La proscripción de un liderazgo con fuerte arraigo social no solo condiciona la competencia electoral: también debilita la capacidad de quienes intentan sucederlo para construir una legitimidad propia. A partir de la experiencia argentina entre 1955 y 1973 y de los aportes de la teoría política contemporánea, este trabajo propone el concepto de déficit de legitimidad sustitutiva para explicar por qué la exclusión de un liderazgo central produce efectos que trascienden al dirigente proscripto y comprometen la calidad de la representación democrática.
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Por Artemio López
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Este artículo propone el concepto de déficit de legitimidad sustitutiva para analizar los efectos políticos derivados de la exclusión de liderazgos con elevada capacidad de representación. La hipótesis central sostiene que la proscripción de un liderazgo político no constituye únicamente una limitación individual sobre el dirigente afectado, sino una alteración estructural del sistema de representación: quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan dificultades adicionales para transformar una legitimidad asociada al liderazgo excluido en una autoridad política autónoma.
A partir de un enfoque histórico-comparativo, se analizan tres experiencias argentinas desarrolladas bajo la proscripción de Juan Domingo Perón: Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illia (1963-1966) y Héctor Cámpora (1973). Aunque cada caso presenta una relación diferente con el liderazgo proscripto —acuerdo político, ausencia de acuerdo y delegación directa—, todos comparten una característica relevante: ninguno completó su mandato presidencial.
El argumento central no sostiene un determinismo histórico, sino la existencia de una restricción estructural. Como plantea Hanna Pitkin (1967), la representación política no se reduce a la ocupación formal de cargos, sino que implica una relación sustantiva entre representantes y representados. Cuando esa relación está organizada alrededor de un liderazgo excluido, la sustitución institucional enfrenta límites específicos.
La democracia representativa no puede ser comprendida únicamente como un conjunto de procedimientos electorales. Si bien las elecciones constituyen un mecanismo indispensable de legitimación política, la representación implica una relación más compleja entre instituciones, actores y comunidades políticas.
Hanna Pitkin (1967) señaló que representar no significa solamente actuar formalmente en nombre de otros, sino construir una relación reconocida entre representantes y representados. Desde esta perspectiva, la exclusión de un liderazgo con fuerte arraigo social no afecta exclusivamente al individuo excluido: modifica las condiciones bajo las cuales se produce la representación política.
Guillermo O’Donnell (2010) ha señalado que la democracia requiere instituciones capaces de canalizar demandas sociales y producir vínculos de legitimidad. Cuando una parte significativa de la sociedad percibe que sus identidades políticas no encuentran una traducción institucional plena, aparece una tensión entre legalidad formal y legitimidad sustantiva.
El problema que analiza este trabajo surge precisamente de esa tensión.
Cuando un liderazgo político central queda excluido de la competencia electoral, las instituciones pueden continuar funcionando formalmente, pero quienes intentan representar ese espacio enfrentan una dificultad adicional: deben construir autoridad política propia mientras la referencia simbólica principal continúa asociada al dirigente ausente.
A esta situación la denominamos déficit de legitimidad sustitutiva.
La dificultad de sustituir liderazgos políticos centrales puede comprenderse a partir de la relación entre autoridad, identidad y representación.
Max Weber (1992) distinguió entre diferentes formas de legitimidad política y señaló que determinados liderazgos poseen una dimensión carismática basada en una relación específica entre dirigente y comunidad política. Sin trasladar mecánicamente la categoría weberiana al presente, resulta útil observar que algunos liderazgos concentran una capacidad de identificación que excede la función institucional que ocupan.
Antonio Gramsci (2000) desarrolló una concepción del liderazgo político vinculada a la construcción de hegemonía, entendida como la capacidad de articular intereses sociales diversos alrededor de una identidad política común.
En una línea convergente, Ernesto Laclau (2005) sostuvo que la política implica procesos de construcción de identidades colectivas donde ciertos significantes adquieren una capacidad de articulación que no puede transferirse automáticamente.
Desde esta perspectiva, un liderazgo no constituye simplemente una candidatura reemplazable. Puede funcionar como punto de condensación de una identidad política.
La proscripción genera entonces una contradicción:
El problema es que la legitimidad política acumulada no se transfiere de manera automática.
La experiencia argentina posterior al derrocamiento de Juan Domingo Perón constituye un caso central para analizar esta problemática.
Entre 1955 y 1973 el sistema político argentino atravesó un proceso caracterizado por la exclusión del peronismo y la imposibilidad de participación plena de su liderazgo.
Marcelo Cavarozzi (2006) caracterizó este período como una etapa marcada por la inestabilidad derivada de la incapacidad del sistema político para integrar al movimiento peronista dentro de un orden institucional estable.
Luis Alberto Romero (2012) señala que la proscripción del peronismo no eliminó su presencia social y política, sino que produjo una tensión permanente entre las instituciones formales y las identidades políticas existentes.
El problema no era solamente electoral.
Era representativo.
El sistema podía producir gobiernos constitucionales, pero encontraba dificultades para generar una legitimidad ampliamente reconocida.

