El artículo de Bruno Sgarzini plantea una tesis que se aparta de las explicaciones puramente geológicas sobre los terremotos en Venezuela. Su argumento central es que el desastre natural se convierte rápidamente en un hecho geopolítico porque ocurre en un país sometido desde hace años a sanciones económicas, aislamiento financiero y disputa internacional por sus recursos estratégicos. En otras palabras, el artículo privilegia una interpretación geopolítica del desastre más que una explicación multidimensional que sí existe y debe tenerse en cuenta. Su aporte consiste en recordar que los desastres naturales nunca ocurren sobre un "territorio neutro": impactan sobre sociedades con determinadas condiciones económicas, políticas e institucionales, y esas condiciones influyen decisivamente en el número de víctimas y en la velocidad de la reconstrucción.
Caracas tiene muchos barrios en los cerros y, principalmente, esos lugares no resultaron afectados. Se afectaron zonas acaudaladas, entre comillas, del este de la ciudad. Y después el estado La Guaira, un estado costero ubicado entre una gran cordillera y la costa. ¿Por qué un lugar resultó más afectado que otro, y por qué los lugares que uno pensaría más endebles en sus construcciones casi no sufrieron daños?
Los geólogos y expertos lo analizan, y por internet circula cualquier cantidad de teorías. En principio, como decís, lo que ocurrió el 24 no fue un terremoto sino dos, ambos por encima de 7. Los terremotos por lo general se clasifican como grandes de una magnitud de 7 hacia arriba, y aquí ocurrieron dos en menos de un minuto.
Los epicentros están en el marco de varias fallas, donde la placa del Caribe se encuentra con la sudamericana (nota de autor; se trata de las fallas de Boconó, que va desde el Táchira hasta el Caribe; la de El Pilar, que atraviesa principalmente el estado nororiental de Sucre; y la de San Sebastián, que recorre el mar cercano a la Cordillera de la Costa venezolana). Y hubo zonas cercanas al epicentro que no resultaron tan afectadas como La Guaira, que quedaba relativamente lejos. Eso tiene varias explicaciones: geológicas, pero también demográficas y urbanísticas. La zona del epicentro, por ejemplo, es fundamentalmente rural, sin grandes edificaciones. El movimiento de las ondas, en cambio, parece haberse distribuido por el norte del país.
Recordemos que Caracas está en la zona centro-norte costera de Venezuela, en un valle. Del mar Caribe nos separa una cordillera, parte de la cordillera de la costa, que aquí llamamos el Ávila o Waraira Repano. Es una gran montaña, y del otro lado, en la cara norte que da directamente al Caribe, está el estado La Guaira, con distintas poblaciones a lo largo de una franja muy angosta. Si tuviera que hacer una equivalencia ilustrativa, La Guaira se parece un poco a Chile, pero mucho más pequeña: así como Chile tiene la cordillera de los Andes de un lado y el océano Pacífico del otro, La Guaira tiene la cordillera —ahí está el Parque Nacional El Ávila— y enfrente, al norte, el mar Caribe.

Eso, geográfica y turísticamente, le da su encanto: es una zona de muchas playas caribeñas, pero con montañas de donde bajan de forma permanente ríos y quebradas. También la condiciona desde el punto de vista geomorfológico. Los suelos son fundamentalmente sedimentosos, sobre todo en la parte más baja, la más cercana al mar. Esos sedimentos se han formado durante siglos, a través de los deslaves que bajan del Ávila, y se encuentran con suelos arenosos y un nivel freático muy alto que, ante movimientos sísmicos fuertes, magnifican el impacto sobre las construcciones.

Conversé con un geólogo que me comentó otra condición geoestructural de La Guaira. El Ávila es una gran roca granítica. Cuando La Guaira recibe el impacto, las ondas llegan, pero además rebotan al chocar con las faldas del Ávila y con ese subsuelo de roca, y amplifican el radio de destrucción.
Claro, es como si vinieran unas olas, chocaran contra la piedra y se devolvieran.
