Mentira exitosa
El 11 de mayo de 1974 moría asesinado en Buenos Aires el Padre Carlos Mugica. Él tenía 43 años. De joven lo conocí y tras su muerte publiqué un artículo señalando de donde provino la autoría del crimen. Para mi generación, los cincuentenarios de los años 70 son la última oportunidad de volver sobre hechos y protagonistas del período. En mayo pasado, no pude culminar a tiempo este texto sobre el sacerdote. Por eso lo presento ahora, a 51 años de su muerte.
Yo escribo sin temor a las conclusiones. Percibo una corriente indefinida de intérpretes superficiales de los acontecimientos políticos de los años 60 y 70 del siglo pasado, conducente a una versión rosada, diluida, atenuada, conformista, de la historia del peronismo, sus componentes sociales, contradicciones y protagonistas. Sobre tal elusión, han intentado colar sus mentiras los actuales defensores del terrorismo de Estado, auxiliándose para el caso de Mugica de una primera mentira que se profirió inmediatamente después del crimen. Mentira exitosa. Aún quedan creyentes en la autoría de Montoneros.
El crimen
El crimen ocurrió el sábado 11/5/74 pasadas las 20 horas en la puerta de la parroquia porteña de San Francisco Solano. Amén de párroco en la Villa 31 de Retiro, Mujica era vicario en la iglesia de Villa Luro y salía de dar misa. La impunidad resultó mayúscula. Quien disparó con una ametralladora sobre el sacerdote y su amigo Ricardo Capelli, fue visto rato antes asistiendo a la ceremonia. El cura lo conocía porque en 1973 había colaborado unos meses en el Ministerio de Bienestar Social con José López Rega y allí el sujeto encabezaba la custodia del ministro.
Mugica llegó gravísimo pero conciente al cercano Hospital Salaberry. Exigió al cirujano que Capelli fuese operado primero porque tenía mas posibilidades de sobrevivencia. Y así ocurrió. El amigo salvó la vida y Mugica murió. El Dr Marcelo Larcade contó que los partes de internación que él confeccionó desaparecieron del hospital y que ninguna autoridad judicial lo citó a declarar.
A los tres días, Capelli, aún en terapia, fue visitado por Jorge Conti, el vocero del MBS, quien ofreció al herido la protección del ministro López Rega. Capelli ya sabía la procedencia del sujeto que les había disparado y aunque nada dijo a Conti, comprendió que la visita era una amenaza. La Iglesia Católica supo desde el primer día quienes fueron los autores del crimen, pero calló.
Meses antes, en febrero de aquel año 74, habían comenzado a circular por las redacciones de prensa libelos anónímos amenazantes con los nombres de personalidades del campo popular y la izquierda, las famosas listas de López Rega. Trascendían sin que nadie las desmintiera. En una figuraban, entre otros, Carlos Mujica y los líderes sindicales Raimundo Ongaro y Agustín Tosco.
Emergía una organización terrorista que se articulaba en la trastienda del gobierno en torno a López Rega y al Comisario Alberto Villar, famoso represor paradigma del gorila exonerado por Cámpora en mayo de 1973, reincorporado al servicio activo por el presidente interino Lastiri en setiembre con el cargo de Director de Coordinación Federal -la odiada policía política-, y designado Jefe de la Policía Federal el 10 de abril de 1974 por el Presidente Perón y su Ministro del Interior Benito Llambí
La Alianza Anticomunista Argentina -que no era tal, sino un apéndice del Estado nacional superpuesto al MBS y la Federal cuyos jefes soslayaban, por ahora, difundir su nombre- lejos de asumir la autoría, hizo lo contrario. Su virtual órgano de prensa, el semanario El caudillo, dirigido por Felipe Romeo, con el concurso de personajes como Julio Yessi, ex integrante de la ultraderechista CNU y cabecilla de una pretendida juventud peronista de la república argentina -la jotaperra– acusó en su portada a Montoneros de haber dado muerte al sacerdote.
La agencia oficial Telam replicó el contenido pero guardó las formas. Atribuyó el crimen a grupos responsables de lo que llamó una campaña de terror contra las instituciones, indicando que inicialmente había afectado al sindicalismo y a las Fuerzas Armadas.
