El objetivo está cambiando de escala: Desde el territorio a los cuerpos

—¿Qué opinas si los militares de Estados Unidos se deshacen de Maduro? —preguntó Trump.

—Por supuesto, nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos—respondió Juan Guaidó.

 Según las  memorias de Mark Esper, secretario de Defensa de Trump, por aquellos días, el Departamento de Estado había lanzado la recompensa contra Nicolás Maduro, y otros líderes chavistas, por liderar la organización criminal del “Cartel de Los Soles”, cuya presentación, en público, data de los primeros días de presidencia de Maduro cuando sus sobrinos fueron arrestados en una operación de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Haití. La recompensa, en su principio, fue pensada para promover una rebelión interna o como atractivo para los mercenarios aventureros que se atraviesen a capturar al presidente venezolano, según lo reconoció el propio Goudreau. Y estuvo precedida, además, por un despliegue marítimo de Estados Unidos frente a las costas venezolanas.

Cuatro años después, la Administración Trump parece continuar por el mismo camino fallido. “Maduro es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$ 50 millones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”, declaró Pam Bondi, la secretaría de Justicia de Trump, después de incluir al Cartel de Los Soles dentro de la lista de organizaciones terroristas internacionales, que permite medidas como el uso de la fuerza, el bloqueo de activos y sanciones a quienes colaboren con estas organizaciones. En la práctica, la Administración Trump parece diseñar, a través de un conjunto de ordenes ejecutivas, una base jurídica adhoc para organizar una campaña militar de “asesinatos selectivos”, o arresto, contra personas que sean identificados como líderes de los “carteles del narco” declarados como una amenaza por inundar “las calles estadounidenses con fentanilo y cocaína”.

En una directiva secreta, Trump ordenó al Pentágono a usar la fuerza militar contra los carteles criminales designados como terroristas. “La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición del Sr. Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”, según The New York Times. Durante la campaña presidencial, el propio Trump ya había pedido a sus asesores que armasen una estrategia que permitiese el bombardeo de los laboratorios de carteles de narcotráfico y una campaña de asesinato selectivos.

Por supuesto, estos anuncios fueron seguidos por una intensa campaña en los medios de comunicación de altos funcionarios, como la propia Pam Bondi o el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), para establecer a Maduro como el jefe terrorista de un cartel del narcotráfico. “Si Maduro cae, Nicaragua y Cuba colapsarán. Donald Trump le dirá a los comunistas, y los chinos, quien es el nuevo sheriff en América Latina. Esto es más grande que lo que sucede en Alaska: Ucrania y Rusia están del otro lado del mundo, Trump está limpiando nuestro barrio”, declaró la presentadora Jesse Walters de Fox News en el prime time de la televisión estadounidense.

En este contexto, fuentes “anónimas” filtraron a la agencia Reuters el desembarco en El Caribe de los buques de guerra “USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely, destructores de la clase Arleigh Burke, la columna vertebral de la flota de superficie de la Marina”, de acuerdo a Miami Herald. Según funcionarios de defensa de Estados Unidos citados por Reuters, alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina participarán en la misión, que también incluirá aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidon, buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear. Al despliegue, se sumará según la CNN : el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de transportar helicópteros, aviones y centenares de infantes de marina; el USS San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo; y el USS Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico.

Este despliegue del Comando Sur, la división del Pentágono a cargo de América Latina, es una demostración de fuerza, “cuyo objetivo es más enviar un mensaje que indicar la intención de realizar ataques de precisión contra los cárteles”, según un funcionario del Pentágono. Aunque también ofrece “a los comandantes militares estadounidenses, y al presidente, un amplio abanico de opciones si Trump ordena una acción militar”.

Para Santiago Martínez, experto militar de Eureka News; “la combinación de estas unidades navales y aéreas crea una red multidominio con capacidades sinérgicas, diseñada para detectar, interceptar y neutralizar actividades ilícitas en una vasta área marítima y aérea. El núcleo de la capacidad de vigilancia reside en los destructores equipados con el sistema de combate Aegis. Este avanzado sistema de radar puede rastrear simultáneamente cientos de objetivos aéreos y de superficie a largas distancias. Complementando a los buques, los aviones P-8 Poseidon, derivados del Boeing 737, están equipados con radares de última generación, sensores electro-ópticos e infrarrojos y sistemas de inteligencia de señales, permitiéndoles patrullar extensas zonas oceánicas durante horas. La contribución del submarino nuclear, aunque discreta, es crucial para la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) encubierto, lo que permite monitorear comunicaciones y movimientos de interés sin ser detectado”.

En definitiva, el despliegue busca crear la percepción de un bloqueo naval, en ciernes, como la amenaza de una acción quirúrgica contra el liderazgo chavista para promover un quiebre interno.