El efecto es más o menos el mismo. Y después los suelos arenosos tienen procesos de licuefacción: ante estos movimientos tan fuertes, por el nivel freático y el tipo de suelo, es como si esos suelos se licuaran. Esa condición geomorfológica que supone el Ávila para La Guaira, en cambio, le da ciertas ventajas a Caracas a la hora de resistir. La pendiente del lado de Caracas es un poco más suave que la que cae hacia Vargas. Sabés que en Caracas hay un río que cruza de oeste a este, más o menos por la mitad de la ciudad, el río Guaire. Desde la ribera norte del Guaire hacia el norte, es decir, hacia la falda del Ávila, esos suelos también son sedimentosos y están en pendientes, unas más pronunciadas que otras. Pero esta pendiente es mucho más larga y no tan pronunciada ni tan corta como la de La Guaira. Eso explica por qué los edificios que colapsaron en Caracas lo hicieron justamente en urbanizaciones de clase media de esa zona.
El caso de San Bernardino, una urbanización cercana al centro pero hacia el norte: ahí cayó un edificio en Santa Rita, que se llamaba Rita. Y en Los Palos Grandes, muy cerca de la Plaza Altamira, había un edificio llamado Petunia, un conjunto residencial de unos 15 pisos, del cual una de sus torres cayó por completo. Esa zona de Los Palos Grandes fue también la que más sufrió el terremoto del 67, porque por ahí pasa una falla. La combinación de fallas y suelos sedimentosos explica por qué ahí se siente con más magnitud.

Con el tema de los edificios hay que tener cuidado: el número de afectados depende mucho de lo que uno entienda por afectación. Donde yo vivo, a uno de los ascensores se le soltó un contrapeso y no funciona: eso es una afectación. Pero hay edificios a los que se les cayeron paredes o se agrietaron, y otros que colapsaron total o parcialmente. En Caracas hablamos de entre tres y cuatro edificios colapsados, entre ellos el Rita y uno de los Petunia. En La Guaira, las cifras preliminares que manejo hablan de casi 200 edificios colapsados, unos 189. Hubo otras edificaciones caídas en otras zonas del país, pero menores, casas. El grueso de la afectación está en el estado de La Guaira y en Caracas.
Por eso, esa matriz que se monta del «Estado fallido» —de que todo colapsó o de que aquí no estaban dadas las condiciones— merece una revisión. Creo que circulan opiniones muy ligeras. Si uno toma en cuenta los datos objetivos de la magnitud del fenómeno, dos terremotos consecutivos por encima de 7, al menos en el caso de Caracas los daños fueron mínimos. Mínimos en comparación con lo que pudo haber ocurrido o con lo que habría ocurrido en otros lugares.
En uno de tus escritos señalaste que desde 1970-73 solo hubo seis terremotos dobles de este tipo, de más de 7 puntos. Hablás de casos en Italia, en Turquía y en Siria, no hace mucho, con gran afectación. En el primer momento se dijo mucho que Venezuela no estaba preparada, sobre todo el estado La Guaira, antes conocido como Vargas, que ya fue víctima de una de las mayores tragedias de la historia venezolana: la famosa vaguada de Vargas, donde no se sabe cuánta gente murió o desapareció, cuando un temporal arrastró sedimentos y muchos quedaron enterrados. A esa reconstrucción se la criticó mucho: se dijo que se permitió construir sin respetar los códigos urbanísticos, sin los pilares adecuados, sin las normas sísmicas. Pero yo también leí y escuché a ingenieros que hablan de que el evento fue totalmente inédito, incluso para construcciones pensadas para resistir algo así.
Claro. En el caso específico del estado La Guaira, hay que empezar por decir que las edificaciones que se desplomaron son de todo tipo. En un primer momento se hizo mucho hincapié en los edificios de la Misión Vivienda, grandes urbanismos de política social que se empezaron a entregar en la época de Hugo Chávez. Hay muchas teorías y versiones circulando, pero, confirmadas, hubo cuatro edificaciones de la Misión Vivienda que se desplomaron por completo, de decenas que existen en el estado. De hecho, dos de ellas están dentro de un mismo urbanismo donde hay cinco: se cayeron dos de cinco.
