-Por Arturo Laguado Duca*-
–Investigador y docente del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina–
Más allá de los usuales lugares comunes que suelen usarse ante los triunfos deportivos –‘lo que podemos lograr unidos’, ‘lo que se alcanza con trabajo y humildad’, ‘el valor del sacrificio’…- la fiesta desatada por el triunfo de la selección argentina es un interesante indicador de lo que pasa en la sociedad. Como enseña la sociología clásica, cualquier hecho social, correctamente analizado, puede permitir la reconstrucción de la configuración sociopolítica en donde aquél ocurre. La celebración de la victoria del campeonato del mundo no es una excepción.
Ciertamente es sabido que los ingresos de los trabajadores no se han recuperado después de la devaluación impuesta por el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), la crisis de la pandemia y el acuerdo con el FMI. Es sabido, también, que ese deterioro de los salarios es producto de la inflación desbocada. Por eso mismo la incipiente desaceleración de la escalada inflacionaria -cerró al 4,9% en noviembre y se espera un número similar para diciembre lo que sería un éxito, dado el tradicional aumento de precios que acompaña las festividades- es una buena noticia para el gobierno, quien lograría evitar la barrera sicológica del 100% de inflación anual.
También lo es la recomposición de reservas. Inicialmente incrementadas gracias al acuerdo con los sojeros basado en conceder un precio especial al dólar soja a cambio de que liquidaran sus existencias; y, posteriormente, con el giro de 6 mil millones de dólares que comprometió el FMI para cerrar el año, de los cuales 2.600 son para pagarle al propio FMI[1], alcanzan una fortaleza que permitirá evitar las usuales corridas bancarias del verano. Estos datos a otras noticias positivas[2]: un fuerte incremento del consumo privado, de la tasa de actividad y el sostenido descenso del desempleo que, según la última medición del INDEC, volvió a bajar en la medición interanual al 7,1%[3].
En medio de un fuerte ajuste del gasto que acerca al país mucho a la meta de déficit primario exigida por el FMI, el gobierno parece ser capaz de atravesar diciembre sin un desborde inflacionario ni grandes conflictos sociales. Aunque de esta forma se consolida un modelo de crecimiento del empleo con bajos salarios que, si logra mantener la estabilidad macroeconómica y conserva la tendencia al descenso sostenido de la inflación, le permitiría al oficialismo recuperar competitividad de cara a las elecciones de 2023. O, al menos, terminar su mandato constitucional sin grandes sobresaltos.
Pero si el camino macroeconómico parece despejado a corto plazo, la mayor amenaza proviene de la desinstitucionalización del sistema político. Ni siquiera el triunfo de la selección argentina en el mundial de futbol permitió la tradicional imagen de logro nacional –siquiera efímera- con los jugadores saludando a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada. Aunque la pésima organización del dispositivo de seguridad -ante la presencia desbordada de 5 millones de hinchas- no ayudó a que la caravana llegara hasta el centro de CABA, también influyó el ataque previo de los medios de comunicación a todo lo relacionado con la presidencia de la Nación. Desde antes que se ganara el campeonato, los multimedios estaban tratando de evitar todo contacto de los jugadores con la institución presidencial.
Usualmente, en los países donde el futbol tiene un fuerte componente identitario –varios de América Latina caerían en esa categoría, pero la Argentina de manera destacada- los combinados nacionales de futbol sufren una suerte ambigua: en el momento de su conformación se multiplican los descontentos porque, siendo todos DT’s en potencia, siempre falta uno u otro jugador de preferencia del aficionado. Luego, iniciada la competencia, el apoyo suele ser unánime y poco matizado. Sin embargo, en esta ocasión, fue notorio el destrato que sufrió el combinado nacional por parte de programas deportivos que, en última instancia, no son sino apéndices de los grandes conglomerados comunicacionales, repitiendo su línea editorial sin fisuras.
