La otra cara de la desaceleración: Inflación, pobreza y endeudamiento
El INDEC informó una inflación de 1,9% en junio, con un alza interanual del 33,5%. Sin embargo, el dato reabrió el debate sobre la metodología del IPC, que continúa basado en una estructura de consumo elaborada hace más de veinte años. En ese período crecieron fuertemente el peso de los alquileres, los servicios, la conectividad y la salud en el gasto de los hogares, por lo que una canasta desactualizada pierde capacidad para reflejar el costo de vida actual.
La comparación con los ingresos también resulta elocuente. El salario promedio del empleo formal ($1,8-$1,9 millones) apenas se ubica en torno a la línea de pobreza para un hogar tipo, mientras que esa canasta ni siquiera contempla el costo del alquiler. Para los trabajadores informales y buena parte de los cuentapropistas, cuyos ingresos son considerablemente menores, la distancia respecto del costo efectivo de vida es aún mayor. Así, la desaceleración del IPC convive con un mercado laboral fragmentado y una persistente pérdida del poder adquisitivo que supone un endeudamiento creciente de los hogares y fuertes tasas de pluriempleo que, como ya señalamos en este glog, llega ya al 13% de la POblación Económicamente activa.
El IPC del sexto mes de 2026
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina registró un alza mensual del 1,9% en junio de 2026 (el sexto mes del año). Esta cifra marcó una desaceleración interanual ubicándose en el 33,5%, según los datos oficiales publicados por el INDEC.
También se actualizaron la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).
La comparación entre la estructura de consumo de los hogares de 2005 con la que el IPC actual mide los niveles inflacionarios y la de este año 2026 muestra transformaciones profundas que justifican la actualización periódica de las ponderaciones del IPC. No se trata únicamente de la aparición de nuevos bienes y servicios, sino de cambios en la forma en que las familias distribuyen sus ingresos.
| Rubro | Hogar típico 2005 | Hogar típico 2026 |
|---|---|---|
| Alimentos | Mayor peso relativo | Menor peso relativo, aunque sigue siendo elevado en hogares de bajos ingresos |
| Vivienda | Predominio de propietarios | Mayor peso de alquileres y expensas |
| Servicios públicos | Tarifas fuertemente subsidiadas | Mucho mayor incidencia tras recomposición tarifaria |
| Comunicaciones | Teléfono fijo y celular básico | Internet fija, telefonía móvil, streaming, nube y múltiples suscripciones |
| Transporte | Mayor uso de transporte público y automóvil | Más gastos en combustibles, aplicaciones de movilidad y logística |
| Salud | Menor participación | Mayor gasto por envejecimiento y aumento de prepagas y medicamentos |
| Educación | Menor peso | Mayor incidencia de educación privada y servicios complementarios |
| Tecnología | Computadora y DVD | Smartphones, notebooks, tablets, servicios digitales y renovación tecnológica |
| Esparcimiento | Cine, TV por cable | Plataformas digitales, videojuegos, contenidos bajo demanda |
Cambios estructurales
Entre 2005 y 2026 ocurrieron procesos que modificaron radicalmente la canasta de consumo:
- masificación de internet de alta velocidad;
- aparición de los teléfonos inteligentes;
- expansión del comercio electrónico;
- proliferación de plataformas digitales;
- fuerte crecimiento de los alquileres urbanos;
- cambios demográficos (hogares más pequeños y envejecimiento de la población);
- modificación de la política tarifaria;
- mayor peso de los servicios respecto de los bienes.
Muchos de estos consumos ni siquiera existían o eran marginales en 2005.
Lectura crítica
Desde el punto de vista estadístico, utilizar en 2026 una estructura de ponderaciones derivada de una encuesta realizada alrededor de 2004-2005 implica asumir que los hogares argentinos siguen gastando prácticamente igual que hace más de veinte años. Esa hipótesis resulta difícil de sostener.
