2. La democracia en México ganó sustancia al hacer más público lo público. Durante décadas, la certificación democrática fue reducida a una manera transición del poder presidencial entre los partidos tradicionales. Desde el 2018, la izquierda nacional-popular representada por Morena rotuló los adjetivos “participativa” y “social” a una democracia representativa deslegitimada por la corrupción, los pactos cupulares y las desigualdades. Al refrendo del mandato presidencial y los derechos constitucionales que avivan los colores del mosaico democrático se suma ahora la elección del Poder Judicial. La obra está inacabada — por ejemplo, falta ampliar las consultas populares para que aquellas con impacto fiscal sean votadas como en Suiza y Estados Unidos— pero en palabras adaptadas de López Obrador, el elefante reumático se mueve.

La democracia en México ganó sustancia al hacer más público lo público

3. La participación cumplió las expectativas y venció tanto al abstencionismo consciente como a las exigencias de información. A pesar del llamado al boicot, la gente votó conforme a lo esperado. Como primera referencia, una encuesta de Enkoll (18 al 20 de mayo) estimó que un 22.9 por ciento de los electores sabía la fecha exacta de la elección y respondía que era muy probable que acudiría a votar. Como segunda, la revocación de mandato (2022) registró una tasa de participación de 17.8 por ciento. Como tercera, el INE pronosticó una tasa de participación del 13 al 20 por ciento. Como era previsible, la participación subió donde había elecciones locales. Además, la reaparición pública de López Obrador disparó la moral y el sentido de propósito compartido. Pero no solo la cantidad sino también la calidad juega. La construcción de acordeones personales como mecanismo de adaptación fue un ejercicio inédito de madurez política. Ese proceso informal (e imperfecto) de formación política acelerada es un activo democrático incuantificable.

4. El INE arrastró los pies para cumplir el mandato. Con un mínimo de esfuerzo para atender quejas y vacíos, el despliegue logístico pasó la prueba. La ausencia de violencia y el atajo en las boletas que permitía trazar el vínculo de cada candidatura ayudaron al árbitro electoral. Pero como sucede con el VAR en el futbol, la discrecionalidad de las intervenciones y el margen interpretativo incitaron desconfianza. Como error de parvulitos, el órgano vetó entrevistas de los candidatos: un grillete medieval que de facto entorpeció el flujo indispensable de información. Aun sin el INE como rueda de triciclo, el elector pedaleó sobre la complejidad.

5. El relevo de guardia es un revulsivo en sí mismo. La renovación de funcionarios será honda. El 52 por ciento de las candidaturas provino de fuera del Poder Judicial de la Federación (PJF). Es decir, una marea de outsiders alcanzó las boletas. Pero incluso entre los experimentados soldados del sistema (el restante 48 por ciento), una apabullante mayoría de 67.4 por ciento son secretarios de juzgado o tribunal —es decir, charales en el mar de tiburones—  y solo un 23.7 por ciento son actualmente jueces o magistrados. Para bien o mal, una brecha media de 20 años de experiencia en la función judicial distanciaba ex ante la nueva sangre de la vieja. Es previsible que venga: (1) una curva de aprendizaje natural, (2) una sacudida a las camarillas enquistadas y (3) el nacimiento de nuevas formas de comunicación y rendición de cuentas entre el elector y los servidores públicos.

Los jueces, magistrados y ministros serán presionados por el mandato popular

6. El cambio no solo es de nombres, sino que alcanza el corazón del engranaje institucional. Por primera vez, los jueces podrán ser juzgados por los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta instancia podrá enjuiciar jueces y suspender sus funciones. Ya no serán los propios ministros lavando trapitos en casa. Desde ahora, el Poder Judicial estará sometido a un escrutinio público e interno. Si representa un giro copernicano o un nuevo pacto social dependerá del prudente distanciamiento de Morena como partido hegemónico, de la presión social y de un continuo ajuste a la legislación secundaria para colmar vacíos.

