La crisis de la vivienda es inherente a la historia del capitalismo, pero en la última década se ha agudizado tanto que cada vez es más susceptible de devenir en crisis política y poner en jaque la gobernabilidad de los Estados. En junio de 2021, el gobierno de Suecia comenzó a desmoronarse debido a un conflicto sobre el control del precio del alquiler. El primer ministro Stefan Löfven propuso dejar fuera de esta medida a las viviendas nuevas, lo que desencadenó una moción de censura del Partido de la Izquierda, que culminó en la caída del gobierno. Solo dos meses después, en Berlín se celebraron de forma simultánea las elecciones municipales y un referéndum sobre la expropiación a los grandes caseros del país. Tras la victoria del sí, la candidata que ganó las elecciones, del SPD, tuvo que iniciar un proceso de expropiación que no quería para obtener el apoyo de los Verdes y Die Linke y formar gobierno. Una dinámica que no era del todo nueva en este país. Unos años antes, en 2015, la conservadora Angela Merkel había regulado el precio del alquiler en respuesta a la presión del movimiento de vivienda. En Francia, sucedió algo similar en 2019, cuando el presidente Emmanuel Macron se vio obligado a implementar una nueva regulación de precios. 

Estos casos reflejan tres tendencias globales en ascenso durante la última década. La primera, que la política de vivienda ha adquirido una relevancia creciente en las campañas electorales y se ha convertido en un elemento clave en los procesos legislativos. La segunda, que las tensiones y conflictos surgidos alrededor de la política de vivienda están llevando cada vez más a situaciones de ingobernabilidad y crisis políticas. Esto se debe en gran parte al papel que juega el alquiler en las economías contemporáneas. La tercera, que la lucha legislativa ofrece a los nuevos movimientos una oportunidad crucial para influir en los procesos políticos a gran escala. Aunque frecuentemente sus reivindicaciones no son completamente aceptadas o se aprueban solo en parte, esta lucha legislativa se convierte en un instrumento para acumular fuerza y crecer como contrapoder. Un proceso que también genera desafección entre los partidos y sus votantes, lo que puede producir tensiones de representación que conduzcan a crisis políticas.

En este artículo proponemos el concepto de estrategias legislativas contrahegemónicas para analizar las luchas institucionales y legislativas de los sindicatos de inquilinas e inquilinos durante los últimos años. Recurrimos a este concepto porque señala tres elementos clave de la lucha institucional de estos sindicatos:

1. El carácter no estado-céntrico de la acción institucional. Las luchas legislativas no buscan la representación ni la integración institucional. La presión institucional es un repertorio colectivo más entre muchos otros, que está subordinado al conjunto de la acción colectiva. Pero al igual que el resto de repertorios, es fundamental para crecer, acumular fuerzas y que la organización se constituya en contrapoder. 

2. La acción institucional no es un fin, sino un medio. No se promueven leyes bajo la premisa (o espejismo) de que estas garantizarán el pleno derecho a la vivienda. Se trata de promover medidas que interfieran en el proceso de acumulación y de financiarización de la vivienda; de visibilizar los mecanismos y estructuras políticas causantes de las crisis de vivienda y de cómo estas benefician a determinados grupos económicos; de introducir instrumentos que empujen hacia la desmercantilización de la vivienda.

3. La acción institucional como frente de lucha. La lucha institucional constituye un espacio adicional para definir y producir antagonismo. Dentro de este marco, se ocupan sedes de partidos políticos o se señala a determinados actores económicos. Representa un ámbito adicional de confrontación, sin ser ni más ni menos crucial que otros, cuyo abandono significaría desechar una importante herramienta de acción. Al igual que otros frentes de lucha, a través de la contienda institucional, la organización se fortalece, se producen nuevas identidades políticas y procesos de subjetivación y se consolidan instituciones sindicales. En definitiva, la lucha legislativa no se puede percibir aislada del conjunto de repertorios del sindicato. 

Desde esta perspectiva, las acciones de los sindicatos se distancian de las posturas de algunos movimientos sociales que ven al Estado como una entidad monolítica e impenetrable. En contraposición, el concepto de estrategias legislativas contrahegemónicas aboga por considerar la lucha institucional como un elemento clave dentro de la estrategia general de los movimientos. Así, nuestro enfoque también se desmarca de las visiones que tratan al movimiento de vivienda como un lobby enfocado a influir en el marco legislativo, donde los cambios en la legislación son vistos como un fin en sí mismo. En general, la posición del sindicato frente al Estado se puede considerar dentro de una tradición que reconoce al Estado como inherentemente capitalista, pero también como una institución disputada que puede ser influenciada y moldeada por las luchas populares (Jessop, 2016; Poulantzas, 2000; Ouviña, 2011; Thwaites, 2004; Hardt y Negri, 2015; Gutiérrez, 2017; Hirsch, 2020). La lucha de clases y el conflicto capital-vida se expresan también en el interior del Estado, por lo que es posible y necesario intervenir y operar sobre esas contradicciones.

