Las últimas semanas en Colombia han estado llenas de noticias sobre los altibajos de la política de «paz total», en particular sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc); sobre los malos resultados del oficialismo en las elecciones locales de fines de octubre y sus implicaciones para la política nacional; y finalmente, sobre el estilo del presidente Gustavo Petro y sus relaciones con los medios. A poco más de un año de gestión, son varios los frentes abiertos. Pero vayamos por partes.

¿Qué se puede decir hoy sobre la situación de la estrategia de paz del gobierno? Aunque muchos analistas reconocen avances importantes y con pocos precedentes en las conversaciones con el ELN, el proceso entró en crisis cuando se supo que ese grupo guerrillero era el responsable del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, una figura conocida y querida en todo el país. Aunque finalmente Luis Manuel Díaz fue liberado después de 12 días de secuestro, el hecho generó una enorme ola de rechazo contra el ELN y contra las negociaciones en curso por el impacto que este delito tiene en el imaginario del país y porque se sabe que hay otras personas en poder de ese grupo, que por no tener tanta visibilidad, siguen estando en cautiverio. 

Otty Patiño, el hasta ahora jefe de la delegación del gobierno y recién nombrado Alto Comisionado para la Paz, ha sido enfático en decirle al ELN que se necesita una reunión urgente, antes del siguiente ciclo de conversaciones, para tratar el asunto de los secuestros. Sin embargo, el grupo guerrillero parece impermeable a cualquier crítica y ha usado el eufemismo de «retenciones económicas» para afirmar que no hay ningún acuerdo en la mesa sobre los secuestros extorsivos, crimen que la opinión pública no está dispuesta a tolerar. 

Las perspectivas para el futuro de las negociaciones son complejas porque la cuestión del financiamiento del ELN es un asunto irresuelto y la idea del gobierno de crear un fondo para que este grupo deje de secuestrar es tremendamente impopular. Al mismo tiempo, la decisión del gobierno de negociar sin líneas rojas y sin una estrategia clara, lo deja sin margen de maniobra para hacer exigencias. 

Pero si con el ELN llueve, con el EMC no escampa. Las conversaciones y un cese al fuego bilateral con ese grupo comenzaron, después de muchos tropiezos, apenas a mediados de octubre y hoy, un mes más tarde, ya atravesaron una crisis de la que no se han recuperado por completo. Las conversaciones fueron suspendidas unilateralmente por la disidencia guerrillera argumentando el incumplimiento del gobierno de un acuerdo sobre la presencia de las fuerzas militares en El Plateado, un poblado del sur del Cauca (corredor clave para el narcotráfico) controlado por el EMC, para vigilar la realización del proceso electoral. 

Según ese acuerdo, el Ejército debía salir de la zona después de las elecciones, cosa que no ocurrió y que, por lo demás, sería muy poco estratégica por parte del Estado colombiano. De hecho, el senador Ariel Ávila señaló que la desmilitarización de esa región era una línea roja que no se debía cruzar, lo que le generó una airada respuesta del EMC en la red social X. En síntesis, las acciones de esta guerrilla en el sur departamento del Cauca, sumadas a la falta de claridad en la estrategia del gobierno y a la profunda desarticulación que existe en el interior del Ejecutivo, específicamente entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa, alimentan la crisis y abren la puerta a un posible fracaso de un proceso en sus primeras etapas.

Como se ha señalado en varios análisis, es necesario que el gobierno revise lo hecho hasta ahora, evalúe con más realismo la voluntad de paz de los diversos grupos con los que mantiene mesas de negociación, se trace objetivos claros y alcanzables, y diseñe una estrategia articulada y con recursos para conseguirlos. Continuar por la senda actual pone en riesgo toda su política de paz. 

En medio de ese panorama, a finales de octubre tuvieron lugar las elecciones locales, calificadas por algunos analistas como un plebiscito sobre el gobierno de Petro, en el que el presidente habría salido mal librado. Aunque no se puede desconocer que hay conexiones entre la política nacional y la local, esas afirmaciones son superficiales porque dejan de lado factores importantes de las dinámicas locales de poder, vinculadas a la mayor influencia que ejercen los partidos tradicionales, a la forma en que se hace política en los municipios pequeños, y a los temas que más interesan en los ámbitos municipales, como la seguridad ciudadana o la movilidad. 

Entonces, ¿cómo le fue al presidente Petro? En números absolutos, el Pacto Histórico, la coalición de partidos que está en el gobierno, creció en número de alcaldías y de gobernaciones. Sin embargo, ese crecimiento fue pequeño y en muchos casos se dio en alianza con otros partidos y grupos políticos, mientras que en las ciudades capitales los resultados fueron adversos y dejaron en evidencia el descontento hacia el gobierno central, con Bogotá el ejemplo más visible. 

