Milei entrega la soberanía por partes: Israel, petróleo y el nuevo saqueo de malvinas

Una bandera de Malvinas, en una semifinal del Mundial, volvió a poner sobre la mesa el reclamo histórico de soberanía de Argentina sobre estas islas ubicadas en el Atlántico Sur. Desde el gobierno británico hasta medios de comunicación como The Telegraph se apresuraron a repetir un argumento incómodo para la corona británica: que esas islas se llaman Falklands, su nombre colonial, y pertenecen a Gran Bretaña por un referéndum hecho por sus habitantes a favor de pertenecer al Reino Unido. Este descarado argumento —que resulta embarazoso para los propios británicos, porque expone uno de los casos más longevos de colonialismo— obvia las resoluciones de la ONU que exigen a Londres negociar la devolución de las islas a Argentina.

En Malvinas se ubica Mount Pleasant, una de las mayores bases militares británicas del Atlántico Sur, que la Cancillería argentina y buena parte de la literatura especializada describen como integrada al dispositivo de seguridad de la OTAN, con el fin de darle a Gran Bretaña una posición privilegiada cerca del Estrecho de Magallanes —uno de los principales pasos marítimos que conecta el Atlántico con el Pacífico— y de la Antártida, un enorme continente blanco lleno de recursos naturales cuya explotación futura está reservada a los países con presencia en la región.

La bandera alteró la hoja de ruta trazada por Javier Milei, que buscaba dejar en un segundo plano el reclamo de Malvinas mientras profundizaba el acercamiento con Londres. El paralelismo con 1982 es incómodo: por aquellos años, la junta militar dirigida por Leopoldo Galtieri consideró que su cercanía con Estados Unidos le permitiría iniciar una guerra contra el Reino Unido sin que Washington respaldara a los británicos. La historia de ese desenlace es conocida: Estados Unidos respaldó al gobierno de Margaret Thatcher, y el Chile de Augusto Pinochet sirvió de puente aéreo para las operaciones británicas contra las Fuerzas Armadas argentinas.

Por ese motivo, Javier Milei calificó de “termo mononeuronal” a quienes reivindicaron el gesto de la bandera de Malvinas mostrada por los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra 2-1 en la semifinal. El presidente argentino, hasta esa bandera, tenía en agenda una gira por Gran Bretaña para avanzar en un acuerdo comercial bilateral, con fecha tentativa en marzo de 2026, en un intento de reconectar a la Argentina con Occidente que incluye, además, la aspiración a que el país obtenga el estatus de “socio global” de la OTAN

Sin embargo, el problema más grave para ese plan de subordinar la causa Malvinas a la agenda política de Milei no viene ni de la bandera ni de los reclamos malvineros, sino de una petrolera israelí que ya avanza en el desarrollo del mayor proyecto petrolífero de las islas, en la plataforma continental que Argentina reclama como propia ante las Naciones Unidas. Ante el reclamo del gobierno de Milei, el canciller israelí Gideon Sa’ar respondió que Navitas “es una empresa privada y no una compañía estatal”, y que el Estado israelí no tiene vinculación con sus operaciones.

Navitas, una petrolera israelí con una historia política.

La compañía se llama Navitas Petroleum, y un breve repaso por su historia relativiza esa versión de los hechos. Navitas entró al centro de la polémica cuando adquirió el 65% del proyecto Sea Lion, a cargo de las licencias de producción PL032 y PL004b, ubicadas mar adentro a 220 kilómetros de las Malvinas, en territorio que Buenos Aires considera argentino. La licencia le permite a Navitas, junto con la otra gran accionista de Sea Lion —la británica Rockhopper, que conserva el 35%—, desarrollar alrededor de 20 yacimientos con el potencial de generar, en el futuro, 4 mil millones de libras esterlinas en 35 años, según los datos de la petrolera israelí. Un asunto clave porque le daría a la ocupación británica de las islas una solidez financiera para financiar su administración sin recibir fondos del Reino Unido, ya que podría triplicar el PBI de las islas.

La Constitución argentina establece el mandato sobre las islas en su Disposición Transitoria Primera, al igual que varias leyes que ubican dentro del territorio del país la plataforma marítima donde están las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A lo largo de los años, la posición internacional de Argentina se ha sostenido en resoluciones de la ONU, como la 2065 (específica sobre Malvinas) y la 1514 (sobre descolonización en general), que hablan de las islas como un asunto pendiente de descolonización que requiere una solución negociada entre Argentina y Gran Bretaña. La Resolución 2065 establece que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes implantados por Gran Bretaña —los kelpers— pero no sus deseos.

A lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner se había logrado endurecer la política de Argentina respecto a Malvinas: reclamos permanentes en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la congelación de la cooperación pesquera con las autoridades de las islas —uno de los principales ingresos de los isleños—, la limitación de vuelos de terceros países hacia Malvinas, la denuncia y declaración de ilegalidad de las licencias petroleras otorgadas en la plataforma marítima, y la imposición de un bloqueo en puertos argentinos a los buques que colaboraran con esos proyectos.

