Tras la pandemia por Covid-19, ya en el año 2021, se licitó la obra que comenzó a ejecutarse en 2022. Esta primera etapa se realizó en solo 10 meses. La celeridad lograda resulta de vital importancia porque permite el ahorro de parte del gas importado en la época de mayor consumo (junio a agosto) y contrasta con la inacción de la gestión anterior. El derrotero de la obra indica que:
La Argentina se ubica en el cuarto lugar en el ranking de países con mayor volumen de reservas de petróleo no convencional. De los 27 billones de barriles que se estiman a nivel nacional, 16 se encuentran en Vaca Muerta, es decir, casi un 60% del total. Más aún, con respecto al gas no convencional, Argentina posee la segunda reserva más grande del mundo. Del total nacional, el 40% se encuentra en Vaca Muerta.
Para dimensionar lo que representa Vaca Muerta, los 16 billones de barriles de petróleo suponen el consumo interno de Argentina de 94 años. En cuanto al gas, esta relación se duplica: los 308 trillones de pies cúbicos representan 193 años de consumo interno de nuestro país.
Este volumen de recursos no sólo nos permitiría suplir el declino de la producción convencional sino también revertir la balanza comercial energética: pasar de un escenario de importación de energía al autoabastecimiento y capacidad exportadora. Algunas estimaciones, calculan un ingreso potencial de divisas anual de más de 37.500 millones de dólares (5). Esto representa un tercio del total de exportaciones argentinas de bienes al año 2022.
Argentina hoy tiene costos de producción de hidrocarburos altamente competitivos a nivel internacional. Fue la YPF recuperada por el Estado la que realizó las inversiones iniciales y pagó el costo de la curva de aprendizaje que las empresas privadas no estaban dispuestas a asumir. Esas inversiones fueron las que permitieron mejorar la eficiencia de modo tal de tornar factible (y rentable) económicamente la extracción de los recursos de Vaca Muerta. Tal es así que, en los primeros años de la actividad en la zona, casi la totalidad fue desarrollada por YPF.
La reducción significativa de los costos permitió la incorporación de otros actores privados que se valieron de la experiencia, el aprendizaje e incluso los recursos humanos de YPF (6).
Como se observa en el gráfico a continuación, la producción de petróleo registró una declinación sostenida desde fines de la década del ‘90 hasta 2012, año en que se estatizó el 51% de las acciones de YPF. A partir de ese momento se revirtió la caída por impulso de mayores inversiones en general y, en particular, por el desarrollo del Shale Oil. En el año 2020 se registró una fuerte contracción de los volúmenes producidos debido al impacto que generó el COVID-19, dadas las restricciones a la movilidad que generaron fuerte caída de la demanda y los precios, en un contexto donde el PBI se retrajo 10 puntos. Sin embargo, a partir de 2021, la producción retomó la senda de crecimiento incluso a una tasa mayor que en los años previos. Los niveles actuales de producción diarios ya alcanzaron los valores del año 2006.
Argentina tiene, según el consumo actual, 150 años de gas garantizado, pero necesita resolver un problema central: su transporte. De esa manera, con la construcción del gasoducto, es posible:
Desde CEPA realizamos una serie de estimaciones relativas al impacto del ahorro por importación de energía y al potencial impacto de la exportación de gas en la balanza comercial.
Otros beneficios asociados a la construcción del gasoducto son los siguientes:
En el marco de un nuevo aniversario patrio, resulta paradójico que la misma oposición política que rechazó en su momento la estatización de YPF y se opuso al Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, hoy se interese sobremanera por esta obra buscando, en definitiva, la apropiación privada del principal recurso en juego: Vaca Muerta, y perjudicando la producción, el trabajo y la soberanía energética nacional.
Tanto en la estatización de YPF como en la aprobación del Aporte extraordinario que financió el gasoducto, quienes integran hoy Juntos por el Cambio votaron en contra.
La Cámara de Diputados sancionó en 2012 la ley de expropiación de YPF, con 208 votos a favor, 32 en contra, 6 abstenciones y 11 ausentes.Entre los votos negativos se encuentran 9 legisladores que integraban el PRO: Laura Alonso, Paula Bertol, Gladys Gonzales, Soledad Martínez, Cornelia Schmidt-Liermann, Juan Martin Obiglio, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Jorge Triaca. Patricia Bullrich también votó en contra, en aquel entonces representando al Frente Unión por Todos, hoy en el PRO. También votó en contra, Alberto Asseff, otrora en otro partido, y actualmente integrante de Juntos por el Cambio. A la par, se abstuvieron un conjunto de diputados que hoy militan en las filas de Juntos por el Cambio: Carrió, Prat Gay y Ocaña. ¿Los ausentes? Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani, entre otros. Entre negativos, abstenciones y ausentes, hubo 15 diputados/as de Juntos por el Cambio que no acompañaron la estatización de YPF. Algo más increíble ocurrió aún, en 2016 el ex ministro de Economía Prat Gay pidió perdón a los españoles, entre otras cosas, por el “disparate” de estatizar YPF (7).
