En la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que comienza a las 8.30, las distribuidoras que atienden a 5,7 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano presentarán sus requerimientos de ingresos para pagar la energía, los salarios, mantenimientos, costos financieros y los impuestos.
La suba de tarifas se concretará entre mediados de febrero y principios de marzo, y vendrá acompañada por un incremento del precio estacional de la energía (el valor que se traslada a las boletas de hogares, comercios e industrias) y el último escalón de la segmentación de los subsidios, tal como figura en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin contar los montos correspondientes a la eliminación de los subsidios, fuentes del mercado y autoridades contaron a El Cronista que las eléctricas señalarán que aproximadamente el 80% de sus usuarios pagan hoy $ 1500 por mes en promedio y con el aumento del Valor Agregado de la Distribución (VAD) pasarán a abonar entre $ 3000 y $ 3200 desde marzo.
CUÁNTO SUBEN LAS TARIFAS DE LUZ
De acuerdo a los documentos presentados ante el ENRE, entre septiembre y octubre del año pasado Edenor pidió $ 132.000 millones y Edesur otros $ 110.000 millones para recuperar el atraso de las tarifas a partir de agosto 2019 producto del congelamiento y la inflación, que disparó los costos (materiales, contratos, salarios y la energía en sí).
En los últimos días de 2022, ambas empresas firmaron con el Gobierno un acuerdo para regularizar las deudas que tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
DEUDAS ELÉCTRICAS CON CAMMESA
De los casi $ 220.000 millones que debían entre ambas, el Estado nacional perdonó los intereses punitorios y efectuó compensaciones que provocaron un alivio conjunto de $ 140.000 millones, por lo que las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán pagar unos $ 80.000 millones en cuotas mensuales durante 8 años.
La condonación de las deudas fue un reconocimiento del Estado por no haber otorgado la autorización para un aumento superior de las tarifas. Como Edenor y Edesur no contaban con ingresos suficientes, se financiaron con el dinero que debían transferirle a Cammesa por la energía. Y el Estado tuvo que elevar el gasto público con subsidios (financiados con emisión monetaria, impuestos y deuda) para hacer funcionar la cadena de pagos.
Al inicio de 2023, las transportistas de energía como Transener ya tuvieron un incremento del 154% en su remuneración, que impacta entre un 2% y un 3% en las boletas de los usuarios.
El sector espera novedades inminentes sobre el nuevo precio estacional de la energía a aplicar en febrero o en marzo, ya que de eso dependerá el ahorro fiscal en subsidios, que en todo 2023 deben sumar no más del equivalente a unos 1,6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) solamente en energía -y otro 0,1 en transporte público-.
El FMI pide un recorte de 0,6 puntos, lo que hoy equivale a cerca de $ 850.000 millones entre energía eléctrica, gas natural, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y transporte -colectivos y trenes-.