Durante el gobierno de Macri, estas medidas se flexibilizaron con el llamado acuerdo Foradori-Duncan, firmado el 13 de septiembre de 2016 entre el entonces vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y el ministro de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan. El comunicado conjunto estableció, entre otros puntos, la “remoción de todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”. Según reveló el propio Duncan años después en sus memorias, la negociación final se cerró de madrugada en la bodega de la embajada británica en Buenos Aires, con Foradori en un estado que Duncan describió como de ebriedad.

El acuerdo removió buena parte de los obstáculos diplomáticos que el kirchnerismo había impuesto a la actividad británica en la región, en un contexto en el que Sea Lion —licenciado desde 2004 bajo control de Rockhopper y luego de Premier Oil— venía intentando sin éxito, desde 2012, cerrar la financiación necesaria para su desarrollo.

Rockhopper, la empresa británica a cargo del descubrimiento accedió a la venta de una participación de Sea Lion a Navitas por su experiencia en revivir proyectos estancados que otros no pudieron avanzar. Su estrategia consiste en adquirir activos donde otros “ya habían invertido enormes sumas de dinero y que, por distintas razones, habían quedado paralizados o habían perdido el respaldo de sus propietarios originales”, según Matías Kulfas, exministro de Producción de Argentina. De esta forma, la petrolera compra participaciones en proyectos alicaidos a precios bajos y si fracasa, no tiene grandes pérdidas en comparación al potencial negocio. Así consiguió, por ejemplo, ganar enormes cantidades de dinero cuando adquirió acciones de Shenandoah, un proyecto en El Golfo de México, después de que sus antiguos inversores destinaran 1.700 millones de dólares en desarrollarlo. Shenandoah se convirtió en uno de los principales negocios de Navitas.

Para Kulfas; “la historia de Navitas es, en buena medida, la de su fundador, Gideon Tadmor. En Israel es una figura ampliamente conocida en el sector energético. Durante años fue uno de los principales ejecutivos del grupo Delek, la empresa que protagonizó dos descubrimientos que transformaron la economía israelí: los gigantescos yacimientos de gas Tamar y Leviathan, que contribuyeron a transformar a Israel, que pasó de una fuerte dependencia energética a convertirse en exportador regional de gas. Tadmor acumuló una extensa red de contactos con bancos, fondos de inversión y compañías petroleras internacionales”. Navitas Petroleum LP es una sociedad limitada (limited partnership) con sede en Herzliya, Israel, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv. Lejos está, por supuesto, de ser un ente disociado de la política israelí después del paso de Tadmor por dos de los proyectos energéticos más importantes de Israel. Lejos de ser un ente disociado de la política israelí, la compañía tiene otro vínculo concreto con el Estado: su vicepresidente, Yacob “Koby” Katz, fue Director General del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua de Israel durante el primer gobierno de Benjamín Netanyahu en los años 90.

En general, además, la política exterior de Israel se asocia a los negocios de sus corporaciones de seguridad, armas y energía alrededor del mundo.

La importancia de Malvinas para le petrolera israelí.

Navitas ha convertido sus proyectos en Malvinas en claves para su posición global a pesar de la disputa que existe entre Argentina y Gran Bretaña. La controversia es tal que en 2022, una resolución de la Secretaría de Energía de Argentina declaró como clandestinas las actividades de las petroleras Navitas y Rockhopper amparándose en una ley argentina que establece sanciones contra las compañías que operen en el área en disputa. ¿Pero por qué, a pesar de esto, la petrolera israelí decidió avanzar con sus proyectos en Malvinas? En una conferencia, Amit Kornhauser, CEO de la compañía, interpretó unas declaraciones de Milei, emitidas en 2025, en las que subordinó el reclamo de Malvinas a la autodeterminación de los kelpers, los isleños implantados por Gran Bretaña, como un gesto de que el conflicto no es asunto “latente” que afecte los negocios de la compañía. En esa misma exposición, según reconstruyó el periodista Juan Pablo Kavanagh en Perfil, Kornhauser sostuvo que la Decisión Final de Inversión de Sea Lion había avanzado “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas e isleñas.

Navitas y Rockhopper tomaron esa Decisión Final de Inversión el 10 de diciembre de 2025, con el objetivo de extraer 170 millones de barriles para la primera mitad de 2028. El cálculo de los ejecutivos —que el clima político era propicio, dado el alineamiento de Milei con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, reforzado por varias visitas presidenciales a ambos países— no fue errado: salvo algunos reclamos retóricos, Argentina no tomó ninguna medida administrativa o judicial nueva desde diciembre de 2023 para frenar el avance del proyecto, que profundiza el riesgo sobre el reclamo de soberanía argentino.

Navitas aplica la misma modalidad que caracteriza a la ocupación israelí en los Territorios Palestinos Ocupados; consumar los hechos para que después no sean cuestionados, a pesar de ir en contra el derecho internacional y las distintas resoluciones de la ONU. Esta vez la víctima no son los palestinos, sino los argentinos, su estado y su soberanía sobre las islas.