Cerca de 13 millones de personas salieron a votar libremente por el nuevo Poder Judicial. Ayer fue una jornada electoral histórica.https://t.co/WKab6KOovE pic.twitter.com/P6KWN0MU7E

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 3, 2025

7. La confianza en los jueces, ministros y magistrados crecerá al instante. Las encuestas preelectorales eran claras: la elección era “necesaria”, aun con las complejidades y tensiones inherentes. Y no solo eso, también anticipaban una mejoría frente al status quo. Enkoll registró que por cada encuestado que respondía que la elección reducirá la confianza y la legitimidad de los ciudadanos hacia el poder judicial, 2.6 preveían en cambio un aumento tras la elección. Además, por cada encuestado que vislumbraba un aumento de la corrupción y la impunidad, 2 más —el doble —confiaba en una disminución. Ese bono de legitimidad puede ser acicate de cambios.

8. Los jueces, magistrados y ministros serán presionados por el mandato popular. Los privilegios y la imbricación de intereses económicos deslegitimaron a un poder que no rinde cuentas. Las críticas son justificadas. A manera de microcosmo, en días recientes solicité a la inteligencia artificial de Google (Gemini 2.5 Pro) un análisis comparativo de 20 países de su elección — la mitad en vías de desarrollo donde se incluyera a México— que calculara la relación entre los sueldos de los ministros de las cortes supremas y el salario medio por país. El resultado fue aberrante. En México, un ministro de la SCJN gana 37.2 veces más que el trabajador promedio. Más allá de la cuestionable precisión de las inteligencias artificiales y el debatible grado de comparabilidad, el listado ofende: Indonesia 31.5 veces, Colombia 25.3, Brasil 23.8, Argentina 20.6, Nigeria 16.9, Canadá 11.3, India 10.2, Turquía 10.0, Sudáfrica 9.3, Reino Unido 7.2, Australia 7.0, España 5.5, Estados Unidos 4.8, Japón 4.3, Francia 3.8, Alemania 2.9, China 2.4, Corea 2.4 e Italia 2.4. En resumen, el PRI y el PAN crearon una casta. Tras la elección del domingo, la gente no quedará conforme sin un desmontaje de prebendas: una de varias tareas pendientes. Otra es la revisión de dictámenes aprobados al vapor en la antesala electoral.

El Poder Judicial congeló el Plan A y el Plan B y vetó 6 veces más iniciativas presidenciales que en otros sexenios

9. La instrumentalización de Ernesto Zedillo fue una mala apuesta de la oposición liberaloide. Una encuesta de Buendía y Márquez (15 al 20 de mayo) mostró que solo el 7 por ciento de los encuestados estaba muy de acuerdo con la frase de que con la reforma judicial “México podría dejar de ser una democracia y convertirse en una tiranía”. Entre exabruptos y desproporciones, Zedillo y sus publicistas —pienso en Nexos y Letras Libres— de nuevo perdieron la oportunidad de provocar un debate razonado. Una vez más, no elegir batallas costó a los intelectuales del bipartidismo ser meritorios del rechazo y el desinterés. No solo erraron la estrategia. Usar un expresidente desgastado que gobernó para las élites fue un error táctico de jardín de niños.

10. La oposición partidista de nuevo intentó apagar el fuego nacional-popular con escupitajos. La aversión a las grandes mayorías y a las izquierdas inspiró encuadres discursivos repetitivos: «capricho de AMLO», «farsa», «jueces subordinados», «división de poderes», etc etc. El PRI y el PAN intentaron preservar en éter una trinchera contramayoritaria. Mediante una colusión oligárquica, el Poder Judicial congeló el Plan A y el Plan B y vetó 6 veces más iniciativas presidenciales que en otros sexenios. El simpatizante de Morena, hoy en torno al 50 por ciento en el promedio de encuestas, partía con un sentido de propósito mayor.