Julián Bilmes explica cómo el gobierno argentino está enajenando el Atlántico Sur.

 — El Tratado Antártico, ¿es una solución efectiva o es una bomba de tiempo que posterga un conflicto inevitable?

 — Es una de las preguntas que circulan en las discusiones internacionales de gobernanza y en particular en el ámbito Antártico, porque fue una solución que se alcanzó en el marco de un orden mundial que ya ha entrado en descomposición aguda. La literatura mainstream habla de que hay potencias revisionistas —es la forma de referir a China y a Rusia— que discuten el ordenamiento mundial y sobre todo la cuota de poder que les ha tocado en el reparto institucional de las competencias en el sistema internacional. Las tensiones que se vienen multiplicando en los últimos años en distintos niveles y distintos ámbitos, impactan también en este sistema de gobernanza tan particular. Se habla de Sistema del Tratado Antártico porque a la firma del tratado en los años 60 se fueron sumando distintos protocolos específicos, por ejemplo, para la conservación de recursos minerales o fauna, como focas o peces. Entonces hay todo un conjunto de protocolos que conforman el sistema, con determinados mecanismos e instrumentos de gobernanza. Sin embargo, lo que hay que observar es que, según los mecanismos institucionales, el Sistema del Tratado Antártico no tiene vencimiento: es de acuerdo al consenso de los miembros que se pueden modificar las regulaciones del mismo y, en general, se precisa de mayorías fuertes para la consecución de estos consensos. Después puede haber iniciativas de los distintos miembros para cambiar las metodologías de votación en el marco del sistema. Eso es algo que ha planteado, por ejemplo, Mariano Memolli como una potencial motivación esta noticia tan llamativa del Daily Telegraph en 2024 acerca del descubrimiento de petróleo ruso, que podrían llegar a querer impulsar un cambio en el sistema de votación para pasar de mayorías especiales a mayorías simples para las modificaciones que hubiera que hacer. Ahora, teniendo en cuenta esta idea que se suele esgrimir respecto al año 2048, lo que hay que considerar es que ese es el año al que llega la actual letra de como se estableció el Protocolo de Madrid —o Protocolo sobre Protección al Medio Ambiente— sobre todo pensando en recursos mineros e hidrocarburíferos, firmado en 1991 y en vigor desde 1998. En 2048 lo que se abre no es un vencimiento, sino la posibilidad de que cualquiera de los miembros del Sistema del Tratado pueda solicitar la modificación de alguno de los términos institucionales o normativos de ese Protocolo de Madrid. Por lo tanto, todo esto está teñido por una utilización política de acuerdo a los fines geopolíticos, que va poniendo en tensión o en entredicho la gobernanza del Tratado Antártico, abriendo una sospecha sobre cómo puede ser su funcionamiento futuro, si va a seguir de esta manera o si hay grandes potencias que pueden salirse y pueden desobedecer su mandato. Eso es una pregunta abierta.

— Respecto a los reclamos de soberanía entre Chile, Argentina y el Reino Unido, especialmente estos dos últimos cuyos territorios se superponen ¿qué diferencias existen entre sus fundamentos?

