Pese a que este episodio se integra dentro de la guerra civil sudanesa, la violencia de los milicianos arabizados de las RSF contra la población no árabe o africana de El Fasher no es genérica. El ensañamiento de la milicia contra los civiles que se refugiaban en la ciudad encaja con la definición de genocidio. Acuñado por primera vez en 1944 por el judío-polaco Raphael Lemkin como aquellos actos dirigidos a acabar con los fundamentos mismos de la vida de un grupo étnico, nacional o religioso, incluyendo la destrucción de su lengua, el secuestro de mujeres y niños o la apropiación de sus tierras.

Antes de que se produzca la aniquilación de un grupo humano, los genocidios suelen pasar por fases anteriores de persecución, humillación y destrucción de sus formas de vida. El observatorio Genocide Watch ha detectado diez etapas del genocidio que, pese a no ser lineales, suelen darse de forma sucesiva. La primera fase es la clasificación de un grupo humano como «lo otro», su simbolización (fase dos), la discriminación de dicho grupo (fase tres) y su deshumanización (fase cuatro).

 El quinto estadio supone la organización de el grupo dominante frente al discriminado, la aprobación de normas que contribuyan a la polarización de la sociedad (fase seis). La preparación, la persecución y el exterminio del grupo discriminado corresponden a las fases siete, ocho y nueve. La décima y última fase es la negación de los hechos, así como de cualquiera de las fases anteriores. 

Genocide Watch lanza alertas de emergencia cuando un grupo ha llegado a la fase nueve de exterminio. En 2025, lo hicieron en relación a la violencia ejercida contra cinco comunidades diferentes. Entre ellos están los grupos étnicos no arabizados de Sudán, como los zaghawa o los fur. También los hutus en República Democrática del Congo (RDC), los uigur en China, los rojinyas en Myanmar y los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Sudán: un genocidio dentro de una guerra civil

Cuando los británicos y los egipcios se marcharon de Sudán en 1956, lo hicieron dejando en el país su impronta colonial. Para ganar influencia en la región, los europeos se habían apoyado en los grupos étnicos que consideraban dominantes. En el caso de Sudán, estos eran los grupos arabizados -los baggara, los zaghawa o los danaglas-, mientras que a los no arabizados o africanos -grupos como los fur, los nubios o los masalit– se les presuponía de una clase social inferior. A día de hoy, los grupos árabes suponen, aproximadamente, un 70% de la población sudanesa, mientras que los no arabizados o africanos son el otro 30%. Estos porcentajes varían en función de la región. Así, en el suroeste del país, como en la región de Darfur del Norte, esta proporción se invierte.

La retirada de los europeos no acabó con el predominio de los grupos arabizados frente a los no árabes. Aquella herencia, sumada a las injerencias extranjeras de quienes desean hacerse con los recursos naturales del país -principalmente oro y petróleo-, ha alimentado varias guerras civiles y dos genocidios recientes. Los grupos más oprimidos se han organizado en diferentes momentos de la historia reciente de Sudán reclamando ciertos derechos y un ligar relevante dentro del poder político. Así fue como los grupos africanos de Darfur del Norte crearon el Movimiento de Liberación de Sudán (SLA/SLM), una milicia que atacaba objetivos gubernamentales del gobierno dictatorial de Omar Al Bashir.

En represión por el ataque de las SLA/SLM al aeropuerto de Al Fasher en 2003, los yanyauid, árabes aliados del dictador que controlaban militarmente el sureste de lo que ahora es Sudán, entraron la ciudad y asesinaron a miles de personas de grupos no árbes del pueblo zaghawa y fur, mayoritaria en dicha urbe. Aquella matanza recibió la condena de las Naciones Unidas y fue rápidamente descrita como genocidio contra los no árabes. Sin embargo, sus asesinos nunca fueron procesados. Algunos de ellos ahora forman parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Tal y como ocurriera en 2003 con los yanyauid, los milicianos de las FAR, pertenecientes a diversos grupos étnicos arabizados, entraron en la ciudad asesinando brutalmente a cientos de sus habitantes, incluidos niños, ancianos y enfermos. Según EFE, el ejército nacional de Sudán estimó que fueron 2.000 las personas asesinadas, si bien la cifra no ha sido contrastada. Además, varios reportes de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dieron cuenta de agresiones sexuales masivas por parte de miembros de las FAR a las mujeres y niñas de Al Fasher.