La organización Montoneros, que desde el 25 de mayo de 1973 disponía, al igual que otros núcleos revolucionarios, de una legalidad conquistada, emitió una declaración negando toda relación con el crimen. Y Mario Firmenich, su principal dirigente, publicó tres notas sucesivas en el diario Noticias, vocero de la Tendencia, asegurando lo mismo y apelando a su conocimiento personal de años con Mugica.
En los años 70 yo dirigía el periódico En Lucha, que se publicaba como órgano del MR17, organización representativa de la corriente del peronismo revolucionario fundada por Gustavo Rearte, el gran dirigente prematuramente fallecido. Esto dijimos en mayo de 1974:
En Lucha sale a la calle cuando el asesinato del Padre Carlos Mujica ya ha dado lugar a un debate público que los lectores seguramente conocen. En consecuencia, no volcaremos aquí los argumentos que hacen indiscutible de donde provino la inspiración del crimen. (…) los responsables hay que buscarlos entre las bandas fascistas que desde el 20 de junio (de 1973) operan en nuestro país descaradamente y en gran escala.
Esta no es una salvajada más. Ha querido operar a modo de provocación contra las fuerzas populares, fomentando el divisionismo y la sospecha. Se trata de un evidente intento de promover la discordia en el campo del pueblo y aislar a los revolucionarios para intentar luego su liquidación física en gran escala.
El Padre Mujica tenía al momento de ser asesinado, una posición política particularmente errónea, que estaba lejos de favorecer el desarrollo de las fuerzas populares, aunque no fuera esa su intención. (…)
Pero no les podemos atribuir a los asesinos la estupidez de los reaccionarios que ven fantasmas por todos lados. En cambio, este acto bárbaro, por su diabólica intención, por la persona elegida transformada en mero objeto de una provocación que trasunta un absoluto desprecio por la vida humana, por el cinismo enfermizo que implica prueba hasta donde están dispuestos a llegar los enemigos jurados de la causa del pueblo.
Los curas tercermundistas
Entre los cuatrocientos curas católicos de Argentina quienes en 1968 proclamaron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo –puntal junto a la CGT de los Argentinos y el movimiento estudiantil, en la lucha contra la dictadura del también católico Onganía- el porteño Carlos Mugica fue el mas popular. Hasta Perón visitó su parroquia Cristo Obrero en la Villa 31 de Retiro, cuando el exiliado expresidente pudo regresar al país, aún proscripto, en noviembre de 1972,
Héctor Cámpora, el candidato presidencial del peronismo, ofreció al sacerdote encabezar la lista de diputados nacionales por la Capital Federa para las elecciones generales de marzo de 1973. El hombre no aceptó porque el arzobispo Aramburu prohibió a los curas aceptar candidaturas y porque el MSTM tampoco acordó. Parte de los tercermundistas se mostraban cautelosos frente al entusiasmo de Mugica con Perón. Él había viajado en el vuelo charter del primer regreso.
Reducir el MSTM a un grupo de curas villeros justamente apiadados por la pobreza extrema supondría un grosero reduccionismo. El MSTM denunciaba el sistema injusto que oprimía a la sociedad y lo combatía. Promovía un cambio de estructuras, no un cambio de gobierno. Y lo identificaba con un socialismo de raíz cristiana. Sus miembros se consideraban pastores del pueblo de Dios y por esa razón actuaban en su seno, no solo en villas, también trabajando como obreros, concientizando y promoviendo sus reivindicaciones. Además, los curas no eran santos, eran hombres. El movimiento discutía internamente la cuestión del celibato.
En el peronismo revolucionario la muerte de Mugica causó gran dolor. Para muchos de nosotros era un querido compañero. Bajo la dictadura previa -cabe reiterar que hubo varias antes de Videla- Mugica salió en defensa de cualquier militante que cayera preso, torturado y ni hablar si muerto. Fue muy valiente frente a los cuerpos de sus discípulos Ramus y Abal Medina, el 10 de setiembre de 1970 en la parroquia San Francisco Solano del barrio porteño Villa Luro. Los jóvenes estaban acusados por la ejecución del exdictador Aramburu, responsable a su vez del fusilamiento de 28 militares y civiles peronistas en junio de 1956 y de la desaparición del cadáver de Evita.