Arturo Frondizi llegó a la presidencia en 1958 mediante un acuerdo con Juan Domingo Perón.
El pacto permitió canalizar el apoyo electoral peronista hacia su candidatura y resolver una cuestión inmediata: la obtención de una mayoría electoral.
Sin embargo, la operación no resolvió el problema estructural.
El gobierno de Frondizi recibió legitimidad electoral de sectores cuya identidad política continuaba organizada alrededor de un liderazgo excluido.
Como sostiene Cavarozzi (2006), la cuestión peronista permaneció como el núcleo irresuelto del sistema político argentino.
El acuerdo permitió acceder al gobierno, pero no eliminó la contradicción entre representación institucional y liderazgo político.
La caída de Frondizi en 1962 confirmó los límites de esa fórmula.
El apoyo del líder proscripto podía facilitar el acceso al poder, pero no garantizaba una transferencia completa de autoridad política.

El caso de Arturo Illia resulta significativo porque muestra que el problema no dependía exclusivamente de la relación entre el sustituto y el líder proscripto.
Illia llegó al gobierno sin acuerdo con Perón.
Su legitimidad provenía del proceso electoral formal.
Sin embargo, gobernó dentro de un sistema político donde una parte fundamental de la identidad política nacional permanecía excluida.
Según Romero (2012), la etapa estuvo marcada por una contradicción permanente entre instituciones democráticas formales y una estructura política incapaz de integrar plenamente al peronismo.
La caída de Illia en 1966 tuvo múltiples causas: conflictos económicos, presión militar y oposición política.
Pero esas causas operaron dentro de un sistema atravesado por una representación incompleta.

El caso de Héctor Cámpora constituye el ejemplo más cercano al concepto de déficit de legitimidad sustitutiva.
En 1973 el peronismo estaba legalizado.
El partido podía competir.
La organización política estaba habilitada.
La exclusión recaía sobre Perón como candidato presidencial.
Cámpora fue elegido como expresión directa del liderazgo excluido.
La situación parecía resolver las dificultades anteriores:
Sin embargo, su gobierno duró solamente cuarenta y nueve días.
Como explica Daniel James (2010), el retorno del peronismo mostró que la centralidad política de Perón excedía ampliamente la función institucional del candidato presidencial.
El caso Cámpora demuestra que la delegación puede transferir apoyo, pero no necesariamente transferir completamente la autoridad política.
Las formas contemporáneas de exclusión política presentan diferencias sustanciales respecto de la proscripción clásica.
Mientras la exclusión del peronismo estuvo asociada a prohibiciones explícitas y gobiernos militares, las democracias actuales procesan sus conflictos dentro de instituciones formales.
En este contexto aparece el debate sobre el concepto de lawfare, entendido como la utilización estratégica de herramientas jurídicas dentro de disputas políticas.
El punto analítico de este trabajo es estudiar una de sus consecuencias políticas:
cuando un liderazgo central queda excluido de la competencia electoral, ¿cómo afecta esa exclusión a quienes intentan representar su espacio político?
La situación contemporánea argentina permite actualizar esta discusión.
El problema no consiste en la inexistencia de dirigentes alternativos.
Los sistemas políticos producen renovación.
La cuestión central es si esos dirigentes pueden construir una legitimidad autónoma cuando emergen dentro de un espacio cuya referencia principal continúa asociada a un liderazgo excluido.
La hipótesis sostiene que enfrentan una dificultad estructural.
No porque carezcan necesariamente de capacidades políticas.
No porque el electorado sea incapaz de modificar sus preferencias.
Sino porque deben resolver una tensión específica:
representar una identidad política cuya principal referencia continúa siendo un liderazgo impedido de competir.
La comparación con Cámpora debe entenderse en términos estructurales, no históricos.
No se afirma una equivalencia entre períodos diferentes.
Se identifica una configuración política semejante:
un espacio habilitado y un liderazgo central excluido.
La proscripción modifica algo más profundo que la competencia electoral: modifica las condiciones de construcción de legitimidad.
La experiencia argentina entre 1955 y 1973 muestra que la dificultad de los sustitutos no dependió exclusivamente de la voluntad del liderazgo proscripto.
Perón apoyó a Frondizi.
No estableció acuerdo con Illia.
Delegó la representación en Cámpora.
Los tres procesos fueron diferentes.
Pero todos estuvieron condicionados por una misma fractura:
la separación entre liderazgo político y representación institucional.
La hipótesis del déficit de legitimidad sustitutiva permite comprender que la exclusión de un liderazgo central genera efectos que alcanzan también a quienes intentan reemplazarlo.
La democracia puede resolver formalmente una sucesión electoral.
Pero la sustitución política requiere algo más:
construir una nueva relación de representación cuando la anterior continúa vigente.
Son datos no opiniones: Los liderazgos sustitutivos no logran afirmarse y menos lo hacen en coyunturas pobladas de conflictos extremos como la que eventualmente dejará el gobierno de Javier Milei.
Como sostiene el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cuestiona con dureza el rumbo socio-económico actual: “Lo que están haciendo no es un plan de estabilización, es un plan de ajuste…el equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo … cuando se frena la obra pública, cuando se paraliza el consumo y se destruye el salario, el impacto no es teórico: es concreto y se siente en cada barrio. El país que deja Milei es una mierda”.
Cavarozzi, Marcelo. 2006. Autoritarismo y democracia (1955-1983). Buenos Aires: Ariel.
Gramsci, Antonio. 2000. Cuadernos de la cárcel. México: Era.
James, Daniel. 2010. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
Laclau, Ernesto. 2005. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
O’Donnell, Guillermo. 2010. Democracia delegativa. Buenos Aires: Prometeo.
Pitkin, Hanna. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.
Romero, Luis Alberto. 2012. Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Weber, Max. 1992. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.