El Atlántico Sur y la Antártida se han convertido en áreas de interés geopolítico intenso.

Por Juan Facundo Muciaccia*

La presencia argentina en el Atlántico Sur y en la Antártida constituye una política de Estado sostenida de manera ininterrumpida desde 1904. Este posicionamiento no solo responde a una continuidad histórica singular, sino que se apoya en fundamentos jurídicos, geográficos y geopolíticos que configuran a la Argentina como uno de los actores centrales en la dinámica del continente antártico y su proyección oceánica circundante (Sepúlveda, 2008).

Desde la instalación de la base permanente en las Orcadas en 1904, la Argentina ha desarrollado una presencia efectiva, continua y multidimensional en la Antártida, convirtiéndose durante décadas en el único Estado con ocupación estable en el continente. Este hecho, sumado a la proximidad geográfica, la continuidad geológica y la actividad científica sostenida, constituye uno de los pilares fundamentales de sus derechos soberanos en la región.

En este marco, la acción argentina se ha caracterizado por un compromiso con el uso pacífico del territorio, la cooperación científica internacional y el respeto por el derecho internacional, particularmente en el contexto del Tratado Antártico (1959/1961). Sin embargo, el sistema que emergió de dicho tratado —y que durante décadas garantiza un equilibrio entre intereses contrapuestos— comienza a evidenciar signos de tensión en un escenario global en transformación.

El pasaje de un orden internacional relativamente estable tras el fin de la Guerra Fría hacia un sistema más fragmentado y competitivo ha reconfigurado las prioridades estratégicas de los Estados. En este contexto, el Atlántico Sur y la Antártida han dejado de ser espacios periféricos para convertirse en áreas de creciente interés geopolítico, tanto por su valor estratégico como por la disponibilidad de recursos naturales críticos en un mundo caracterizado por su progresiva escasez.

La posible ampliación de la plataforma continental argentina hasta las 350 millas marinas —en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— constituye un ejemplo de esta revalorización. Este proceso proyecta un horizonte de oportunidades en términos de soberanía sobre recursos, pero también introduce nuevas tensiones, particularmente en relación con el Reino Unido, cuya presencia en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur continúa siendo uno de los principales condicionantes estratégicos de la política exterior argentina, como explica Ricardo Alessandrini

en “Zonas de Interés Estratégico y Geopolítico para la Nación: Situación en el Atlántico Sur y Antártida”.

A su vez, la persistente debilidad en la conciencia marítima de la sociedad argentina constituye un obstáculo estructural que limita la comprensión del carácter estratégico del Atlántico Sur. Esta carencia no es menor, ya que condiciona la formulación de políticas públicas y la construcción de consensos necesarios para sostener una estrategia de largo plazo en la región.

En este sentido, abordar el Atlántico Sur y la Antártida como un “asunto magno”, en los términos planteados por Juan Domingo Perón, implica reconocer su centralidad en la construcción del poder nacional. No se trata únicamente de una reivindicación territorial, sino de un espacio donde convergen dimensiones geopolíticas, económicas, científicas y ambientales que resultan determinantes para la inserción internacional de la Argentina en el siglo XXI.

 Geopolítica, orden internacional y espacios estratégicos

El análisis del Atlántico Sur y la Antártida requiere inscribirse en un marco teórico que permita comprender las transformaciones del sistema internacional y la reconfiguración de los espacios estratégicos. En este sentido, la geopolítica —entendida como el estudio de la relación entre poder y territorio— ofrece herramientas conceptuales fundamentales para interpretar las dinámicas en juego.

Durante la posguerra fría, el sistema internacional fue caracterizado como un orden unipolar dominado por Estados Unidos. Sin embargo, este esquema ha sido progresivamente cuestionado por diversas corrientes teóricas que señalan la emergencia de nuevas configuraciones. Richard Haass plantea la idea de un mundo “no polar”, en el que múltiples actores —estatales y no estatales— ejercen influencia. Por su parte, G. John Ikenberry propone un orden institucional liberal basado en reglas, mientras que Samuel Huntington introduce el concepto de “unimultipolaridad” para describir una estructura híbrida.