En el Senado la situación fue algo más holgada, con el respaldo de 63 votos, 3 en contra y 4 abstenciones.
Como se mencionó, la obra fue parcialmente financiada por el Estado Nacional a través del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas (Ley 27.605) sancionado en el marco de la urgencia de la pandemia (8) tras el proyecto presentado en 2020 por el Frente de Todos: el 25% provino de este aporte de los más ricos. Sobre la obra del gasoducto, según una revisión parcial de los costos ejecutados, los mismos se aproximan a $423 mil millones para la construcción.
Esta medida consistió en un aporte por única vez destinado a contribuyentes con patrimonios con un valor superior a $ 200 millones al 18 de diciembre de 2020. Abarcó a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por sus bienes en el país y en el exterior, así como a los residentes en el exterior por sus bienes en el país. Además del 25% destinado a Energía, los recursos obtenidos por este aporte se destinaron en un 20% a vacunas y fortalecimiento del sistema de salud (equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria), un 20% al sostenimiento del empleo y recuperación productiva, con subsidios a las micro, pequeñas y medianas y herramientas clave para proteger a las trabajadoras y los trabajadores más afectados durante la segunda ola de la pandemia, llegando a representar un 79% de lo invertido. Se agrega un 20% para educación, para ampliar el programa de becas Progresar, y un 15% para infraestructura urbana, con programas destinados a saldar el déficit habitacional y las condiciones precarias de los barrios populares.
Este aporte extraordinario de los más ricos de nuestro país es un gran ejemplo de cómo las decisiones de progresividad tributaria, obteniendo pesos, en lugar de buscar deuda en USD, permiten transformar la estructura económica para obtener dólares genuinos y cambiar nuestra inserción frente al mundo.
De haberse utilizado, por ejemplo, el dinero de la deuda contraída con el Fondo en obras de infraestructura que permitiesen un repago de ese mismo endeudamiento, otro sería el escenario actual. A contramano de la persecución de estos objetivos estratégicos, el crédito del FMI no sólo no se invirtió en la transformación productiva, sino que el organismo, -deliberadamente- condicionó en reiteradas oportunidades esta posibilidad. Como sostuvo el ministro de Economía Sergio Massa: “En la proyección de gastos para este año el FMI decía ‘no pongan el gasoducto en el primer semestre. El gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal’. En diciembre fue una pelea fenomenal” (9)
La misma resistencia a la estatización de YPF se vio reflejada en relación al proyecto que financió parcialmente la obra del Gasoducto Néstor Kirchner. En la votación de la ley del Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas en 2020, el oficialismo alcanzó, en la Cámara de Diputados, un total de 133 votos positivos, mientras que 112 diputados, todos pertenecientes a lo que hoy es Juntos por el Cambio, se encolumnaron en el rechazo, acusando de “confiscatorio” el proyecto. “Por más que tenga un nombre bonito y por más que sea épico, es un impuesto y es ineficaz”, dijo por entonces el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, para justificar el rechazo a la ley. Entre los más salientes, votaron negativamente los diputados opositores Federico Angelini (Presidente del PRO de Santa Fe), Alfredo Cornejo (Presidente del Comité Nacional de la UCR), Maximiliano Ferraro, Fernando Iglesias, Luis Juez, Lucila Lehmann y Alberto Asseff (este último ya había votado en contra de la estatización de YPF). Luis Petri, Cristian Ritondo y Waldo Wolff son otros votos negativos a este proyecto. Hubo 2 abstenciones por parte de la izquierda.
En el Senado la situación fue similar: 42 votos a favor y 26 en contra, siendo Juntos por el Cambio quien se opuso por considerar que «atenta contra las inversiones» (19).
(6) No resulta de extrañar entonces, que, dado este potencial, y una vez que el riesgo inicial que era necesario asumir para su desarrollo ha sido absorbido por la YPF recuperada, aparezcan sectores internacionales en Tribunales de Nueva York, con sus aliados a nivel local que pugnan por su apropiación.
(8) CEPA, Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas: derribando mitos, 2020.
Informe CEPA N° 297, ISSN 2796-7166.
Para descargar el informe haga clic en este enlace.
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CCR at the Royal Albert Hall.
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