I. Economía de activos y capitalismo rentista
Las economías contemporáneas cada vez se estructuran y estabilizan más mediante el aumento del precio de los activos. En este contexto, el activo se convierte en el eje central de la actividad económica, dando prioridad a la extracción de valor sobre su creación. Así, el proceso de revalorización de activos y la acumulación de rentas a través de su control emerge como condición esencial para la acumulación de capital (Christophers, 2022; Adkins et al., 2020; Birch y Muniesa, 2020). 

En las últimas décadas, el Estado ha jugado un papel crucial en la creación de un marco institucional orientado a convertir la financiarización de la vivienda y la extracción de rentas en una piedra angular de la economía. La resolución de la crisis del 2008 intensificó este proceso, fomentando diversas formas de inversión en vivienda bajo esquemas de Buy-to-let (comprar para alquilar) que reforzaron la condición de la vivienda de alquiler como motor de la acumulación urbana. 

La crisis de 2008 marcó el inicio de una transición gradual de la vivienda en propiedad hacia la vivienda en alquiler. Este cambio propició el surgimiento de lo que hoy se denomina generación inquilina. A medida que esta generación crece, también lo hace el capital invertido en el mercado de alquiler, lo que ha exacerbado que el sector privado cada vez extraiga más rentas de la población que no tiene propiedades. Este proceso está intensificando la explotación secundaria de las y los inquilinos, quienes se enfrentan al incremento de los alquileres, lo que indirectamente disminuye sus ingresos disponibles, agrava sus dificultades económicas y aumenta los desahucios invisibles (expulsiones al final del contrato, sin orden judicial).

De este modo, el arreglo político-financiero implementado para superar la crisis del 2008 generó las condiciones para el surgimiento de nuevas luchas y organizaciones de inquilinos a escala mundial. Muchas de estas señalan directamente al Estado como responsable de su situación, reconociendo las diversas formas en que el Estado ha promovido y extendido estas formas de explotación y expolio. Por eso, para estas organizaciones también es central reivindicar otros marcos legislativos en materia de vivienda que rompan con las políticas neoliberales aprobadas durante las últimas décadas. Se trata de políticas que buscan mitigar la precariedad, la inseguridad y la explotación de los inquilinos e inquilinas, que son contrarias a la lógica de mercado y del capitalismo rentista. Implementar este tipo de medidas significa romper con la tendencia global del neoliberalismo de las últimas décadas, contribuyendo así a la lucha contra la transformación de las viviendas en activos, la extracción de rentas y la financiarización del sector. Es decir, se trata de medidas contrarias al proceso de acumulación y a la reproducción del capitalismo. De ahí las dificultades que tienen estos movimientos para aprobarlas.

II. Organizarse contra el capitalismo rentista
En mayo de 2017, se lanzaron oficialmente el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid y Sindicato de inquilinas-Sindicat de Llogateres de Barcelona. Estas organizaciones surgieron como respuesta al nuevo ciclo especulativo y al incremento abusivo de los alquileres en las grandes ciudades. Su finalidad era organizar y empoderar a las personas inquilinas, convirtiendo sus problemas individuales de vivienda en cuestiones colectivas que se abordan a través de tácticas sindicales de desobediencia civil. El resultado es que estas prácticas impactan directamente en el proceso de acumulación urbana, promueven la creación de contrapoderes y desafían la gobernanza neoliberal en el sector de la vivienda.

La estrategia principal de los sindicatos ha sido la campaña ©. Cuando un contrato de alquiler termina, el propietario o propietaria puede optar por incrementar el alquiler sin límites o pedir a quien lo alquila que abandone la propiedad. Desde 2014, una parte muy grande de los inquilinos e inquilinas se ha enfrentado a una de estas dos situaciones. La táctica del sindicato consiste en rechazar tanto el aumento del alquiler como la desocupación de la vivienda, optando por permanecer en ella y continuar pagando el alquiler original, aunque esto implique estar fuera de contrato. De esta manera, se desafía una ley considerada injusta y la voluntad del o la propietaria de ejercer su derecho a explotar su propiedad mientras cumple con los términos del contrato antiguo y paga el alquiler previo, lo que puede llevar a iniciar acciones legales para desalojar a la persona inquilina. Aunque la batalla judicial es generalmente desfavorable para ésta, ya que suele culminar en un juicio y la consiguiente orden de desalojo, este periodo brinda tiempo para que ella se organice en el sindicato y entre en conflicto con la o el propietario, buscando negociar un nuevo contrato sin incremento en el alquiler.

Cuando un edificio completo es propiedad de un único propietario o propietaria y varias personas inquilinas de dicho edificio se unen colectivamente a la iniciativa #NosQuedamos, el edificio se declara como Bloque en Lucha. Se constituyen como comunidad política y adquieren una enorme potencia. En tales situaciones, todas las personas inquilinas del edificio enfrentan un escenario común: un incremento abusivo del alquiler que no pueden o no desean pagar, o la amenaza de ser expulsadas de sus hogares, todo ello sucediendo en un período de tiempo similar. El proceso de organizarse para enfrentar este conflicto las lleva a percibir su situación menos como un problema individual –la incapacidad de pagar el alquiler– y más como un desafío que solo puede superarse colectivamente a través de la organización.