— Efectivamente, los reclamos territoriales de Argentina, Chile y Reino Unido se solapan: parcialmente, en el caso entre Argentina y Chile, y de forma total entre Argentina y el Reino Unido. En la actualidad, la forma de defender el reclamo de soberanía pasa por el instrumento científico y logístico. No están permitidas las bases militares, sino que se trata de bases científicas donde las fuerzas armadas de cada país cumplen el rol de soporte logístico para el desarrollo de distintas actividades. Si miramos esa dimensión, Argentina es uno de los países más importantes en cuanto a la presencia antártica. Desde 1904 es el país con la presencia más antigua, permanente e ininterrumpida, y actualmente cuenta con trece bases en el continente, siete permanentes y seis temporales. Además, es sede del Sistema del Tratado Antártico desde el 2004 y fue el primer país del mundo en crear un instituto de investigaciones científicas abocado específicamente a la actividad antártica -el Instituto Antártico Argentino- en la época del gran despliegue antártico, o “el salto polar antártico” como lo llama el historiador Pablo Fontana, en la época del liderazgo del Coronel Pujato, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. En comparación, el Reino Unido es un actor importante, pero tiene menos bases, solo cinco. Por otro lado, nuestro hermano país Chile está avanzando también fuertemente desde el eje Punta Arenas-Puerto Williams con un corredor que pasaría a ser una interconexión de transporte y logística moderna y aceitada para desde ahí fortalecer la posición de puerta de entrada de las expediciones científicas y de la actividad turística que se desarrolla en la Antártida. Sin embargo, lo que se advierte en la actualidad es que hay un conjunto de desafíos importantes para la presencia y proyección argentina, dado, en primer lugar, el desfinanciamiento masivo que está sufriendo la ciencia, la tecnología, la universidad, todo ese complejo del conocimiento que en nuestro país está siendo diezmado por las políticas de recorte, desmembramiento y paralización que está llevando adelante el actual gobierno nacional, presidido por Javier Milei. A la vez, hay un conjunto de cuestiones que hace también a los accesos y a la logística.

Se está dando una carrera por constituir la principal puerta de entrada a la Antártida, y el extremo sur del continente americano es el escenario principal para eso. El Reino Unido, ha utilizado su enclave colonial en Malvinas como puerta de entrada principal. De hecho allí es donde funciona el British Antarctic Service, un instituto que abarca tanto las bases en la península antártica como las Islas Georgias del Sur.  Y Argentina, que históricamente ha tenido la puerta de entrada más cercana y con mayores facilidades, que es Ushuaia, si bien ha propuesto algunas medidas importantes como constituir una base naval conjunta que haga las veces el polo logístico antártico, en la actualidad también está quedando rezagada por las actuales políticas del gobierno nacional. De hecho, sin ningún disimulo, el gobierno de Milei, en las reiteradas visitas que el Comando Sur de Estados Unidos ha hecho a nuestro país, ha expresado en más de una ocasión su voluntad de que esa base —un proyecto que se había empezado a llevar adelante en el año 2022 en Ushuaia de forma conjunta entre las tres Fuerzas Armadas argentinas, no con ninguna otra potencia extranjera— sea compartida con Estados Unidos, en el marco de su alineamiento automático y totalmente sumiso para con los intereses de la potencia norteamericana e Israel y su complacencia con el Reino Unido.

En este sentido, el gobierno ha firmado también el Acuerdo Mondino-Lammy, en el año 2024, que retoma el acuerdo Foradori-Landa de 2016 y el espíritu en general de los acuerdos de Madrid del ‘89 y ‘90, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Esto, en definitiva, constituye una facilitación de los costos de la ocupación, operando y brindándole al Reino Unido información estratégica. La última dimensión tiene que ver con el terreno estrictamente diplomático. Se viene observando con fuerza en los últimos años cómo el Reino Unido utiliza mecanismos de poder blando, o soft power, para proyectar su poder en la Antártida y el Atlántico Sur a través de determinados instrumentos de orden cultural, educativo y científico, llevando a una instrumentalización geopolítica de la cuestión ambiental y la ciencia. Por poner un ejemplo, sustentan desde la geología que las Malvinas no forman parte de la plataforma continental argentina y que en realidad son un desprendimiento de hace millones de años del continente que hoy en día es África. A la vez, han construido un aparato importante en términos científicos, tecnológicos y ambientales, como es el Instituto de Investigación Ambiental del Atlántico Sur (SAERI, por sus siglas en inglés), fundado en el 2012 como una dependencia de el gobierno ilegal de las Islas Malvinas, y que hoy en día viene impulsando una integración a redes académicas y científicas globales. De hecho, es el Instituto que elaboró el informe de impacto ambiental del actual proyecto Sea Lion, o León Marino, para que los británicos por primera vez en la historia pasen a extraer petróleo en una reserva muy importante a nivel mundial, como es el de la cuenca norte de Malvinas. Por lo tanto, se ve por parte del Reino Unido una estrategia importante que articula distintas dimensiones.