El problema no es únicamente la aparición de nuevos productos, sino que cambió la importancia relativa de cada rubro. Si en 2005 un hogar destinaba una proporción menor de su ingreso a alquileres, conectividad, salud privada o servicios digitales, esos componentes tendrán un peso insuficiente en el índice, aun cuando hoy representen una parte mucho mayor del presupuesto familiar.
En Argentina, además, el problema se agrava porque entre 2005 y 2026 hubo fuertes modificaciones de los precios relativos: tarifas de servicios públicos, combustibles, alquileres, medicina prepaga, comunicaciones y educación evolucionaron de manera muy diferente entre sí. Cuando una canasta permanece congelada durante tantos años, deja de reflejar adecuadamente cómo impactan esos cambios sobre el costo de vida.
Existe también una dimensión distributiva. El IPC promedio representa a un «hogar medio», pero la estructura de consumo difiere mucho entre sectores sociales. Los hogares de menores ingresos continúan destinando una proporción muy elevada a alimentos y transporte, mientras que los de ingresos medios y altos concentran una mayor parte de su gasto en vivienda, salud, educación y servicios. Si las ponderaciones permanecen desactualizadas, el indicador promedio puede alejarse aún más de la inflación efectivamente experimentada por distintos grupos sociales.
En síntesis, la principal crítica no es que un IPC basado en una canasta de 2005 necesariamente subestime la inflación de 2026 en un porcentaje determinado, sino que pierde representatividad como indicador del costo de vida. Desde una perspectiva metodológica, un índice construido sobre patrones de consumo de hace dos décadas resulta menos apto para medir la inflación de una economía que atravesó cambios tecnológicos, demográficos y distributivos tan profundos como los registrados en Argentina. Esa pérdida de representatividad afecta la calidad del diagnóstico económico y puede influir en decisiones de política pública, negociaciones salariales y actualización de prestaciones sociales.
Dicho lo anterior, el INDEC valorizó la Canasta de Indigencia y pobreza para la región metropolitana y este es su desagregado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes que la inflación de junio fue de 1,9 por ciento y encadenó un tercer mes a la baja tras 10 meses consecutivos sin ceder. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 33,5 por ciento interanual.
La división con mayor alza mensual fue Recreación y Cultura, con 4,2 por ciento de aumento, escoltada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3 por ciento de incremento. En el otro extremo, los rubros con los menores incrementos fueron Comunicación con 0,9 y Prendas de vestir y calzado con 0,4 por ciento.
Por otro lado, los datos más recientes del INDEC sobre distribución del ingreso y de la Encuesta Permanente de Hogares permiten estimar los ingresos laborales promedio por categoría ocupacional. Debe tenerse en cuenta que no son directamente comparables con el RIPTE, ya que éste solo mide trabajadores registrados estables.
| Categoría ocupacional | Ingreso laboral promedio mensual (2026) |
|---|---|
| Asalariado formal (registrado) | $1,8 a 1,9 millones |
| Trabajador por cuenta propia | $0,9 a 1,1 millones |
| Asalariado informal (no registrado) | $0,7 a 0,9 millones |
Estas cifras muestran una fuerte segmentación del mercado laboral:
- El asalariado registrado percibe, en promedio, casi el doble que un trabajador informal.
- Los cuentapropistas presentan una gran heterogeneidad: profesionales independientes elevan el promedio, mientras que una parte importante corresponde a trabajadores de baja productividad y bajos ingresos.
- El empleo informal continúa concentrando los menores ingresos y una elevada precariedad laboral. La informalidad ronda el 44% de los ocupados, según los últimos datos oficiales.