Una regla de la campaña es que la única negociación posible con la o el casero es colectiva. Esta norma vincula directamente el futuro de una persona con el de sus vecinas, lo que produce un imaginario basado en la idea de que sólo se puede ganar si ellas también ganan. Las y los caseros, por su parte, suelen resistirse a la negociación colectiva y tratan de instaurar negociaciones individuales, ofreciendo soluciones variadas y arbitrarias a diferentes hogares para sembrar la desconfianza y fragmentar el grupo. Sin embargo, a menudo, estas prácticas refuerzan el sentimiento de pertenencia entre personas hasta entonces aisladas. Los edificios se transforman en espacios en disputa. Balcones y ventanas se llenan de pancartas. En urbanizaciones compuestas por varios edificios, las pancartas se extienden de un bloque a otro. Los espacios comunes (entradas, patios, escaleras) dejan de ser lugares de tránsito para convertirse en lugares de encuentro. Los vecinos y vecinas se informan y apoyan mutuamente, se cuidan y comparten los miedos o dudas que puedan tener y se crea un fuerte vínculo entre ellas. Su relación no volverá a ser igual. Como declaró el portavoz de uno de los bloques en lucha, “antes éramos vecinos, ahora somos familia”.

Por lo tanto, la propia experiencia de lucha modifica las relaciones entre inquilinas, dando lugar a formas de organización prefigurativas. Tanto los procesos organizativos como las vivencias cotidianas de lucha y empoderamiento, impulsan relaciones comunitarias que también se constituyen de forma antagónica. Estas no sólo se muestran enormemente eficaces para el desarrollo de los conflictos concretos, sino que hace que las y los inquilinos comiencen a desarrollar formas subjetivas e institucionales propias.

Las campañas de #NosQuedamos y Bloques en lucha constituyen huelgas parciales e indefinidas de alquileres. Durante el tiempo que dura la campaña, se interrumpe parcialmente el proceso rentista. La o el propietario no puede explotar su propiedad con libertad ilimitada ni extraer toda la renta que el mercado y la legislación le permiten; solo una parte. Una acción que incide en el proceso de acumulación y en el precio del activo. Las inquilinas e inquilinos sindicalizados que desafían a sus caseros y a la legislación rentista son una barrera al proceso de acumulación. Sobre todo, en un mercado cuyos mecanismos de fijación de precios están determinados a partir de expectativas de revalorización futura. ¿Qué expectativas puede tener una inversión sobre un inmueble en el que las y los inquilinos se declaran en huelga, desobedecen y no aceptan las subidas? Décadas de legislación neoliberal en materia de vivienda y suelo han consistido en transformar el entorno urbano y las viviendas en activos líquidos. La lucha sindical interrumpe este proceso, haciéndolo mucho más rígido y farragoso. De la misma manera que las huelgas de trabajadores desafiaron y definieron el carácter del capitalismo industrial, estas huelgas de alquileres se erigen como contrapunto al capitalismo rentista, marcando un paralelismo histórico en la evolución de la resistencia social frente a las distintas modalidades de explotación capitalista.

Durante los últimos años, miles de personas se han organizado de esta manera. Muchas han vivido durante años en situación de huelga indefinida, e incluso se han enfrentado a procedimientos judiciales. Pero la mayoría han ganado, aun teniendo la legislación en su contra. De esta forma se ha derrotado a los grandes fondos de inversión que operaban en el país, como Blackstone, Goldman Sachs o Azora, pero también a inmobiliarias de menor tamaño e incluso a caseros que son personas físicas con una sola vivienda en alquiler (las mal llamadas particulares). 

La lógica de estas campañas consiste en señalar que el problema no es la o el inquilino, sino tanto la mercantilización de la vivienda como la legislación que posibilita el proceso rentista. Se parte de que el problema no es que la gente no pueda pagar el alquiler, sino que las y los caseros están legalmente autorizados a subir el precio todo lo que quieran al cabo de unos años, o a desahuciarlos sin motivo. Por lo tanto, la estrategia no consiste en encontrar mecanismos que garanticen la estabilidad en la vivienda de las personas inquilinas de forma individual. Se trata de organizarlas e implicarlas en el sindicato y, a través de la lucha sindical, enfrentarse al rentista y al marco jurídico-legislativo que los ampara, ya que es a partir de la lucha colectiva que se logra la estabilidad habitacional.

Al mismo tiempo, el propio proceso de lucha cuestiona dos elementos centrales de la gobernanza neoliberal. En primer lugar, se visibilizan los mecanismos políticos que sostienen esta situación y cómo, con otro tipo de política, estas situaciones no se producirían. En última instancia, los responsables son aquellos políticos que no están dispuestos a cambiar la ley.

En segundo lugar, se visibiliza el funcionamiento de la estructura rentista y se deslegitima el proceso urbano de acumulación. Además, se cuestiona el derecho de los caseros y caseras a disponer de su propiedad libremente (a subir los precios, a expulsar a los inquilinos e inquilinas o a mantenerla vacía). La organización sindical consigue transformar una acción defensiva –defender al inquilino–, en un proceso ofensivo –cuestionar el capitalismo rentista y sus mecanismos políticos, jurídicos y económicos de articulación–. Desde esta perspectiva, la solución al problema no pasa por ayudar a la persona afectada, sino por modificaciones legislativas y políticas que, de llevarse a cabo, supondrían un cambio profundo en el sistema. 