El resto son edificios de distinto tipo, muchos vacacionales, hoteles e incluso edificios de lujo, de distintas épocas de construcción. Tras el terremoto de 1967 se dictó una serie de normas de ingeniería y de urbanismo que se han cumplido a lo largo de los años: una gran normativa en los años 80, luego renovada, que obliga a los edificios en determinadas zonas de riesgo a cumplir requisitos de construcción. A este respecto habrá que evaluar caso por caso, pero la impresión objetiva que me da es que, si uno cruza la magnitud del evento con la cantidad de edificios que se desplomaron, las normas se cumplieron —al menos en Caracas— mucho mejor de lo que mucha gente esperaba o creía.
En Vargas, el problema no es tanto de ingeniería, en el sentido de si los edificios son más o menos sismorresistentes, sino de planificación y de urbanismo. Lo que parece demostrar esto es que muchas zonas del estado, muy pobladas, tienen alta densidad. Aunque, si uno cruza la población total del estado —unas 450.000 personas— con su extensión, la densidad es muy baja, eso se debe a que La Guaira tiene muchas zonas rurales y verdes casi deshabitadas. El grueso de la gente se concentra justamente donde hubo mayores afectaciones: Caraballeda, Macuto y Catia la Mar, cerca del aeropuerto. Ahí hay urbanismos de la Misión Vivienda, pero también una cantidad impresionante de edificios residenciales, vacacionales y hoteles que colapsaron. Más allá de las responsabilidades que haya que determinar, tanto públicas como privadas, la discusión ya no es de normativa de ingeniería para construir ahí, sino de si tiene sentido construir o reconstruir en determinadas zonas.
Cuando ocurrió la tragedia de Vargas en el 99, el Ávila también le jugó una mala pasada al estado. Fueron unas lluvias muy fuertes cuyas nubes quedaron atrapadas, con su paso cortado por la cordillera —el Ávila tiene 2.000 metros en su punto más alto—. Las lluvias se estacionaron ahí y provocaron deslaves, derrumbes con rocas, madera y todo lo que encontraban a su paso, que devastaron zonas de Vargas. Cuando se reconstruyó, se tuvo en cuenta esa tragedia: hubo zonas donde no se podía construir nada, como Carmen de Uria, toda un área donde no quedó absolutamente nada. También se ampliaron las márgenes y la canalización de todos los ríos que bajan del Ávila. Se tomaron medidas que sirvieron para evitar que eso volviera a repetirse. Desde entonces no se han repetido lluvias tan fuertes, pero sí lluvias bastante fuertes que no causaron daño, precisamente porque se tomaron medidas.

Ahora estamos ante otra condición natural muy distinta, que no tiene que ver con lluvias ni inundaciones, sino con un movimiento sísmico. Además, cuando ocurrieron los dos sismos se emitieron alertas de tsunami que, gracias a Dios, nunca se concretaron. De haber ocurrido, la magnitud habría sido mucho mayor, porque la zona más afectada es la más baja, prácticamente a nivel del mar. Ahí están las urbanizaciones más caras de La Guaira: los departamentos con vista al mar, los hoteles. Para quien no es de Venezuela, esto se ve muy claro al bajar en el avión: uno atraviesa la costa de La Guaira y ve, hacia atrás, edificaciones sobre los cerros —más barrios— y, hacia abajo, grandes edificios, hasta llegar al aeropuerto de Maiquetía, una construcción con algunas medidas antisísmicas que igual quedó muy dañada.
Esa zona baja concentra hoteles y edificios residenciales, porque el acceso a la playa es más inmediato: hay marinas, clubes privados. En muchas imágenes que circularon, del antes y del después, se ve que muchos hoteles tenían piscinas. Hablamos de edificaciones que no son exactamente viviendas de interés social, sino condominios privados y hoteles, muy cerca de la costa, a nivel cero del mar. Las construcciones más cercanas a la montaña —no solo los barrios y casas populares, sino también edificios— no se vieron tan afectadas, porque ahí los suelos son más fuertes y el impacto de las ondas se atenúa. En Catia la Mar, donde está el aeropuerto, muchos edificios altos sufrieron. Tengo un amigo que tenía un apartamento ahí, en un edificio de casi 20 pisos: ese edificio ya no existe, ninguna de sus dos torres, construcciones de los años 70 con gran vista al mar. Cerca hay un urbanismo de la Misión Vivienda, de unas casitas construidas por turcos, que no se desplomó ni causó víctimas, hasta donde conozco, o muy pocas. También sufrió la Escuela Naval, la de la marina de guerra, y varias estructuras del propio aeropuerto internacional, que son estructuras ligeras pensadas para resistir el sismo y aun así padecieron, porque el impacto fue muy fuerte.