Lectura económica
El promedio salarial agregado suele ocultar la creciente fragmentación del mercado de trabajo. Cuando se informa un salario medio cercano a $1,8 millones (RIPTE), ese dato describe únicamente a los trabajadores registrados con continuidad laboral y no representa al conjunto de los ocupados. Sin embrago obsérvese que esta en línea con el valor de la línea de pobreza para un hogar tipo metropolitanos, y aún debe tenerse en cuenta que el valor de la línea de pobreza no contembla alquiler que como vimos en la comparación de la estructura de gastos del hogar es creciente respecto al nivel que suponían en el año 200 respecto al año 2006 por dos vía: Hay mayor proporción del gasto del hogar destinado al alquiler y son más los hogares que alquilan en estos últimos 21 años.
Téngase en cuenta que si se incorpora a los asalariados informales y a los cuentapropistas de bajos ingresos, el ingreso laboral promedio de la economía resulta considerablemente inferior. Esto explica por qué pueden coexistir indicadores relativamente favorables del empleo formal con una percepción social de pérdida de poder adquisitivo y dificultades para sostener el consumo. La composición del mercado laboral —con mayor peso de la informalidad y del trabajo independiente de baja productividad— influye decisivamente sobre el ingreso efectivo de los hogares.
En síntesis
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, con lo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 33,5% interanual. Al mismo tiempo, el organismo actualizó los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT), que determinan las líneas de indigencia y pobreza.
Sin embargo, el dato inflacionario plantea un debate metodológico de fondo: ¿hasta qué punto un IPC construido sobre una estructura de consumo relevada hace más de veinte años continúa representando el costo de vida de los hogares argentinos?
La comparación entre la estructura de consumo de 2005 —sobre la que todavía descansan las ponderaciones básicas del índice— y la realidad de 2026 muestra transformaciones profundas que justifican una actualización integral de la canasta.
En estos veinte años cambiaron radicalmente los patrones de consumo. Los hogares destinan una proporción mucho mayor de sus ingresos al alquiler y las expensas; aumentó significativamente el peso de internet, la telefonía móvil, las plataformas digitales, la salud privada y la educación; crecieron los gastos vinculados a combustibles y transporte; aparecieron bienes y servicios inexistentes en 2005, mientras que otros perdieron importancia relativa.
También se modificaron los precios relativos de la economía. Las tarifas de los servicios públicos, los alquileres, la medicina prepaga, las comunicaciones y la educación evolucionaron de manera muy distinta respecto del promedio general. En consecuencia, utilizar en 2026 una estructura de ponderaciones basada en una encuesta realizada entre 2004 y 2005 implica asumir que los hogares siguen distribuyendo sus gastos de manera similar a la de hace dos décadas, una hipótesis estadísticamente difícil de sostener.
La crítica metodológica no consiste en afirmar que el IPC «subestima» necesariamente la inflación en un porcentaje determinado, sino en señalar que ha perdido representatividad como indicador del costo de vida. Un índice construido sobre una estructura de consumo desactualizada puede dejar de reflejar con precisión el impacto que tienen los aumentos de precios sobre los distintos tipos de hogares.
Esta pérdida de representatividad adquiere especial importancia porque el IPC constituye la base para múltiples decisiones económicas: negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, programas sociales, contratos privados y evaluación de la política económica.
Los rubros que más aumentaron
Durante junio, la división Recreación y Cultura encabezó los incrementos con un 4,2%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%.
En el extremo opuesto, Comunicación registró un aumento de apenas 0,9%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió 0,4%.
Ingresos y pobreza
El INDEC también actualizó la valorización de las canastas básicas. La Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo del Área Metropolitana volvió a ubicarse en un nivel muy cercano al ingreso promedio de un trabajador asalariado formal.
Los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares permiten estimar los siguientes ingresos laborales promedio mensuales:
- Asalariado registrado: entre $1,8 y $1,9 millones.
- Trabajador por cuenta propia: entre $900.000 y $1,1 millones.
- Asalariado no registrado: entre $700.000 y $900.000.
La comparación resulta reveladora. El salario promedio de un trabajador formal prácticamente coincide con el valor de la línea de pobreza para un hogar tipo metropolitano. Es decir, el ingreso medio del empleo registrado apenas alcanza el umbral estadístico que define si una familia es pobre o no.