“No puedo sino pronunciar unas palabras de despedida para quienes fueron mis hermanos Carlos Gustavo y Fernando Luis, que eligieron el camino más duro y difícil por la causa de la dignidad del hombre. No podemos seguir con indefinición y con miedo, sin comprometernos.”
En las ceremonias fúnebres también participaron los sacerdotes Jorge Vernazza, Rodolfo Ricciardelli y Hernán Benítez, el confesor de Evita, un precursor de los curas del Tercer Mundo. El obispo los sancionó por apología de la violencia, aunque no tanto: treinta días sin decir misa.
El 25 de mayo de 1973, cuando el peronismo recuperó el gobierno, Mujica aceptó un cargo ad honorem para el tema villas de emergencia en el Ministerio de Bienestar Social, donde a instancias de Perón, el Presidente Cámpora había nombrado ministro a José López Rega. El sacerdote duró 90 días en su cargo. Renunció a fines de agosto. Ël defendía la autoconstrucción de viviendas -había muchos albañiles villeros- y el otro construir mediante empresas privadas
Mugica tenía otra preocupación. Las condiciones para el empleo de la violencia como arma política. En lo personal, él rechazaba emplearla; lo consideraba incompatible con su condición sacerdotal. Pero no era un pacifista. Justificó a quienes la emplearon para combatir a la dictadura militar sin plazo instaurada en 1966, dictadura cuya tipicidad acaso encajara en la alambicada redacción del punto Revolución de la encíclica Populorum Progressio. El documento del Papa Pablo VI justificaba, en casos extremos, el recurso a la violencia para resistir la tiranía.
En América Latina era famoso el caso del sacerdote y sociólogo colombiano Camilo Torres, convertido en guerrillero y muerto en combate en su país en 1965. Aquí, el joven cura Gerardo María Ferrari murió en 1970 como combatiente de las Fuerzas Armadas Peronistas, las FAP.
A fines de mayo de 1973 la dictadura que había combatido Ferrari estaba derrotada. Y establecido un gobierno constitucional cuyo presidente -Cámpora- montado en una gran movilización popular indultó y liberó en menos de 24 horas a todos los presos políticos, incluidos los guerrilleros. Lo siguió el Congreso Nacional, que sancionó en tan solo cinco días, con apenas un voto en contra en Diputados y unanimidad del Senado, una ley de amnistía muy amplia en aras de la pacificación nacional. El texto amparaba cualquier delito cometido por los guerrilleros y también cubría delitos cometidos por militares, como la sedición.
Si la ley pudo interpretarse exculpatoria de delitos como la Masacre de Trelew, desapariciones forzadas o tormentos seguidos de muerte -que todo eso ya había cometido la dictadura derrotada- solo se podría comprobar en el hipotético caso de que algún acusado de tales hechos se presentara ante un juez y lo pidiera.
Lo principal de la amnistía era otra cosa. Aquello que el texto reconocía de hecho, la legitimidad del empleo de la violencia como un recurso de resistencia frente a una dictadura militar. Que en realidad fueron tres. Habían derrocado a Perón, a Frondizi y a Illia. ¿Que mas?
“Acá en la Argentina si no hubiera habido insurrección armada todavía lo tendríamos a Lanusse en el gobierno, esa es la realidad” – dirá Mugica.
“Con los no violentos seguiríamos con Lanusse. Acá la que precipitó el proceso fue la guerrilla. Creo que toda persona que tenga dos dedos de frente lo advierte. Ni los curas del Tercer Mundo, ni la CGT. Que todos esos factores también contribuyeron, sí, pero el detonante fue la guerrilla”
El futuro era una página en blanco.
A 51 años del asesinato del Padre Mugica
Segunda Parte
Los hechos históricos pueden ser objeto de interpretaciones. Pero la primera condición que debe cumplir un relato es exponerlos y exponer el contexto en el cual se produjeron.
En este caso, no justificaré mi relato con referencias y pies de página. La información disponible está al alcance de cualquier persona interesada en buscarla y sobra para emitir un juicio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Un efecto de la corriente conformista que critico.