Para hacer frente a esto, nuestro país había instituido en el año 2014 la iniciativa Pampa Azul, un programa estratégico de articulación interministerial e interinstitucional para coordinar las distintas capacidades científicas que hemos construido y que hacen a la agenda de los espacios marítimos en función de una política que tenga que ver con el interés nacional y con un desarrollo sostenible, seguro y soberano en los espacios marítimos que tenga impacto sobre todo el Atlántico Sur. Sin embargo, esa es otra de las cosas que este gobierno ha paralizado y que ha desmembrado conjuntamente, por ejemplo, con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un fondo que estipulaba de dónde iban a provenir los recursos para la modernización y el reequipamiento en el instrumento militar, no con ningún fin bélico o expansionista, sino de defensa, en un mundo que está sufriendo una escalada bélica, y logísticos, en tanto son las fuerzas armadas las que brindan el soporte para que se pueda garantizar y materializar toda la actividad antártica argentina. Por lo tanto, vemos un cuadro mucho más amplio y complejo donde las actuales políticas de este gobierno nos están afectando muy fuertemente en las capacidades argentinas para su proyección antártica.  

— Respecto al proyecto Sea Lion me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué grado de avance tiene, pero principalmente me interesa el hecho de que se trata de un proyecto con participación de capitales israelíes. Es de público conocimiento que nuestro presidente, Javier Milei, visitó tres veces el país de Medio Oriente en dos años de gestión ¿cómo impacta esto nuestro reclamo de soberanía?

 — El alineamiento que está teniendo el actual gobierno con Israel es algo totalmente nocivo para la causa Malvinas en términos diplomáticos porque está implicando un conjunto de acciones y votaciones en las Naciones Unidas que están generando mucho malestar y enojo en agrupamientos de países que en años anteriores habían manifestado su apoyo a la Argentina en su reclamo, lo que potenciaba una política para volver a dotar a Malvinas de una gravitación como causa regional y global, desplegada fundamentalmente durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. A partir de esta, un importante número de bloques, tanto latinoamericanos —MERCOSUR, UNASUR, CELAC o ALBA— como africanos y árabes habían manifestado su apoyo por Argentina. Ahora el alineamiento que está teniendo Argentina con Israel está generando un malestar que afecta el apoyo diplomático de un grupo de países importante. Sucede con los países árabes y, recientemente, con la votación junto con Estados Unidos e Israel, casi en solitario, contra la posición que habían llevado los países africanos para condenar la esclavitud como un acto de lesa humanidad, un bloque de naciones que habían manifestado su apoyo fuerte a la cuestión Malvinas. Por otro lado, el alineamiento con Israel también comienza a despertar una preocupación y molestia por parte de distintos actores de la sociedad civil, por el avance decidido que está teniendo el consorcio empresarial que está a cargo del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas, un área que los británicos han expandido de forma unilateral y desconociendo todas las disposiciones de las Naciones Unidas.

El consorcio empresarial está constituido por una empresa israelí, Navitas Petroleum, y una británica, Rockhopper Exploration, y están avanzando con pasos muy decididos para por primera vez en la historia pasar a la extracción de petróleo en esas aguas. Estamos hablando de un proyecto considerado “de clase mundial”, es decir, uno de los más importantes en el mundo en sus proyecciones al tratarse de petróleo offshore, lo cual implica dificultades logísticas, operativas y mayores costos que derivan en un alto precio de barril. Es algo relativamente afín a lo que pasa con el petróleo del que estábamos hablando antes en la Antártida, en el mar de Weddell, ya en territorio Antártico, aunque este tiene unos costos logísticos, por sus dificultades, mucho mayores. En el 2021, la empresa israelí Navitas le compró la participación mayoritaria al anterior controlante, la empresa Premier Oil, y desde entonces es la está dando los pasos más firmes para iniciar, hablando actualmente de que podrían iniciar con la extracción hidrocarburífera entre el año 2027 y 2028.