República Democrática del Congo y la herencia del genocidio ruandés

En 1994 tuvo lugar el genocidio de Ruanda, en el que cientos de miles de tutsis fueron masacrados a manos de sus vecinos hutus. Tras la matanza, el revuelo internacional obligó al Gobierno ruandés -otrora cómplice del genocidio- a investigar los hechos, lo que llevó al derrocamiento y posterior migración de muchos de los hutus que habían participado en la matanza. Algunos de ellos se asentaron en Kivu, una región al este de la República Democrática del Congo (RDC) -que por aquel entonces se llamaba Zaire-, donde también vivían tutsis. En Kivu, los hutus continuaron hostigando a los tutsis congoleños y lanzaron varios ataques contra Ruanda, lo que cronificó el enfrentamiento étnico de Ruanda a RDC.

Frente a la violencia organizada de los hutus, los tutsis crearon el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que el 23 de marzo de 2009 alcanzaron un acuerdo con el ejército de RDC para integrarse en sus filas. Tres años después, aquella fecha sirvió para bautizar a una nueva milicia tutsi, escisión del CNDP, que consideraba que el gobierno congoleño no había cumplido con el acuerdo: el M23.

Esta es la parte de la historia que explica la creación del grupo que ahora desafía al ejército congoleño. La otra parte es la que añade a esta tensión étnica la lucha por el control de los recursos naturales del país, principalmente el coltán, abundante en Kiuv. Los informes de la ONU aseguran que Ruanda es el principal financiador del M23 y su Consejo de Seguridad ha exigido al país que cese en su apoyo. Como medida de presión, EEUU y la UE han impuesto sanciones a Ruanda.

En junio de 2025, la RDC y Ruanda firmaron un alto el fuego que todavía no ha sido secundado por el M23. Mientras los estados tratan de no hacer descarrilar el acuerdo, las milicias hutus continúan ejecutando a tutsis y todo aquel que desafíe el control de la milicia sobre áreas mineras de la RDC. En abril de 2025, UNICEF aseguró que había documentado hasta 10.000 casos de violencia sexual, de los que el 45% eran niños y niñas. El portavoz de la organización en Goma, James Elder, explicó que en los puntos más álgidos del conflicto la proporción era de un menos violado cada 30 minutos.

Palestina: un genocidio que comenzó hace 70 años

Uno de los mayores consensos populares de los dos últimos años ha sido que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina. Los ataques que Hamás y otros grupos armados palestinos llevar a cabo contra civiles y militares israelíes el 7 de octubre de 2023 y que dejaron alrededor de 1.200 asesinados y 250 secuestrados, fueron el causus belli perfecto para que Tel Aviv avanzara en su limpieza étnica. En estos dos años de genocidio Israel ha logrado ampliar el su dominio colonial sobre los territorios palestinos.

Varios organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han visto en esta guerra evidencias de genocidio contra la población palestina. Actualmente, tanto el Estado de Israel como su primer ministro, Benjamín Netnayahu, y el extitular de Defensa, Yoav Gallant, están siendo investigados por posibles delitos de genocidio.

Las autoridades del nuevo Estado aprobaron entonces normas para legalizar la anexión de tierras a Israel que posteriormente se convirtieron en parques naturales, campos de entrenamiento militar, o viviendas para israelíes. La matriz de esta desigualdad estaba en la Ley de Propiedad de los Ausentes, que permitió a los ciudadanos del nuevo Estado quedarse con las tierras de quienes habían sido expulsados.

