Hay un consenso incómodo en Ecuador: la campaña presidencial de 2025 fue desigual, plagada de bonos clientelares y control mediático desde Carondelet. Sin embargo, la mayoría de periodistas y analistas que ayer celebraron a Lenín Moreno y Guillermo Lasso hoy se resisten a llamar fraude a lo que ocurrió este 13 de abril. Alegan que la democracia ecuatoriana se mantuvo por la existencia de urnas, aunque las reglas las escribieran los dueños del país. Esa miopía normaliza que el Presidente jamás pidió la licencia obligatoria para hacer proselitismo -incumpliendo el artículo 93 del Código de la Democracia, como subrayó la propia OEA- y que, mientras perseguía votos, destituyó inconstitucionalmente a la vicepresidenta Verónica Abad. La institucionalidad esgrimida por sus defensores es, en realidad, un decorado oligárquico que solo celebra la democracia cuando gana el que manda. El fraude, entonces, parece redondo.

El fraude antes de las urnas

Desde enero, Daniel Noboa convirtió la Presidencia en plataforma electoral. Desde la Presidencia a la que no renunció, en clara violación constitucional, repartió siete bonos -560 millones de dólares en total– dirigidos a jóvenes desempleados, agricultores, desplazados, además de efectivos policiales y militares. Cada pago coincidió con picos de campaña y saturó las redes oficiales con anuncios sobre el “nuevo Ecuador”.

Para apuntalar la estrategia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió el uso de teléfonos celulares durante el voto en las urnas -una decisión sugerida por el propio mandatario y avalada tarde, y sin consenso, por la Corte Constitucional-, con multas cercanas a los 32.000 dólares para quienes fotografiaran su papeleta. La prohibición mutiló un mecanismo ciudadano de control de actas; medidas antidemocráticas que, en oídos de la oligarquía, suenan como defensa de la democracia.

La inequidad estructural fue reconocida incluso por la Misión de Observación de la OEA, que advirtió “uso indebido de recursos públicos” y “condiciones de campaña marcadamente desiguales”. A ello se sumó la cercanía entre el Ejecutivo y el CNE: el hermano de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, fue nombrado cónsul en Queens apenas iniciada la contienda. La puerta giratoria cerraba así el círculo de favores.

Militarización, estado de excepción, el marco de la segunda vuelta

En la víspera del balotaje, Noboa decretó estado de excepción en Quito y siete provincias donde Luisa González había liderado la primera vuelta, desplegó tropas y restringió la libre movilidad por 60 días -una medida con nulo sustento probado de seguridad, según la misma Corte Constitucional- y cerró las fronteras terrestres a extranjeros. Con encuestadores y observadores internacionales sometidos a retenes militares, la transparencia quedó en entredicho.

La jornada arrancó con recintos reubicados a última hora y la orden de guardar los teléfonos antes de votar. Al cierre, la OEA reportó que la tinta oficial se corría al doblar la papeleta, manchando casillas y provocando anulaciones; un riesgo que, casualmente, afectó en la mayoría de los casos a papeletas que beneficiaban a Luisa González.

13 de abril: tinta, actas y una ventaja estadísticamente improbable

Las cifras oficiales no encajan. Luisa González denunció públicamente 5.091 actas con irregularidades: 1.984 sin firmas conjuntas, 1.526 con sumas incongruentes y .1582 desviadas del promedio estadístico del recinto.

Pero conjunto de anomalías no se limita a las actas. La participación aumentó inexplicablemente en más de 100.000 votantes adicionales en comparación con la primera vuelta, a pesar del clima de miedo, el estado de excepción y el toque de queda parcial. A esto se suma una caída súbita del voto en blanco de 68,9 % entre la primera y la segunda vuelta, otro comportamiento atípico en términos históricos y sociológicos. En contraparte, el voto nulo, históricamente sensible a contextos de incertidumbre, se desplomó a 2,5 %, el nivel más bajo en décadas. Todo esto ocurrió mientras aumentaban los obstáculos para verificar el sufragio.

“se evidenció una disminución artificial del ausentismo; en otras palabras, hubo más votos que votantes”

La candidata presidencial denunció que “se evidenció una disminución artificial del ausentismo; en otras palabras, hubo más votos que votantes”. Según González, la mayoría de juntas receptoras del voto incumplió el protocolo que exige registrar el número de sufragantes, de modo que se impidió contrastar con precisión la cantidad de votos emitidos. Este vacío administrativo pone en entredicho la transparencia del proceso, pues abrió la puerta a un posible llenado fraudulento de urnas o manipulación de resultados.

Otro indicador anómalo es que los sondeos de cuatro encuestadoras -incluida la contratada por Acción Democrática Nacional (ADN)- reflejaban un empate técnico en la víspera de la elección. No obstante, el resultado oficial otorgó a Noboa una ventaja de 1,17 millones de votos.

Para cuadrar ese resultado, sería necesario asumir que el 100 % de los sufragios flotantes de Pachakutik se volcaron a favor de Noboa, sin que González sumara siquiera un voto adicional, ni siquiera tras el respaldo indirecto de figuras como Jan Topic. En otros términos, sucedió una transferencia sociológicamente inverosímil.

Blindaje mediático y guerra digital

Además, a falta de debates con propuestas, el Gobierno gastó hasta 100.000 dólares semanales en publicidad digital plagada de montajes que vinculaban a González con bandas criminales. Mientras tanto, el CNE bloqueó el sufragio de ecuatorianos en Venezuela y cambió 23 recintos la víspera de la elección -decisión que, aunque afectó al 0,55 % del padrón, golpeó principalmente bastiones correístas-. Está claro que la narrativa del miedo reemplazó la discusión programática.

La agenda post fraude, privatizar la política

En septiembre de 2024, Noboa envió a la Corte Constitucional una reforma para eliminar el financiamiento estatal a campañas y partidos, otorgando la disputa electoral al capital privado. En nombre de la austeridad, el presidente más rico de la historia moderna del país haría que las próximas contiendas dependan de la chequera de banqueros y exportadores. Si la cancha ya estaba inclinada, ahora quiere quitarle incluso la leve capa de pintura democrática.

El engranaje familiar y la captura del Estado

El nuevo Congreso, dominado por aliados de ADN -muchos de ellos empleados de los Noboa- se dispone a escoger como presidenta de la Asamblea a Anabella Azín, madre del mandatario. Su gabinete está compuesto por amigos de la infancia, oligarcas perdidos en el sector público, y una bancada oficialista que discute leyes redactadas por asesores que cobran en las fundaciones del clan o les sirvieron de abogados en sus empresas. La élite ecuatoriana no necesita disimular; cuenta con la ingenuidad cívica que sigue creyendo que la sangre oligarca puede hermanarse con el sufragio popular.

La plutocracia y el pecado originario

Ecuador repite su pecado originario: confundir la urna con la democracia. A lo largo del siglo XX, las familias Arroyo, Plaza, Isaías o Noboa moldearon constituciones a su antojo y anularon elecciones cuando el pueblo votó “mal”. Esta vez el fraude fue meticuloso, tecnológico y silencioso, pero la fórmula es vieja: militarizar, regalar bonos, manipular actas y proclamar normalidad. Quien acepte el resultado con los ojos vendados legitima un poder que se alimenta de cerrar miradas y oídos. Mientras la voluntad popular no sea reconocida, la plutocracia seguirá declarando ganadores anticipados y la democracia seguirá siendo, para las mayorías, una promesa pendiente.

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