Está más que claro que esto no aumentará nuestra seguridad, solo aumentará la seguridad de los beneficios de las empresas armamentísticas. Rheinmetall y las demás corporaciones armamentísticas están pidiendo precios absurdos y el gobierno federal, por su parte, está dispuesto a pagar a cualquiera de ellos, sin control alguno.

Apenas pasa un día sin que las listas de compra del Bundeswehr lleguen al comité presupuestario. Los costes elevadísimos de los buques espía no pasaron por alto en los medios de comunicación. Hasta ahora se habían presupuestado tres barcos por un precio total de algo más de dos mil millones de euros. Ahora los costes van a aumentar en 1.200 millones de euros más. Incluso los auditores del Tribunal Federal de Cuentas se quedan boquiabiertos ante esta exagerada subida de precio. Pero decisiones de este calado se toman como si nada, en una sola reunión. A modo de comparación, la prestación parental (Elterngeld) se pretende recortar en 290 millones de euros en el presupuesto de 2024. Esto lo debatiremos durante varias semanas.

Que las armas disparen, naveguen o vuelen es secundario desde el punto de vista del gobierno federal. Ante todo, quiere cumplir con los requisitos de la OTAN, cueste lo que tenga que costar. En el pasado hemos visto repetidamente cómo se entregaban armas que no funcionaban. El ejemplo actual son los vehículos de combate de infantería “Puma”, que fallaron por completo durante unas maniobras. Los pacifistas encontrarán esto positivo, pero rechazarán la consecuencia: Se están encargando nuevos “Puma”.

Para financiar el rearme del Bundeswehr, se van a hacer recortes en infancia, educación, sanidad, pensiones y ayuda humanitaria. La ministra de Familia exigió doce mil millones de euros para la asignación básica por hijo. Pero solo ha obtenido dos mil millones del ministro de Hacienda. El gobierno federal ha renunciado a luchar contra la pobreza infantil.

Todos los recortes son antisociales e innecesarios. El gobierno federal solo debería pedir a los ganadores de las crisis que paguen. Los beneficios extra de Aldi, Lidl y Rheinmetall deben ser gravados con impuestos justos. Pero este gobierno se niega categóricamente a hacerlo. Esto demuestra una vez más que este gobierno quiere ante todo proteger a las grandes fortunas y no a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que sufren las numerosas crisis.

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