¿Por qué decimos que el crecimiento es estadístico, pero el 3,48% no describe la economía argentina?

El modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei apuesta a equilibrar cuentas reduciendo transferencias y liberalizando la economía, pero lo hace en un entorno global incierto y sin reforzar mecanismos de protección o estímulo a la capacidad productiva doméstica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (conocido como EMAE) que publica el INDEC adelantó un PBI interanual de 3,48% para diciembre 2025, entre puntas. Tomando la validez de los números y la metodología, de todos se hace posible una interpretación económica que permita tener un diagnóstico más acorde a la realidad que estamos viviendo: alrededor de 1,44 puntos porcentuales de ese crecimiento responden a dos partidas contables que, en las condiciones actuales, están asociadas más con la contracción del gasto y del crédito que con un repunte generalizado de la actividad productiva. Esos 1,44 p.p. surgen de la suma de impuestos (que se calculan netos de subsidios, en +0,92 p.p.) y servicios de intermediación financiera medidos indirectamente —SIFMI/FISIM— (+0,52 p.p.).

Si se excluyen ambos efectos, la variación ajustada cae a 2,04%, y la composición del resto del crecimiento muestra signos de fragilidad estructural: la contribución del agro (trigo principalmente) explica aproximadamente 1,9 p.p., mientras los sectores intensivos en empleo y encadenamientos productivos —industria, construcción, obra pública— se contraen, y el empleo privado registrado cae cerca de 0,5% en 2025. El empleo privado registrado cae en todo el país 3,1% entre 2023 y 2025, mientras que las unidades productivas caen 4,3% en ese lapso.

Explicar por qué esos rubros pueden enmascarar una crisis exige una precisión metodológica adicional. Las cuentas nacionales construyen el PBI a precios de mercado sumando el valor agregado bruto por actividad y el saldo impuestos sobre la producción y los productos menos subsidios. Si el gobierno reduce subsidios (o si la ejecución del gasto público se retrae), el monto que se resta disminuye y el saldo neto aumenta, generando un efecto contable positivo sobre el PBI, pero implicando una clara contracción sobre la demanda agregada, que en definitiva es lo que incentiva las decisiones de inversión y el aumento de la producción. En paralelo, la imputación de servicios financieros (SIFMI/FISIM tomada por el Indec) se calcula como la diferencia entre tasas efectivas cobradas o pagadas por intermediarios y una tasa de referencia aplicada a los stocks de activos y pasivos. En un contexto de altas tasas nominales y de ampliación de spreads entre tasa activa y tasa pasiva, SIFMI puede crecer por mayor margen financiero y cambios en la composición de saldos, de nuevo elevando el valor agregado medido del sector financiero aunque no se traduzca en más crédito real ni mucho menos en empleo productivo, incluso a veces al contrario. Estas son reglas contables; su aplicación es correcta. El problema es la interpretación: ambas partidas pueden comportarse «bien» en la estadística precisamente cuando la economía real está sufriendo.

En Argentina 2024–2025 esa dinámica es clara. La reducción de subsidios —por ajuste tarifario y por subejecución presupuestaria— y la contracción de la obra pública tuvieron un impacto contable directo. La ejecución de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, por ejemplo, destinados a vialidad alcanzó aproximadamente el 38% de lo previsto, y la obra pública efectiva en 2025 se contrajo cerca de 78% respecto de 2023. Esa subejecución significa menos demanda inmediata de insumos y mano de obra intensiva, lo que alimenta la caída del empleo industrial y de la construcción. Simultáneamente, la política monetaria y la apertura financiera favorecen una mayor dispersión entre tasas activas y pasivas; el resultado inmediato es un incremento del SIFMI y, por tanto, de la contribución del sector financiero al PBI medido. El efecto conjunto es paradójico y político-económico: la contabilidad muestra crecimiento mientras la demanda efectiva y el empleo se deterioran.

La evidencia por rama y por empleo confirma que el crecimiento mostrado por el EMAE es selectivo y, en buena medida, poco inclusivo. El aporte del agro (principalmente trigo) —+1,9 p.p.— constituye un shock de oferta y precio, pero para nada es una señal de reactivación distributiva. De las catorce ramas de actividad, sólo tres registran incremento en la cantidad de trabajadores asalariados privados; la mayoría, incluidas industria y construcción, pierden ocupación. El año 2025 es el primer año con caída anual del empleo privado registrado de la serie disponible (−0,5%, empleo privado formal entre 2024 y 2025), un dato que contradice la narrativa de una recuperación que «rescata» trabajo. Dato que adquiere sentido en todo el contexto que venimos relatando.

