El vetador serial

Por Carlos Martínez*, Martín Mangas** y Ricardo Paparás***

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno reconoce la magnitud del ajuste

Ahora, volviendo al contenido del precitado decreto, sus considerandos reconocen, expresamente que, “entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un ciento veintiocho coma cuarenta y nueve por ciento (128,49 %), mientras que en el mismo período la variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue del doscientos veinte coma cuarenta y cinco por ciento (220,45 %)”, por lo que, volver al nivel que tenían al asumir Milei: “implicaría otorgar un incremento salarial del cuarenta coma veinticinco por ciento (40,25 %) sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.

Vale destacar que ello implica el reconocimiento de una pérdida de poder de compra de casi un 29%, valor que, por ejemplo, para un cargo de profesor adjunto con dedicación exclusiva, veinte años de antigüedad y título de maestría, implica haber dejado de cobrar casi $700.000 por mes.

Asimismo, al incorporar en el costo fiscal la actualización de los salarios docentes y no docentes de las Universidades Nacionales, según IPC, entre agosto y diciembre de 2025, utilizando una estimación de inflación acumulada agosto–noviembre, de 7,3%, contra los recientes “aumentos” otorgados para dicho período, del 4,8%, el decreto afirma, implícitamente, la intención de provocar una caída adicional de más del 2,3% en el poder de compra del salario docente y no docente, acumulando así una merma de más del 30% en los dos años de la era Milei. De esta manera, se esfuman 1 de cada 3 de los pesos que cobrábamos antes de su asunción.

Es importante, en este caso, no perder de vista el hecho de que el propio Estado, en forma explícita en los considerandos del precitado decreto presidencial, está reconociendo la enorme pérdida salarial, por lo que queda en evidencia que el “no hay plata”, no es la razón del veto, sino la voluntad manifiesta de hacer desaparecer a las Universidades Públicas en nuestro país.

Si en un decreto, que, en tanto norma, es la forma más directa de expresión de los actos de gobierno, se reconoce la pérdida del poder adquisitivo, pero se rechaza financiar su reversión, lo que el actual régimen está dejando claro es su decisión de demoler a la educación pública universitaria.

Similarmente, el veto reconoce en sus considerandos, que el crédito vigente 2025 para el financiamiento de los genéricamente llamados gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales (que además de los mismos incluye la asistencia financiera a hospitales universitarios, el fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades y el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria), no contempla que “entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del treinta y cuatro coma ochenta y nueve por ciento (34,89 %)”, lo que implica que perdieron un cuarto de su poder de compra, sólo durante los últimos ocho meses de 2024.

En igual sentido, la norma confirma que incorporar al básico las sumas no remunerativas y no bonificables (esto es, que no impactan en los aportes, en el aguinaldo, ni en los adicionales) que actualmente cobra el personal no docente de las cuatro categorías de menor nivel salarial, implicaría “un incremento adicional del treinta y siete coma cincuenta y cinco por ciento (37,55 %) sobre los básicos vigentes en el mes de julio de 2025”, por lo que se está pagando a dicho personal un 27% menos de lo que corresponde, sustrayendo 1 de cada 4 pesos de la mesa familiar.

Una combinación perfecta de motosierra y licuadora

En materia de becas universitarias, las estimaciones de costo fiscal del gobierno dan cuenta de la no actualización, desde su asunción, de las 36.000 becas Manuel Belgrano, que buscan el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país (alimentos, ambiente, computación e informática, energía, gas y petróleo, logística y transporte, minería, ciencias básicas y educación), pagando mensualidades de $81.685, que no se han actualizado durante la actual gestión, y, dado que “en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2025, la variación del índice de precios al consumidor fue de doscientos veinte coma cuarenta y cinco por ciento (220,45 %)”, ello implica que han perdido casi el 70% de su poder adquisitivo bajo el gobierno libertario.

En la misma línea, las becas PROGRESAR, que, ya desde mediados de 2023, estaban fijadas en $20.000 mensuales, recién en septiembre de 2024 se incrementaron, nominalmente, a $35.000 al mes, valor que conservan desde entonces, con una caída en su poder de compra de más del 45% durante la era Milei. Dado que el veto, al calcular el impacto fiscal, reafirma, en forma no expresa, su voluntad de no incrementar el monto de las becas en lo que resta del año, la caída acumulada, a diciembre 2025 sería de un 50%, perdiendo, en apenas dos años, la mitad de su significancia económica.

Con montos que se han vuelto extremadamente exiguos, de marzo de 2024 a igual mes de 2025, la cantidad de becas disminuyó un 60% (excluyendo a un millón de sus 1,7 millones de destinatarios de 2024), bajando a la mitad las que corresponden a la terminalidad de la educación obligatoria (primaria y secundaria) que pasaron de un millón a medio millón de personas, pero con caídas todavía más pronunciadas en las correspondientes a educación terciaria no universitaria y formación profesional (del orden del 80%, al reducirse de 330.000 a 70.000) y a educación universitaria. En este último nivel, desaparecieron 3 de cada 4 becarios, al bajar de 420.000 a 110.000. Se pasó, así, de apoyar a un 23% del estudiantado total de Universidades Nacionales en 2024 a hacerlo con solamente un 6% en 2025. De esta forma, hace un año 1 de cada 4 estudiantes de Universidades Públicas contaba con el respaldo de una beca nacional y hoy esa cobertura es de apenas 1 de cada 17.