En esa misma lógica, los medios masivos más poderosos y los partidos políticos de la oposición actuaron en conjunto para tratar de evitar la fiesta popular que se desencadenaría –y se desencadenó- con el triunfo deportivo. Inicialmente, se opusieron a los festejos espontáneos de los hinchas, vallando el obelisco porteño y reprimiendo a los manifestantes. Con más ahínco aún, rechazaron la idea de un feriado nacional –asueto que dio el presidente muy a última hora- para que la gente festejara en las calles. Las redes sociales explotaron con tuits a favor de la meritocracia y la cultura del trabajo, contra la vagancia que estaría empujando el gobierno con su feriado.
Decretado el asueto, la muchedumbre tomó las calles en una cantidad nunca vista ni prevista. A partir de ese momento, nuevamente los medios concentrados y activistas de JxC trabajaron en tándem para frenar “el aprovechamiento político” (tal lo bautizaron) de la victoria deportiva. Se trataba de impedir que los campeones fueran a la Casa Rosada pues eso significaría, afirmaban, que “la política se apoderara del triunfo”. Maniobra en la que tuvieron éxito: Alberto Fernández, a diferencia de sus antecesores del 1978 y 1986, no recibió a los jugadores en la casa de gobierno.
No se sabe con certeza si el encuentro entre el presidente y los jugadores no se produjo por causa de la pésima organización del operativo –responsabilidad de los gobiernos porteños y nacionales-, por la mala relación del Poder Ejecutivo con el presidente de la AFA, o, como lo afirmó JxC y sus aliados mediáticos, por decisión de los jugadores. Cualquier haya sido el motivo, algunas conclusiones surgen de este acontecimiento.
Es una clara muestra de incomprensión política por parte del gobierno al no valorar la dimensión simbólica de la fiesta –este fenómeno de communnitas que le atribuye Víctor Turner al ritual[4]– y su papel de comunión popular que permitiría refundar, aunque sea por un momento, la bombardeada idea de comunidad nacional que tanto rechaza el discurso opositor. En ese sentido, fue un error importante de Alberto Fernández no haber sido capaz de “cabalgar el acontecimiento”, sea por causas organizativas o políticas. Una muestra más de la falta de pensamiento estratégico.
Por otra parte, desde JxC queda claro lo que se transmite en las redes de muchos de sus dirigentes y se ratifica en sus medios de comunicación amigos: el rechazo a lo popular. Tal vez el odio inveterado al peronismo incluye la desconfianza en esa communitas que acompaña los grandes acontecimientos festivos y da fuerza a las sociedades para enfrentar nuevos desafíos.
Pero, en última instancia, lo que hay detrás de la estrategia de JxC es debilitar la figura presidencial y junto con ella la acción política y la soberanía estatal. La inmensa manifestación popular obligó a los medios adictos y algunos dirigentes de JxC a cambiar su discurso[5]. Cuando se confirmó que los jugadores no asistirían al balcón de la Casa Rosada, el énfasis dejó de ponerse en la crítica a los jugadores -ahora ya intocables en tanto campeones-, a su falta de caballerosidad por haberse burlado de los derrotados neerlandeses[6] – una actitud decimonónica inusual en estos días- o en la recientemente descubierta ‘vulgaridad’ de Messi en su metamorfosis maradoneana[7], para, finalmente, desplazar el foco retórico hacia la sabiduría de los integrantes del combinado nacional que no permitieron que la política los usara.
En resumen: la oposición vernácula -a diferencia de las nuevas derechas europeas- tiene un profundo desprecio por lo popular. Ese desprecio incluye también a la democracia corporeizada en la figura presidencial. El rechazo a la figura del presidente como encarnación del cuerpo societal en los grandes eventos que deberían estar por fuera de la discusión cotidiana -fiestas patrias, desastres nacionales o, como en este caso, logros deportivos- y la insistencia en deslegitimar su figura, está en el trasfondo de la actitud de la oposición ante la obtención de la Copa del Mundo. Se trata de desconocer la legitimidad de Alberto Fernández para actuar en nombre de la nación y, en última instancia, de deslegitimar toda acción política, una actitud que está en la base del discurso neoliberal que sueña con un mundo regido por el homo oeconimicus.
