Informe de coyuntura N° 41

Por Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti

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No se trata de una fase recesiva consolidada ya que el nivel de actividad económica en el primer semestre del año creció al 1% interanual si se excluye al sector agropecuario afectado por la sequía. Un dato para nada menor al respecto es que a pesar de la tendencia descendente de la actividad económica desde mediados del año pasado, la generación de empleo no cesó y acumula la creación de 1 millón de puestos de trabajo formales durante el gobierno del Frente de Todos, que se divide en partes iguales entre asalariados y trabajadores independientes.
Probablemente este es uno de los factores que permiten sostener el consumo privado y, de esta manera, impedir la consolidación del proceso recesivo. Pero resulta impotente para revertir el bajo nivel salarial heredado del gobierno de Juntos por el Cambio en un contexto de alta inflación. De allí que en el esquema de “ganadores y perdedores” que se tendió a consolidar bajo este gobierno, los sectores populares se quedaron con la peor parte, en tanto que los grupos económicos y las empresas oligopólicas sacaron la mayor tajada.
Existen varios indicadores que retratan esta situación. En primer lugar, la abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital que se cuantifica en 70 mil millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos y que asciende a 101 mil millones si se incorporan los resultados de la gestión de Macri. En segundo lugar, la fuerte tendencia a la elevación de la rentabilidad de las grandes empresas oligopólicas y, en especial, las que detentan la estrategia de la conglomeración empresarial, en base a su capacidad de imponerse en la carrera de precios.
Esto se pone de manifiesto al advertir que, entre 2016 y el primer semestre de 2023, los precios de las ramas altamente concentradas ascendieron 15% por encima de los precios al consumidor y los de las ramas concentradas con predominio de grupos económicos lo hicieron 26% por encima, cuando sus costos salariales cayeron 24% y 33% respectivamente. También se advierte en la elevada rentabilidad sobre ventas que declaran en sus estados contables de la primera parte de 2023 empresas como Ternium (30,3%), Aeropuertos Argentina 2000 (28,3%), Arcor (12,8%) o, entre otras, Molinos Río de la Plata (9,6%). Se trata de grupos económicos que en su mayoría integran la Unión Industrial Argentina que fue una de las cámaras empresariales que rechazó la “suma fija” que el gobierno anunció para intentar paliar los efectos de la devaluación post PASO que le impuso el FMI.
Al respecto, cabe señalar que las empresas mediano-grandes que deben pagar sin ayuda estatal la “suma fija” de 60.000 pesos en dos cuotas para los trabajadores cuyos salarios netos sean inferiores a 400.000 pesos, deberían desembolsar alrededor de 218 mil millones de pesos, que equivalen al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años.
Si a las grandes empresas le pareció demasiado elevada la “suma fija”, el impacto para los trabajadores registrados en el sector privado es reducido ya que la medida no apunta a inducir un shock distributivo que revierta la crisis de ingresos heredada del gobierno anterior sino a limitar los efectos de la devaluación del 14 de agosto. Prueba de ello es que si se parte del supuesto de una inflación mensual del 10% en agosto y septiembre y una variación nominal del salario en función del promedio mensual del segundo trimestre, con la “suma fija” el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado sería, en septiembre, 4% superior al de junio pero 13% inferior al de noviembre de 2015.
Distinto es el caso de los jubilados dado que el paquete de medidas orientado a los 5,1 millones que cobran el haber mínimo fue significativo. Se trata del refuerzo al bono que se había anunciado en forma previa de 27.000 pesos (que pasa a 37.000) y de la devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito (que pasan de 4.056 a 18.000 pesos). En este caso, el haber mínimo real de septiembre resultaría 14% superior al de diciembre de 2019 con el bono, y 9% superior al de diciembre de 2015 si al bono se le suma el monto completo de devolución del IVA. Consisten, de todos modos, en medidas de corto plazo que si no se sostienen dejarían a la vista la impotencia de la fórmula de movilidad actual en un contexto de alta inflación (se estima que el haber mínimo real va a ser en septiembre 20% inferior al de diciembre de 2019 y 33% menor al del mismo mes de 2015).
El paquete de medidas se completa con la “suma fija” a empleados públicos nacionales –crecientemente rechazada por las gobernaciones provinciales– y una batería de medidas de menor impacto a sectores vulnerables (“suma fija” para trabajadoras de casas particulares, refuerzos a la tarjeta alimentar y al potenciar trabajo, y diferimiento impositivo de las categorías más bajas del monotributo). En conjunto, se trata de volcar recursos a la economía por el equivalente a 0,53% del PIB (de los cuales el costo fiscal es de 0,4% del PIB). Una suma relevante para enfrentar la devaluación posterior a las PASO pero insuficiente para revertir la situación previa, es decir la crisis de ingresos que derivó en un resultado electoral adverso.