Es posible trazar vínculos entre la masacre de Ezeiza y la muerte de Carlos Mugica. También se los puede trazar entre Ezeiza y la muerte de José Rucci. Y cabe interpretar como el contexto del atentado contra Rucci facilitó el encubrimiento de los asesinos de Mugica. La cuota de impunidad que los gobiernos constitucionales dispensaron a la Triple A se proyectó sobre sus víctimas, en especial sobre la mayoría casi anónima. Hay caídos cuyos nombres al día de hoy no figuran en listas oficiales. Abordo el tema al final de la nota. Ahora vuelvo al relato.
Tras el apoteósico 25 de mayo de 1973, el decreto de indulto y la ley de amnistía, en junio los acontecimientos se precipitaron. El PRT-ERP respondió al pedido de tregua de Cámpora anunciando que no atacaría a su gobierno y en consecuencia a la policía, pero sí al Ejército, una distinción que solo podría sostenerse en los papeles. El resto de los grupos guerrilleros guardó silencio. Los peronistas apoyarían al gobierno, aunque nadie prometió olvidar a los responsables y cómplices de Trelew. No obstante, durante aquel primer mes de gobierno de Cámpora el ERP no realizó acciones. Mantuvo, sin reconocerlo, una precaria tregua. Francamente, era absurdo que un grupo guerrillero confrontara a un gobierno que tras indultar y liberar a todos los presos políticos y reconocer la legitimidad de la lucha armada contra las dictaduras precedentes, había logrado del Congreso Nacional la sanción casi unánime de una ley de amnistía que la convalidaba.
Pero la sorpresa llegó de otro lado. El 20 de junio de 1973 un millón largo de personas se reunió sobre la autopista bonaerense que conduce al Aeropuerto de Ezeiza para dar la bienvenida al General Perón el día de su regreso definitivo al país. Una reducida comisión organizadora integrada por el secretario de la CGT, José Rucci y tres personas mas -el quinto miembro, Juan Manuel Abal Medina, estaba accidentado- anunció que Perón hablaría a las 16:30 desde el Puente El Trébol, que cruza por encima de la autopista y serviría de palco. La comisión excluyó a las policías federal y bonaerense de participar en la seguridad del acto.
El numeroso grupo civil de gente armada que parecía encargado de la seguridad del palco, a partir del mediodía disparó en reiteradas oportunidades sobre los manifestantes reunidos abajo. El grupo en cuestión resultó una banda de fanáticos y forajidos de ultraderecha. Causaron 13 muertos y 365 heridos de bala, algunos gravísimos. Una columna proveniente del sur, con carteles de Montoneros, fue emboscada por los forajidos desde un bosquecillo y emanó una respuesta. En el tiroteo murieron el estudiante de la UBA Horacio Simona y un militar retirado, quien resultó la única baja entre los del palco. Toda la zona de Ezeiza estuvo copada por gente armada y organizada, con vehículos de sindicatos y hasta ambulancias. El avión que conducía a Perón descendió en la Base Aérea de Morón y el recién llegado se fue en silencio a su casa.
El día 21, Perón habló por cadena nacional flanqueado por Cámpora, quien lo había acompañado en el vuelo de regreso. El General aludió en forma tangencial a los hechos de la víspera y no los condenó. Implícitamente justificó a los del palco, al manifestar “el deber ineludible de enfrentar a estos enemigos”, advertir “a los que tratan de infiltrarse”, de “hacer tronar el escarmiento” y así de seguido.
Cámpora reunió al gabinete. Varios ministros se constituyeron en comisión para investigar los hechos. La derecha peronista acusaba a los Montoneros por la suspensión del acto, mientras en la prensa aparecían fotos que identificaban a los ultraderechistas del palco con armas largas y torturando manifestantes. El designado comandante del Ejército, general Jorge Carcagno y el secretario general del arma, coronel Jaime Cesio, testigos neutrales, ofrecieron al presidente su apoyo para detener a los facciosos y castigarlos, aún si fuera al precio de otorgarle la razón a la Tendencia revolucionaria, la izquierda peronista.
Pero el presidente, entre su obligación como mandatario de cumplir y hacer cumplir la legalidad constitucional recién establecida y la fidelidad personal a Perón, eligió esta última. La investigación quedó en la nada, igual que el expediente judicial. Asediado por la derecha peronista, Cámpora renunció a la presidencia el 13 de julio, junto con su vice Solano Lima. El dirigente radical Raúl Alfonsín calificó los hechos como un golpe de Estado fascista. Opinión coincidente con la de Alicia Eguren, la viuda de John William Cooke, quien marcando la diferencia con el peronismo original de 1945, aclaró: “¡Estos sí que son fascistas!”
