Productividad a cualquier precio o «que parezca un accidente»
Apenas días después de la muerte de dos trabajadores en Vaca Muerta, el nuevo acuerdo de productividad entre el sindicato petrolero y las empresas vuelve a poner en el centro una contradicción decisiva: cuando el salario premia la reducción de los tiempos de operación, la seguridad puede quedar subordinada a la presión por producir más y más rápido. En una actividad de alto riesgo, los cuerpos de los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de la productividad. Los dos operarios muertos recuerdan brutalmente cuál puede ser el costo humano de esa lógica.
Vaca Muerta: productividad y salario, el nuevo pacto laboral
El sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, acordó con la CEPH y la CEOPE un programa piloto de incentivos variables vinculados directamente con resultados operativos. Tendrá una duración de doce meses y abarcará perforación, workover y pulling.
La novedad central está en que una parte del ingreso deja de estar determinada exclusivamente por la categoría, la jornada o el convenio colectivo y pasa a depender de cuánto se reduzcan los tiempos de operación.
En perforación, por ejemplo, la reducción de entre 9 y 12 horas por pozo habilita un adicional de $500.000 por trabajador; una reducción superior a 48 horas puede llevarlo hasta $3 millones por trabajador y por pozo. En workover, los incentivos llegan a $600.000, mientras que en pulling alcanzan $800.000 mensuales según la reducción de tiempos.
El argumento empresario es clásico: mayor eficiencia, menor tiempo improductivo, más pozos perforados y, finalmente, mayor producción. Pero el dato políticamente decisivo es otro: la productividad deja de ser solamente un objetivo empresarial para convertirse en una variable de determinación del salario.
Del convenio colectivo al salario dinámico
Aquí aparece el verdadero alcance del acuerdo.
EconoJournal señala que se trata del primer convenio que operacionaliza los denominados “salarios dinámicos” habilitados por la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, retomando además el antecedente de la llamada Adenda Vaca Muerta de 2017.
La lógica es significativa: el salario tiene un componente creciente asociado al rendimiento económico del proceso productivo. El trabajador participa de una parte del incremento generado por la mayor productividad, pero también queda más directamente expuesto a las condiciones de producción.
Desde una perspectiva de clase, esto puede formularse de manera más precisa:
el capital no elimina el salario colectivo; introduce dentro del salario una porción creciente del riesgo y de la incertidumbre propios de la acumulación.
El trabajador puede ganar más si aumenta la productividad, pero la empresa obtiene simultáneamente una reducción del tiempo de utilización de equipos extremadamente costosos y una aceleración del ciclo de extracción.
El punto crítico: ¿quién captura la productividad?
Esta es la pregunta que debería ordenar el debate.
Si una reducción de 48 horas en la perforación de un pozo genera una enorme ganancia de tiempo y capital para la empresa, el adicional salarial de $3 millones constituye solamente una fracción de la riqueza adicional generada por esa aceleración del proceso productivo.
Por eso, no alcanza con preguntar cuánto puede ganar el trabajador.
Hay que preguntar:
¿cuánto valor adicional genera esa productividad, cuánto recibe el trabajador y cuánto queda apropiado por las empresas operadoras y de servicios?
El esquema puede convertirse así en un mecanismo de participación subordinada en las ganancias de productividad: el trabajador recibe un premio por producir más rápidamente, mientras el capital obtiene simultáneamente mayor rotación de sus equipos, más pozos por unidad de tiempo y mayor volumen potencial de producción.
Una cuestión adicional: el carácter no remunerativo
Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. El acuerdo establece que los incentivos tienen carácter de “gratificación extraordinaria, variable y condicionada” y no remunerativo.
Esto es central desde el punto de vista de los derechos laborales.
No es lo mismo aumentar el salario básico que incrementar el ingreso mediante un componente extraordinario y condicionado. El primero consolida derechos futuros; el segundo queda sujeto al cumplimiento de determinados indicadores.
Por lo tanto, puede producirse una paradoja:
el trabajador puede cobrar más y, al mismo tiempo, tener una estructura salarial menos estable.
Es precisamente allí donde la noción de “salario dinámico” adquiere todo su contenido político.
Rucci: una negociación defensiva o una nueva institucionalidad laboral
La posición de Rucci también merece una lectura menos esquemática. El sindicato no aparece simplemente aceptando una flexibilización: obtiene una participación económica concreta en el aumento de productividad e incorpora, además, una posición adicional por equipo destinada a capacitación y formación práctica, con prioridad para futuras dotaciones.
Es decir, existe una negociación real.
Pero el problema estructural permanece: el poder de negociación sindical se ejerce dentro de un modelo productivo que coloca a la productividad como principio ordenador de las relaciones laborales.
Y esto adquiere especial relevancia porque Vaca Muerta constituye uno de los espacios estratégicos donde el gobierno busca demostrar que la reforma laboral puede traducirse en mayor inversión, producción y competitividad.
No casualmente el Ministerio de Capital Humano presentó el acuerdo como un ejemplo de las nuevas herramientas de negociación colectiva.
La cuestión de fondo
Vaca Muerta puede estar inaugurando algo más importante que un nuevo bono petrolero.
Puede estar inaugurando el laboratorio de una nueva relación entre salario y productividad en la Argentina.
El modelo es relativamente claro:
más productividad → más producción → mayor rentabilidad → una parte del excedente vuelve al trabajador como incentivo variable.