La decisión final recae en los grandes capitales que financiarían a estas dos grandes petroleras y actualmente están dando los últimos pasos en términos financieros, logísticos, de desarrollo de proveedores, del empleo necesario, es decir, ultimando detalles. Esto activó alertas por parte de distintos actores políticos y sociales de nuestro país por el silencio que venía habiendo del gobierno argentino; por la complicidad que venía habiendo para con este saqueo de recursos naturales que están en nuestra plataforma continental, es decir, que vulneran nuestra soberanía. En eso el gobierno empezó a sacar algunos comunicados meramente formales y declarativos, pero sin ninguna acción concreta que haga a obstaculizar o bloquear esto. Estamos hablando de que las dos petroleras fueron sancionadas por el Estado argentino entre los años 2013 y 2022 durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. 
Sin embargo, en el marco de este alineamiento con el gobierno de Netanyahu, no se están aplicando las multas que contemplaban aquellas sanciones. De hecho, en el año 2024, en el marco del Acuerdo Mondino-Lammy, el CEO de Rockhopper, Sam Moody lo festejó y declaró que iba a brindar facilidades y seguridad jurídica para poder llevar adelante el proyecto Sea Lion.

— Para cerrar, considerando la relación indivisible entre la cuestión antártica y Malvinas ¿qué estrategias crees que debería adoptar Argentina hacia el Atlántico Sur?

— Lo que es fundamental es que frenemos la destrucción que estamos viviendo de las capacidades estratégicas que nuestro país ha logrado construir a lo largo de décadas para su proyección austral; para su proyección marítima, insular, antártica y, en fin, bicontinental. Eso engloba tanto a la dimensión institucional, la de defensa, la científica tecnológica, la productiva y la logística. Estamos viviendo políticas que destruyen las capacidades que pueda tener nuestro país para su proyección. También juega un rol fundamental la cuestión de la integración regional: el sudamericanizar y latinoamericanizar la cuestión antártica. Ahí tenemos un antecedente importante en el acuerdo del año 47 entre Argentina y Chile, con los presidentes Perón e Ibáñez del Campo, al ser los primeros países que se reconocieron soberanía en la Antártida en sus territorios no superpuestos y que destinaron el territorio superpuesto parcialmente de sus reivindicaciones territoriales como una Antártida sudamericana. Me parece que eso es un antecedente clave.

De hecho, existe en la actualidad una reunión de coordinación de programas antárticos, sur o latinoamericanos. 
Tenemos que Brasil, Perú o Ecuador también tienen programas antárticos por más de que no tengan reivindicaciones, tienen bases o alguna presencia diplomática. A partir de eso, sudamericanizar la cuestión antártica es un paso importante en un mundo donde las grandes potencias se están disputando los espacios geopolíticos, los recursos naturales estratégicos, la cadena de suministros. Es importante ganar en escala y para eso la integración regional autónoma, sudamericana o latinoamericana, puede jugar un rol importante junto con la cooperación internacional con todas las naciones del sur del mundo. Uno de los vehículos, en este sentido, podía ser el ingreso argentino al foro del BRICS+, que se amplió y que podía también brindar instrumentos y mecanismos de cooperación que faciliten la política exterior argentina, en general, y su proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, en particular. Un espacio donde Argentina manifieste que en su interés nacional tiene un lugar importante en la proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida. Por lo tanto, considero que esas deberían ser algunas de las estrategias si lo que queremos es recuperar una política exterior soberana para la proyección sobre el Atlántico y la Antártida. Hay que frenar el desmantelamiento de las capacidades estratégicas de nuestro país y volver a al espíritu de lo que está plasmado en la directiva política de defensa nacional del año 2021 y el Libro Blanco de la Defensa del año 2023, los cuales planteaban la existencia de un mismo sistema geoestratégico constituido por la Patagonia argentina, por las islas y espacios insulares y marítimos del Atlántico Sur y por el sector Antártico Nacional. Y el lema de esa visión estratégica tiene que ser hacia el sur, hacia el mar y hacia la Antártida.