El programa económico argentino presenta el pago de la deuda y el cumplimiento de las exigencias de los acreedores como obligaciones superiores a cualquier otra consideración social. De ese modo, la deuda funciona como mecanismo de disciplinamiento: condiciona la política fiscal, restringe la capacidad de intervención estatal y reorganiza la distribución del ingreso en favor del capital financiero.
El problema no es solamente el endeudamiento externo. Es la transferencia de recursos desde los trabajadores, jubilados y sectores populares hacia los acreedores y los grupos económicos beneficiados por el modelo.
La experiencia histórica que recupera Toussaint permite invertir los términos del debate: no es la sociedad la que debe demostrar que puede pagar cualquier deuda; son los acreedores quienes deben demostrar la legitimidad de las obligaciones que pretenden cobrar.
Y aquí aparece una cuestión estratégica para el campo popular argentino: sin discutir el origen, la legitimidad y los beneficiarios del endeudamiento, cualquier proyecto de reconstrucción nacional corre el riesgo de administrar la misma estructura de subordinación que pretende superar.
La deuda no es una ley natural de la economía. Es una relación de fuerzas. Y, como toda relación de fuerzas, puede modificarse mediante la política y la organización social.
El artículo de Eric Toussant que presentamos es una buena base para discutir la deuda argentina desde una perspectiva histórica, antiimperialista, sin reducir el debate a la falsa disyuntiva entre pagar o caer en el aislamiento.
Eric Toussant
Este estudio demuestra que es perfectamente posible que un Estado rechace pagar deudas consideradas ilegítimas u odiosas sin sufrir de forma duradera las consecuencias económicas y financieras negativas que anuncian los acreedores y sus defensores. La idea de que un país que rechaza pagar la deuda será boicoteado de forma duradera por los prestamistas queda desmentida por la historia. En varios casos, el rechazo ha contribuido incluso a restablecer las condiciones necesarias para una mejora económica.
El rechazo a pagar la deuda soberana es un acto unilateral mediante el cual un Estado decide no reconocer o no hacer frente total o parcialmente a las reclamaciones que plantean sus acreedores. Por su parte, una condonación de deuda soberana es un acto mediante el cual los acreedores renuncian total o parcialmente a obtener el reembolso de sus créditos. A lo largo de los últimos 250 años, se han producido un número considerable de rechazados de pago y condonaciones de deuda .
En este estudio no se abordan las numerosas condonaciones de deuda concedidas por los acreedores cuando ello redunda en su propio interés político, económico o estratégico. Es el caso de la condonación de parte de la deuda de Polonia en 1991 tras su salida del Pacto de Varsovia , del acuerdo de Londres de 1953 sobre la condonación de una parte sustancial de la deuda de Alemania Occidental o de la condonación por parte de Estados Unidos de la deuda de Bélgica tras la Segunda Guerra Mundial en agradecimiento por el uranio extraído en el Congo Belga que permitió la fabricación de las primeras bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estas operaciones, aunque muy diferentes entre sí, demuestran que los acreedores saben perfectamente renunciar a sus créditos cuando sus intereses lo justifican.Demostraré asimismo que Estados Unidos, principal potencia económica y militar mundial del siglo XX, no dudó en rechazar ciertas obligaciones financieras sin siquiera intentar alegar su carácter ilegítimo u odioso.
Preciso, por otra parte, que los rechazos de pago y las anulaciones deben distinguirse de las suspensiones de pago y las reestructuraciones de la deuda soberana, mucho más numerosas. Una suspensión interrumpe temporalmente los pagos, una reestructuración modifica las condiciones de reembolso sin cuestionar necesariamente el principio mismo de la deuda. En cambio, el rechazo a pagar refleja la decisión del Estado deudor de no cumplir, total o parcialmente, con las obligaciones que se le exigen.
Algunos rechazos se reivindican explícitamente como tales; por ejemplo el de Estados Unidos al final de la Guerra Civil o de la Rusia soviética en 1918. Otros no se asumen plenamente bajo esa denominación, como en el caso de Francia en 1797 o de Estados Unidos en 1933-1935, a pesar de que el Estado soberano decide no pagar una parte de las deudas u obligaciones financieras que se le reclaman.
Los propios acreedores saben que el cumplimiento íntegro de los créditos no es imperativo: aceptan las cancelaciones cuando sus intereses políticos y económicos así lo exigen. ¿Por qué lo que es posible cuando a los acreedores les conviene se convertiría en ilegítimo cuando los pueblos y los Estados deudores deciden defender sus propios intereses?
En este estudio me centro en los rechazos de deuda soberana llevados a cabo por Estados del Norte, sin pretender ser exhaustivo. Los ejemplos se presentan en orden cronológico y se refieren a Estados con regímenes políticos y orientaciones económicas muy diferentes. En otro artículo presentaré una selección de rechazos de deuda soberana llevados a cabo por países del Sur.
Los rechazos de deuda por parte de los Estados del Norte
Existe la idea generalizada de que el rechazo de la deuda es una práctica reservada a los países del Sur o propia de un pasado lejano, lo que es históricamente falso. Los Estados del Norte también han rechazado en varias ocasiones deudas soberanas. Analicemos estas experiencias siguiendo su orden cronológico.