El éxito de estas campañas también se debe a la fuerte presencia que han tenido en los medios de comunicación. Desde sus inicios, sindicatos de inquilinas e inquilinos han conseguido situar sus conflictos y reivindicaciones en la agenda mediática. Una parte importante de los conflictos del sindicato han pasado por programas de máxima audiencia de todas las televisiones del país. La lógica en estas siempre ha sido la misma: se parte de una situación defensiva –el derecho de la persona inquilina a no aceptar una subida abusiva–, para convertirla en una acción ofensiva: impugnar el capitalismo rentista como única forma de solucionar el problema de vivienda. 

La fuerte presencia mediática ha permitido visibilizar los mecanismos y estructuras políticas del capitalismo rentista, señalando a partidos políticos, gobiernos, cargos públicos o instituciones como los responsables finales de la crisis. Al mismo tiempo, se han propuesto y difundo soluciones políticas alternativas, contrarias a las políticas neoliberales de las últimas décadas. En estas intervenciones también se han cuestionado los principios básicos de la economía capitalista, tanto el derecho a la propiedad privada como la legitimidad del rentismo.

El éxito de estas intervenciones radica en conseguir su amplia aceptación y respaldo por parte de la sociedad. Son numerosos los ejemplos en los que estos discursos mediáticos, que desafían la estructura económica y política establecida, han recibido un apoyo social considerable. Un caso muy ilustrativo fue el del Bloque en Lucha de Argumosa 11, situado en el barrio madrileño de Lavapiés. En un país caracterizado por un fuerte racismo sistémico, un grupo de familias gitanas que habitaba cuatro viviendas del edificio había dejado de pagar el alquiler, ya que el casero les echaba para aumentar el precio de los alquileres un 300 %. La organización y campañas en torno a este bloque fueron enormes y todo el proceso contó con una enorme presencia en medios. El día que se produjo el desahucio, que duró horas, los principales medios de comunicación realizaron conexiones permanentes en directo, incluso conectando con las retransmisiones desde la cuenta del sindicato. Fruto de meses de lucha, ese día se logró imponer un sentido común contrahegemónico. La legislación y el derecho a la propiedad quedaron relegados ante la convicción de que esas familias no debían ser desahuciadas. Este sentimiento fue incluso co-creado y propagado por las principales cadenas de televisión. Los desahucios en Argumosa 11 ejemplifican cómo la lucha de los sindicatos puede desestabilizar los consensos ideológicos que sustentan el capitalismo rentista, desafiando sus bases y exponiendo sus fisuras.

Al trasladar sus luchas a los medios de comunicación, se han promovido discursos y visiones que confrontan directamente las premisas del capitalismo rentista. Estas acciones representan el germen de un nuevo sentido común que cuestiona el papel de la vivienda en nuestras sociedades, la legitimidad del rentismo, ciertas modalidades de propiedad privada o la acumulación de propiedades. Dichas narrativas impulsan marcos culturales que impugnan la mercantilización de la vivienda y deslegitiman las políticas existentes, al tiempo que buscan apoyo para medidas alternativas que se presentan como soluciones al problema, pero que intrínsecamente desafían las estructuras político-económicas del neoliberalismo. 

III. La lucha legislativa forma parte de la lucha de clases
Las huelgas de las y los inquilinos y las campañas de Bloques en lucha y #NosQuedamos, al igual que los usos estratégicos de los medios de comunicación, son cruciales para los sindicatos como ejes de organización sindical. Sin embargo, es imprescindible utilizar otros repertorios de acción para ir más allá del conflicto específico y que los sindicatos se constituyan como contrapoder. Además de estas campañas, se pueden identificar al menos otros seis repertorios de acción: 

1. Ofrecer asesoramiento con el objetivo de informar a los inquilinos e inquilinas, pero sobre todo con el objetivo de que se organicen ante su casero;

2. Acciones directas de denuncia contra caseros, inmobiliarias, corporaciones o administraciones públicas, que por lo general pasan por la ocupación de sus oficinas o sedes; 

3. Estrategias de acción sindical, como las Brigadas inquilinas, que consisten en mapear el territorio, los bloques, realizar puerta a puerta y establecer puntos de información, con el objetivo de impulsar nuevos procesos de organización sindical y de conflicto; 

4. Manifestaciones y concentraciones de diversa índole a escala urbana, autonómica y estatal; 

5. Alianzas con otros colectivos en torno a luchas clave, como el Primero de Mayo, la turistificación, los pelotazos urbanísticos o conflictos internacionales como el genocidio en Palestina; 

6. Luchas legislativas para lograr cambios estructurales en el sistema de vivienda. 

A continuación, vamos a detenernos en este último repertorio. 

