A veces el estupor no se acompaña de la sorpresa. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 estaba anunciada.

El pasado 8 de mayo, el organismo electoral anunció el estudio de la ponencia elaborada por dos magistrados que propusieron la formulación de cargos contra el presidente por violar los topes de campaña, omitir informes de pagos a testigos electorales y recibir donaciones de dos sindicatos. De inmediato, Petro respondió en sus redes sociales denunciando que había «comenzado el golpe blando». Cinco meses después, el esperado anuncio del CNE generó una nueva reacción del presidente. «Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia (…) hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional», afirmó en una alocución televisiva.

En un país cuyas guerras civiles tienden a culminar con debates constitucionales, es usual que el debate jurídico delimite los alcances de la política. En principio, hay dos certezas: que el CNE está facultado para investigar el incumplimiento de las normas electorales y que puede formular cargos contra quienes agencian las campañas. Pero también resulta claro que el CNE no tiene facultades constitucionales para destituir al presidente. El debate consiste en definir si una autoridad electoral tiene la potestad de investigar al jefe de Estado por sus actuaciones en campaña, pues el fuero del presidente conlleva que solo puede ser juzgado por el Congreso. Quienes afirman que el organismo electoral sí puede investigar a Petro, aseguran que el fuero presidencial solo cubre aspectos penales y disciplinarios y la investigación electoral es administrativa. Esa tesis fue avalada, a inicios de agosto de este año, por el Consejo de Estado, tribunal que también reafirmó que el Congreso de la República es la única instancia que tiene las atribuciones para destituir al presidente. Por otra parte, quienes niegan la mencionada posibilidad afirman que el fuero presidencial también se aplica en este caso, como lo señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

La formulación de cargos por parte del CNE y su respaldo por parte del Consejo de Estado han alimentado el discurso de alarma golpista que Petro ha sostenido desde el inicio de su mandato. La composición del organismo investigador y el posible doble estándar de juzgamiento son factores a tener en cuenta.

El CNE es un órgano compuesto por magistrados designados por los partidos políticos con representación en el Congreso. En este caso, algunos magistrados que han promovido la investigación son integrantes de fuerzas políticas opositoras al gobierno. Aquí cobran relevancia tres magistrados. El primero es Álvaro Hernán Prada, ex-parlamentario investigado penalmente en el mismo proceso que privó de la libertad al ex-congresista Álvaro Uribe. El segundo es César Lorduy, también ex-congresista y alfil del poderoso clan Char, el emporio político-familiar más consolidado del Caribe colombiano. La tercera es Maritza Martínez, quien en su momento fue la única senadora proveniente de los llanos orientales. Martínez es la heredera política de su esposo, Luis Carlos Torres, un poderoso dirigente investigado por presunta asociación con grupos paramilitares y destituido por irregularidades en la celebración de contratos cuando fue gobernador del departamento de Meta. 

Prada y Lorduy están respaldados por dos partidos que encabezan la oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, respectivamente. Martínez, por su parte, es una de las líderes más relevantes del Partido de la U, grupo que nació para respaldar al gobierno de Uribe, que luego mutó en el principal aparato electoral de Juan Manuel Santos y hoy mantiene su independencia frente al gobierno de Petro.   

El doble estándar también es objeto de crítica. En el pasado, en investigaciones similares, el CNE se abstuvo de tocar al presidente de la República, incluso en casos tan sonados como la financiación de Odebrecht a las campañas de 2014. Asimismo, genera inquietud que un organismo electoral y un alto tribunal decidan ignorar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la integridad del fuero presidencial.  

El gobierno teme que la investigación del CNE arroje una inusitada sanción contra el primer mandatario y que ello derive en un juicio destituyente en el Congreso de la República. En dos siglos de historia republicana, nunca un presidente en ejercicio ha sido juzgado por el Congreso.  

Entre la contención y los avances

Desde el inicio mismo de su mandato, Petro afirmó que su gobierno es el primero de la historia colombiana en reivindicarse de izquierda. Una definición que, luego del estallido social de 2021 y de una serie de gobiernos derechistas, generó numerosas expectativas en diversos sectores del país. La implementación de programas sociales de redistribución, una estrategia de negociación de paz dirigida a todos los actores armados organizados, la promesa de cambios en las costumbres políticas, una nueva política de drogas y una política ambiental garantista que incluya la transición energética prometían ser ejes de trabajo propicios para transformar una sociedad marcada por una desigualdad profunda, una guerra de larga duración, una democracia restringida, un régimen político con amplia influencia del narcotráfico y un modelo económico definido por el extractivismo.  

