Lo esencial entonces, desde una perspectiva socialista, son las medidas del DNU que atacan a la clase obrera de conjunto. Entre ellas, tal vez la más trascendente es la que restringe severamente el derecho de huelga a prácticamente todos los trabajadores.
Para ello el DNU define las actividades “esenciales”. Ellas comprenden los trabajadores de hospitales y servicios sanitarios; los empleados en el transporte y distribución de medicamentos e insumos para hospitales y servicios farmacéuticos. Los involucrados en el transporte y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; en servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; aeronáutica comercial, tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios y vinculados al comercio exterior; cuidado de menores, guarderías y educación preescolar, primaria y secundaria, y educación especial. En todos estos rubros el DNU-Milei dispone que en caso de huelga habrá obligación de trabajar al menos el 75% de lo que es el trabajo normal.
Otras muchas actividades se califican como de “importancia trascendental”. Comprenden producción de medicamentos e insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercancías; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas (siderurgia, aluminio, actividad química y cementera); industria alimenticia en toda su cadena de valor; producción y distribución de materiales de construcción; servicios de reparación de aeronaves y buques; todos los servicios portuarios y aeroportuarios; servicios logísticos; actividad minera; actividad frigorífica; correos; distribución y comercialización de alimentos y bebidas; actividad agropecuaria y su cadena de valor; servicios bancarios, financieros; servicios hoteleros, gastronómicos; comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios que estén afectados a compromisos de exportación. Los trabajadores de estas industrias y actividades están obligados a suministrar, en caso de huelga, el 50% del trabajo normal. Además, el DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya que se las considera medidas de fuerza. Y prohíbe los piquetes de huelga en la puerta de las empresas: los trabajadores que participen en ellos podrán ser despedidos con causa.
Como puede verse, cuando se suman las actividades “esenciales” y las de “importancia trascendental” el DNU abarca prácticamente a toda la clase obrera (o sea, industrial, del agro, del transporte, del comercio, de los servicios de educación y salud). Es un ataque en toda la regla al derecho de huelga. Un punto en el que coinciden, por otra parte, las cámaras empresarias y los grandes medios.
Además, se modifican los intereses por indemnizaciones; se toma el índice de precios al consumidor y se le agrega el 3% anual. Se sacan de la base de cálculo del monto de la indemnización las sumas no remunerativas (bonos anuales, pagos de celulares, premios). Se deroga la ley que establecía la doble indemnización en casos de relaciones laborales no registradas o efectuadas de manera deficiente. Se autoriza a las convenciones colectivas a “explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador” (modelo UOCRA). Se reducen las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado. Y se prolonga el período de prueba de tres a ocho meses.
No puede estar más claro el carácter de clase de las medidas contempladas en el DNU Milei. Están en consonancia, por otra parte, con la gigantesca caída de los salarios y las jubilaciones que se está operando vía inflación. El DNU busca erosionar en todo lo posible la capacidad de respuesta de los explotados. Aquí desembocó la “fabulosa ciencia económica” del señor Milei y compañía: propiciar una gigantesca transferencia de valor desde los explotados a la clase dominante. Apoyándose en la prepotencia y el poder que dan el Estado y la propiedad privada del capital frente a aquellos que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. «¡¡Viva la libertad, carajo!!… de morirse de hambre (Milei dixit, aquí).
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