundo camino a un calentamiento global de unos 3 ºC para finales de siglo.

En lo que va de 2024 hubo incendios y una sequía en la Amazonia; el paso del huracán Milton en Florida (EEUU); e inundaciones en Nepal, Pakistán y Europa Central, y cada vez hace falta reconstruir viviendas, escuelas y vías, además de revisar las pérdidas de cosechas y alimentos, detalla la agencia IPS.

Un estudio publicado en Nature, según la agencia, estima que para 2025 el costo anual de las pérdidas y daños relacionados con eventos climáticos será cercano a los 400 mil millones de dólares.