Primer paso
Ayer se dió un paso central para consolidar el modelo peruano en La Argentina, aunque conviene hacer una precisión conceptual: el caso peruano no demuestra que el Banco Central haya quedado literalmente “por encima” del poder político. Lo que muestra es algo más sofisticado: una autonomización institucional de la política monetaria, acompañada por una fuerte inestabilidad del sistema presidencial. Julio Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006, atravesando los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hemos analizado acá lo suficiente sobre la fragilidad del sistema de representación, su fragmentación estructural en un contexto donde el principal liderazgo de plexo nacional encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo intento de supresión física se cumplirán 4 años, hoy proscripto y cumpliendo prisión rigurosa sin fundamentos legales conocidos.
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El Banco Central con autonomía de la política: la experiencia peruana y el proyecto de Milei
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA introduce una tensión fundamental en la teoría de la gobernanza democrática. Al elevar los costos de remoción de las autoridades monetarias al umbral de los dos tercios parlamentarios, el proyecto no solo busca neutralizar la inflación por vía de la dominancia fiscal, sino también rigidizar un paradigma económico específico frente a futuras alternancias electorales. La encrucijada teórica y práctica queda expuesta: la búsqueda de previsibilidad para la inversión y estabilidad cambiaria puede derivar en un vaciamiento de las capacidades soberanas del Estado, delegando la gestión de la macroeconomía a una burocracia técnica insulada, cuya responsabilidad última se desplaza de los mandatos electorales hacia las dinámicas del sistema financiero global.
La media sanción obtenida ayer, 26 de agosto, por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constituye bastante más que una modificación técnica de la legislación monetaria. Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados dio el primer paso para transformar la relación entre política democrática y política monetaria. Si el Senado convierte el proyecto en ley, Argentina avanzará hacia un esquema de autonomía del Banco Central significativamente más intenso que el actualmente vigente, especialmente en materia de financiamiento al Tesoro y de estabilidad de sus autoridades.
La cuestión de fondo no es, por lo tanto, si un Banco Central debe ser independiente. La discusión verdaderamente relevante es independiente de quién, responsable ante quién y al servicio de qué estructura de poder económico.
1. La transformación
El proyecto impulsado por Javier Milei concentra la misión del BCRA en un objetivo primordial: preservar el valor de la moneda. Paralelamente, elimina los mecanismos de financiamiento monetario al Tesoro, restringe la posibilidad de transferir determinadas utilidades al Estado y establece un régimen mucho más rígido para la remoción del presidente, vicepresidente y directores del organismo.
Pero el punto institucionalmente más trascendente es el último.
La Carta Orgánica vigente establece que el presidente, vicepresidente y directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y que pueden ser removidos por el Ejecutivo ante determinadas causales, previo dictamen de una comisión del Congreso.
La reforma introduce un cambio cualitativo: las autoridades solamente podrían ser removidas por causales específicas y mediante una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
En términos políticos, esto significa que un gobierno elegido democráticamente podría modificar la orientación general de la política económica, pero encontraría severamente limitada su capacidad para modificar la conducción del organismo encargado de la política monetaria.
Es aquí donde aparece el verdadero problema constitucional: la autonomía del Banco Central puede convertirse en una forma de autonomía respecto de la voluntad política expresada periódicamente en las urnas.
2. Perú: el laboratorio latinoamericano
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La experiencia peruana ofrece un antecedente especialmente significativo.
La Constitución peruana establece que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es autónomo y que su Directorio está integrado por siete miembros. Pero el dato decisivo es que sus integrantes solamente pueden ser removidos por el Congreso por falta grave, requiriéndose para ello una mayoría de dos tercios.
El resultado institucional es extraordinariamente significativo.
Julio Velarde asumió la presidencia del BCRP en octubre de 2006 y fue ratificado sucesivamente, incluyendo una nueva ratificación en 2021 para un cuarto período consecutivo.
Durante ese prolongado período, Perú atravesó una sucesión de gobiernos y crisis políticas que contrastan notablemente con la estabilidad de la conducción monetaria.
Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018; Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en 2020; Pedro Castillo fue removido en 2022 luego de intentar disolver el Congreso; y posteriormente asumió Dina Boluarte.