La discusión de fondo es quién determina los objetivos, quién controla los indicadores, cómo se distribuye el excedente y qué ocurre cuando la productividad aumenta pero el salario básico permanece estancado.
Por eso, el acuerdo Rucci-empresas debería analizarse como un capítulo de la transformación del régimen de relaciones laborales, no simplemente como una mejora salarial para los petroleros.
La experiencia de Vaca Muerta será particularmente relevante porque, si funciona para el sector petrolero, puede convertirse en precedente político y jurídico para extender la lógica del salario variable y condicionado por productividad a otras ramas de la economía.
En síntesis: el trabajador no deja de participar del crecimiento de Vaca Muerta; la cuestión es si participa como copropietario del excedente socialmente producido o como factor de producción incentivado a acelerar la extracción del excedente. Ahí está la diferencia entre una política de distribución de la productividad y una política de intensificación del trabajo.
Seguridad subordinada
Es una de las objeciones centrales, aunque no podemos afirmar que el acuerdo necesariamente producirá accidentes “habituales” como consecuencia automática. Lo que sí puede sostenerse con bastante fundamento es que introduce un incentivo económico que puede generar una presión adicional sobre los tiempos de operación, y por esa vía tensionar la seguridad si no existen mecanismos específicos que hagan prevalecer inequívocamente la prevención sobre la productividad.
El propio acuerdo vincula el incentivo con la reducción de tiempos operativos: en otras palabras, el trabajador obtiene una remuneración adicional si el proceso se hace más rápido. EconoJournal señala además que el programa forma parte del nuevo esquema de “salarios dinámicos” y que busca incrementar la eficiencia de perforación, workover y pulling.
Ahí aparece una contradicción estructural.
Productividad versus seguridad
En una actividad como Vaca Muerta, reducir tiempos no equivale simplemente a trabajar mejor. Hay operaciones con equipamiento pesado, altas presiones, sustancias inflamables, maquinaria de gran potencia y tareas mecánicas y ergonómicamente exigentes.
Un estudio epidemiológico sobre accidentes en yacimientos de Vaca Muerta durante 2025 analizó 112 accidentes y encontró predominio de factores mecánicos (70,5%) y ergonómicos (28,6%). Es decir, precisamente aquellos riesgos que pueden verse afectados por ritmos, organización y condiciones concretas de trabajo.
Y existe un antecedente histórico particularmente relevante. El crecimiento de la actividad no convencional en Vaca Muerta estuvo acompañado, durante determinados períodos, por un aumento significativo de la accidentabilidad. Un análisis basado en datos de la SRT registró que los accidentes denunciados llegaron a 2.687 en 2016, equivalentes a 429,4 lesionados cada 10.000 trabajadores; en 2017 todavía se registraban 367,1 cada 10.000.
Por lo tanto, no estamos hablando de un riesgo hipotético en una industria sin antecedentes.
El problema es el incentivo
La cuestión puede formularse de manera más radical:
si cobrar más depende de terminar antes, ¿qué sucede cuando una operación requiere detenerse por razones de seguridad?
El trabajador puede encontrarse frente a una contradicción entre dos racionalidades:
- seguridad: detener, revisar, esperar, corregir;
- productividad: terminar antes, reducir horas, alcanzar el objetivo.
Si el premio económico depende de la segunda, existe el riesgo de que la prevención sea percibida como un costo de oportunidad individual.
Y esto modifica cualitativamente la relación laboral. Antes, una demora podía ser principalmente un problema de la empresa. Bajo un esquema de productividad, parte de ese costo puede trasladarse simbólicamente al trabajador: si paramos, no cobramos el incentivo.
Ahí aparece lo que yo llamaría la subordinación económica de la seguridad a la productividad.
El antecedente de la Adenda Vaca Muerta
Además, esto no aparece en un vacío histórico. La experiencia de 2017 ya había generado fuertes discusiones sobre flexibilización, dotaciones y condiciones de trabajo. En 2019, después de accidentes fatales, el sindicato reclamó cambios urgentes en las condiciones de seguridad; incluso se planteó aumentar las dotaciones de los equipos de fractura.
Por eso resulta particularmente importante no analizar el nuevo acuerdo exclusivamente desde cuánto puede ganar un petrolero.
La pregunta decisiva es:
¿qué ocurre con la seguridad cuando la reducción del tiempo de trabajo deja de ser solamente un objetivo empresarial y pasa a constituir también un objetivo económico del trabajador?
Ese es el punto donde la lógica del salario por productividad puede convertirse en una lógica de intensificación del trabajo.
Y hay una cuestión todavía más profunda: un accidente grave puede ser perfectamente racional desde el punto de vista individual del trabajador y, al mismo tiempo, irracional desde el punto de vista colectivo. El trabajador necesita el ingreso adicional; la empresa necesita reducir tiempos; el sindicato necesita preservar puestos y salarios; pero el costo de una falla puede recaer sobre el cuerpo del trabajador.
Por eso, para evaluar este acuerdo yo incorporaría al análisis una cláusula que considero imprescindible: ningún objetivo de productividad debería computarse cuando para alcanzarlo se incumplan protocolos de seguridad, y ningún trabajador debería perder el incentivo por detener una operación ante un riesgo objetivo.
De lo contrario, Vaca Muerta puede convertirse en el laboratorio no solamente del “salario dinámico”, sino también de una nueva forma de transferencia del riesgo empresario hacia el trabajador.
Y esa es, desde la perspectiva del trabajador, probablemente la cuestión más importante del acuerdo.