De bluf y amenazas; la historia con Bolton y la guerra sucia

El 29 de enero de 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, John Bolton, por entonces asesor de seguridad nacional, simuló un descuido cuando, en medio de una conferencia de prensa con el secretario de Tesoro, Steve Mnucin, mostró un garabato en uno de sus cuadernos que decía: “cinco mil militares a Colombia”. En un momento, en el que Trump no descartaba una intervención militar y hablaba de que todas las “opciones estaban en la mesa, el descuido estaba coreografiado como un acto burdo de intimidación luego de la incautación de activos de la estatal Petróleos de Venezuela para transferirlos al nuevo gobierno interino reconocido por Washington.

Para descomprimir la situación, el líder chavista Diosdado Cabello se burló del asesor de seguridad, en su programa de televisión Con el Mazo Dando, con un papel que, en su reverso, decía “Rondón no ha peleado, dos millones de milicianos listos”, una vieja alusión a la historia de un coronel independista que, ante el llamado de Simón Bolívar a intervenir en una batalla, respondió que estuviese tranquiló, que todavía el no había entrado en en conflicto. En la narrativa chavista, Rondón no ha peleado, más que nada, es como decir todavía el “pueblo chavismo no ha batallado”, una invitación a estimar la fuerza propia en vez de dejarse llevarse por las amenazas e intimidación.

El psicoterror trumpista (y opositor) de hoy, por supuesto, no es bastante diferente al de ayer; los llamados de María Corina Machado a la insurrección militar han coincidido con la fallida campaña de crowfounding de mercenarios Ya Casi Venezuela, liderada por Erik Prince, antiguo dueño de la compañía Blackwatter conocida por sus matanzas en Irak, y la desarticulación de varios planes de atentados contra líderes chavistas e infraestructura pública. Una de las últimas aventuras, desarmadas por el Estado venezolano, apuntaba a explotar la zona de Plaza Venezuela en Caracas, un punto neurálgico que une a múltiples líneas de metro en la capital del país. Otros lugares elegidos para estos atentados, según las autoridades, eran instalaciones del sistema eléctrico y petrolero, centros de salud, espacios públicos, figuras del chavismo y sedes policiales o de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana.

Este fue uno de los 20 planes que el gobierno venezolano afirma haber desarmado en el último tiempo. “La composición externa y criminal muestra una trama híbrida. Se detuvo a un ciudadano albanés vinculado a la mafia albanesa que controla rutas de narcotráfico en Ecuador, se rastrearon armas provenientes de Trinidad con un trinitario detenido y se documentaron vínculos colombianos para tránsito y resguardo. Este ensamblaje encaja en la lógica «narcoban» —convergencia de narcotráfico, conspiradores y bandas— que financia, arma y ejecuta operaciones con impacto político a través del terror”, según el portal Misión Verdad. Las autoridades culparon a María Corina Machado y al excomisario Iván Simonovis, conocido por su participación en el golpe a Chávez de 2002 y haber llamado a apoyar la campaña Ya Casi Venezuela, después de que la líder opositora llamara a “armar una organización clandestina y pidiera a los policías, y uniformados, estar listos para el momento decisivo”.

La repetición de la misma historia, por supuesto, está relacionado con el empoderamiento de Marco Rubio dentro de la Administración Trump, la figura que más poder concentra en el gobierno de Estados Unidos después de que se le adjudicasen los cargos de secretario de Estado y consejo de seguridad nacional, una situación que no sucedía desde que Henry Kissinger, en los años 70, fue nombrado también en las dos posiciones. Rubio, partidario de la línea más dura que ha llegado a subir fotos donde pedía que Maduro fuera linchado igual que el líder Muammar Gaddafi, parece crear una política, a partir de ordenes ejecutiva, que corre la frontera diplomática y militar hacia situaciones híbridas que justifiquen el empleo de la fuerza y acciones de guerra sucia.

Sobre todo porque según su subsecretario, Christopher Landau, los que deben hacerse cargo del cambio interno “deben ser los venezolanos” porque Estados Unidos no puede andar por ahí sacando “gobiernos”. Para el politólogo venezolano Ricardo Sucre Heredia puede que el propio Trump se quiera sacar la “espina” de no haber podido terminar con el gobierno de Maduro y, por eso, intenté avanzar para hacerlo, en este momento, si es que lo considera “débil”. La novedad, en su opinión, es que esta política dura convive con los permisos petroleros otorgados a la petrolera estadounidense Chevron, y otras compañías, una demanda del ala republicana liderada por el enviado especial de Trump, Richard Grenell, cercano al magnate Harry Sargeant III propietario de una fábrica de asfalto cuyo principal insumo es el petróleo venezolano. Y las negociaciones entre ambos gobiernos relacionados al intercambio de presos estadounidenses y migrantes venezolanos.