Estas interpretaciones coinciden en señalar que el sistema internacional atraviesa un proceso de transición. En este contexto, los espacios geográficos adquieren renovada importancia como plataformas de proyección de poder. La competencia entre grandes potencias no solo se expresa en términos económicos o militares, sino también en la disputa por áreas estratégicas que permiten controlar recursos, rutas comerciales y posiciones geoestratégicas.

El Atlántico Sur y la Antártida deben ser comprendidos en este marco. Lejos de constituir un espacio marginal, esta región presenta características que la convierten en un área de creciente relevancia: su ubicación en las rutas interoceánicas, su proximidad a reservas de recursos naturales y su potencial como plataforma para operaciones científicas y logísticas.

En este sentido, la noción de “pívot geopolítico” desarrollada por Zbigniew Brzezinski resulta particularmente útil. Según este autor, ciertos Estados adquieren relevancia no tanto por su poder material, sino por su ubicación estratégica. La Argentina, por su proyección sobre el Atlántico Sur y su proximidad a la Antártida, encaja en esta categoría.

Sin embargo, esta condición de pívot implica tanto oportunidades como limitaciones. Por un lado, otorga capacidad potencial de influencia; por otro, expone al Estado a presiones externas y a la competencia entre actores más poderosos. En el caso argentino, esta tensión se manifiesta en la coexistencia de una posición geográfica privilegiada con restricciones estructurales derivadas de la presencia británica en el Atlántico Sur.

El Tratado Antártico y la construcción de un régimen internacional

El Tratado Antártico constituye uno de los ejemplos más relevantes de gobernanza internacional sobre un espacio sin soberanía plenamente definida. Firmado en 1959 y en vigor desde 1961, este acuerdo estableció un conjunto de principios que han permitido mantener la estabilidad en el continente antártico durante más de seis décadas.

Entre sus disposiciones fundamentales se destacan el uso exclusivo del territorio para fines pacíficos, la prohibición de actividades militares ofensivas, la promoción de la investigación científica y el intercambio de información. Asimismo, el tratado introduce un elemento central: el congelamiento de los reclamos de soberanía.

El artículo IV del Tratado establece que ningún acto realizado durante su vigencia puede ser utilizado para fundamentar o negar reclamaciones territoriales, ni para crear nuevos derechos de soberanía. Este principio permitió evitar la escalada de conflictos en un contexto de Guerra Fría, donde la Antártida podría haber sido escenario de disputas entre las grandes potencias.

No obstante, este mismo mecanismo genera tensiones a largo plazo. Al suspender las reclamaciones sin resolverlas, el tratado mantiene latente una situación de ambigüedad jurídica que podría reactivarse en un escenario de mayor competencia internacional.

En términos institucionales, el sistema distingue entre Estados consultivos y adherentes. Los primeros, que realizan actividad científica significativa en el continente, poseen capacidad de decisión en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. Este criterio introduce un elemento de poder basado en la capacidad operativa, lo que favorece a los Estados con mayores recursos.

Si bien el sistema ha sido exitoso en garantizar la paz y la cooperación, también ha contribuido a consolidar una forma de administración internacional compartida que limita el ejercicio pleno de soberanía por parte de los Estados reclamantes.

La cuestión de la soberanía en la Antártida

La soberanía constituye uno de los ejes centrales del problema antártico. A diferencia de otros territorios, donde las fronteras están claramente delimitadas, en la Antártida las reclamaciones se superponen y permanecen en suspenso.

Argentina, Chile y el Reino Unido presentan reclamos parcialmente coincidentes en la Península Antártica, lo que genera una de las zonas de mayor complejidad geopolítica del continente. A estos se suman los reclamos de otros Estados, como Australia, Francia y Noruega, que si bien no se superponen directamente con el argentino, forman parte del entramado general de disputas.

Es necesario destacar tres aspectos: la Soberanía, la importancia de la Península Antártica y la protección del medio ambiente. Con respecto a la soberanía, los reclamos planteados por Argentina, Chile, el Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, que se muestran en la proyección, constituyen un problema complejo y de difícil solución.