Es decir, el sistema político peruano exhibió una extraordinaria volatilidad en la conducción del Estado mientras el Banco Central conservaba una continuidad institucional excepcional.
Esta asimetría no constituye una anomalía secundaria. Es precisamente una de las características centrales del modelo.
3. La encerrona peruana: «estabilidad monetaria» e inestabilidad política
El caso peruano permite observar una paradoja de enorme importancia para Argentina.
Mientras las autoridades políticas son sometidas a ciclos electorales relativamente breves y a mecanismos institucionales que pueden producir su desplazamiento antes de concluir el mandato, la autoridad monetaria adquiere una permanencia que trasciende gobiernos.
En términos weberianos, puede hablarse de una creciente autonomización burocrática de una esfera estratégica del Estado. La conducción monetaria deja de estar sometida al mismo ciclo de legitimidad política que gobierna al Poder Ejecutivo.
Esto tiene ventajas evidentes desde la perspectiva de la credibilidad monetaria. La literatura sobre independencia de bancos centrales ha mostrado que la reducción de la vulnerabilidad de las autoridades monetarias frente a los cambios políticos puede contribuir a disminuir la inflación y su volatilidad.
Pero existe una segunda dimensión que suele quedar fuera del discurso económico convencional.
La independencia del Banco Central no elimina el conflicto distributivo de la política económica: lo desplaza.
La tasa de interés, el crédito, el tipo de cambio, la regulación de la liquidez, el nivel de reservas y las condiciones monetarias tienen consecuencias diferenciadas sobre trabajadores, empresas, bancos, acreedores y deudores.
Por lo tanto, afirmar que esas decisiones deben ser sustraídas de la política no significa sustraerlas del conflicto social. Significa, en buena medida, trasladar la decisión hacia instituciones con una legitimidad política indirecta y una composición mucho menos permeable a la presión electoral.
4. El punto de contacto con el proyecto argentino
Aquí aparece la semejanza fundamental entre el modelo peruano y el que intenta institucionalizar Milei.
El proyecto argentino combina tres operaciones.
Primera: convierte la preservación del valor de la moneda en el objetivo central del Banco Central.
Segunda: reduce drásticamente la posibilidad de utilización del BCRA como instrumento de financiamiento del Estado.
Tercera: coloca una barrera extraordinariamente elevada para modificar la conducción de la institución.
La primera operación es monetaria.
La segunda es fiscal.
La tercera es esencialmente política.
Y es esta tercera dimensión la que merece mayor atención.
Una cosa es impedir que un gobierno utilice discrecionalmente la emisión monetaria para financiar un déficit, lo que supone una discusión sobre una herramienta de política. Otra, sustancialmente distinta, es establecer que una futura mayoría política no pueda reemplazar a las autoridades monetarias salvo que consiga reunir una mayoría parlamentaria extraordinaria.
En este último caso, la autonomía deja de ser exclusivamente instrumental y comienza a adquirir una dimensión constitucional-material: determinadas orientaciones de política económica quedan protegidas contra modificaciones derivadas de un cambio de mayoría electoral.
5. El problema democrático
Aquí aparece una cuestión que el discurso libertario suele presentar de manera invertida.
Se afirma que el Banco Central debe ser independiente porque los gobiernos tienen incentivos para emitir dinero y generar inflación con fines electorales.
El argumento posee una racionalidad económica no muy evidente.
Contiene una premisa política que debe ser discutida: supone que el problema fundamental de la economía argentina reside en la posibilidad de que la política democrática intervenga sobre la moneda, mientras que presupone como neutral la intervención de las instituciones monetarias sobre la distribución del ingreso y la riqueza.
No existe tal neutralidad.
La política monetaria es política económica.
Y la política económica es, inevitablemente, política distributiva.
Una tasa de interés elevada no afecta de la misma manera a un banco acreedor que a una pequeña empresa endeudada. Una política de restricción monetaria no produce idénticos efectos sobre un tenedor de activos financieros que sobre un trabajador cuyo salario pierde capacidad adquisitiva. Una apreciación cambiaria tampoco tiene las mismas consecuencias para un importador, un exportador industrial y un trabajador del mercado interno.