A mitad del periodo de gobierno, los resultados no son alentadores. Los propósitos reformistas de Petro han dependido de los debates legislativos de un Congreso de mayorías fluctuantes, que ha impedido la aprobación de una reforma laboral y una reingeniería del sistema de salud. La reforma del sistema de pensiones, aprobada el 14 de junio pasado, fortaleció la gestión pública e incluyó medidas para reducir brechas de género en la jubilación y una estrategia de protección para las personas mayores que no logren jubilarse, pero obligó a los trabajadores de mayores salarios a cotizar en las aseguradoras privadas. Por otro lado, el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez, así como el Ministerio de Vivienda, muestran un bajo nivel de ejecución de sus programas. A lo anterior se suman los malos resultados en materia de recaudación tributaria, lo que seguramente obligará a un diseño presupuestario que limitará la implementación de políticas redistributivas aplazadas. La no aprobación de las reformas y la subejecución de la política social revelan las dificultades del gobierno para adoptar una ruta de transformación estructural redistributiva.  

La política de «paz total» fue trazada para negociar con diversos actores armados, incluida la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y bandas urbanas con control territorial en ciudades como Buenaventura y Medellín. Sin embargo, la paz total ha sido víctima de sus objetivos ambiciosos.  

La dispersión de agendas de diálogo, la diversidad política de los actores ilegales y la agudización de los enfrentamientos entre esos grupos armados han profundizado la violencia en varias regiones. La situación más compleja es la interlocución con el Estado Mayor Central (EMC), una inestable reagrupación de disidencias del acuerdo de paz con las FARC, hoy divida en dos vertientes enfrentadas; una de ellas en guerra declarada con el Estado, liderada por alias Iván Mordisco, y otra encabezada por Andrey Avendaño y alias Calarca, que se mantiene en negociaciones con el gobierno. Mientras tanto, la mesa con el ELN vive una crisis permanente, agravada por el anuncio de uno de sus frentes de separarse de esa organización para negociar de manera independiente con el Estado. El fracaso de la política de paz ha recrudecido la violencia contra civiles: solo en 2024 se registran 143 líderes sociales asesinados y 57 masacres. Por ahora, no se vislumbra la firma de un acuerdo de paz ni el sometimiento a la justicia de algún grupo ilegal en el futuro cercano.  

Aparte de las mencionadas sospechas sobre la campaña, el cambio en las costumbres políticas se ha estrellado con un grave escándalo de corrupción. La detención del hijo de Petro por la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial y la trama corrupta en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), encabezada por un funcionario nombrado por el presidente, debilitaron el discurso de un mandatario reconocido por sus denuncias contra la corrupción.   

Sin embargo, el gobierno ha logrado avanzar en algunos acuerdos políticos. Por ejemplo, las negociaciones para nombrar al contralor, la defensora del pueblo y el procurador, elegidos en el Congreso con cifras que rozan la unanimidad, han sido posibles gracias a las negociaciones facilitadas por el ministro del Interior, el veterano político liberal Juan Fernando Cristo, cuya cercanía con el ex-presidente Santos es bien conocida. Tales circunstancias han mostrado la ascendencia de sectores pertenecientes, o muy cercanos, al establishment político en el gobierno de izquierda. Aquí se destacan figuras como Laura Sarabia –mano derecha del presidente y responsable de la coordinación de las tareas más importantes del gobierno–, el embajador en Londres y ex-presidente del Senado Roy Barreras, el canciller Gilberto Murillo y el propio ministro Cristo. Todo esto refleja que el «primer gobierno de izquierda» requiere del apoyo de sectores tradicionales para garantizar un mínimo de estabilidad –lo que es más notorio en regiones donde ese poder tradicional está intacto– y que la elección del contralor y el procurador procuró evitar el avance de posibles adversarios antes que la designación de los aliados progresistas.  