La soberanía planteada por Chile entre los meridianos 53° y 90° de longitud Oeste; por Argentina, entre el meridiano 25° al 74° de longitud Oeste; y, el Reino Unido entre los meridianos 20° y 80° de longitud Oeste, generan una superposición de reclamos que afecta a gran parte de la zona reclamada por Argentina y por lo menos a la mitad de la zona de Chile. Asimismo, en el sector comprendido entre el meridiano 90° y 150° de longitud Este, existe una porción del territorio antártico no reclamada por ningún Estado, en tanto que el sector reclamado por Noruega no tiene una especificación clara de su límite exterior

El sistema del Tratado ha permitido mantener un equilibrio precario mediante el statu quo. Sin embargo, la creciente importancia de los recursos naturales y el interés estratégico de las potencias podrían tensionar este esquema en el futuro.

En este contexto, la soberanía deja de ser un concepto puramente jurídico para convertirse en una cuestión profundamente geopolítica, donde la presencia efectiva, la capacidad logística y la influencia internacional juegan un papel determinante.

Geopolítica del Atlántico Sur en el sistema internacional

El Atlántico Sur ha sido históricamente considerado un espacio periférico dentro de las prioridades estratégicas globales. Sin embargo, esta caracterización ha comenzado a modificarse en las últimas décadas como consecuencia de la transición del orden internacional y de la creciente importancia de los recursos naturales, las rutas marítimas y las posiciones geoestratégicas.

Durante gran parte del siglo XX, la atención de las grandes potencias se concentró en regiones como Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico. No obstante, el progresivo desplazamiento de los centros de poder y la emergencia de nuevos actores han contribuido a revalorizar áreas previamente consideradas marginales. En este contexto, el Atlántico Sur emerge como un espacio de interés creciente, tanto por su función como corredor marítimo como por su vinculación directa con el continente antártico.

Las rutas interoceánicas australes, especialmente en un escenario de saturación o vulnerabilidad de los pasos tradicionales como el Canal de Panamá, adquieren relevancia estratégica. A su vez, el desarrollo de tecnologías navales y la proyección de poder a larga distancia refuerzan la importancia de contar con posiciones de apoyo en el Atlántico Sur.

En este marco, la región comienza a ser objeto de atención por parte de actores globales. China y Rusia han incrementado su presencia en la Antártida mediante el establecimiento de bases científicas y el despliegue de capacidades logísticas. Este avance responde tanto a intereses científicos como a objetivos estratégicos de largo plazo, vinculados al acceso a recursos y al posicionamiento en un eventual escenario post-Tratado Antártico.

Por su parte, Estados Unidos ha manifestado una renovada preocupación por la presencia de actores extraregionales en el Atlántico Sur. Este interés se inscribe en una lógica de competencia estratégica global, donde la preservación de áreas de influencia resulta central para sostener su posición en el sistema internacional.

Dimensión regional: Chile y Brasil en la Antártida

El análisis del Atlántico Sur y la Antártida no puede prescindir de la dimensión regional. En América del Sur, Chile y Brasil han desarrollado políticas activas orientadas a consolidar su presencia en la región. Chile, como Estado reclamante y signatario original del Tratado Antártico, comparte con la Argentina la superposición de reclamos en la Península Antártica. Su política se ha orientado a fortalecer su rol como puente logístico hacia el continente, especialmente a través de la región de Magallanes.

Los fundamentos de su reclamo son similares a los argentinos: proximidad geográfica, continuidad geológica y ocupación efectiva. Sin embargo, la coexistencia de ambos reclamos introduce un elemento de competencia que complejiza la posibilidad de una estrategia regional conjunta.

Brasil, por su parte, ingresó al sistema antártico en 1983 con el objetivo de consolidar su proyección como potencia emergente. Su política se basa en la participación activa en actividades científicas y en la construcción de capacidades que le permitan influir en las decisiones del sistema.

La denominada teoría de la “defrontação”, desarrollada por geógrafos brasileños, plantea que los países con proyección marítima hacia el sur tienen derecho a participar en la distribución del espacio antártico. Si bien esta postura no constituye un reclamo formal, refleja el interés brasileño en no quedar excluido de la dinámica regional.

En este contexto, la articulación regional aparece como una herramienta clave para fortalecer la posición sudamericana frente a actores extraregionales. Sin embargo, las diferencias de intereses y estrategias entre los países de la región dificultan la construcción de una posición común.

Al proyectar a la Argentina hacia las islas Malvinas y la Antártida como un hecho ineludible, no se puede ignorar la necesidad de desarrollar una estrategia orientada a las zonas marítimas y al continente blanco.

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* Fundador y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (CEDI) y presidente de Desarrollo Ciudadano ONG.