Yo viví en Santiago de Chile en 2010, en el terremoto de 8.8, uno de los más grandes que se han registrado, creo que después del de Valdivia, en los años 60. También duró más de un minuto y tuvo un comportamiento muy parecido al de Venezuela, al menos en la sensación. Aquí, al principio se sintió un temblor muy fuerte. Yo, como mucha gente, me di cuenta por una alerta de Google que me llegó unos diez segundos antes de sentir los temblores. Fue un temblor fuerte y prolongado, y después otra parte mucho más fuerte, que fue la que más afectó. Recién después supimos que eran dos terremotos, uno consecutivo del otro. Un evento extraordinario que, como comento en el blog, en Venezuela se sabe que ocurrió al menos una vez, en 1812. En aquella ocasión estábamos en pleno proceso de independencia, y fue una de las causas de la caída de la Primera República. El epicentro estuvo por el estado Yaracuy, cerca de donde estuvo uno de los epicentros actuales, pero también se habla de un terremoto consecutivo en el estado Mérida, uno de los estados andinos, hacia el suroeste, en la frontera con Colombia. En aquel caso no existían mecanismos de medición, pero por el impacto y las crónicas se habla de un doblete sísmico, e incluso algunos autores hablan de un triplete, como el que ocurrió en Italia en 1980.

En nuestro caso, somos un país con fallas geológicas, proclive a los sismos, seguramente no tanto ni tan consecutivos como Chile o Japón. Pero los grandes terremotos parecen tener un comportamiento estacional, de cada 50 o 60 años: el de 1812, otra serie en 1900, el del 67 —de magnitud significativamente menor, que no llegó a 7— y ahora estos dos del 24 de junio. En los años 90 hubo un sismo importante en el oriente del país, en Cariaco, que causó algunas víctimas, en una zona fundamentalmente rural y costera, sin grandes edificaciones. Y hay otro detalle importante: la mayoría de la población venezolana se concentra justamente en estas zonas centrales, que son las más sísmicas, las del norte costero. Por ejemplo, en el sur del país, toda la región de Guayana no es necesariamente sísmica, porque son zonas del Macizo Guayanés. Pero en la Gran Caracas —el estado La Guaira, Caracas con sus cinco municipios y el entorno del estado Miranda— tenemos aproximadamente 8 millones de personas, de los 25 o 28 millones que hay en el país.
Se habla de un Estado desbordado, sin capacidades para responder a esta tragedia, en un contexto donde el país perdió gran parte de su PBI en los últimos años y hoy tiene un nivel comparable al de los años 90, producto de la crisis económica y las sanciones. Estos días, Francisco Rodríguez, economista de derecha venezolano que perteneció a una firma de capital, publicó que entre 2015 y 2016, y bajo las sanciones hasta 2020, se perdió prácticamente el 90 % del PBI en construcción, que habría sido vital. Y uno de los principales reclamos de la gente es por qué no se movieron máquinas para remover escombros en su momento. ¿Cuál es tu diagnóstico de la capacidad real de respuesta del Estado ante una catástrofe así, donde no hay un solo foco, sino múltiples, con cientos de edificios destruidos?
Ese va a ser uno de los temas centrales de aquí en adelante: el de las responsabilidades. Yo no voy a decir que el gobierno se tardó y se demoró, pero tampoco puedo decir que dio una respuesta inmediata y en el sitio, porque simplemente no estaba ahí y sería irresponsable de mi parte asegurar una cosa o la otra. Lo que sí puedo decir con toda responsabilidad es que, sea lo que sea que se determine sobre la capacidad de respuesta, no se deben considerar solo las responsabilidades del gobierno —tanto del presidente Nicolás Maduro como, ahora, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez—, sino también el conjunto de sanciones y todo el bloqueo que ha sufrido el país en los últimos años. Paradójica y trágicamente, por esas cosas bizarras del debate nacional, muchos de los que acusan al gobierno de no haber tenido capacidad para dar respuestas prontas fueron promotores de esas sanciones, o las animaron y las apoyaron.