De hecho, en algunos lugares, los partidos de la coalición oficialista apoyaron a candidatos distintos para un mismo cargo, con lo cual dividieron los votos de la izquierda, lo que refuerza la idea de que la política local tiene incentivos y dinámicas distintas de la nacional. Como lo reconocieron los congresistas Maria José Pizarro y David Racero, figuras jóvenes de la coalición de gobierno, si la izquierda quiere competir en el ámbito nacional para las elecciones presidenciales de 2026 (en Colombia no hay reelección) debe avanzar en un proceso de unificación y consolidación. Hoy el Pacto Histórico está conformado por 13 partidos distintos con líderes diversos que en ocasiones empujan en diferentes direcciones. Está por verse si logran superar sus diferencias para buscar dar continuidad al proyecto político iniciado por Gustavo Petro.  

Como siempre ocurre en Colombia, en cuanto pasa un periodo electoral, medios y analistas comienzan a pensar en el siguiente. Siguiendo la tradición, los pobres resultados del Pacto Histórico en las elecciones locales, particularmente en las grandes urbes -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga-, generaron el interrogante de si la derecha está en un proceso de recomposición que pueda llevarla de nuevo al poder nacional en 2026. 

Hasta el momento, eso no es claro. Si bien las alcaldías principales quedaron en manos de representantes de la política tradicional, no se observa todavía un grupo consolidado de derecha que articule la oposición al gobierno de Petro. Además, por la forma en que funcionan las relaciones entre lo nacional y lo local y regional en el sistema político colombiano, los gobiernos locales buscarán caminos para facilitar las relaciones con el gobierno nacional, puesto que muchos proyectos de infraestructura dependen de ellas; y seguramente veremos un intenso proceso de negociaciones y transacciones en el Congreso para encaminar recursos hacia las regiones a cambio de apoyos a las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo. 

Ese será el foco durante los próximos dos años, y para el gobierno es clave lograr avances en ese frente. Por el momento, lo que se observa es una cuasi parálisis de las reformas en el Congreso, específicamente la de salud, que parece haberse convertido en un punto de honor para todos los bandos y fue una de las razones de la ruptura de la coalición de Petro con fuerzas de centroderecha. El propio gobierno va a paso lento a falta de apoyo parlamentario. Ya se rumora que habrá un nuevo llamado a marchar en las calles para apoyar la reforma, pero si se miran los resultados de las últimas convocatorias, ese camino puede ser muy limitado.

Por otro lado, el presidente ha tenido que enfrentar dos escándalos muy mediáticos y de alto impacto político sobre su gobierno. Uno involucra a su hijo, Nicolás Petro, procesado judicialmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y quien sostuvo en una declaración jurada que dineros ilegales entraron en la campaña presidencial de su padre. El presidente ha negado estas acusaciones y ha sido claro en pedir a la justicia que investigue a su hijo. El otro escándalo llevó a la salida del cargo de Laura Sarabia, quien fue su jefa de despacho y persona de confianza. Sarabia está siendo investigada por abusos de poder contra la niñera de su hijo, Marelbys Meza, a quien obligó a someterse a una prueba de polígrafo y cuyo teléfono fue intervenido por agencias del Estado de manera irregular. A pesar de las críticas, el presidente decidió reintegrar a Sarabia a su gobierno como directora del poderoso Departamento de Prosperidad Social, lo que algunos críticos interpretaron como una movida para protegerla en caso de que las acusaciones lleguen a juicio. 

Entretanto, las relaciones del presidente Petro con los medios de comunicación siguen siendo tensas. Su tendencia a usar su cuenta en X como si fuera su oficina de prensa le genera no pocas polémicas, no solo a su gobierno sino también al Estado colombiano, como ha ocurrido por ejemplo con sus pronunciamientos sobre la guerra en gaza, y además un desgaste innecesario frente a la opinión pública (según una encuesta publicada a mediados de noviembre pasado, la desaprobación del presidente llegó a 64%, su punto más alto desde que inició el gobierno). 

Es poco probable que Gustavo Petro cambie su manera de comunicarse y de relacionarse con la prensa. Pero aún hay tiempo para hacer ajustes en otros frentes, que le permitan ganar gobernabilidad y avanzar en las transformaciones sociales y en la búsqueda de la paz, que fueron los ejes centrales de sus promesas de gobierno. Al mismo tiempo, la izquierda colombiana representada en los 13 partidos de la coalición de gobierno debería escuchar los llamados a la unidad que se hacen desde sus propias filas, si realmente quiere ser una alternativa real de poder. De ambas cosas depende la continuidad del proyecto político de izquierda que en 2022 llegó al poder en Colombia por primera vez en su historia republicana, o al menos, de que el país no viva un retroceso significativo con la elección de alguna de las múltiples figuras de la derecha que comienzan a perfilarse con discursos antiderechos y xenófobos. Observando el estado de la democracia en la región, el riesgo es real y el presidente Petro y sus aliados no deberían desestimarlo.