Desde la creación de los sindicatos, ha sido prioritario influir e incluso redactar las políticas de vivienda con el fin de cambiar la legislación. Pero nunca ha sido un fin por sí mismo, sino un elemento más de la estrategia integral de los sindicatos, por lo que la acción de los sindicatos se configura como no estado-céntrica (Gutiérrez, 2017). El objetivo no es la representación ni la integración institucional. La intención primordial es impulsar luchas en defensa de las y los inquilinos, y que el dinamismo de la lucha en sí catalice la creación de instituciones sindicales que refuercen la organización. Una lucha solo se gana si crece y se expande hacia distintos ámbitos, por lo que adopta distintas formas. En este sentido, la lucha legislativa no se contempla como un objetivo último, sino como una vía más dentro de un abanico de estrategias de confrontación. Tal como se expuso en el apartado previo, los sindicatos transforman una acción defensiva en un proceso ofensivo por medio de organizar a los inquilinos e inquilinas colectivamente, bajo tácticas sindicales y luchas prefigurativas que no solo buscan cambios inmediatos, sino que también fomentan la subjetivación y la cristalización de identidades políticas. Cada lucha, además, es un medio para fortalecer al sindicato, desarrollar instituciones sindicales y acumular fuerzas (aumentar la base de militantes, llegar a nuevos territorios o crecer en afiliados). 

A través de la organización frente a infinidad de rentistas e inmobiliarias, el sindicato es capaz de organizar conflictos y lograr múltiples victorias concretas. Mediante la lucha legislativa, el sindicato traslada el antagonismo al seno del Estado con el fin de universalizar esas victorias, pues este es quien moldea y estructura todas las relaciones de explotación entre las y los inquilinos y rentistas. Por poner un ejemplo, entre 2018 y 2020, la campaña #EnsQuedem (#NosQuedamos) en Catalunya logró limitar los precios en más de 2.000 contratos de alquiler. Tras elaborar e impulsar la ley catalana de regulación de los alquileres, el sindicato logró más de 140.000 nuevos contratos a precio igual o menor (los que se firmaron entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, mientras estuvo vigente la ley).

Por supuesto, las propuestas legislativas sindicales no son fácilmente integrables. Forman un corpus de medidas que en su conjunto promueven la desmercantilización integral de los sistemas de vivienda y de suelo, y en ese sentido son antagónicas con el Estado. Además, todas aquellas que se convierten en norma son boicoteadas de facto por el capitalismo rentista y por las propias administraciones, que raramente velan por su cumplimiento. Pero esto no es una expresión de las limitaciones intrínsecas a la batalla legislativa –ni siquiera del aparato institucional–, sino de la desigual correlación de fuerzas entre la patronal inmobiliaria y los sindicatos, lo que obliga a los últimos a establecer alianzas y aprovechar estratégicamente los cambios de contexto y las estructuras de oportunidad política para ensanchar los límites de lo posible. Dicho fácil, los contenidos de las leyes y sus posibles aplicaciones son una expresión más de la lucha de clases. La capacidad de crecer como contrapoder real pasa, en buena medida, por articular la batalla contra el rentista que te asfixia, con la pugna contra el ministerio de economía, que es su máximo garante.

IV. Victorias legislativas más allá de la ley
A pesar de que los sindicatos, en alianza con otros colectivos, han logrado que se aprueben políticas contrarias a la lógica del capitalismo rentista en el sector de la vivienda, estas iniciativas han sido relativamente limitadas y están lejos de cumplir con los objetivos de los sindicatos. Sin embargo, como movimiento no estado-céntrico, donde la lucha legislativa es solo uno de múltiples repertorios de acción, el éxito de estas luchas no puede evaluarse únicamente en términos de logros legislativos. Es necesario analizarlas en términos más amplios. Bajo esta perspectiva, podemos identificar tres impactos principales derivados de la lucha legislativa de los sindicatos.

1. Influir en el proceso de acumulación y financiarización del entorno construido
Las políticas de vivienda impulsadas por el sindicato son medidas que influyen en la intensidad con la que una vivienda en alquiler funciona como un medio para la acumulación de capital. Regular, congelar o bajar el precio de los alquileres; alargar la duración de los contratos; los impuestos especiales a la vivienda vacía; eliminar los privilegios fiscales de los inversores (las Socimi 2/, Golden Visa) o de las y los caseros que son personas físicas; prohibir los alquileres turísticos y regular los contratos temporales; dilatar los procedimientos por desahucio o aumentar los derechos de las y los inquilinos de cualquier forma, son todas ellas medidas que influyen en la circulación del capital a través de la vivienda en alquiler y, por lo tanto, en la revalorización de las propiedades inmobiliarias. Estas medidas reducen la liquidez de la vivienda como un activo financiero, reducen las plusvalías inmobiliarias que se extraen, aumentan los tiempos de rotación del capital y, por lo tanto, influyen en las expectativas de revalorización futura de los activos. Además, son contrarias a las reformas políticas que transformaron la crisis de 2008 en un nuevo ciclo de acumulación inmobiliaria, por lo que interfieren y crean barreras al desarrollo del arreglo político-financiero impulsado tras la crisis 2008 por el Estado español y la Unión Europea.