Ajuste para todos, beneficios para pocos

El costo fiscal total de esta recomposición en los gastos de las Universidades Nacionales, esto es, de su capacidad para formar a la población, atender la salud, hacer ciencia y tecnología y generar acciones en el territorio, es estimado, por el propio Poder Ejecutivo Nacional, en poco más de un billón de pesos, equivalente a un 0,10% del PBI de 2025.

Considerando que, en 2023, el monto correspondiente al programa de Desarrollo de la Educación Superior representó un 0,71% del producto (lejos del 0,80% de 2012–2018) para bajar a un 0,57% en 2024 y 0,50% en 2025, la presente reivindicación apenas si representa la mitad de lo ajustado. A su vez, ese billón de pesos (0,10% del PBI) que “genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, según el argumento expresado en la norma, equivale al extra que el Tesoro tendrá que desembolsar, solamente por el incremento en la tasa de interés, por las colocaciones de Letras de Capitalización (LECAPS), de nada más que tres rondas (las del 16 y 29 de julio y la del 13 de agosto, esto es, previas a los máximos que registraron las tasas justo antes de las elecciones bonaerenses), que generan un costo fiscal extra de cerca de 200.000 millones de pesos mensuales en agosto, septiembre y noviembre de 2025 y de unos 400.000 millones de pesos en octubre de este año.

Así, es allí en donde está “la nuestra”, en las siderales tasas de interés usadas para fomentar la especulación financiera (carry trade), que permite contener (por ahora y artificialmente) el precio del dólar, que generan ganancias extraordinarias que el propio dólar barato facilita fugar (formación neta de activos en el exterior, dicho en inocuo, que ha crecido en una proporción llamativamente similar al aumento del valor de la deuda con el FMI).

Se demuestra entonces que es totalmente falso que “no hay plata” y lo que expresa el presidente es puro cinismo, crueldad y mentiras para sostener una decisión a todas luces impopular.

Como contracara, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene su propia universidad (Universidad Provincial del Sudoeste), y también se hace cargo de otra casa de altos estudios, otrora provincial, pero cuya nacionalización (así como el cumplimiento de la respectiva ley), el gobierno nacional se niega a aceptar: la de Ezeiza. Hasta allí (y un poco menos también) llega su responsabilidad legal con las Universidades Públicas.

Sin embargo, contemplando el hecho de que en su territorio existen 25 Universidades Nacionales y que otras (como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional) tienen también sedes en su suelo, con sus escasos recursos de recaudación propia y por transferencias automáticas (grosera, discriminadora e ilegalmente retenidas, en muchos casos, por la administración libertaria) el gobierno de Axel Kicillof (en tanto provincial, imposibilitado de emisión monetaria alguna), ha decidido, en la medida de sus posibilidades, sostener lo que Milei debe y no quiere: completar las obras inconclusas que la nueva gestión nacional se niega a terminar (Programa  Provincial de Infraestructura Universitaria), el apoyo a la ciencia y la tecnología que el vaciamiento del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación imposibilitan (mediante el fortalecimiento de la Comisión  de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires) y las despreciadas nacionalmente, acciones de docencia y vinculación en el territorio, que permiten, entre diversas actividades, la formación en distritos rurales bonaerenses sin universidades cercanas (Programa Puentes), por citar solo tres ejemplos.

Así que plata hay, tanta como una decisión política de darle la espalda a la educación, la ciencia, la salud, la producción, el trabajo y la cultura, en definitiva, al desarrollo, por parte de un gobierno nacional que insiste con sus dogmas y quiere mostrarse inflexible, pero que ha perdido legitimidad frente a la sociedad.

El llamado que hace el veto presidencial a discutir el tema en el seno del debate sobre el presupuesto nacional 2026, no es más que desvergüenza y fuga hacia adelante, por parte de un gobierno que, por primera vez desde la recuperación democrática, lleva dos años seguidos sin presupuesto, readecuando discrecionalmente partidas fijadas a fines de 2022, lo que constituye una anomalía institucional inédita. A la vez que, tras los resultados de la elección bonaerense, hay más chances de que el Congreso Nacional formule, apruebe e insista con un proyecto propio de Ley de Presupuesto a que el Ejecutivo logre imponer el suyo.

Desde el plano económico, el atraso cambiario y los altísimos tipos reales de interés deprimen la producción, el trabajo y el consumo, redistribuyendo regresivamente el ingreso y la riqueza en favor de los especuladores y, en definitiva, del 1% más rico. Esto es, en palabras del genial Diego Capusotto, de “los dueños de un país que odian”, como se aprecia en las recientes declaraciones del empresario de la construcción cordobés Lucas Salim, quien les deseó más desnutrición infantil a todos los habitantes bonaerenses.

Así, la pérdida de legitimidad, desde el plano político, es tal que, el presidente Milei, mientras veta recomposiciones en salud, educación, jubilaciones y discapacidad, está investigado por la mega estafa $Libra, junto con su hermana, quien también es señalada por, presuntamente, recibir un 3% de coimas en concepto de retornos por compras públicas.

El resultado de las recientes elecciones en territorio bonaerense es una expresión del descontento social cosechado. El gobierno desoye al Congreso y al pueblo. Al veto hay que responderle con firmeza y movilización popular. Hubo veto, va a haber marcha, y tenemos que ser nuevamente millones en la calle, hasta que caiga quien tenga que caer, para que la Universidad Pública Argentina siga existiendo.

*Universidades Nacionales de General Sarmiento y Lanús.

**Universidad Nacional de General Sarmiento.

*** Universidad Nacional de General Sarmiento.