Según el lugar en el que vivan, los palestinos pueden hacer un uso u otro de la tierra y tienen derechos diferentes para moverse de un lugar a otro. Es en la Franja de Gaza donde la restricción a la movilidad de los palestinos se ha vuelto más extrema a lo largo de los años. Así, una lectura del genocidio como proceso permite encontrar la raíz de la matanza actual de Gaza en el bloqueo por tierra, mar y aire que Israel impuso al enclave en 2007.

La inexistencia del matrimonio civil, que permitirían las uniones entre musulmanes y judíos, es otra de las muchas decisiones políticas que han fomentado la división entre estos grupos humanos. Sin duda, una de las normas que muchos consideran como un punto de inflexión en el camino hacia el genocidio fue la creación en 2018 de la Ley Básica del Estado-Nación, en la que se establecía que Israel era la patria histórica del pueblo judío. Esto abría la puerta a que quienes hubieran sido criados en otras confesiones, fueran considerados extranjeros en su propia tierra.

Los rojinyas de Myanmar: el hambre como arma

En 2017, las autoridades budistas de Myanmar llevaron a cabo un genocidio contra minoría rohinyá -musulmanes-. Alrededor de 7.000 personas fueron asesinadas en menos de un mes, según Médicos Sin Fronteras, mientras que otros 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh. Allí también han sufrido persecuciones y deportaciones que actualmente están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Unos 600.000 rohinyas permanecen actualmente en el país, principalmente en la región de Rakhine, donde continúan expuestas a la persecución, discriminación y violencia de las autoridades de birmanas.

En 2025, Genocide Watch alertó de que la esta violencia se estaba reactivando en Rakhine. Allí, las autoridades budistas están matando de hambre a la población musulmana debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, y a la privación de medicinas para enfermedades curables. Esto tiene efectos especialmente devastadores entre niños y niñas, que según las informaciones del Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK). Esta forma de exterminio ha devuelto a los rohinyás, de nuevo, a la fase nueve de genocidio según Genocide Watch: el exterminio del grupo humano minoritario.

Los uigures y los campos de reeducación chinos

Aproximadamente 12 millones de los 1.400 millones de ciudadanos chinos son uigures. Esto supone menos del 1% de la población del país. Esta etnia se diferencia de la han, a la que pertenece en tono al 91% del país, en la religión y en la lengua, entre otras muchas cuestiones. Mientras la mayoría de los chinos no profesan ninguna religión o practican religiones tradicionales asiáticas como el taoismo o el budismo, los uigures son musulmanes suníes. Además, no hablan mandarín o cantonés con el grueso del país, sino una lengua similar al árabe.

Pese a la fragmentación de las minorías étnicas chinas -muchas de ellas suponen menos de un 1% de la población-, el Gobierno de Xi Jinping no ha cejado en su empeño de despojar a estas etnias de sus rasgos culturales para adaptarlos a los que se consideran específicos de la identidad nacional china. Esto es lo que se conoce como asimilación forzada. En la última década, los uigures han sufrido un incremento de los intentos por hacer desaparecer sus rasgos culturales. Según las informaciones recopiladas en la alerta de Genocide Watch, desde 2017 han sido recluidos en campos de «reeducación» entre 800.000 y 2 millones de uigures. En ellos, la tortura y violencia sexual es habitual. Otros son enviados a realizar trabajos forzados.

Además, el Gobierno chino ha acudido a las esterilizaciones forzadas de mujeres uigures con la intención de reducir su población. Según un estudio del investigador Adrian Zenz, citado en el informe de Genocide Watch, estas políticas han logrado disminuir el crecimiento de los uigures en un 84% entre 2015 y 2018. Los niños que logran nacer, son separados de sus familias y enviados a internados donde únicamente se habla mandarín, privándoles de su lengua materna y haciéndola desaparecer poco a poco. Todos estos actos constituyen un delito de genocidio, según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU.