El conflicto con Mapuches en la Patagonia. Pequeños grupos usurpan terrenos y vandalizan lugares. Casualmente son una excusa excelente para que rápidamente el sector más reaccionario desempolve sueños de represión y doctrinas de seguridad nacional.
Y el gobierno reprime a pedido de una jueza, que falla a pedido de empresas y gente bien. Un gobierno que no logra articular soluciones y que lentamente fue abandonando la política de diálogo con las comunidades para pasar a una doctrina represiva; y una derecha que no se complica porque se organiza en torno a la defensa irrestricta de la propiedad privada, no importa cómo la hayas conseguido.
Esto parece ser una excelente explicación de qué pasó en el país en los últimos tres años. Mientras tanto en Bariloche, ciudad epicentro del problema Mapuche y de quienes pretenden la “solución final” a ese problema, se organizan foros en los que empresarios se coordinan para confrontar directamente, ayudarse en la autodefensa y la judicialización de cualquier tipo de incidente. Con una retórica violenta, y con patotas que a veces pasan a la acción, como el año pasado en Cuesta del ternero donde una patota mató a Elías Garay en un predio usurpado que tenía un cerco policial. Se dictan muy buenas leyes y resoluciones y no se aplican ni ejecutan presupuestos o no se terminan de reglamentar.
En este caso Mapuche, la Ley 26.160, que si bien impide los desalojos de comunidades en trámite de reconocimiento, ordena un relevamiento de comunidades indígenas que no se hizo más allá del 35%. ¡Y es de 2006! 16 años para contar a un millón de personas.