1. La quiebra de los dos tercios de 1797: rechazar la deuda para aflojar el yugo de los acreedores
La Revolución Francesa puso fin al Antiguo Régimen, pero durante mucho tiempo dudó en romper los compromisos financieros contraídos por la monarquía. Durante varios años los gobiernos revolucionarios mantuvieron el principio del reembolso de la deuda pública a pesar de que las finanzas del Estado se encontraban en una situación catastrófica. Hubo que esperar hasta 1797 para que se tomara una decisión radical: la quiebra denominada «de los dos tercios». Esta medida supuso un rechazo masivo de la deuda pública francesa. Conllevó graves pérdidas para los acreedores y permitió reducir el peso de la deuda, así como aliviar la presión que pesaba sobre las finanzas del Estado.
Este episodio resulta sustancialmente instructivo al demostrar que el rechazo de una deuda pública, a pesar de las protestas de los acreedores y las advertencias de quienes defienden el reembolso íntegro, puede permitir a un país recuperar su margen de maniobra financiero y restablecer progresivamente la situación económica.
Las advertencias contra el cuestionamiento de la deuda
Durante la Revolución, el principio de la continuidad de los compromisos financieros del Estado contó con poderosos defensores. La deuda pública se consideraba un elemento esencial de la confianza en el nuevo orden político. El temor a una pérdida de confianza y al aislamiento financiero del país seguiría siendo un argumento central en contra del rechazo de la deuda. La convicción de que un Estado debe cumplir íntegramente sus compromisos, independientemente de las circunstancias y las consecuencias sociales, seguía profundamente arraigada. Sin embargo, la situación financiera de la República seguía deteriorándose. El colapso de los “asignados” (una forma de papel moneda creada durante la Revolución Francesa para obtener financiación), la inflación, los gastos militares y la incapacidad del Estado para garantizar sus pagos hacían cada vez más ilusorio el mantenimiento de los compromisos. El Directorio acabó tomando una decisión que los gobiernos anteriores se habían negado durante mucho tiempo a asumir.
30 de septiembre de 1797: la quiebra de los dos tercios
El 9 de vendimiario del año VI (30 de septiembre de 1797) el Gobierno del Directorio impulsado por su ministro de Hacienda, Dominique-Vincent Ramel, adoptó una medida radical. Se cancelaron dos tercios de la deuda pública inscrita en el Libro Mayor, el último tercio se mantuvo y pasó a denominarse «tercio consolidado». La ley del 24 de frimario del año VI (14 de diciembre de 1797) precisó las modalidades de esta operación. A cambio de las dos terceras partes suprimidas, los acreedores reciben bonos al portador que pueden utilizarse para adquirir bienes nacionales. Pero estos títulos se depreciaron rápidamente y en menos de un año su valor cayo un 60 % con respecto al valor nominal. La devaluación continuó a partir de entonces hasta quedar prácticamente sin valor. La decisión pasó a la historia con el nombre de «quiebra de los dos tercios». El alcance real de la medida supera con creces la reducción nominal de dos tercios de la deuda. Los acreedores no solo perdieron dos tercios de sus créditos iniciales, sino también gran parte del valor de la contraprestación que se les entregó. Se trató de un rechazo masivo cuyos efectos económicos fueron aún más importantes de lo que sugiere la denominación oficial.
El historiador William Doyle destaca que esta operación alivió al Estado de una carga anual derivada del servicio de la deuda . La quiebra permitió romper con un sistema en el que el pago de los intereses absorbía una parte muy importante de los recursos públicos. No se trataba de una simple operación contable, el Estado obligó a los acreedores asumir una parte sustancial de las pérdidas acumuladas y se dotó de los medios para dejar de dedicar tantos recursos al servicio de sus compromisos financieros.
Una decisión tardía que permitió sanear las finanzas públicas
La quiebra de dos tercios no supuso un retorno inmediato a la prosperidad. El Directorio aún debía restablecer el funcionamiento de la administración tributaria, recuperar los ingresos públicos y hacer frente a los gastos militares. La confianza en el crédito público se vio gravemente mermada y las posibilidades de volver a obtener préstamos eran escasas. Los acreedores perjudicados no tardaron en denunciar la decisión y sus consecuencias. Pero hay que fijarse en los resultados financieros de esta ruptura. La carga anual de la deuda se redujo considerablemente: el Estado se liberó de una parte de los pagos que antes debía garantizar a los titulares de títulos públicos, pudo reorganizar progresivamente sus finanzas y recuperar así una capacidad de acción que se había visto ampliamente comprometida.
El economista Thomas Piketty destaca la importancia de esta decisión en El capital en el siglo XXI (2013). Escribe que la quiebra de dos tercios de 1797, que en realidad constituye un impago aún más masivo si se tiene en cuenta el episodio de los asignados y la inflación que sederivó de ello, «permitió saldar las cuentas del Antiguo Régimen». Añade que la deuda pública francesa quedó reducida a niveles extremadamente bajos a principios del siglo XIX, por debajo del 20 % de la renta nacional en 1815.
Los trabajos del economista François Velde, publicados en 2024 por el Federal Reserve Bank of Chicago, confirman la magnitud de esta reducción: en 1802 la deuda pública francesa representaba alrededor del 10 % del producto interior bruto. Se trata de un nivel muy bajo si se tiene en cuenta la situación financiera heredada de la Revolución.
La quiebra de 1797 constituyó un punto de inflexión fundamental en la historia de las finanzas públicas francesas. Por sí sola no resolvió todas las dificultades económicas y presupuestarias del país, pero permitió liberarse del lastre de una deuda que se había vuelto insostenible y sentar las bases para la recuperación financiera.
Gran Bretaña: el precio del reembolso íntegro
La comparación con Gran Bretaña, también desarrollada por Thomas Piketty, resulta altamente esclarecedora. Para financiar la Guerra de Independencia de Estados Unidos y más tarde las sucesivas guerras contra la Francia revolucionaria y napoleónica, la monarquía británica optó por recurrir masivamente al endeudamiento. Mantuvo sus compromisos con los acreedores y garantizó el pago de los intereses de la deuda.
