Las licencias 56 y 57, expedidas por el organismo dependiente del Departamento del Tesoro, moderan el esquema de sanciones para aumentar el margen de maniobra del gobierno venezolana. Por ejemplo, la 56 permite “las negociaciones comerciales de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, siempre que la celebración y ejecución de cualquier contrato de este tipo quede sujeta a una autorización separada por parte de la OFAC”. Esto incluye “facturas ejecutorias, acuerdos de principio, ofertas ejecutorias susceptibles de aceptación —tales como licitaciones o propuestas en respuesta a concursos públicos—memorandos de entendimiento vinculantes, o cualquier otro acuerdo similar”. La aprobación de cada decisión del ejecutivo, derivada de este permiso, recae en la OFAC, lo que le otorga al gobierno estadounidense una colonial influencia sobre los asuntos internos del país.

La licencia exceptúa la transferencia de activos estatales, de bonos de deuda de PDVSA, y cualquier operación con personas jurídicas de Cuba, Rusia, Corea del Norte, Irán o una entidad estadounidense controlada por una empresa de China. Este permiso permitiría, por ejemplo, que empresas occidentales de servicios firmen contratos para arreglar el deteriorado sistema eléctrico venezolano, que depende de tecnologías críticas cuyas patentes son extranjeras. O que PDVSA firme acuerdos con petroleras para importar repuestos, como catalizadores, que mejoren el mantenimiento de las refinerías de petróleo venezolanas, deterioradas por las sanciones. El problema radica en que la OFAC podría objetar cualquier acuerdo que vaya en desmedro de una multinacional estadounidense en áreas como el transporte u otros sectores. Es un permiso con un revolver en la mesa. Por lo pronto, uno de sus primeros frutos permiso es la negociación con Siemens y General Electric para que ayuden a estabilizar el sistema eléctrico del estado petrolero del Zulia, uno de los más afectados por los cortes eléctricos.

Algo parecido sucede con la Licencia 57, la más importante de las dos, que autoriza transacciones de servicios financieros con cuatro instituciones bancarias estatales: el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La licencia cubre la apertura y cierre de cuentas, transferencias de fondos (ACH y Wire), servicios de banca corresponsal en dólares, remesas y pagos con tarjetas de débito y crédito, y operaciones de cambio de divisas. También incluye a cualquier entidad con mayoría accionaria de las cuatro instituciones alcanzada, y a los representantes del gobierno venezolano que no estén dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Esto alcanza a Delcy Rodríguez, cuya sanción individual fue levantada como parte de los nuevos acuerdos con la Administración Trump, después del reconocimiento a su gobierno por parte del gobierno estadounidense.

Sin embargo, este nuevo permiso no desbloquea ninguno de los activos congelados por el Departamento del Tesoro, ni las reservas internacionales del BCV en el exterior, ni permite la participación de PDVSA en el control de su filial en Estados Unidos, la refinería CITGO Petroleum, sobre la que pesa un fallo judicial de venta a una empresa controlada por el fondo buitre Elliott Managment de Paul Singer. Para Hermes Pérez, (exfuncionario del BCV) esta licencia “abre la puerta para retomar las operaciones internacionales a través del sistema de pagos internacionales (SWIFT), lo que reconecta al BCV con la banca global y con la Reserva Federal. Esto se traduce en la posibilidad de abrir cuentas en bancos corresponsales, transferir fondos desde y hacia Venezuela, y reducir drásticamente los costos de las remesas al eliminar intermediarios”. Para Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, la “esto disminuye los costos operativos que durante casi una década hicieron que cualquier operación financiera de la República resultara excesivamente costosa”.

En la práctica la medida alcanza a los principales bancos públicos de Venezuela, cuyos ingresos, en su mayoría, son el pago de nóminas a los trabajadores públicos y manejo de fondos de empresas del Estado y los distintos ministerios del gobierno. Esto permitirá que entidades como el banco Venezuela, una de las mayores del país, puedan recibir remesas, otorgar créditos y mejorar la performance de sus fondos con operaciones en el exterior de compra de divisas. El acceso al SWIFT le permitirá al BCV recibir pagos internacionales por las ventas de petróleo venezolano desde las cuentas aprobadas por el Tesoro estadounidense. Eso se traducirá en una mayor disponibilidad de divisas en sus reservas para inyectar en el mercado cambiario y ejercer autoridad monetaria sobre el valor del bolívar. De esta forma, podrá comprimir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, uno de los principales motores de una inflación que este año se estima en 649,5%. Sin esto, sería bastante difícil de hacerlo dado que las reservas en divisas del BCV para intervenir en el mercado son de, al menos, 13 mil millones de dólares, según los datos oficiales.

Las leyes de hidrocarburos y minería, sancionadas por la Asamblea Nacional, son el cuerpo, promovido por el gobierno venezolano, para adaptar el marco legal venezolano para las corporaciones aprobadas por Washington. También para atraer “inversiones” en yacimientos petrolíferos con poca producción gracias a la posibilidad de privatización de las empresas estatales del sector a través de la figura jurídica de los Convenios de Participación Productiva establecida en la nueva legislación de hidrocarburos. Esto marca un antes y después en el ideario económico bolivariano ya que la anterior legislación, sancionada en los primeros tiempos de Hugo Chávez, garantizaba la mayoría accionaria de la estatal PDVSA en todos los proyectos petroleros del país.