No obstante, el gobierno de Petro no ha traicionado la gramática que lo llevó a la victoria electoral. Su posición firme sobre Palestina, sus reflexiones sobre el extractivismo y el cambio climático, sus convicciones ambientalistas o su crítica al neoliberalismo no han cambiado. En materia ambiental, se nota esa tensión típica de la administración actual: un discurso consecuente pero una ejecución que no tiene resultados inmediatos, y que por momentos tiende a ver con buenos ojos al capitalismo verde.  

Un aspecto complejo es la relación entre la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, y los movimientos sociales. Aquí se constata la participación de algunos sectores en el gobierno, conjugada con una permanente presión movilizada. Curiosamente, el ritmo de movilización se mantiene en comparación con los periodos anteriores, pero ya no en clave de rechazo o de exigencia de garantías, sino con la demanda del cumplimiento del plan de gobierno. Sin embargo, buena parte de esas demandas no tienen un carácter de clase, ni propician convergencias amplias, sino que procuran conquistas para las organizaciones específicas que se movilizan. Ante esa situación, la respuesta del gobierno ha sido errática, pues la receta propuesta desde el Viceministerio del Interior ha sido la multiplicación de mesas de diálogo y concertación que fragmentan la interlocución política y ponen cargas adicionales a los funcionarios responsables de ejecutar el plan de gobierno.        

Aun así, en medio de desaciertos y dificultades, el gobierno tiene logros para mostrar. La implementación de un Servicio Social para la Paz en lugar del servicio militar obligatorio, la reforma pensional (a pesar de sus limitaciones), los avances en la adjudicación de tierras (incluidos hitos como la Hacienda Las Pavas y la entrega de terrenos a las familias campesinas afectadas por el proyecto El Quimbo), la puesta en marcha de una estrategia territorial de atención en salud, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección y la instauración de la jurisdicción agraria son logros importantes que no se habrían alcanzado en otro gobierno.  

Los problemas de la política social, el posible fracaso de la paz total y los viejos y nuevos escándalos se producen en medio de un contexto difícil. Ante problemas tan profundos como la guerra, la desigualdad o el narcotráfico, era improbable que el gobierno mostrara avances sustantivos en un lapso relativamente corto. Mucho más, con un diseño estatal que no ha tenido la redistribución, la paz o la protección ambiental como prioridades. No es casual que las políticas más importantes defendidas por el gobierno, como la tributación a grandes proyectos extractivistas, la contratación directa con organizaciones comunales, partes del Plan de Desarrollo y la creación del Ministerio de Igualdad, hayan sido bloqueadas por altos tribunales.  

Tal vez el de Petro puede concebirse como un gobierno de contención y transición, más que de avance y transformación. Contención frente al momento de avanzada de las derechas más extremas en la región y frente a la aplicación del modelo neoliberal. También de transición, en este caso hacia un sistema político con mayor capacidad de integración de los sectores políticos alternativos y sus agendas.   

Escenarios preelectorales abiertos  

Las turbulencias judiciales y los problemas de ejecución enmarcan la última etapa de un mandato cuyo principal reto será asegurar su propia estabilidad. El relato sobre la posibilidad de un «golpe blando» pasó de ser la narrativa de un gobernante paranoico a un escenario posible, aunque haya debates sobre su probabilidad.  

La formulación de cargos por el CNE coincide con una profunda crisis de liderazgo que sufren los sectores más conservadores del espectro político. Desde el estallido social de 2021, el bloque de derecha no ha logrado encontrar ni la cohesión que posibilite una estrategia coordinada, ni una figura que canalice el descontento contra el gobierno.

En otras palabras, la derecha no ha logrado encontrar una figura que encarne lo que fue Gustavo Petro para Iván Duque, ni ha logrado ganar la calle con movilizaciones masivas. Esa situación explica, por ejemplo, el descalabro electoral de las principales candidaturas de la derecha en las elecciones de 2022 y la inesperada emergencia del fallecido Rodolfo Hernández, el rival de Petro en la segunda vuelta de 2022; un candidato que no provenía del establishment tradicional, pero que fue rodeado por los sectores más tradicionales como alternativa a la coalición de izquierda. La ausencia de una candidatura clara que unifique a los sectores de derecha en las elecciones de 2026 es un ingrediente que alimenta la incertidumbre de mediano plazo. Un síntoma de esa situación es el rumor sobre la candidatura presidencial de Vicky Dávila, una periodista ligada a la prensa corporativa, que dirige un medio claramente editorializado contra el gobierno y que de manera explícita busca reproducir las coordenadas discursivas de figuras como el argentino Javier Miley y el salvadoreño Nayib Bukele.  