Como ya señalara hace años Norberto Bobbio, existe una fuerte tensión entre democracia y capitalismo[8]. Esa tensión ha sido relativamente obliterada por los Estados de bienestar. Destruidos éstos, la construcción de hegemonía recayó, principalmente, en los medios de comunicación masiva. Así y todo, al menos en América Latina, esta estrategia ha resultado insuficiente para contener la voluntad de las masas, aunque sí ha sido un arma poderosa contra los gobiernos popular-democráticos.
Contando con el silencio de los grandes medios, la oposición se dispuso a anular la acción de cuerpo legislativo a través del sencillo mecanismo de retacear el quorum, sepultando así leyes importantes, p. e. la ampliación de la moratoria previsional. El proceso de vaciamiento de la voluntad popular se completa, paralelamente, con la deslegitimación de la figura presidencial, negándole toda legitimidad como representante simbólico de la nación argentina. En cierto sentido, se produce la paradoja de que el neoliberalismo tardío recurra a una concepción de democracia similar a la de un teórico fuertemente estatista como Carl Schmitt, pues toda la acción política de JxC se basa en la lógica amigo-enemigo planteada por el teórico alemán[9]. Sin embargo, Schmitt aclara que esa dinámica de enfrentamiento y estructuración del campo político implica una confrontación sujeta a reglas. Limitación que no parece respetar la oposición argentina.
En todo caso, paralizado el Poder Legislativo, deslegitimado el Ejecutivo, queda el campo libre para que actúe el único poder que no representa la voluntad popular: el Poder Judicial.
Es así como, ante la pasividad del presidente y un esperable malestar de los ciudadanos por la inflación y el deterioro de la capacidad adquisitiva, algunos jueces, las altas Cortes, y particularmente la Corte Suprema de Justicia (CSJN), han iniciado una campaña sistemática de erosión del gobierno buscando la paralización del Poder Ejecutivo cuando no el cogobierno. Como se ha mencionado reiteradamente[10], la lista de arbitrariedades y violaciones de la ley es larga, llegando a la corrupción abierta como sucedió con el affaire de Lago Escondido o con la protección mediática judicial al diputado Milman[11].
Pero lo más preocupante es la toma de partido sin ambages de la CSJN en favor de JxC. Los ministros de la Corte Suprema no sólo revivieron una ley -doce años después de haber sido demandada- que altera el Consejo de la Magistratura -único órgano judicial donde hay atisbos de participación democrática-, sino que lo ‘asaltaron’ poniendo a uno de ellos como presidente del cuerpo. Posteriormente desconocieron la autonomía del Legislativo para configurar bloques en el Senado -lo que le quita un consejero al oficialismo- pero no actuaron con el mismo criterio en Diputados, otorgándole un cupo más en el Consejo a la oposición.
Ante las tibias protestas del gobierno, la CSJN siguió avanzando contra el Poder Ejecutivo. A la ratificación de la condena a la líder popular Milagro Salas -detenida por el gobernador radical de Jujuy- se sumó un cierre de año con un fallo contra la Nación y a favor de CABA.
El fallo de la Corte ordena a la Nación restituir parte de la coparticipación que arbitrariamente había dado el gobierno de Macri a la Ciudad para pagar los gastos ocasionados por la transferencia de la policía. Dado que no existían datos que justificaran el monto otorgado y que la coparticipación debe ser el resultado de un acuerdo federal entre todos los gobernadores, Alberto Fernández disminuyó ese subsidio que el Estado Nacional daba a la ciudad más rica del país.
Así las cosas, este fallo fue una sonora cachetada al gobierno nacional pues, transcurridos varios meses desde la demanda interpuesta por CABA, la CSJN ni siquiera se expidió sobre la cuestión de fondo, sino que emite una medida cautelar a favor de la ciudad. En ella, además, tampoco cuantifica el monto que debería transferirse para pagar a la policía de la ciudad, sino que, con una lógica de regateo de plaza de mercado, decide “partir diferencias”; es decir, otorgar la mitad de la diferencia entre lo transferido y lo demandado. Por último, se inmiscuye en el presupuesto votado por el Congreso y el funcionamiento de Economía para ordenar un monto y una forma de efectivizar la transferencia.
