Apunto de entrar en su tercer año de mandato, el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, llamó recientemente la atención del mundo sobre su país ante lo que describió como «el inicio de un golpe de Estado» contra su administración. Aunque Petro ha llevado a cabo con éxito una reforma de las pensiones, una reforma fiscal de 4.000 millones de dólares, una novedosa estrategia antidroga y un giro sin precedentes en la política exterior colombiana, el esfuerzo de la izquierda por cambiar Colombia se ha visto amenazado por un constante aluvión de desafíos legales por parte de las élites y las fuerzas de derecha.
Daniel García-Peña, recién nombrado embajador ante los Estados Unidos —historiador, periodista galardonado, alto comisionado para la paz con el presidente Ernesto Samper y asesor de la desaparecida Alianza Democrática M-19— aborda estos retos en esta entrevista en exclusiva para Jacobin. ¿Cómo se relacionará el primer gobierno de izquierda de Colombia con los Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha contado con el liderazgo acérrimamente conservador de Colombia para salvaguardar sus intereses imperiales?
En conversación con el fotógrafo Jesse Gwilliam y el investigador independiente Luca DeCola, el embajador García-Peña abordó el tema de la guerra legal por parte de la derecha contra la administración de Petro, las tensiones internas que atraviesan al país y los retos a los que se enfrenta la izquierda colombiana, las perspectivas de paz en medio del conflicto armado interno, y la ruptura de los lazos diplomáticos de la nación con Israel.
Quiero empezar preguntándole sobre lo que el presidente ha llamado el «avance de un golpe blando» en Colombia. ¿Cómo valora la actual arremetida de la derecha contra la administración de Petro en forma de campañas de desinformación y lawfare?
El presidente Petro representa, sin duda alguna, un desafío a los intereses de las élites que han gobernado el país durante décadas. Su administración y sus partidarios se enfrentan a un sistema político y a un modelo económico muy arraigados, con prácticas políticas muy difíciles de cambiar de la noche a la mañana. Nadie en la izquierda esperaba que esto fuera fácil.
La lawfare en Colombia se ha convertido en un obstáculo para el cambio, un método de esos intereses conservadores para ahogar la agenda progresista del gobierno, pero también es un signo de la desesperación de la derecha y, en muchos sentidos, de su debilidad. La elección de Petro en 2022 fue un resultado indirecto del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la culminación de una lucha constante por la democracia, los derechos humanos y la expansión de la izquierda colombiana. Por lo tanto, era de esperar que una élite que, a diferencia de otras en América Latina, ha mantenido a las mismas personas y familias en el poder durante cientos de años, se dedicara a defender la ley.
¿Cree que el Pacto Histórico tiene la fuerza interna y la coherencia política necesarias para alcanzar los ambiciosos objetivos de Petro frente a la embestida de la derecha y de un Parlamento hostil? ¿O se trata de un momento histórico con bases más inestables, posiblemente carente de longevidad?
Este es un tema muy difícil, porque tiene que ver no solo con la izquierda democrática colombiana sino también con la izquierda internacional. ¿Cómo reconocer la diversidad de ideas y fuerzas en la izquierda y, al mismo tiempo, la necesidad de una estructura política unificada y organizada?
El Pacto Histórico es esencial porque reúne una amplia gama de grupos, movimientos sociales y partidos políticos. Aún así, la coalición no tiene una organización ni una estructura coherente; lo único que la mantiene unida es la figura de Petro, que está ocupado gobernando el país. Así que seguimos intentando alcanzar un equilibrio entre la diversidad política, que es necesaria, y un programa que pueda ganar elecciones. De eso se trata.
Sin embargo, hay una agenda para el cambio, un programa e ideas más allá de Petro. Colombia está cambiando, y las realidades de nuestro momento actual están obligando a la gente a lidiar con la necesidad de unirse en esta agenda para implementar reformas en pensiones, salud y educación, para deshacer las políticas neoliberales implementadas anteriormente en Colombia, y para lograr una paz duradera.
En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, recientemente, Chiquita Brands International fue declarada responsable de financiar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). ¿Puede hablarnos de la importancia del veredicto para los colombianos?
El veredicto de Florida sobre Chiquita Brands es importante por varias razones. En primer lugar, está la cuestión del sistema judicial colombiano. El presidente Petro abordó este punto cuando tuiteó: «¿Por qué la justicia estadounidense pudo determinar judicialmente que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo hacerlo la justicia colombiana?».
Los paramilitares y Chiquita Brands no operaban en el vacío; operaban muy estrechamente unidos a las élites económicas de Colombia. Pero, ¿quiénes son esos colombianos implicados? ¿Quiénes son las élites colombianas que financiaron a los paramilitares? Queda mucho camino por recorrer, y la justicia colombiana está lejos de abordar la implicación de las élites en el paramilitarismo.