El resultado fue muy diferente al observado en Francia. Según las estimaciones de Piketty la deuda británica alcanzó casi el 200 % de la renta nacional en la década de 1810, es decir, aproximadamente diez veces el nivel francés en la misma época. Posteriormente, se necesitó casi un siglo de superávit presupuestario para reducir progresivamente la deuda por debajo del 30 % de la renta nacional a principios de la década de 1910.
Esta enorme deuda tuvo un coste presupuestario muy concreto. Según los datos históricos publicados en 2023 por la Office for Budget Responsibility, organismo británico independiente encargado del análisis de las finanzas públicas, hacia 1815 el pago de los intereses de la deuda absorbía cerca del 40 % de los ingresos anuales del Estado británico . En otras palabras, casi dos libras de cada cinco recaudadas por el Estado en concepto de ingresos públicos se destinaban a remunerar a los tenedores de títulos de deuda.
Esta situación se prolongó durante varias décadas. Los ingresos fiscales que podrían haberse destinado a otros gastos públicos debían dedicarse al pago a los acreedores. Así, el Reino Unido tuvo que soportar de forma duradera el coste de su decisión de mantener íntegros sus compromisos financieros.
Evidentemente, la comparación no significa que las trayectorias económicas de ambos países se expliquen únicamente por sus decisiones en materia de deuda. Las guerras, las estructuras económicas y las condiciones políticas también desempeñaron su papel. Pero pone de manifiesto una diferencia fundamental en la forma en que ambos Estados han tratado a sus acreedores y en las consecuencias financieras de sus decisiones.
Una lección para los debates actuales sobre la deuda pública
La quiebra de dos tercios de 1797 fue una medida brutal. Pero la experiencia francesa demuestra que las advertencias sobre las consecuencias supuestamente catastróficas de un impago de la deuda no deben aceptarse como verdades económicas indiscutibles. El impago de una parte de la deuda permitió a Francia reducir radicalmente el peso de sus compromisos financieros y recuperar un margen de maniobra presupuestario.
La comparación con Gran Bretaña resulta instructiva a este respecto: mientras Francia se liberaba de gran parte de su deuda mediante la quiebra, el Reino Unido destinaba una parte considerable de sus ingresos públicos al pago de los intereses de la deuda durante varias generaciones. La quiebra francesa de 1797 no es un episodio aislado, marca el inicio de una larga historia de rechazos, anulaciones y reestructuraciones de la deuda pública, incluso en los países del norte, que en ocasiones les han permitido salir de situaciones financieras especialmente difíciles. Es esta historia y las lecciones que se pueden extraer de ella lo que vamos a examinar en los siguientes artículos.
2. 1837: El repudio de la deuda de Portugal
Tras una batalla sucesoria que se prolongó de 1831 a 1834, la reina María rechazo pagar un empréstito emitido en 1833 por el autoproclamado rey Dom Miguel. La reina María justificó el rechazo alegando que los banqueros no debían haber prestado dinero a Dom Miguel, un usurpador de la corona. El empréstito se había emitido en París en 1833 a través de los banqueros Outrequin y Jauche por un importe de 40 millones de francos a reembolsar en 32 años con un interés del 5 %. Los banqueros no dudaron en asumir riesgos, ya que organizaron el lanzamiento del empréstito en París mientras dos ejércitos se enfrentaban en Portugal por la sucesión al trono. Dom Miguel fue incapaz de continuar con los pagos ya que fue derrocado en 1834. Posteriormente, la reina María suspendió los pagos en 1835-1836, antes de proceder al rechazo total del empréstito en 1837. Los dueños de los títulos crearon un comité que multiplicó las iniciativas para obtener un reembolso, sin ningún resultado durante 54 años. En 1879 interpusieron una primera demanda contra Portugal ante la justicia francesa, pero fue desestimada. En 1891 un sucesor de la reina María acabó concediendo un pago irrisorio equivalente a 2,5 millones de francos (mientras que el empréstito inicial, recordemos, ascendía a 40 millones). Esos 2,5 millones correspondían a la suma que la reina María había podido recuperar de las arcas del usurpador Dom Miguel. Resulta muy interesante observar que a pesar de la suspensión y el rechazo de la deuda y las protestas de los acreedores, Portugal logró emitir nuevos empréstitos en París y Londres en 1836 y 1837. Los nuevos empréstitos fueron a su vez objeto de impago rápidamente. Esto no impidió en absoluto que Portugal siguiera endeudándose en los mercados financieros internacionales: entre 1856 y 1887 emitió 14 nuevos empréstitos por un importe nominal total de 59,5 millones de libras esterlinas. Entre 1888 y 1892 se emitieron otros cuatro empréstitos por un importe nominal adicional de 30,5 millones de libras esterlinas. Este ejemplo demuestra que el rechazo de una deuda, incluso cuando suscita fuertes protestas por parte de los acreedores, no condena a un Estado a verse privado de forma duradera del acceso a los mercados financieros. Los intereses de los prestamistas, atraídos por las perspectivas de beneficios, pueden prevalecer sobre las amenazas de exclusión financiera.