Es difícil saber si el fallo sobre la coparticipación que emitió la CSJN se debió a un exceso de confianza ante la falta de reacción del gobierno frente sus avances, si está relacionado con la necesidad de financiar la campaña presidencia del Jefe de Gobierno de CABA o si fue una provocación al FdT. En todo caso, la desmesura de la medida y el hecho de que afectara fuertemente a los gobernadores obligó al Poder Ejecutivo a rebelarse ante un paso más del golpe de Estado por goteo.
Reaccionado como debería haberlo hecho hace años el presidente, con el apoyo de 18 gobernadores (no todos oficialistas), desconoció la sentencia de la CSJN por ser “un fallo político de imposible cumplimiento” dado que ya hay un presupuesto aprobado por ley.
En cierto sentido, el avance del Poder Judicial sobre la voluntad popular y su decisión de aliarse sin tapujos con la oposición, cuestiona profundamente el respeto al voto popular, poniendo en jaque toda la institucionalidad construida desde el retorno a la democracia en 1983.
Como era de esperar, el Jefe de Gobierno de CABA[12], la dirigente de JxC, Elisa Carrió -y es de suponer que serán más- denunciaron penalmente al presidente ante el desconocimiento del fallo. Por el otro lado, varios gobernadores criticaron la actitud dictatorial de la Corte.
Se profundiza así el proceso de desinstitucionalización como resultado de la negativa de la oposición a reconocer la voluntad popular y las instituciones donde ésta se expresa. De allí su reiterado discurso antipolítico que, en la medida en que permea a la ciudadanía, significa un triunfo cultural del neoliberalismo tardío. En ese discurso cae el ataque a la selección de futbol, a los festejos populares y, sobre todo, la demanda de que los jugadores no salgan al balcón de la Casa Rosada, como sucedió cuando se obtuvieron los títulos anteriores, “para no favorecer a los políticos”, vaciando así la figura presidencial de su poder simbólico como representación de la nación.
En última instancia, toda desinstitucionalización implica, tarde o temprano, una posterior reinstitucionalización, a menos que aceptemos dejar de existir en tanto Estado nacional. Y ese proceso de reinstitucionalización sólo se puede hacer desde la acción política. En ese sentido el desconocimiento del fallo de la Corte por parte del Poder Ejecutivo es un paso sensato en esa dirección. Pero esa decisión, si quiere producir resultados en el tiempo -cada vez más escaso- debe ser acompañada por una política de masas. En caso contrario nada detendrá el golpe de Estado por goteo que encabeza la Corte Suprema de Justicia.
[1] https://www.perfil.com/
[2] El nivel del empleo – subió de 42,9% a 44,2%– y lo mismo sucedió con la tasa de actividad que pasó del 46,7% al 47,6% interanual. https://www.clarin.com/
[3] https://www.ambito.com/frente-
[4] Turner, Víctor. El proceso ritual. Taurus, Madrid 1988
[5] En todo caso, el rechazo a lo popular no cesó. Así, a pesar de que alrededor de 5 millones de personas transitaron las calles de CABA el día que arribó la selección, los medios dominantes no pusieron el acento en el hecho de que tan inmensa multitud se reuniera sin casi incidentes violentos, sino en los destrozos materiales que ocurrieron. https://www.clarin.com/
[6] https://www.lanacion.com.ar/
[7] https://www.lanacion.com.ar/
[8] Liberalismo y democracia. FCE, 1985
[9] El concepto de lo político. Alianza Editorial, 2014 [1927]
[10] Cfr. Laguado Duca, A. El lawfare y la ruptura del pacto democrático. Papeles de Coyuntura, https://politicaspublicas.
[11] https://www.pagina12.com.ar/
[12] https://www.pagina12.com.ar/