Esa ausencia de liderazgos no se limita a los sectores conservadores. El Pacto Histórico sigue operando como una suma desordenada de actores políticos con intereses a corto plazo y no como un proyecto unificado con vocación de futuro. Aunque Petro ha insistido en la necesidad de generar un partido único de la izquierda, la fragmentación persiste en la coalición gubernamental. Apenas el Polo Democrático, Colombia Humana y Unión Patriótica, los tres partidos más grandes de la izquierda, parecen afines a la propuesta de unificación. En contraste, las agrupaciones más pequeñas (Comunes, Fuerza Ciudadana, Esperanza Democrática, Partido del Trabajo de Colombia, entre otros) han planteado un proceso alternativo de convergencia política, denominado paradójicamente «Unitarios». Mientras tanto, los sectores provenientes del gobierno de Santos prefieren conservar su autonomía electoral.  

Esta situación ha llevado a la carencia de precandidaturas fuertes provenientes de la izquierda histórica, mientras ganan relevancia figuras originadas en ese poder político tradicional que acompaña a Petro, como el embajador Roy Barreras y el canciller Luis Gilberto Murillo, dos funcionarios del gobierno de  Santos que no ocultan su voluntad de comandar una candidatura que refleje la continuidad del actual gobierno, pero con mayor moderación. En ese eventual escenario, la izquierda tendría la difícil situación de apoyar a individuos que no provienen de sus filas con el fin de procurar la continuidad de su proyecto; nuevamente, más en clave de contención del adversario que de avance político propio.

La situación de los sectores de centro tampoco es la mejor. Aunque cuentan con figuras relevantes, su fragmentación y su permanente crisis de identidad se ha acrecentado en los últimos meses. En principio, parece que despuntan tres nombres: el eterno candidato Sergio Fajardo, el ex-senador Juan Manuel Galán, hermano del alcalde de Bogotá, y la ex-alcaldesa Claudia López; sin embargo, no es claro que tengan voluntad de convergencia.  

A propósito del centro político, un escenario que podría cambiar las coordenadas del tablero sería una alianza entre una precandidatura de centro y el bloque de derechas. Una tesis en esa línea fue planteada por el periodista Gustavo Gómez, quien sugirió un acuerdo entre Sergio Fajardo y Vicky Dávila; aunque esa propuesta no tuvo mayor revuelo, dice mucho del espíritu de los tiempos.  

Seguramente, el escenario de corto y mediano plazo estará influido por la formulación de cargos contra el presidente. A mi juicio, la decisión de la mayoría del CNE puede leerse como el propósito de impactar en el debate electoral de 2026 y no como el inicio de un proceso efectivo de destitución. El propósito es enrarecer el escenario electoral venidero y entorpecer el tramo final del gobierno de Petro. No obstante, tal intención podría generar un efecto búmeran, pues la imagen de un presidente perseguido por la santa alianza entre el poder político tradicional, el poder mediático corporativo y un sector de la rama judicial puede ser benéfica para el final del gobierno, ya que le daría razones para justificar los problemas de ejecución y haría más compacto su bloque de apoyo, tanto el integrado en el Estado como el representado en organizaciones sociales con amplia capacidad de movilización. Además, recordaría la frustrada tentativa destituyente vivida por Petro durante su gestión como alcalde de Bogotá. Un avance hacia la destitución presidencial le daría un nuevo motor a un líder político que gusta de ejercer sus cualidades de tribuno.  

Las consecuencias del estallido social, la crisis de liderazgos, la fragmentación de los bloques políticos, el proceso al presidente y los problemas de ejecución del gobierno configuran un escenario de incertidumbre ante una campaña que parece iniciarse con mucha antelación. De la capacidad de Petro para responder a la nueva coyuntura y de la capacidad de generación de nuevos avances de política pública transformadora dependerá la estabilidad del gobierno. Los posibles finales del gobierno de Petro aún dependen de sus propias fuerzas.