3. Cuatro rechazos de deuda en Estados Unidos en el siglo XIX
I. Rechazo de la deuda pública por parte de Misisipi, Arkansas, Florida y Míchigan a finales de la década de 1830
En la década de 1830 cuatro estados de Estados Unidos repudiaron sus deudas: Misisipi, Arkansas, Florida y Míchigan. Los acreedores eran principalmente británicos. El jurista Alexander Nahum Sack, padre de la doctrina de la deuda odiosa, escribió al respecto:
Una de las principales razones que justificaron estos rechazos fue el despilfarro de los fondos prestados: en la mayoría de los casos se había pedido un préstamo para la creación de bancos o la construcción de ferrocarriles; sin embargo, esos bancos quebraron y las líneas ferroviarias no se construyeron. Estas operaciones turbias fueron a menudo el resultado de un acuerdo entre miembros poco escrupulosos del Gobierno y acreedores deshonestos (p. 158) .
Los acreedores que intentaron demandar a los estados que habían rechzado sus deudas ante la justicia federal vieron desestimadas sus demandas en varios casos. Los tribunales invocaron la 11ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que limita la posibilidad de demandar a un estado federado ante los tribunales federales a petición de ciudadanos de otros estados o de extranjeros. En algunos casos los tribunales también consideraron que los préstamos se habían contraído sin la debida autorización.
Estos actos unilaterales de rechazo tuvieron éxito. Los motivos del mismo fueron el mal uso de los fondos prestados y la falta de honestidad de prestatarios y prestamistas. No se hizo referencia alguna al carácter despótico del régimen.
II. El repudio de las deudas de la Confederación del Sur tras la Guerra de Secesión
Tras la Guerra de Secesión (1861-1865) el Gobierno federal se negó a reconocer las deudas contraídas por la Confederación sureña para financiar su guerra contra Estados Unidos. Esta decisión quedó consagrada en la Constitución mediante la sección 4 de la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, que estipula que:
Ni los Estados Unidos ni ningún Estado asumirá ni pagará ninguna deuda u obligación contraída para apoyar una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos (…); todas esas deudas, obligaciones y créditos se considerarán ilegales y nulas.
Entre los acreedores se encontraban inversores británicos y franceses. Una de las operaciones más importantes fue el empréstito Erlanger, lanzado en Europa en 1863 por la Confederación: ascendía a 3 millones de libras esterlinas con un interés del 7 % anual. Los bonos podían canjearse por algodón del Sur a un precio fijado de antemano. Los tenedores nunca recibieron el reembolso.
Hay un aspecto que merece especial atención: el Gobierno de Estados Unidos había advertido a los inversores europeos que este empréstito estaba destinado a financiar una empresa rebelde y no reconocería ninguna obligación de reembolso . Por lo tanto, los acreedores no podían ignorar el destino político y militar de los fondos prestados. El rechazo se basaba en la finalidad de los préstamos: habían financiado una rebelión contra Estados Unidos. No era necesario invocar el carácter despótico o antidemocrático del régimen confederado, era el destino de los fondos y el carácter insurreccional de la autoridad que los había solicitado lo que justificaba su impago.
III. Los rechazos o reducciones de deuda por parte de ocho estados del Sur después de 1877
Después de 1877 ocho estados del Sur —Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee— rechazaron total o parcialmente las deudas contraídas durante el período de la Reconstrucción (1865-1877). Los nuevos gobiernos demócratas blancos que habían recuperado el poder tras la retirada de las tropas federales justificaron estas decisiones denunciando los préstamos supuestamente fraudulentos y las malversaciones de fondos en las que se habían involucrado los gobiernos anteriores. Acusaron a los cargos electos negros, a los republicanos procedentes del Norte (carpetbaggers) y a los republicanos blancos del Sur (scalawags) de haber saqueado las arcas públicas .
Estas acusaciones deben situarse en su contexto político y racial. Los gobiernos que organizaron los repudios pertenecían al movimiento racista de la Redención, cuyo objetivo era poner fin a los logros políticos de la Reconstrucción y restablecer el dominio blanco en los estados del Sur. Un estudio de Ludington, Gulati y Brophy destaca que la narrativa que muestra a los representantes negros y sus aliados como políticos corruptos que saquearon las arcas públicas ha sido ampliamente cuestionada por los historiadores. Es cierto que hubo fraudes y malversaciones en la concesión de algunos préstamos, pero no todas las deudas de la Reconstrucción se debieron a estas prácticas. De hecho, varios repudios fueron impugnados ante los tribunales y en algunos casos los acreedores obtuvieron reembolsos parciales o totales. Este episodio demuestra que el repudio de la deuda pública no es una práctica reservada a los gobiernos progresistas o revolucionarios. En Estados Unidos los gobiernos conservadores, racistas y decididos a restablecer el dominio blanco en los estados del Sur también recurrieron a él cuando consideraron que les convenía liberarse de los compromisos financieros de sus predecesores.
4. El rechazo de Estados Unidos de la deuda reclamada por España en 1898
Estados Unidos declaró la guerra a España a mediados de 1898 enviando su armada y sus tropas para liberar a Cuba del yugo español. España sufrió una gran derrota y se iniciaron negociaciones en París entre ambos países con el fin de alcanzar un Tratado de Paz que finalmente se firmó en diciembre de 1898.
La motivación de Estados Unidos en esta guerra está bien clara: se trataba de aumentar su influencia y su poder en la región. Cuba ocupaba un lugar estratégico para Washington, ya que esta rica isla se encuentra a tiro de piedra de las costas estadounidenses. Junto a Puerto Rico, que Estados Unidos también arrebató a España en 1898, Cuba constituía la última colonia española en América.