La ausencia de esta “presión económica” se da justo cuando el crecimiento del PBI de Venezuela en el primer semestre del año fue del 7%, uno de los más grandes de América Latina. Si no existiese una cantidad importante de ordenes ejecutivas que acompañasen el desembarco marítimo en las costas venezolanas, se podría decir que toda esta puesta en escena pareciera un control de daños narrativo para encubrir el hecho de que la Administración Trump respalda las compras de petróleo venezolano que alimentan la economía venezolana.

El tema es que la formulación de estas dos políticas, en apariencia antagónicas, parecen complementar una tensión y una distensión similar a la aplicada contra países como Irán: donde la negociación con Estados Unidos sobre el programa nuclear se dio en el medio de la preparación israelí (y estadounidenses) de ataques masivos contra su infraestructura militar y nuclear. Sobre todo, porque las ordenes ejecutivas, y directicas secretas hacia el Pentágono, parecen crear un marco jurídico híbrido similar al de la campaña de asesinatos, y ataques selectivos, con drones contra los líderes de Al Qaeda, el Estado Islámico y de Irán, durante la Administración Obama (y la primera de Trump). Para los académicos Ian Shaw y Majed Akhter; “los asesinatos selectivos contemporáneos tienen lugar en un contexto definido por la confusión de las categorías de guerra, soldado y militar, por un lado, y paz, criminal y policía, por el otro. La figura del terrorista se encuentra cada vez más a caballo entre estas dos clasificaciones: no del todo “enemigo combatiente” y no del todo “criminal”. De hecho, una de las características definitorias de la guerra encubierta de aviones no tripulados de hoy en día es que apunta a individuos, en lugar de naciones-estado y sus ejércitos. En este mismo acto de individualización, el campo de batalla discreto se convierte en un espacio de batalla ilimitado, amenazando los cimientos del derecho internacional. Por supuesto, no se trata simplemente de que el planeta se esté convirtiendo en un “espacio de excepción” único y homogéneo, sino que el objetivo está cambiando de escala del territorio al cuerpo humano, pasando así por alto la santidad de la soberanía”.

Qassem Soleimani, líder de la Fuerza Al Quds, por ejemplo, fue asesinado en 2020 por un dron en la primera Administración Trump después de aterrizar en Bagdad para una reunión de mediación con Estados Unidos convocada por el entonces primer ministro de Irak, Adil Abdul-Mahdi. Una negociación sirvió, dentro de esta lógica, para atraerlo hacia un espacio “hibrido” (en términos jurídicos) para asesinarlo. El mismo modus operandi se repitió, varios años después, cuando los principales generales y científicos iraníes perdieron la vida en varios atentados organizados para intentar derrumbar el gobierno iraní, en el contexto de acercamiento con Washington. El interrogante es si Washington sigue este mismo guion empleado también para eliminar a todo el liderazgo de la organización Hezbollah con ataques y atentados bombas con telecomunicadores personales.

La muerte, caída desde el cielo (como alguna vez Barack Obama calificó al atentado Hiroshima), parece diseñada para generar conmoción y pavor para que se cumpla el ansiado deseo de un quiebre interno del chavismo. Según esta lógica, el uso de la fuerza con ataques selectivos a infraestructura crítica, y el asesinato (o captura) de figuras claves del chavismo, puede romper la línea de sucesión estatal y posibilitar el ascenso de la figura de María Corina Machado como presidenta de facto de Venezuela. Por eso, los llamados, cada vez más repetidos, de Marco Rubio para que alguna figura del chavismo traicione a Maduro y cobre la recompensa por su captura.

El gran problema de raíz de estos planes, estilo GI Joe, es que pretenden sustituir, otra vez, la ausencia de fuerza interna de la oposición con operaciones “militares extranjeras heroicas y salvadoras”. Nicolás Maduro no es el general Manuel Antonio Noriega, atrapado por los militares estadounidenses después de una invasión, ni Venezuela es Panamá, un país con poca profundidad territorial y poco armamento defensivo y soldados, en comparación con la República Bolivariana. El objetivo de descabezar el Estado venezolano, el cartel criminal del que habla la Casa Blanca, en realidad, activa un estado de guerra (y sospecha) permanente que perjudica hasta los propios planes conspiracionistas de la oposición, que se alimentan de poder captar militares, y chavistas disidentes, en momentos de distención.

La experiencia indica que, por lo general, el chavismo sale más fortalecido, y unido, cada vez que estas aventuras se ponen en marcha, y la oposición más debilitada y aislada.