“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, predicó Perón con palabras muy diferentes a las suyas del 21 de junio, durante la breve campaña electoral que siguió. El 23 de setiembre de 1973 fue electo presidente constitucional por tercera vez con el 62% de los votos.
¡Cuánto prestigio retenía este hombre, que podía maltratar a partidarios suyos movilizados y a poco cortejar a sus opositores sin aparente mácula de su popularidad!
Dos días después, el martes 25 al mediodía, fue asesinado a balazos en una calle del barrio porteño de Flores, José Ignacio Rucci. El jefe de la CGT era hombre de confianza del último Perón. Los autores del atentado prácticamente se esfumaron y en el primer momento hubo quienes adjudicaron el hecho a la CIA. Pronto trascendió en círculos políticos que los ejecutores eran montoneros, si bien la conducción de esa organización nada dijo oficialmente.
Perón reaccionó volviendo a su discurso del 21 de junio. Guerra al marxismo y a la Tendencia revolucionaria, que él llamaba -con pésima memoria- infiltrada. Se lo recordaría Rodolfo Galimberti, su exdelegado para la Juventud Peronista durante la dictadura de Lanusse, cesado días antes del 20 de junio: “Antes éramos la juventud maravillosa. Ahora somos infiltrados”.
La muerte de Rucci provocó una conmoción en la periferia de Montoneros, entre militantes políticos y sociales, docentes, intelectuales, simpatizantes. Personas que adherían a la Tendencia, condenaban a los forajidos del palco y habían rendido homenaje al valiente Beto Simona. Estudiante peronista y héroe antifascista. Tanto que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA declaró duelo y atribuyó su nombre al aula mas grande de la facultad.
De la conmoción emergió un sector que se negó a convalidar la acción atribuida a Montoneros y a justificar el empleo de la violencia bajo el gobierno civil. Ese sector defendió mantenerse bajo la conducción de Perón. Surgió la JP Lealtad. Sus miembros tendían a exculpar la beligerancia de Perón como una reacción por la muerte de Rucci.
El Padre Mugica se identificó con la Lealtad y reprobó públicamente el atentado aún si el móvil hubiera sido responder a la masacre de Ezeiza: Lo dijo, por ejemplo, en noviembre de 1973:
“Creo que la guerrilla tiene pleno sentido durante la dictadura militar y ningún sentido durante el gobierno constitucional. No tienen que actuar como organizaciones armadas. No se tienen que disolver, por ahora. Para mí la ejecución de Rucci fue un gravísimo error que de hecho se tradujo en un desastre político para la JP” (…) “A veces, por un purismo revolucionario lo que hacemos es garantizar la ejecución de cuatro compañeros más”.
Las represalias desde la ultraderecha, los asesinatos de militantes y no solo de la Tendencia, habían comenzado de inmediato. Sus autores actuaban con impunidad descarada. Tenían licencia del gobierno o directamente eran parte de la policía o los servicios.
El 25 de marzo de 1974 pobladores de barrios de emergencia de la ciudad se organizaron en manifestación. Por primera vez una marcha villera llegaba al centro de Buenos Aires. Reclamaban por la radicación de los barrios con viviendas dignas. El ministro López Rega ya no proponía las obras en las villas, sino continuar con la erradicación de Onganía aunque licitando la construcción de viviendas en zonas como Soldati y Ciudadela y adjudicarlas a los villeros. Si bien una parte de ese proyecto llegaría a ejecutarse, en su momento aparejó polémicas en los barrios. Mugica lo creyó aceptable. El Movimiento Villero Peronista insistió con la urbanización.
En la manifestación, los de la Villa 31 hacían punta. Se dirigían al Ministerio de Bienestar Social, cuya sede estaba en Plaza de Mayo. El pueblo tiene derecho a manifestarse. Cámpora levantó el estado de sitio y Perón está en la Rosada. Pero cerca de la plaza, en la avenida Alem, la Policía Federal detiene la marcha. Hay corridas, gases y un manifestante recibe a muy corta distancia un disparo policial de Itaka, la escopeta de dos caños, y cae muerto. Es el tucumano Alberto Chejolan, del Centro Vecinal de la 31, casado, 34 años, trabajador portuario, miembro del Movimiento Villero Peronista y colaborador de la revista Militancia cubriendo una de las guardias del local. Mucha gente acude al velatorio en la villa.