De esta manera, las estrategias legislativas de los sindicatos suponen un problema para una economía articulada sobre la revalorización de los activos y la extracción de rentas. Tomemos el ejemplo de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2019, primera batalla legal del ciclo. En diciembre de 2018, el PSOE, de forma unilateral, reformó por decreto la LAU. Los sindicatos se posicionaron en contra de la medida y fueron actores clave de presión para que el Congreso votara en contra en enero de 2019: se realizaron acciones, se ocupó la sede del PSC en Catalunya, se presionó a los partidos para que votaran en contra y se deslegitimó la reforma en los medios de comunicación. Un mes más tarde, tras los desahucios de Argumosa 11, se volvió a negociar una nueva LAU que sí incluyera reivindicaciones de los sindicatos. Esta fue aprobada en marzo de 2019 y, entre otras medidas, prohibía las subidas de los alquileres mientras los contratos estuvieran vigentes (solo se podrían actualizar vinculados al IPC), y se amplió la duración de los contratos de alquiler de 3 a 5 o 7 años (dependiendo de si el propietario era una persona física o jurídica, respectivamente).

La reforma de 2019 revirtió un elemento clave del arreglo político-financiero aprobado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2013 (acuerdo por el que se buscaba transformar la crisis de vivienda en un nuevo ciclo inmobiliario). Antes de 2013, una Socimi, para beneficiarse de privilegios fiscales, debía mantener la vivienda en alquiler y en propiedad durante al menos 7 años (un periodo demasiado rígido para las necesidades del capital oportunista que luego llegaría a España). La reforma del 2013 redujo el periodo a un mínimo de 3 años, por lo que se tuvo que reformar también la LAU con el fin de acoplarla a la nueva legislación de las Socimi, reduciendo los contratos de alquiler de 5 a 3 años (Gil y Martínez, 2022). La nueva LAU, al alargar los contratos a 5-7 años, dificultaría la circulación de capital por el mercado del alquiler español, al reducir su tasa de rotación y, por tanto, sus oportunidades de inversión; especialmente para inversiones altamente oportunistas y especulativas basadas en comprar barato y vender caro, y beneficiarse de la revalorización del inmueble en periodos cortos.

Los resultados fueron inmediatos. Un ejemplo entre otros: ese mismo año, Domo Gestora, una Socimi con dos años de vida, decidió abandonar el régimen legal de las Socimi por la ampliación de la duración de los contratos. El modelo de la empresa se basaba en “mantener las viviendas tres años en alquiler y luego venderlas, obteniendo así unos retornos y unos dividendos estimados para los accionistas que, ahora, al obligarla a tener siete años los pisos en renta, han saltado por los aires” 3/. La reforma de la LAU de 2019 es muy ilustrativa de cómo el uso de múltiples repertorios por parte de un movimiento puede incidir en el sistema legislativo y afectar a las posibilidades de acumulación a través del alquiler de viviendas.

La fuerte lucha legislativa de los sindicatos provocó una reacción en el bloque financiero-inmobiliario, forzándole a una mayor coordinación. Este bloque, liderado por fondos buitre como Blackstone, ha reaccionado creando nuevas organizaciones y unificándolas a todas bajo una sola patronal inmobiliaria (FIABCI), lanzando fuertes campañas de lobby contra las propuestas legislativas de los sindicatos, fichando a figuras clave del PSOE y difundiendo mensajes catastrofistas contra cualquier medida que interfiera en su negocio. De hecho, se ha convertido en un actor clave contra cualquier legislación que pretenda limitar las posibilidades de acumulación en el entorno construido.

La reorganización de la patronal y sus múltiples maniobras, cada vez más coordinadas, es también una prueba de que, a pesar de sus límites, las estrategias legislativas contrahegemónicas han tenido fuertes efectos. El ejemplo más claro es la manera en la que el bloque de poder rentista ha tenido que maniobrar para responder a las regulaciones introducidas por los sindicatos en las leyes de 2020 (ley catalana) y de 2023 (ley estatal). Los sindicatos golpearon primero, logrando que el Estado aceptase limitar (y bajar) el precio del alquiler, así como prohibir los honorarios de las inmobiliarias. La patronal respondió luego, logrando que el Estado no tocase los alquileres de temporada, que es la fórmula que está utilizando para seguir evitando todas las nuevas protecciones inquilinas. Como dijo un alto funcionario, “había que dejarles una vía de escape”. Frente a estos procesos, es preciso evitar lecturas categóricas sobre los contenidos de las leyes y entender que la batalla legislativa es parte constitutiva de la lucha de clases, como lo es cualquier conflicto sindical. 

2. Herramientas de la lucha sindical
Las reivindicaciones legislativas de los sindicatos son un medio para acumular poder sindical, ya que permiten abrir nuevos conflictos, intensificar las luchas y ampliar el alcance de los conflictos, lo que también se traduce en un crecimiento territorial del sindicato, de sus recursos, de sus miembros y de sus afiliados. 

Volvamos a la reforma de la LAU de 2019. Esta reforma amplió la duración de los contratos de alquiler de 3 a 5-7 años. Pero también extendió, de 1 a 4 meses, el plazo que tienen las y los caseros para avisar a las personas inquilinas de la no renovación de su contrato. Con esta reforma, el plazo mínimo para organizar a las personas afectadas se multiplica por cuatro, lo que crea un contexto mucho más favorable para la organización y la lucha inquilina. Además, al aumentar los años de contrato, aumenta el grado de conquista de la y los inquilinos: ampliar el contrato de alquiler de 3 a 5-7 años es un objetivo que hace que merezca más la pena enfrentarse al casero o casera y unirse al #NosQuedamos, porque la recompensa de la lucha es mayor (un periodo más largo de estabilidad segura en la vivienda). Por lo tanto, ampliar la duración de los contratos crea un contexto más favorable para la organización y lucha. 