El veredicto sobre Chiquita es también un recordatorio de cómo evolucionaron estos grupos paramilitares. Hoy las élites no necesitan tener grupos armados; las personas que querían asesinar fueron asesinadas, y las tierras que querían acaparar ya han sido acaparadas. En muchas partes de Colombia, los paramilitares ganaron la guerra. Es triste y aterrador decirlo, pero es cierto.
Ahora tenemos una nueva fase de consolidación paramilitar, una nueva generación, compuesta por los hijos, los herederos de los paramilitares, que nunca tomaron las armas pero fueron enviados a estudiar a Estados Unidos y son todos hombres de negocios. Y una parte considerable de su éxito, digamos, es su capacidad para dominar el sistema político e infiltrarse en los partidos políticos: lo que denominamos «parapolítica».
¿Puede hablarnos de los esfuerzos del gobierno por alcanzar su programa de paz total y negociar un acuerdo con los actores armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN)? ¿Cuáles son las perspectivas actuales de paz?
Hoy en día, el obstáculo más importante para las negociaciones de paz son las tensiones internas en el ELN que culminaron con la reciente escisión del frente suroccidental del grupo guerrillero y su búsqueda de negociaciones por separado con el gobierno. El ELN es una organización muy diferente de las FARC, con una estructura de mando mucho más descentralizada y en la que cada frente goza de gran autonomía.
Dados sus orígenes ideológicos e históricos en la teología de la liberación, en la que pertenecer al ELN es casi como pertenecer a una organización religiosa, la cuestión de la unidad es crítica. Así que estas tensiones internas han generado una reacción por parte del centro de mando del ELN, donde la escisión del frente suroccidental es vista como un intento del gobierno de dividir a la guerrilla.
Sin embargo, las negociaciones con el ELN nunca habían avanzado tanto como lo están haciendo hoy bajo la presidencia de Petro. No solo es la primera vez que el ELN se adhiere a un proceso de paz; pero ahora es la propia base social y política del ELN la que está presionando políticamente a la guerrilla para que llegue a una resolución.
Otra parte de este conflicto que no es un problema exclusivo de Petro o de su gobierno es la ineficacia y la burocracia del Estado colombiano. Así que, desafortunadamente, el ELN tiene razón en muchos aspectos al señalar la incapacidad del Estado colombiano para implementar políticas en general, lo cual es igualmente un problema considerable con el acuerdo de paz de 2016. El hecho de que haya habido tantos firmantes del acuerdo de paz de 2016 que han sido asesinados es una señal de que todavía no hemos sido capaces de superar lo que ocurrió con el asesinato sistemático del partido Unión Patriótica en los años 80, 90 y principios de los 2000.
Es difícil entender cómo un país con tanta violencia ha generado al mismo tiempo procesos democráticos.
¿Puede referirse a la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano e Israel por el genocidio de Gaza, así como al futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?
Lo cierto es que Colombia está en el lado correcto de la historia. La decisión de Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel es parte de una protesta internacional contra el gobierno israelí. El corte de la venta de armas de Israel a Colombia no va a tener un impacto sustancial en la economía de Israel; van a poder vender sus armas en otros lugares. Pero moral y éticamente hablando, es lo justo. Me enorgullece que nuestro presidente y nuestro país se hayan mostrado tan firmes y enérgicos en esta cuestión.
Hace poco me invitaron a un acto en la Universidad de California en Santa Bárbara. Gente de todas partes —de Sudán, de Egipto y de otros lugares— decía: «Ah, su presidente está a favor del pueblo palestino», y yo pensé: «Vaya, ¡así que está teniendo repercusión!». En muchos sentidos, Petro es una voz líder en América Latina sobre Gaza.
La política exterior de Colombia siempre ha sido muy tímida, y las administraciones anteriores nunca quisieron molestar a Estados Unidos. De hecho, en Washington, uno de los miembros del personal de la embajada colombiana me dijo recientemente que en el pasado era una práctica habitual que el gobierno colombiano informara a Estados Unidos antes de hacer cualquier anuncio público sobre cualquier cuestión política.
Pero esta vez, cuando rompimos lazos con Israel, no se lo dijimos a Estados Unidos. Pueden leer el titular en el New York Times como todo el mundo. Estos son algunos de los signos de un Estado colombiano más independiente y soberano, y Estados Unidos tendrá que lidiar con ello.
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[*] Sobre los entrevistadores:
Luca De Cola es un investigador independiente residente en Bogotá, Colombia.