Aquí un ejemplo de la historia conformista que critico. Leyendo el año pasado notas dedicadas al cincuentenario de Mugica, reparé en un artículo que describe la muerte de Chejolan. Correcto, salvo la conclusión. El artículo pone que “el gobierno de López Rega” mató al militante villero. Cito el hecho en un medio nac & pop. ¿No corrigen lo que publican? ¿O evitan corregirlo para no patear el hormiguero? Porque en marzo del 74 el presidente era Perón y jefe de policía, aún, el general Miguel A. Iñíguez. López Rega nunca fue presidente. ¿No lo sabían?
El curita
El comandante Tomás Eduardo Medina fue edecán aeronáutico del presidente de la Nación desde el 27 de mayo de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1974, es decir que desempeñó el cargo con cuatro presidentes, Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. El hombre escuchó de todo. Por ejemplo, estando en la Residencia de Olivos, en mayo de 1974, cumpliendo turno como edecán de Perón, escuchó a “los custodios jefes de López Rega” (…) “Rovira y Almirón”, referirse “al curita” con estas palabras: “A este le vamos a hacer la boleta”.
“A los dos días de escuchar ese comentario el Padre Mugica fue asesinado”, recordó el aviador una década después, al declarar como testigo en la causa penal “López Rega, José y otros s/asociación ilícita”.
Primera conclusión: el vínculo entre la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973 y el asesinato de Mugica es indiscutible. Los ejecutores pertenecen a la conjura contrarrevolucionaria que viene a sustituir a la dictadura militar en retirada. Son distintos momentos del mismo intento: generar el terror en la población y disolver a balazos la organización popular autónoma, bajo una apariencia de democracia. La runfla del 20 de junio deriva en la runfla de la Triple A que ya está constituida en mayo del 74. López Rega sustituye y empeora a Rucci. La sombra de Perón se proyecta sobre los dos.
También es claro el vínculo entre el 20 de junio y el asesinato de Rucci. La militancia montonera es joven, no tiene gran experiencia política y está profundamente decepcionada con el violento giro derechista de Perón. Un millón largo de argentinos acudieron convocados a una fiesta y los dueños de casa -la comisión organizadora, ¿quien si no?- los recibió a balazos. Hay militantes que han dado la vida y Perón insinúa que son infiltrados. Requiere mucho estómago tragar semejante sapo y no apresurarse. Mucho saber político. La formación que predomina en los cuadros no sirve para ensayar un cambio de guardia, un sostenerse en las amplias bases que se han agrupado al compás de una lucha que si bien alcanzó triunfos tácticos indiscutibles, ahora enfrenta un desafío estratégico. Predomina la reacción militarista frente a un grave problema político.
Montoneros no puede reivindicar públicamente el fusilamiento de Rucci en vísperas de asumir Perón la presidencia. Se lo impide el gran número de militantes que actúan en gobiernos de provincia, universidades, escuelas, sindicatos, unidades básicas, el Congreso, las legislaturas, los municipios, barrios y villas, la prensa. Requieren mantenerse en un escenario de disputa política legal, el cual, conviene recordarlo, alcanzará su máxima expresión el siguiente 1°de Mayo de 1974 en la plaza histórica, sin que nadie dispare siquiera un tiro.
Mas aquel contexto inicial del atentado contra Rucci, la imposible reivindicación pública de su autoría, es lo que va a facilitar inmediatamente después del asesinato de Mugica el 11 de mayo de 1974, el avieso intento de encubrir ante la opinión pública a los autores de este último. Ejecutado por sus instigadores mediante la falsa y cínica acusación de la revista El Caudillo contra Montoneros, cuyas características recordé en la primera nota.
La impunidad de la Triple A.