Por eso, el problema no consiste simplemente en elegir entre “Banco Central independiente” y “Banco Central político”.
La cuestión es qué intereses sociales quedan sobrerrepresentados cuando una institución decisiva de la economía queda deliberadamente protegida frente a las mayorías políticas.
6. Perú demuestra algo más complejo
La experiencia peruana es particularmente interesante porque demuestra que la autonomía monetaria puede coexistir con una extraordinaria fragilidad de la democracia representativa y condiciones materiales de existencia deterioradas para la mayoría de la población.
Desde 2016, Perú atravesó una sucesión de conflictos entre Ejecutivo y Congreso que desembocaron en renuncias, intentos de vacancia, disolución del Congreso y destituciones presidenciales.
Pedro Castillo constituye el ejemplo más extremo. En diciembre de 2022 el Congreso declaró su vacancia por “incapacidad moral permanente” después de que intentara disolver el Congreso.
La paradoja es contundente: la inestabilidad del poder político no produjo una inestabilidad equivalente en la conducción del Banco Central.
La autoridad monetaria permaneció institucionalmente aislada de los sucesivos terremotos presidenciales.
Esto puede interpretarse de dos maneras.
Desde una perspectiva liberal-institucionalista, constituye una virtud: la política monetaria no queda sometida a la volatilidad electoral.
Desde una perspectiva crítica, puede verse como una forma de desacople entre soberanía política y soberanía económica: las mayorías pueden cambiar gobiernos, pero encuentran mayores dificultades para modificar las reglas bajo las cuales se determina una parte sustancial de la política económica que, peor aún, en el caso peruano no permite mejoras en las condiciones de vida de grandes segmentos comunitarios.
Ambas interpretaciones son posibles. Lo que no resulta adecuado es presentar el fenómeno como políticamente neutro.
7. De la independencia a la insularización
La categoría más apropiada para analizar el proceso argentino quizá no sea simplemente “independencia”, sino insularización institucional de la política monetaria.
El concepto resulta útil porque permite distinguir entre dos cosas.
La primera es otorgar autonomía técnica para ejecutar decisiones dentro de objetivos establecidos democráticamente.
La segunda es blindar la institución frente a cambios en las preferencias políticas de la sociedad.
El segundo proceso es mucho más profundo.
Si el Senado aprobara definitivamente el proyecto, el futuro gobierno argentino podría encontrarse ante una situación paradójica: tener legitimidad electoral suficiente para modificar la política económica general, pero no necesariamente capacidad institucional para modificar a los responsables de la autoridad monetaria.
En otras palabras, la elección de un nuevo gobierno no implicaría necesariamente la posibilidad de modificar el núcleo de la política monetaria.
Ese es precisamente el punto que la experiencia peruana permite visualizar.
8. La revancha de clase
Desde una perspectiva de economía política, la cuestión adquiere todavía mayor relevancia.
La independencia de los bancos centrales surgió en América Latina como parte de las reformas institucionales de las décadas de 1980 y 1990, según la narrativa oficial en la región, vinculadas con la lucha contra la inflación, la liberalización financiera y la reducción de la capacidad de los gobiernos para utilizar la política monetaria con objetivos fiscales y productivos.
El FMI ha señalado explícitamente que las reformas latinoamericanas de esos años buscaron cuatro objetivos: un mandato concentrado en la estabilidad de precios, independencia política para formular la política monetaria, autonomía operativa y mecanismos de rendición de cuentas.
Pero existe una diferencia fundamental entre autonomía operativa y autonomía política absoluta.
La primera puede fortalecer la capacidad técnica del Estado, tal vez.
La segunda puede generar un espacio institucional donde las concepciones económicas vinculadas a los intereses del bloque dominante sobrevivan a los cambios electorales.
Por eso, la pregunta decisiva para La Argentina no debería ser únicamente si el BCRA debe ser independiente, sino qué mecanismos de control democrático conservará una vez que sus autoridades estén protegidas por mayorías parlamentarias agravadas y su mandato económico sea reducido primordialmente a la estabilidad monetaria.