Otros ejemplos son la prohibición en 2019 de cobrar honorarios inmobiliarios a las grandes propietarias y de la apropiación indebida de fianzas, o la limitación en las actualizaciones de los precios de alquiler al 2 %. A pesar de que muchas de ellas intentaron evadir estos límites para incrementar sus ingresos, igualmente se generó una situación que brindó a los sindicatos la oportunidad de lanzar nuevas campañas y abrir nuevos frentes de lucha. Esto les permitió extender su alcance a más personas, enfrentarse a más rentistas, organizar más bloques en lucha y aumentar su base militante y afiliativa. 

Así, estos cambios legislativos fortalecieron la posición política de los sindicatos como contrapoder sindical, permitiéndoles crecer y acumular fuerza social de diversas maneras. 

3. Impulsar crisis de representación
Los sindicatos han ejercido una influencia decisiva para forzar a partidos políticos y gobiernos de todos los niveles administrativos a definir su postura en relación con las políticas promovidas por ellos. Esto se ha logrado a través de una combinación de estrategias: campañas continuas, una presencia notable en los medios de comunicación y una variedad de acciones políticas, incluida la presentación de propuestas legislativas propias. Quienes se resisten a adoptar estas políticas son públicamente señalados como responsables de los problemas de vivienda. En algunos casos, esto ha llevado a la organización de protestas y ocupaciones en las sedes de sus partidos, e incluso a la realización de escraches a sus dirigentes. 

Por medio de estas campañas se definen marcos culturales antagónicos en relación a la cuestión de la vivienda y el papel de los partidos y gobiernos. Se plantea en términos dicotómicos: o se apoya a las y los inquilinos, que suelen ser de los sectores de menores ingresos, o se favorece a los fondos de inversión y a las y los caseros que son personas físicas, que generalmente pertenecen a los estratos de mayores ingresos. Esta narrativa posiciona a los gobiernos y partidos políticos como entidades que sirven principalmente a los intereses de los rentistas y del bloque financiero-inmobiliario. En definitiva, queda evidenciado que la posibilidad de implementar cambios legislativos que aborden eficazmente la cuestión de la vivienda está intrínsecamente ligada a la voluntad política. Esta realidad pone de manifiesto que ciertos partidos y gobiernos muestran reticencia o falta de disposición para llevar a cabo dichos cambios.

De este modo, las estrategias legislativas contrahegemónicas emprendidas por los sindicatos desencadenan dos procesos paralelos. Primero, erosionan la legitimidad y el respaldo social de ciertos partidos y gobiernos en lo que respecta a políticas de vivienda. Segundo, promueven el surgimiento de un nuevo sentido común en torno a la vivienda, que coloca a algunos partidos políticos y gobiernos en un plano de responsabilidad compartida por los problemas de vivienda, al mismo nivel que las instituciones financieras, las rentistas o las especuladoras. Este panorama conduce a un proceso de desafección entre los partidos y su electorado, lo que potencialmente podría culminar en crisis de representación. 

Esta dinámica se hizo evidente cuando el PSOE, tanto a nivel estatal como en Catalunya, bloqueó inicialmente las propuestas del sindicato para que se regulara el precio de los alquileres. Sin embargo, una vez que la medida fue aprobada en Catalunya, todos sus principales municipios optaron por aplicarla, a pesar de tener la opción de no hacerlo. Asimismo, en los grandes municipios de Madrid donde el PSOE gobernaba en coalición con Podemos, se aprobaron las mociones promovidas por el sindicato a favor del control de alquileres, mientras que la ejecutiva nacional se mostraba contraria a la medida. De hecho, en marzo de 2023, el Grupo Prisa publicó una encuesta que mostraba que más del 80 % del electorado del PSOE estaba a favor de limitar la subida de los precios de los alquileres 4/. De esta manera, la batalla legislativa emprendida por los sindicatos tiene un doble componente: por un lado, desgasta a los políticos y partidos que se posicionan con el bloque rentista y, por otro, contribuye a forjar un nuevo sentido común en materia de vivienda entre las y los electores de estos partidos, orientándolos hacia posturas más radicales.

De este modo, las batallas políticas emprendidas por el sindicato pueden contribuir a la formación de un proceso más amplio de crisis de representación. Estas dinámicas funcionan como catalizadoras de crisis hegemónicas más extensas dentro del bloque dominante, las cuales pueden provocar estallidos sociales que, eventualmente, desencadenen cambios sociales y estructurales profundos. Aunque estos procesos se gestan al margen de la acción directa de los sindicatos, a través de dinámicas sociales que los superan, los sindicatos pueden contribuir a su formación cuando su lucha legislativa desgaste y tensione las estructuras políticas y de representación.