Las cúpulas del Partido Justicialista y de la UCR bloquearon durante décadas el enjuiciamiento de los responsables de la Triple A. En 1984, bajo Alfonsín, el Congreso votó una ley según la cual las autoridades constitucionales derrocadas no podrían ser juzgadas por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo, ley cuya única beneficiaria fue Martínez de Perón. En cambio, López Rega no zafó. Lo trajeron en 1986, extradictado de Estados Unidos y murió en prisión en 1989, esperando sentencia como jefe de la Triple A e instigador de los fusilamientos del tercer trimestre de 1974 en Buenos Aires -Ortega Peña, Julio Troxler, Silvio Frondizi. Alfredo Curutchet. Pedro Barraza y otros, mas el hijo bebé del rector de la UBA Raúl Laguzzi, volado en su cuna.
Centenares de víctimas quedaron omitidas. La mas notoria, Carlos Mugica, uno de los muertos en vida de Perón. El entonces fiscal Aníbal Ibarra aún está a tiempo de revelar el porqué su celo procesal no alcanzó.
La causa se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide declaró de lesa humanidad los delitos de la Triple A. En 2007, el juez libró orden de captura contra Martínez de Perón por “colaboración esencial” con las 3 A y la hizo detener en Madrid. Notificada, la expresidenta se negó a comparecer voluntariamente. Entonces Oyarbide pidió su extradición. La Audiencia Nacional de España trató la petición pero la denegó. Esgrimió la ley argentina de 1984 que impedía juzgarla e ignoró la resolución de la Corte Suprema argentina de 2005, por la cual cayó cualquier legislación de amnistía por delitos de terrorismo de Estado.
La extradición que sí concedió España fue la de Rodolfo Almirón Sena, el ex oficial de la Federal y .jefe de la custodia del ministro López Rega. Aquí, el juez detuvo, entre otros, al custodio Miguel Rovira, reciclado como jefe de seguridad en Metrovías. Los tipos fueron procesados como ejecutores de las mismas muertes que el fiscal Ibarra le atribuyera al Brujo como instigador. Almirón enfermó y murió en domiciliaria en 2009. Recién ese año Oyarbide se decidió a investigar la muerte de Mugica y abrió un expediente. Ricardo Capelli alcanzó a reconocer a Almirón como el hombre que les disparó al salir de la iglesia y la testigo Elena Goñi lo señaló como asistente a la misa que dio Mujica. Se constató que Rovira, quien murió en 2010, condujo el coche robado donde fugaron. Elevar la causa a sentencia fue imposible. ¡Los acusados habían muerto!
Por fin, el 12 de julio de 2012 el juez emitió una declaración identificando al ya fallecido Almirón como “autor inmediato del homicidio de Mugica, en el marco del accionar de la Triple A”. “Declarar la verdad de lo que aconteció, y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad”, fue el propósito que manifestó Oyarbide.
Un juicio por la Triple A llegó al final. En febrero de 2016 la jueza María Servini de Cubría condenó a. cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita a Jorge Conti -el que amenazó a Capelli-, a Julio Yessi de la jotaperra, Carlos Villone -exviceministro de Bienestar Social- y a los policías Rubén Pascuzzi y Norberto Cozzani. Visto lo cual en abril de 2016 el fiscal federal Eduardo Taiano acusó a Villone, de 82 años cumplidos, por haber ordenado desde el ministerio el asesinato de Mugica y solicitó su condena a prisión perpetua. En la requisitoria, el fiscal recordó la declaración del aviador Medina y las listas de López Rega, donde figuraba amenazado el sacerdote. Taiano informó que en el expediente de la Triple A se estaban investigando 681 denuncias por casos de homicidios, amenazas y atentados.
La verdad, es imposible creerse que solo diez tipos en unos veinte meses, hayan realizado labores de inteligencia para luego amenazar centenares de personas, matar otras tantas de una en una, las menos en atentados, las más previamente secuestradas y luego asesinadas, algunas voladas con explosivos, los cuerpos abandonados en sitios señalados, comunicada su ubicación a las comisarías y la prensa, en ocasiones distribuyendo libelos agraviantes para sus víctimas, etc.
Respuesta parcial y casi obvia: la Policía Federal fue puesta al servicio de la Triple A por orden de las autoridades del poder ejecutivo constitucional.
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* Periodista, investigador. Autor del libro Bernardo Alberte. Un militar entre obreros y guerrilleros.