Además, esa comparación presenta una limitación adicional: la Canasta Básica Total no incorpora el costo del alquiler de la vivienda. Esta omisión adquiere una importancia creciente porque la estructura de gastos de los hogares cambió significativamente desde 2005. Hoy no solo una proporción mayor del presupuesto familiar se destina al pago del alquiler, sino que también es considerablemente mayor la cantidad de hogares que alquilan respecto de hace dos décadas.
En consecuencia, para una familia inquilina el ingreso necesario para sostener un nivel de vida equivalente al definido por la línea de pobreza es, en los hechos, superior al que refleja la canasta oficial.
La situación resulta todavía más crítica cuando se observa el conjunto del mercado de trabajo. Los trabajadores informales y buena parte de los cuentapropistas perciben ingresos muy inferiores a los del empleo registrado. La informalidad alcanza aproximadamente al 44% de los ocupados, por lo que una fracción importante de la fuerza laboral se encuentra bastante por debajo del ingreso medio utilizado habitualmente como referencia.
Esta segmentación explica por qué pueden coexistir una inflación relativamente baja y una persistente percepción de deterioro del poder adquisitivo. El salario promedio difundido por el RIPTE describe únicamente a los trabajadores registrados con continuidad laboral y no representa al conjunto de los ocupados.
En definitiva, el descenso del IPC constituye un dato relevante para evaluar la evolución nominal de los precios, pero resulta insuficiente para describir las condiciones materiales de vida de la población. Un índice construido sobre una estructura de consumo envejecida, una línea de pobreza que no contempla el costo del alquiler y un mercado laboral crecientemente fragmentado limitan la capacidad de los indicadores tradicionales para reflejar el costo efectivo de reproducción de los hogares argentinos.
Apéndice sobre endeudamiento familiar
Del autor de “abrígate” si hace frío, llega “jodete” si te endeudas para comer. pic.twitter.com/Zn91r6SmdK
— Felicitas Bonavitta (@FelicitasBV) July 14, 2026
Los últimos datos disponibles muestran un fuerte aumento del endeudamiento de los hogares argentinos, acompañado por un deterioro de la capacidad de pago.
Los principales indicadores son:
- 91,7% de los hogares mantiene algún tipo de deuda, según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).
- El endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, de los cuales $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria.
- La población con deudas financieras pasó de 9,5 millones de personas a fines de 2023 a 11,3 millones a comienzos de 2026, un incremento del 24%.
- La morosidad alcanzó niveles que no se observaban desde la crisis de 2001-2002. Los préstamos en situación irregular para personas físicas pasaron de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026, impulsados principalmente por préstamos personales y tarjetas de crédito.
¿Para qué se endeudan los hogares?
La composición del endeudamiento también cambió. Una parte creciente del crédito ya no financia bienes durables sino gastos corrientes:
- compra de alimentos;
- pago de servicios públicos;
- medicamentos;
- alquileres;
- refinanciación de deudas anteriores.
Más de la mitad de los hogares financia gastos cotidianos mediante tarjetas de crédito, fiado o préstamos informales.
Lectura económica
El crecimiento del crédito no refleja una expansión del consumo sino, en gran medida, una sustitución de ingresos por deuda. La desaceleración de la inflación convive con salarios que, para una parte importante de los trabajadores —especialmente informales y cuentapropistas—, no alcanzan para cubrir el costo de vida.
En este contexto, el endeudamiento opera como un mecanismo para sostener el consumo corriente. Sin embargo, cuando la deuda comienza a destinarse a financiar gastos básicos en lugar de inversiones o bienes durables, aumenta la fragilidad financiera de los hogares. El fuerte incremento de la morosidad registrado durante 2025 y 2026 sugiere que una proporción creciente de familias está alcanzando el límite de su capacidad de pago.
