Problemas de legitimidad en el colonialismo tardío
Hay una cuestión que merece profundizarse que se desperde de esta nota de Bruno Sgazini: la disputa entre Estados Unidos y China no es simplemente una confrontación entre dos modelos nacionales. Es una lucha por la apropiación de recursos, mercados, infraestructura y excedentes económicos.
América Latina vuelve a ocupar un lugar subordinado en una disputa entre grandes potencias. La pregunta decisiva es quién controla los recursos y quién captura los beneficios de su explotación.
La ultraderecha puede alinearse ideológicamente con Washington, pero no puede resolver por decreto las contradicciones de la inserción económica latinoamericana.
El planteo permite desarrollar una tesis interesante para una columna: Milei y las derechas regionales pueden ser aliados políticos de Trump, pero no tienen autonomía económica suficiente para ejecutar sin costos la estrategia estadounidense de expulsión de China.
El nuevo ciclo colonialista de esta etapa de crisis del capitalismo, llega tarde y su legitiación depende de manera creciente de los aparatos represivos de estado, en especial el aparato judicial que luego del intento de suprersión física, mantiene exilados, presos y/o proscriptos a los líderes popular-democráticos latinoamericanos.
Si en la segunda década latinoamericana Washington se centró en expulsar del poder a los progresismos, la tercera parece concentrarse en sacar de las ramas estratégicas de la economía a los capitales chinos de América Latina. El regreso de la doctrina Monroe (“América para los americanos”), con su nuevo nombre artístico, Donroe, escenifica una serie de intentos calibrados y deliberados por bloquear a China en áreas clave del desarrollo latinoamericano.
Una de las primeras batallas que libró la administración Trump fue contra los puertos de las dos entradas del Canal de Panamá, administrados por el consorcio hongkonés CK Hutchison. La iniciativa original era expulsar a este conglomerado para que China no controlara el principal paso bioceánico de la región y poner, en su lugar, a otro encabezado por el fondo de inversión BlackRock y la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) a través de una operación de compra.
Sin embargo, un ente regulador de China detuvo en seco la operación. En medio de presiones, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión en enero de 2026 y el Estado panameño asumió el control junto con las gigantes portuarias occidentales Maersk y MSC.
La respuesta de Beijing fue agresiva: multiplicó las detenciones de barcos de bandera panameña en puertos chinos, que atribuye a controles de seguridad marítima, lo que afectó uno de los principales ingresos de la Autoridad Marítima del país. Más de 200 barcos abandonaron el registro panameño entre abril y junio por la magnitud de las detenciones.
China se ha establecido como el segundo mayor socio comercial de América Latina, solo detrás de Estados Unidos
Beijing habría pedido a sus empresas estatales suspender las negociaciones de nuevos proyectos de infraestructura en el país, y el gigante marítimo Cosco anunció la suspensión de sus servicios en uno de los puertos afectados por el fallo judicial, el de Balboa.
Por su parte, CK Hutchison inició en agosto un arbitraje internacional contra el Estado panameño, en el que reclama más de 1.500 millones de dólares. Su filial Panama Ports Company mantiene otro arbitraje por más de 2.000 millones.
El caso resuena con fuerza en otras partes de América Latina, donde Estados Unidos busca la desvinculación de capitales chinos. Una de las mayores presiones la sufre Perú desde la instalación de un megapuerto de aguas profundas en Chancay, controlado por Cosco, que brinda autonomía a China respecto de puertos y pasos bioceánicos bajo influencia estadounidense, como Panamá.
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Washington criticó con dureza, a principios de año, el fallo de un juzgado peruano que excluyó al puerto de la supervisión del Estado peruano por ser “privado”. En junio, la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó ese fallo tras la apelación de los organismos de control peruanos, y la disputa podría llegar al Tribunal Constitucional. El Departamento de Estado, por su parte, revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que falló a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
El gobierno de Javier Milei se ha negado a abandonar el swap con el Banco Popular de China, pese a la presión de Scott Bessent
El Comando Sur, la división del Pentágono para América Latina, ha advertido, sin presentar pruebas, que el puerto podría usarse como base de inteligencia del Ejército Popular de Liberación de China. Para reforzar el control del puerto, Estados Unidos ha donado escáneres a la aduana peruana y ha amenazado con aranceles si se instalan empresas de “nearshoring”, un eufemismo para hablar del traslado de operaciones de empresas cerca del destino de sus exportaciones.
La clase política peruana, sin embargo, no ha boicoteado la iniciativa con capitales de China, su principal socio comercial y una fuente de inversiones en minería, energía e infraestructura.
En Argentina, por supuesto, no hizo falta esto para que el gobierno de Javier Milei paralizara el proyecto de la central nuclear Atucha III, a cargo de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y de la Corporación Nuclear Nacional de China, con financiamiento de bancos chinos. En reiteradas ocasiones, funcionarios estadounidenses del sector nuclear habían pedido paralizar el proyecto, en un área de disputa entre empresas estadounidenses y su par argentina NA-SA. Milei pretende vaciar la estatal mediante su desfinanciamiento y venderla a capitales estadounidenses.
Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha dicho varias veces que Argentina debería abandonar el swap (intercambio de monedas) con el Banco Popular de China, que da cierta estabilidad a las reservas del Banco Central argentino. Sin embargo, la presión todavía no ha dado frutos. El Comando Sur, por otro lado, lanza cada año campañas contra la estación de observación del espacio lejano operada por científicos chinos en Neuquén, a la que presenta como un “riesgo de seguridad”.
Una de las primeras batallas que libró la administración Trump fue contra los puertos administrados por el consorcio hongkonés CK Hutchison en el Canal de Panamá
Todos estos esfuerzos quedaron explícitos en la reciente gira de Marco Rubio, secretario de Estado, por Colombia, Ecuador y Perú. El lanzamiento publicitario de la gira comenzó con la publicación de una columna de Rubio en varios diarios latinoamericanos, donde afirmó que “cuando los activos críticos de un país caen bajo control extranjero, estas naciones pierden su derecho sagrado a decidir su propio destino y enfrentan graves amenazas a su soberanía nacional”.
Una de las iniciativas que impulsó en esta visita fue el Escudo de las Américas, una coalición diseñada para luchar contra el “narcotráfico” y las “influencias malignas” en la región. En Perú, se reunió con la presidenta Keiko Fujimori para garantizar la inclusión de Lima en esta iniciativa y criticó a las empresas chinas en el país. En Colombia, firmó pactos energéticos y comerciales diseñados para que capitales estadounidenses controlen sus recursos naturales.
Sin embargo, ninguno de los gobiernos de ultraderecha se anima a dinamitar por completo sus relaciones con China; el harakiri de Panamá es el ejemplo más evidente. El comercio de mercancías entre China y América Latina pasó de 274.000 millones de dólares en 2013 a más de 518.000 millones en 2024. China pasó del 1,7% del comercio regional en 2000 al 17% en 2023.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubica al gigante asiático como el segundo mayor socio comercial de la región, detrás de Estados Unidos. Según este trabajo, China ejecutó 294 proyectos de infraestructura en la región entre 2005 y 2024, con una inversión superior a los 129 mil millones de dólares y la generación de casi un millón de empleos.
Por eso, hasta para los presidentes trumpistas, romper relaciones con China es considerado un “suicidio político”.