Durante las negociaciones las autoridades españolas defendieron la siguiente postura: dado que Estados Unidos se había apoderado de su colonia debía hacer frente a las deudas que Cuba tenía con España. Esas eran las reglas del juego. De hecho, las normas invocadas por España constituían una práctica habitual en el siglo XIX: un Estado que se anexionaba a otro debía asumir sus deudas. Pero Estados Unidos se negó: «Hemos liberado a Cuba y hemos prestado ayuda a los independentistas que llevan varios años luchando contra vosotros».
Los españoles respondieron que si Cuba se independizaba debía pagar la deuda, tal y como aceptaron por tratado todas las demás colonias españolas que se independizaron a lo largo del sigloXIX.
Estados Unidos se negó en redondo y al final España firmó en París el tratado de paz con Estados Unidos renunciando al cobro de la deuda.
La versión más extendida de lo ocurrido tiende a afirmar que Estados Unidos rechazó la deuda que España reclamaba a Cuba porque había servido para mantener al pueblo cubano bajo el yugo español. Sin embargo, cuando se analiza el contenido de las negociaciones, la explicación es muy diferente. Es cierto que Estados Unidos esgrimió este argumento, pero fue uno de los muchos que adujo para justificar su postura.
¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por Estados Unidos?
Tras esgrimir los argumentos anteriores, Estados Unidos añadió el siguiente argumento moral:
Desde un punto de vista moral la propuesta de hacer que Cuba pague estas deudas es igualmente insostenible. Si, como se afirma a veces, las luchas por la independencia de la isla fueron libradas y apoyadas únicamente por una minoría, imponer a toda la población el coste derivado de la represión de los levantamientos equivaldría a castigar al conjunto por la transgresión de unos pocos. Si por el contrario, como sostienen los emisarios estadounidenses, esas luchas representaban las esperanzas y aspiraciones del pueblo cubano en su conjunto, aplastar a la población bajo una carga creada por España en su intento de oponerse a la independencia sería aún más injusto. (…) La carga de la denominada deuda cubana impuesta a la población de Cuba sin su consentimiento y por la fuerza de las armas fue uno de los principales agravios contra los que se libraron las luchas por la independencia cubana.
Ante estos argumentos de Estados Unidos, España modificó su táctica en la negociación. Propuso que las deudas cubanas se sometieran a un arbitraje internacional para determinar qué parte se había utilizado realmente en beneficio de Cuba. España proponía hacerse cargo de la parte de las deudas que no había servido a Cuba y pedía a Estados Unidos que se hiciera cargo de la otra parte o que la transfiriera al nuevo Estado cubano independiente. Los negociadores de Estados Unidos enviaron un telegrama al presidente McKinley para pedirle su opinión y este respondió que Estados Unidos no aceptaría asumir ninguna deuda cubana y no animaría a Cuba a aceptarlas.
En conclusión, Estados Unidos rechazó pura y simplemente la deuda que España reclamaba a Cuba.
A partir de entonces, España tuvo que negociar con sus acreedores franceses y británicos.
Al negarse a asumir esa deuda, Estados Unidos consagró un principio importante: una población no debe verse obligada a reembolsar préstamos contraídos por una potencia colonial cuando los fondos han servido a los intereses de dicha potencia y no a los de la población dominada. Al hacerlo, el propio Washington utilizó argumentos que hoy en día constituyen el núcleo de la impugnación de las deudas odiosas.
Conclusión sobre los cuatro rechazos de deuda en Estados Unidos en el siglo XIX
En setenta años Estados Unidos ha vivido cuatro importantes episodios de rechazo de la deuda pública bajo gobiernos con orientaciones políticas muy diferentes. Incluso gobiernos conservadores y racistas han recurrido a ello. La historia estadounidense demuestra que el rechazo no es ni una anomalía ni una práctica reservada a los gobiernos progresistas o revolucionarios: constituye un instrumento político y financiero al que los Estados recurren habitualmente cuando consideran que les conviene rechazar compromisos heredados del pasado. El rechazo no es una práctica ajena a la historia del capitalismo y las grandes potencias, forma parte de su propia historia financiera y política.
5. La Rusia soviética: el éxito del repudio de las deudas zaristas
En febrero de 1918 el rechazo a pagar las deudas por parte del Gobierno soviético sacudió las finanzas internacionales provocando una condena unánime por parte de los Gobiernos de las grandes potencias. Esta decisión de rechazo se inscribía en la continuidad del primer gran movimiento de emancipación social que sacudió al Imperio ruso en 1905. El movimiento comenzó con huelgas en Moscú en octubre de 1905 y corrió como la pólvora por todo el imperio, adoptando diferentes formas de lucha. Durante el proceso de autoorganización de las masas populares surgieron consejos (soviets en ruso) de campesinos, consejos de obreros, consejos de soldados, etc.
En su autobiografía, León Trotsky, que presidió el Soviet de San Petersburgo (capital de Rusia hasta marzo de 1918) explica que la detención de toda su dirección el 3 de diciembre de 1905 fue provocada por la publicación de un manifiesto en el que los miembros de este consejo elegido pedían el rechazo de las deudas contraídas por el régimen del zar:
Fuimos detenidos al día siguiente de la publicación de lo que se denominó nuestro “manifiesto financiero”, en el que se anunciaba la inevitable quiebra del régimen zarista: se afirmaba categóricamente que el pueblo no reconocería las deudas de los Romanov el día en que saliera victorioso.
El manifiesto del soviet de diputados obreros declaraba lo siguiente:
La autocracia nunca ha gozado de la confianza del pueblo ni ha sido investida de poderes por él. En consecuencia, decidimos que no admitiremos el pago de las deudas contraídas por el Gobierno del zar mientras se encontraba en guerra abierta y declarada contra todo el pueblo.