Este nuevo momento económico de Venezuela, traducido en esta serie de licencias del Tesoro y leyes venezolanas, viene acompañado, además, del regreso de Caracas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El directorio del FMI y el Banco Mundial —donde Washington tiene el voto decisivo— reconoció a Venezuela como país miembro. La membresía había sido suspendida en 2019, cuando Estados Unidos y más de cuarenta países respaldaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente. La presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que ya hay comunicaciones con el BCV, y el Ministerio de Finanzas, y otras instituciones venezolanas, para otorgar líneas de financiamiento al país para estabilizar su economía. Uno de los grandes interrogantes es si este es el preludio para un programa de Estabilización del FMI que provea dinero fresco a Venezuela para que acumule reservas en el BCV a cambio de un plan de ajuste fiscal a gran escala.

Para Delcy Rodríguez, sin embargo, el acercamiento no se relaciona con esto sino con acceso a los Derechos de Giro del organismo por el monto de cinco mil millones de dólares. “No es un programa de endeudamiento, es la recuperación de nuestros derechos y activos congelados en el FMI para recuperar nuestra infraestructura vital, electricidad, agua, hospitales, invertir en producción estratégica de petróleo, gas, y petroquímica. Una inyección de dinero para mejorar ingreso de nuestros trabajadores, dar estabilidad a nuestras reservas internacionales y el equilibrio macroeconómico que sustenta la economía nacional”, argumentó. Casi al mismo tiempo, Rodríguez informó la salida como presidenta del BCV de Laura Guerra, ingeniera petrolera hermana de la primera esposa de Nicolás Maduro, y el nombramiento de Luis Pérez antiguo viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero. Una decisión que fue leída como un avance de la presidenta encargada sobre las posiciones de poder público en la jerarquía financiera, comercial, económica y petrolera de Venezuela.

La aceptación por parte del gobierno venezolano de este nuevo formato de control tiene bastante que ver con los datos presentados por Delcy Rodríguez en una alocución donde habló sobre la necesidad de “reformas estructurales”. En ese discurso, Rodríguez dijo que, producto de las sanciones, las exportaciones petroleras entre 2020 y 2024 fueron de 93 mil millones de dólares, casi seis mil millones por debajo de los 97 mil millones registrados en 2012 cuando el país estaba libre de medidas coercitivas durante el último año de Hugo Chávez. Si bien la cifra es reveladora, la caída estrepitosa de los envíos de petroleros también se conjugó con malas políticas de administración pública, como un enorme déficit fiscal, corrupción en los proyectos de la petrolera PDVSA y un error en la estrategia de la estatal para sostener su producción cuando los pozos longevos comenzaran a decaer. La consecuencia de esto es que hoy el PBI de Venezuela es un 31% de lo que fue en 2012, según los datos oficiales. De esta forma, Rodríguez justificó la necesidad de leyes, como la de hidrocarburos, que permite a privados hacerse de proyectos petroleros, casi en soledad, y la de minería que promueve también la inversión privada y el regreso de las corporaciones del sector.

En este contexto, antes de la emisión de las nuevas licencias, Delcy Rodríguez firmó un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron, acompañada por la encargada de Negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de Energía, Kyle Haustevit, donde la petrolera estatal PDVSA aceptó darle el control del bloqueo 8 de Ayacucho, en la rica Faja Petrolífera de Orinoco, a cambio de que la estadounidense devolviese la administración del campo de gas offshore Loran. El bloque Ayacucho tiene una reserva 87.000 millones de barriles y es el campo más pequeño de los cuatro que conforman la Faja —junto a Boyacá (489.000 millones), Junín (557.000 millones) y Carabobo (227.000 millones). Petropiar, filial de Chevron que comparte con PDVSA, tendrá el 60% de la porción accionaria de uno de los ocho bloques de Ayacucho y sumará su producción a los 260 mil barriles diarios que produce, en su mayoría, el Campo Boscán, cuyas reservas se estiman en 35 mil millones de barriles, según la Sociedad de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos. El plan de la petrolera es aumentar su producción en un 50% en el mediano plazo, según una promesa hecha a Donald Trump por jefe ejecutivo, Mike Wirth.

Estos nuevos planes del gobierno venezolano fueron sintetizados, en una entrevista, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez; “estamos hartos de decir todo el tiempo que el país posee la principal reserva petrolera del mundo. El petróleo que está debajo de la tierra no le sirve a nadie para nada. En cambio, el petróleo que logramos sacar es uno que se puede convertir en hospitales, en salarios, en escuelas, en vialidad, en progreso, en desarrollo, en cultura, en universidades”. El peligro es que el control de las exportaciones petroleras de Venezuela se vuelva algo permanente. Desde la invasión y ocupación estadounidense, las ventas de petróleo de Irak, por ejemplo, se depositan, de forma constante, en una cuenta del banco de Reserva Federal de Nueva York y luego se transfieren a su Banco Central. Gracias a esto, Washington tiene una influencia casi perpetúa sobre los asuntos internos del país: una situación que quedó en evidencia en 2025 cuando Donald Trump vetó la candidatura a primer ministro de Nouri al-Maliki en 2025 por su cercanía a Irán. Un modelo similar sería un grillete para el chavismo y un verdadero bumerán político para quienes gobiernen Venezuela.