En cuanto al debate maniqueo de “lo hiciste tú o lo hice yo”, creo que nos hace mucho daño y que no somos honestos ni con las víctimas, ni con los sobrevivientes, ni con el país. Si vamos a discutir responsabilidades, entonces tenemos que discutir las de todos los involucrados. No podés obviar que el país, desde 2015 —hace ya más de una década—, sufre un conjunto de sanciones que han disminuido su capacidad en un montón de aspectos, entre ellos, al parecer, el de contar con las condiciones materiales para responder a una tragedia como esta. Y, sin embargo, por lo que he escuchado, incluso de testimonios de expertos de otras partes del mundo, de la ONU y de los equipos mexicanos que están acá, es prácticamente imposible que un país, por sí solo, tuviera la capacidad de atender de manera rápida y precisa, y de llegar de inmediato a todos los lugares que se necesitaba, dada la magnitud de la tragedia. Eso no significa que yo defienda al gobierno ni que suponga que no tiene ninguna responsabilidad, pero hay que ser objetivo, y algo que le falta mucho al debate venezolano es la objetividad. El primer artículo que escribí sobre este tema daba cuenta de eso: escribir sobre Venezuela se convirtió en una especie de hobby para mucha gente, por monetizar, por llamar la atención, por intereses políticos. Empiezan a aparecer teorías y explicaciones, y eso no ayuda a nadie, ni a las víctimas ni a nadie. Si vamos a determinar responsabilidades, determinemos las responsabilidades completas.
Es como el debate sobre los edificios de la Misión Vivienda. Hay un urbanismo entero, llamado Ciudad Caribe, entre Caracas y La Guaira, con 137 edificios —puse el número exacto porque además hablé con el responsable de la zona—, y ninguno se cayó. El debate de la Misión Vivienda hay que darlo de manera más objetiva, y no con el simple maniqueísmo de que, como son edificios que construyó el gobierno y construyó Chávez, entonces eran de cartón y mataron a la gente. En las cifras que he revisado, que puedo defender objetivamente, incluso de otros investigadores de distintas tendencias, aproximadamente el 98 % de los edificios que se desplomaron son privados. Seguramente hay responsabilidad de distintos gobiernos nacionales, locales y regionales, en materia de permisología, si es que no se cumplió alguna norma. Pero son edificios construidos por empresas privadas, y ahí también hay que determinar responsabilidades. Lo que no puede ocurrir es que, si vas a discutir responsabilidades, coloques el foco sobre una para oscurecer el foco sobre otra. Eso no es honesto para las personas afectadas, ni es lo que necesitamos de cara al futuro: necesitamos una discusión certera sobre qué pasó, y qué papel tuvieron, por ejemplo, las sanciones que sectores de la oposición pidieron, rogaron, tramitaron y promovieron. La narrativa contraria dice, simplemente, que era obvio que fue el gobierno quien causó todo esto.
El punto es que un país con diez años de sanciones y diez años de bloqueo no puede, ante la magnitud de un evento como este, estar en las condiciones óptimas para dar respuesta. Y, sin embargo, creo que ha dado respuesta. Por supuesto, cuando llega la ayuda internacional, esa respuesta se magnifica, porque es mucha más gente que busca mucho más espacio dentro de una zona de devastación bastante grande. No fue un edificio el que se cayó, ni una sola organización: fueron varias cuadras en una franja de terreno considerable para una zona de desastre. Pero así como las sanciones tuvieron un impacto directo sobre las condiciones que pudo tener o no Venezuela para responder a esta coyuntura, esas mismas sanciones influyen sobre la capacidad que pueda tener de aquí en adelante el gobierno para responder y superar esta situación, que se suma a la que ya se vivía por el conflicto político y las sanciones.