9. El verdadero significado político de la reforma
La media sanción de ayer puede ser interpretada, entonces, como el primer paso hacia una arquitectura institucional en la que el gobierno electo controla una parte menor de la política económica, mientras otra parte estratégica queda protegida mediante mecanismos de autonomía reforzada.
No se trata de una eliminación de la política.
Se trata de una redistribución institucional negativa del poder político sobre la economía.
Y aquí reside la cuestión central.
El modelo peruano demuestra que es perfectamente posible que convivan:
alta autonomía monetaria + continuidad del Banco Central + fragmentación partidaria + elevada inestabilidad presidencial.
El proyecto de Milei intenta construir en Argentina una arquitectura que contiene elementos semejantes.
La pregunta histórica será si esa arquitectura consigue efectivamente estabilizar la moneda, generar empleo e integrar socialmente o si termina consolidando una estructura en la cual las futuras mayorías electorales puedan cambiar al gobierno, pero encuentren crecientes dificultades para modificar los fundamentos de la política económica.
En ese sentido, la reforma del BCRA debe ser leída más allá de la discusión sobre emisión, inflación o déficit fiscal.
Lo que está en discusión es quién tendrá capacidad para decidir sobre el curso de la economía cuando cambie la mayoría política.
La media sanción de Diputados constituye, por eso, el primer paso de un proceso que podría producir una modificación sustantiva en la relación entre democracia y poder económico en la Argentina.
Perú ofrece el antecedente más cercano: mientras la presidencia de la República se convirtió en un espacio de enorme inestabilidad, la conducción del Banco Central construyó una continuidad extraordinaria. Julio Velarde permaneció al frente del BCRP durante dos décadas, atravesando seis presidencias y sucesivas crisis institucionales.
La cuestión que Argentina debería discutir antes de convertir este diseño en ley es, por tanto, sencilla pero decisiva:
¿Queremos un Banco Central «independiente» del gobierno de turno o un Banco Central institucionalmente «blindado» frente a la voluntad de las mayorías?
La diferencia entre ambas cosas no es semántica.
Es la diferencia entre autonomía técnica y poder económico institucionalizado.
Notas
- Cámara de Diputados de la Nación, votación sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, 26 de agosto de 2026: 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. ↩
- Entre los cambios centrales figuran la concentración del mandato en la preservación del valor de la moneda, la prohibición de financiamiento monetario al Tesoro y el régimen reforzado de remoción de autoridades. ↩
- Carta Orgánica vigente del BCRA, Ley 24.144, arts. 6, 7 y 9. ↩
- El proyecto establece una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a integrantes del Directorio por las causales previstas. ↩
- Banco Central de Reserva del Perú, Informe complementario sobre autonomía institucional: Constitución, art. 86, y Ley Orgánica, art. 20. ↩
- Banco Central de Reserva del Perú, Curriculum Vitae institucional de Julio Velarde. Fue designado presidente en octubre de 2006 y ratificado en 2021 para un cuarto período. ↩
- Congreso de la República del Perú, documentación sobre las vacancias y procesos políticos de 2016-2022. ↩
- Fondo Monetario Internacional, The Measurement of Central Bank Autonomy. El estudio registra una relación entre vulnerabilidad política de los bancos centrales, rotación de sus autoridades e inestabilidad inflacionaria. ↩
- Congreso de la República del Perú, registro de mociones de vacancia presidencial correspondientes a los períodos 2016-2021 y posteriores. ↩
- Congreso de la República del Perú, resolución de vacancia de Pedro Castillo, 7 de diciembre de 2022. ↩
- Fondo Monetario Internacional, Latin American Central Bank Reform: Progress and Challenges. El trabajo analiza las reformas de independencia de los bancos centrales latinoamericanos desde comienzos de los años noventa. ↩
- Ibídem. El FMI identifica como pilares de las reformas el mandato monetario, la independencia política, la autonomía operativa y la rendición de cuentas. ↩
- El propio BCRP registra la permanencia de Velarde desde octubre de 2006; documentación institucional de 2026 confirma que continúa ejerciendo la presidencia del Directorio