V. Horizontes prefigurativos desde la lucha por la vivienda
Desde la crisis financiera de 2008, la vivienda en alquiler se ha establecido como un eje central en los procesos de acumulación. Paralelamente, la generación inquilina ha emergido como un nuevo grupo social objeto de explotación. De este modo, la vivienda en alquiler no solo se ha transformado en un motor de desigualdad, sino también en un foco de tensiones y conflictos sociales. En este escenario, surgen a nivel mundial nuevas luchas y organizaciones de inquilinos e inquilinas de diversos tipos. Dichas iniciativas desempeñan un papel crucial en la intervención del proceso de acumulación y en la transformación de las relaciones de explotación de de las y los inquilinos en crisis políticas. 

En este contexto, la lucha legislativa se erige como un frente esencial e ineludible del movimiento de vivienda. Esta permite abrir nuevas vías de lucha, interfiriendo en los procesos de acumulación, erosionando las estructuras y mecanismos de representación y desposesión, y propiciando el crecimiento de los sindicatos como organizaciones populares contrahegemónicas.

En este artículo hemos abordado el concepto de estrategias legislativas contrahegemónicas para analizar la lucha institucional de los Sindicatos de inquilinas e inquilinos. Consideramos que es un concepto que ayuda a comprender, contextualizar y reflexionar sobre aquellas situaciones en que las luchas por la vivienda se transforman en batallas clave contra el capitalismo rentista y las estructuras políticas que lo sostienen. Por eso, es un concepto que trasciende el caso español. Posiblemente, Berlín es el ejemplo más destacado: allí se ha logrado hundir en bolsa a los grandes caseros del país y establecer barreras significativas a la inversión urbana, creando incertidumbre sobre las posibilidades futuras de acumulación en la ciudad. Además, se ha desplazado a las posiciones políticas hacia postulados próximos a la intervención del mercado y se ha desgastado a los partidos adheridos a la política neoliberal (siendo el SPD el más afectado, que incluso ha perdido la alcaldía de la ciudad). También se han establecido nuevos marcos culturales en relación con la intervención y regulación del mercado, en los cuales la expropiación masiva a grandes propietarias se ha consolidado como una solución respaldada por la mayoría de las y los votantes. Este respaldo sin precedentes a una medida de tal magnitud evidencia la capacidad de los movimientos de transformar una reivindicación propia, que impugna las estructuras del capitalismo rentista, en una reivindicación asumida por las mayorías sociales, que además apunta hacia nuevos modelos de organización social.

En Berlín, todo esto se ha logrado trascendiendo las dinámicas de guetificación típicas de muchos movimientos sociales, superando diversas contradicciones, formando sólidas alianzas incluso con actores no siempre ideales, y convirtiendo la lucha institucional y el Estado en un ámbito en disputa, lo que ha posibilitado que la plataforma por la expropiación se establezca como un significativo contrapoder urbano (con una notable expansión territorial y una sólida estructura sindical).

En el Estado español, el movimiento de vivienda está fuertemente dividido en relación a la lucha institucional. Muchos colectivos reniegan de este frente de lucha, al considerarlo exclusivamente como estrategias de lobby ciudadano. Desde nuestra perspectiva, las estrategias legislativas contrahegemónicas son una forma necesaria para pensar la lucha institucional que, por medio de subordinar la lucha legislativa a la lucha general, potencia los resultados y éxitos del conjunto de luchas. Pero, sobre todo, es fundamental considerar estos aspectos en un contexto en el cual el capitalismo prioriza cada vez más el rentismo, al tratarse de su principal mecanismo de reproducción. En este escenario, las luchas legislativas en materia de vivienda se vuelven centrales, no solo como herramientas de emancipación social y de impugnación del orden constituido, sino también como medios para hegemonizar políticas que supongan una ruptura con el capitalismo rentista y prefiguren horizontes en los que la vivienda, al igual que el resto de bienes necesarios para la vida, estén fuera del mercado.

*Este artículo parte de debates y experiencias colectivas de los autores en los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, pero no representan la posición oficial de estas organizaciones. Este análisis forma parte de una investigación más amplia de los autores sobre los impactos y formas de la lucha legislativa del movimiento por la vivienda en el Estado español.

Javier Gil es miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, investigador del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (UNED). 

Jaime Palomera es miembro del Sindicat de Llogateres de Catalunya, investigador del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).

Referencias
Adkins, Lisa; Cooper, Melinda y Konings, Martijn (2020) The asset economy. Nueva Jersey: John Wiley y Sons.

Birch, Kean y Muniesa, Fabian (2020) “Introduction: Assetization and technoscientific capitalism”, en Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism, editado por Kean Birch y Fabian Muniesa, Massachutsetts: The MIT Press, pp. 1-41.

Christophers, Brett (2022) Rentier capitalism: Who owns the economy, and who pays for it? Londres-Nueva York: Verso.

Gil, Javier y Martínez, Miguel A. (2022) “El Estado y la financiación de la vivienda en España tras la crisis de 2008”. Jueces para la democracia, 104, pp. 71-86.

Gutiérrez, Raquel (2017). Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas, Madrid: Traficantes de Sueños.

Hirsch, Joachim (2020) “Despertando a los perros muertos: Entrevista”, en Estado y capital: el debate alemán sobre la derivación del Estado, Madrid: Dado, pp. 541-46.