La Bolsa de París respondería unos meses más tarde a nuestro manifiesto concediendo al zar un nuevo préstamo de setecientos cincuenta millones de francos. La prensa reaccionaria y liberal se burlaba de las impotentes amenazas del soviet contra las finanzas zaristas y los banqueros de Europa. Después, se intentó olvidar el manifiesto. Pero este volvería por sí solo a la memoria colectiva. La quiebra financiera del zarismo, preparada por todo lo pasado, estalló al mismo tiempo que la debacle militar. Y tras la victoria de la revolución, un decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo con fecha del 10 de febrero de 1918 declaró anuladas todas las deudas del zar. Este decreto sigue vigente. Se equivocan quienes afirman que la Revolución de Octubre no reconoce ninguna obligación. La revolución reconoce muy bien sus propias obligaciones. El compromiso contraído el 2 de diciembre de 1905 lo cumplió el 10 de febrero de 1918. Tiene todo el derecho a decir a los acreedores del zarismo: «Señores, ¡se les avisó a su debido tiempo!».En este sentido, como en todos los demás, 1905 había preparado el terreno para 1917.
La denuncia del carácter ilegítimo y odioso de las deudas zaristas desempeñó un papel fundamental en las revoluciones de 1905 y 1917. El llamamiento a no pagar la deuda acabó materializándose en el decreto de chazo de la deuda que aprobó el Gobierno soviético en febrero de 1918.
La Rusia zarista: una gran potencia europea
El Imperio zarista era una gran potencia europea que desde el final de las guerras napoleónicas y la restauración monárquica en Francia formaba parte del sistema de las grandes potencias conservadoras europeas. Este imperio recurría en gran medida al endeudamiento exterior, en particular con bancos y rentistas franceses. Tras el derrocamiento del zar y la victoria de la revolución rusa en 1917 el Gobierno soviético rechazó en febrero de 1918 la totalidad de las deudas contraídas por el régimen zarista y por el Gobierno provisional que le había sucedido entre febrero y octubre de 1917.
En aplicación del principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos defendido por el nuevo Gobierno soviético, este reconoció la independencia de varias naciones del antiguo Imperio ruso, en particular de los Estados bálticos y de Polonia. En 1920 se firmaron tratados de paz entre la Rusia soviética y los nuevos Estados bálticos: con Estonia el 2 de febrero, con Lituania el 12 de julio y con Letonia el 11 de agosto. Estos tratados afirman sistemáticamente la independencia de los nuevos Estados, que habían formado parte del Imperio zarista. Asimismo, regulan la cuestión de la sucesión en las deudas del antiguo Imperio. Así, el tratado firmado el 2 de febrero con Estonia estipula en su artículo 12: «Estonia no asumirá ninguna parte de la responsabilidad por las deudas y demás obligaciones de Rusia (…). Todas las reclamaciones de los acreedores de Rusia por la parte de las deudas que afecten a Estonia deberán dirigirse exclusivamente contra Rusia». En los tratados firmados con Lituania y Letonia figuran disposiciones similares. Además de reafirmar que los pueblos no deberían tener que pagar deudas ilegítimas contraídas en su nombre, pero no en su interés, la Rusia soviética reconocía el papel opresor desempeñado por la Rusia zarista respecto a las naciones minoritarias del antiguo Imperio.
En consonancia con los principios que proclamó, la Rusia soviética fue más allá. En estos tratados de paz se comprometió a devolver a las naciones bálticas los bienes acaparados por el régimen zarista, especialmente los bienes culturales y académicos (escuelas, bibliotecas, archivos o museos), así como los bienes individuales evacuados de sus territorios durante la Primera Guerra Mundial. Los tratados también preveían compensaciones económicas y concesiones forestales destinadas a contribuir a la reconstrucción de los países devastados por la guerra. La Rusia soviética se comprometió a pagar 15 millones de rublos-oro a Estonia y 4 millones a Letonia; por su parte, el tratado con Lituania previó una concesión forestal de 110 mil hectáreas durante veinte años.
La conferencia internacional de Génova de 1922 sobre la deuda rusa
Del 9 de abril al 19 de mayo de 1922 se celebró en Génova una importante conferencia internacional que dura seis semanas. El primer ministro británico, David Lloyd George, desempeñó en ella un papel central. Louis Barthou, ministro de Justicia, dirigió la delegación francesa, mientras que Raymond Poincaré era presidente del Consejo y ministro de Asuntos Exteriores. Uno de los principales objetivos de las conversaciones relativas a Rusia era convencer al Gobierno soviético de que reconociese las deudas que había rechazado en 1918 y renunciase a sus llamamientos a la revolución mundial.