Minería y petróleo muestran una contracción sostenida del empleo registrado: desde noviembre de 2023 la caída acumulada es −7,63% y desde el pico de junio de 2024 llega a −9,34%, lo que equivale a alrededor de 8.960 puestos formales menos. Esas pérdidas no son temporales de ajuste sino un proceso prolongado: la serie mensual acumula 18 meses consecutivos de descenso en empleo sectorial, con la última variación mensual en torno a −0,35%.

El EMAE de mayo marcó una leve caída de 0,1.

El diagnóstico entonces implica necesariamente una crítica técnica al diseño y la orientación de la política económica vigente. Desde un enfoque industrial y de desarrollo productivo, la Argentina precisa una política industrial activa: incentivos a la inversión productiva, protección selectiva de capacidades estratégicas, políticas de incentivo al empleo formal y medidas para sostener la demanda interna mientras se transita hacia esa mayor eficiencia. Sin embargo, la orientación observada va en la dirección contraria: reducción de subsidios, recorte del gasto público y liberalización comercial acelerada combinadas con condiciones financieras más duras. El resultado es coherente con un modelo que prioriza señales de precios y ajuste fiscal por sobre la preservación de capacidades productivas y del empleo. En un contexto internacional volátil, con riesgos de precios de commodities y cadenas globales de suministro inciertas, esa estrategia aumenta la vulnerabilidad externa y la dependencia de ganancias de pocos sectores exportadores o financieros.

Conviene señalar dos riesgos de fondo. Primero, la sostenibilidad del crecimiento medido: si gran parte del alza estadística se debe a menos subsidios y a márgenes financieros, el motor del PBI se apoya en factores no replicables como la sequía o la buena cosecha de un año, o en márgenes que se disipan cuando la normalización de tasas ocurra o cuando la dolarización de activos se ajuste. Segundo, el costo social y político de una pseuda recuperación sin empleo: pérdida de empleo en la industria y la construcción debilita la demanda de consumo de masa y agrava la recesión de pequeñas y medianas empresas que viven de esa demanda. La apertura comercial sin contrapartidas industriales y la subejecución de inversión pública potencian la deslocalización de actividad y la pérdida de encadenamientos productivos.

La nota no pretende desconocer la contabilidad oficial ni deslegitimar los números del INDEC; al contrario: partimos de ellos para mostrar cómo la identidad contable del PBI puede producir lecturas engañosas de la realidad económica. Tampoco es casual que la expansión medida coincida con políticas que, desde la lógica de mercado, reducen los canales tradicionales de demanda: baja de subsidios a la energía y el transporte, recorte de gasto público de inversión, y mayores tasas que encarecen el crédito y deprimen la inversión privada. Esa combinación produce un resultado estadístico —PBI más alto— que, paradójicamente, es coherente con una economía que se contrae en empleo y en inversión productiva.

La crítica tiene implicancias de política pública. Si el objetivo es una recuperación sostenida y distributiva, las prioridades deben incluir: recuperación y focalización de la inversión en obra pública productiva con ejecución eficiente; un esquema de incentivos a la inversión privada que priorice la capacidad y el empleo local (no sólo beneficios fiscales de corto plazo); un diseño financiero que reduzca la volatilidad de spreads y revitalice el crédito real al sector productivo; y un marco de negociación social que combine disciplina fiscal con medidas que protejan el empleo y la demanda interna en la transición. Sin estas medidas, la economía puede exhibir nuevos pulsos de crecimiento estadístico en años de buena cosecha o de márgenes financieros favorables, sin que ello revierta la tendencia estructural de caída del empleo industrial y de pérdida de tejido productivo.

El modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei apuesta a equilibrar cuentas reduciendo transferencias y liberalizando la economía, pero lo hace en un entorno global incierto y sin reforzar mecanismos de protección o estímulo a la capacidad productiva doméstica. Es legítimo sostener prioridades fiscales; es imprescindible, sin embargo, que la estrategia contemple cómo evitar que la corrección macro deje atrás industrias, trabajadores y encadenamientos productivos irreemplazables. Si no se lo corrige, el riesgo es que la economía «crezca» en la serie pero se deteriore en su tejido real: menos empleo, menos inversión productiva y mayor dependencia de dos o tres motores volátiles. Esa es la paradoja que revela el 3,48%: la estadística no miente, pero puede devolver una imagen distinta de la que requieren las decisiones económicas si no se analiza qué hay detrás de cada punto porcentual.

Coordinador del área de economía, Instituto Argentina Grande (IAG)