Las cinco potencias anfitrionas fueron Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Japón e Italia. Estados Unidos no participó oficialmente en la conferencia. Las grandes potencias esperaban que el Gobierno soviético acabase reconociendo las deudas rerechazadas, ya que la situación económica y humanitaria de Rusia era dramática. La guerra civil había dejado al país exangüe y a partir del verano de 1921 las catastróficas cosechas provocaron una terrible hambruna. Las capitales occidentales consideran que el Gobierno soviético se encontraba en una posición de debilidad y que podrán obtener lo que deseaban condicionando la concesión de los préstamos y las inversiones que Rusia necesitaba al reconocimiento previo de las deudas y a la indemnización de las empresas occidentales expropiadas.Por su parte, el Gobierno soviético se declaró dispuesto a considerar el reembolso de una parte de las deudas contraídas por el zar a condición de que las demás potencias reconociesen oficialmente, de jure, a la Rusia soviética, le concediesen préstamos de Estado a Estado y fomentasen la inversión de las empresas privadas. Las empresas extranjeras cuyas filiales y bienes habían sido expropiados podrían recibir, a modo de indemnización, concesiones que les permitieran explotar los recursos naturales rusos, especialmente en las regiones poco desarrolladas de Siberia. El Gobierno soviético pretendía de ese modo que los capitalistas extranjeros inviertieran su propio capital en actividades que permitirían consolidar la economía soviética. En cambio, se negaba a la creación de organismos multilaterales encargados de gestionar los préstamos, las inversiones o los litigios que pudieran derivarse de ellos. Su objetivo era que el poder soviético conservase la plena autonomía frente a las potencias extranjeras y no se planteó en absoluto renunciar al ejercicio de la soberanía. Si se cumplían estas condiciones, Moscú estaba dispuesta a comprometerse a reanudar el pago de una parte de la deuda zarista tras un plazo de treinta años. A lo largo de la conferencia, la delegación soviética afirmó en varias ocasiones que se trataba de una concesión que estaba dispuesta a realizar para llegar a un acuerdo, pero que en el fondo considera que la Rusia soviética tenía todo el derecho a rechazar la totalidad de la deuda zarista, así como la contraída por el Gobierno provisional entre febrero y octubre de 1917. Finalmente, la conferencia concluyó con un desacuerdo y la delegación soviética mantuvo su rechazo a pagar la deuda. A continuación se exponen algunos de los argumentos esgrimidos por la delegación soviética.
La soberanía de los pueblos no está sujeta a los tratados de los tiranos
El jefe de la delegación, Georges Chicherin, comisario del pueblo para Asuntos Exteriores, explicó:
La Convención Francesa, de la que Francia se proclama heredera legítima, proclamó el 22 de septiembre de 1792 que la “soberanía de los pueblos no está sujeta a los tratados de los tiranos”. En consonancia con esta declaración, la Francia revolucionaria no solo rompió los tratados políticos del Antiguo Régimen con el extranjero, sino que además rechazó su deuda pública. Solo accedió a pagar, y ello por motivos de conveniencia política, un tercio. Se trata del tercio consolidado, cuyos intereses no comenzaron a pagarse regularmente hasta principios del siglo XIX. Esta práctica, erigida en doctrina por eminentes juristas, ha sido seguida casi constantemente por los gobiernos surgidos de una revolución o de una guerra de liberación. Estados Unidos ha rechazado los tratados de sus predecesores, Inglaterra y España.
Chicherin, basándose en precedentes históricos, sostuvo que la Rusia soviética tenía derecho a proceder a la nacionalización de bienes extranjeros en su territorio:
Por otra parte, los gobiernos de los Estados vencedores, durante la guerra y sobre todo al celebrar los tratados de paz, no dudaron en confiscar los bienes de los nacionales de los Estados vencidos situados en su territorio e incluso en territorios extranjeros.
De acuerdo con estos precedentes no se puede obligar a Rusia a asumir responsabilidad alguna frente a las potencias extranjeras y sus nacionales por la cancelación de las deudas públicas y por la nacionalización de los bienes privados.
Ante el fracaso de las negociaciones en Génova las potencias invitantes y Rusia acordaron reunirse de nuevo un mes más tarde en La Haya para intentar alcanzar un acuerdo de última hora. La reunión tuvo lugar pero también terminó en fracaso el 20 de julio de 1922. Francia y Bélgica, apoyadas esta vez entre bastidores por Washington —que estaba ausente—, habían endurecido aún más su postura.
La reafirmación del rechazo de las deudas culmina en un éxito
Se podría pensar que el fracaso de las conferencias de Génova y La Haya llevaría a las potencias capitalistas a endurecer su postura frente a Moscú. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Es evidente que el Gobierno soviético calculó bien sus pasos. Los distintos países capitalistas consideraron por separado que era necesario llegar a acuerdos con Moscú, ya que el mercado ruso ofrecía un importante potencial, al igual que los recursos naturales del país. Cada capital, bajo la presión de las empresas privadas locales, quiso llegar a un acuerdo con Moscú para no permitir que las demás potencias se aprovecharan de las oportunidades que ofrecía el mercado ruso.
En 1924, a pesar del fracaso de la conferencia de Génova, el Gobierno de los Soviéticos fue reconocido de jure por Inglaterra, Italia, los países escandinavos, Francia, Grecia, China y algunos países más. En 1925 se sumó Japón.
El 26 de junio de 1926 la URSS firmó un acuerdo de crédito con bancos alemanes. En marzo de 1927 el Midland Bank de Londres se planteó conceder un crédito de 10 millones de libras esterlinas destinado a financiar pedidos soviéticos a empresas británicas, pero este acuerdo nunca llegó a cerrarse. En octubre de 1927 el Ayuntamiento de Viena concedió un crédito de 100 millones de chelines. En 1929 Noruega concedió un crédito de 20 millones de coronas.
Finalmente, Estados Unidos, en noviembre de 1933 bajo la presidencia de F. Roosevelt, reconoció de jure a la URSS, España lo hizo ese mismo año y Bélgica dos años después.
El 13 de febrero de 1934 el Gobierno de Estados Unidos creó el Export and Import Bank con el objetivo de financiar el comercio con la Unión Soviética. Unos meses más tarde Francia, para no quedar excluida del mercado soviético, propuso a su vez créditos a la URSS para que comprara productos franceses.
Alexander Sack, que se oponía al rechazo de las deudas y era ferozmente antisoviético, concluía su estudio sobre las reclamaciones diplomáticas contra los soviéticos con estas frases que indican con rotundidad que es perfectamente posible rechazar las deudas sin por ello estar condenado al aislamiento y a la quiebra, sino todo lo contrario:
En el momento del vigésimo aniversario del régimen soviético, las reclamaciones extranjeras contra él presentan el panorama melancólico de una petrificación, si no de un abandono. La Unión Soviética se jacta de ser actualmente uno de los países más industrializados, tiene una balanza comercial favorable y ocupa el segundo lugar en la producción mundial de oro. Su Gobierno goza en la actualidad de reconocimiento universal y se le conceden créditos comerciales prácticamente en la medida que desee. A pesar de ello, la URSS no ha reconocido ni pagado ninguna de las deudas derivadas de sus decretos de repudio, confiscación y nacionalización.
Epílogo: En 1996-1997, entre cinco y seis años después de la disolución de la URSS, los Gobiernos francés y ruso firmaron dos acuerdos destinados a poner fin definitivamente al litigio relativo a las deudas recíprocas anteriores al 9 de mayo de 1945, en particular a los préstamos rusos .
En 1919 el Gobierno francés había elaborado una lista de los propietarios de títulos rusos en Francia: 1 600 000 personas declararon poseerlos. Al parecer, los títulos rusos representaban el 33 % de los bonos extranjeros en poder de residentes en Francia. Esto suponía el 4,5 % del patrimonio de los franceses. Entre el 40 % y el 45 % de la deuda rusa se encontraba en Francia. El Crédit Lyonnais, el banco francés que se había especializado en la emisión de deuda rusa, obtenía de estos préstamos el 30 % de sus ingresos antes de 1914.
Los 400 millones de dólares abonados por la Federación de Rusia a Francia entre 1997 y 2000 solo representaban aproximadamente el 1 % del valor de los activos objeto de los acuerdos de 1996 y 1997, según la estimación presentada al Senado . También hay que destacar que el acuerdo entre Rusia y el Reino Unido de 15 de julio de 1986 permitió indemnizar a los tenedores británicos por el 1,6 % del valor actualizado de los títulos. Este porcentaje de indemnización es irrisorio y demuestra una vez más que un país puede repudiar su deuda.
Conclusión: el repudio de la deuda, un arma política y económica de la que han hecho uso los Estados del Norte
Las experiencias analizadas en este articulo abarcan más de un siglo y se refieren a países con regímenes políticos, instituciones y orientaciones económicas muy diferentes: Francia revolucionaria de 1797, Portugal de 1837, Estados Unidos en el siglo XIX y, posteriormente, la Rusia soviética de 1918. Demuestran que el rechazo de la deuda soberana no es ni una práctica reservada a los países del Sur ni una medida excepcional propia de los períodos contemporáneos de crisis. Estas experiencias son diversas en cuanto a sus motivaciones y modalidades. En Francia, la quiebra de los dos tercios de 1797 permitió al Directorio liquidar gran parte de la deuda pública heredada de los regímenes anteriores, a costa de una ruptura con los acreedores.
En Portugal, en 1837, la reina María rechazó un empréstito contraído en 1833 por Dom Miguel, a quien consideraba un usurpador de la corona. A pesar de las protestas de los acreedores y de sus acciones judiciales, Portugal pudo seguir endeudándose masivamente en los mercados financieros internacionales durante las décadas siguientes, a pesar de nuevos impagos. Entre 1856 y 1892 emitió dieciocho nuevos empréstitos por un importe nominal total de unos 90 millones de libras esterlinas. Este caso demuestra que el repudio de una deuda no condena a un Estado a quedar excluido de los mercados financieros.
En Estados Unidos varios rechazos de deuda en el siglo XIX demuestran que ese país no dudó en apartar a un lado ciertas obligaciones financieras cuando entraban en contradicción con sus intereses políticos o con los principios que pretendía defender.
Por último, en 1918 el Gobierno soviético rechazó la totalidad de las deudas contraídas por los gobiernos zaristas y el Gobierno provisional cuestionando su legitimidad y rompiendo con el orden económico y político anterior. El caso ruso demuestra que el rechazo de la deuda no conlleva la desaparición de la financiación exterior, ni mucho menos.
De estos ejemplos se desprende un aprendizaje clave: el rechazo de la deuda no conduce ni a un aislamiento financiero duradero ni a un colapso económico, es incluso la condición para el saneamiento de las finanzas y la recuperación económica. Las consecuencias dependen del contexto histórico, de la relación de fuerzas con los acreedores, de los recursos disponibles, de las decisiones económicas del Gobierno y de su capacidad para organizar vías de financiación alternativas. Estas experiencias demuestran que la cuestión de la deuda es indisociable de la de la soberanía política. Una deuda no es una obligación sagrada que deba cumplirse independientemente de las circunstancias, de las condiciones en las que se haya contraído o de las consecuencias que su reembolso tenga para la población. Los Estados han considerado en repetidas ocasiones que la defensa de sus intereses fundamentales, la transformación de sus instituciones o la ruptura con un orden político anterior justificaban el dejar de reconocer determinadas deudas.
La lección política que hay que extraer es palmaria: un gobierno que pretenda romper con las políticas de austeridad y dar prioridad a la satisfacción de los derechos humanos y las necesidades sociales debe reservarse la posibilidad de cuestionar las deudas ilegítimas u odiosas, incluso mediante un rechazo unilateral si las circunstancias lo exigen.
Por lo tanto, la cuestión no es si un Estado puede repudiar su deuda, sino en qué condiciones políticas, económicas y sociales puede hacerlo en interés de su población.
El autor agradece a Fernanda Gadea su revisión de la traducción al castellano.
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