Venezuela: la deuda como arma del poder imperialista
El artículo de Viento Sur plantea una cuestión central que permite salir de la lectura convencional de la deuda venezolana: no se trata simplemente de cuánto debe Venezuela, sino de quién tiene capacidad efectiva para cobrar, administrar y condicionar esa deuda. La página no pudo ser recuperada directamente en esta consulta, así que tomo como eje el planteo del propio título y el marco histórico-económico que lo sustenta.
deuda venezolana: cuando el acreedor se convierte en poder político
La cuestión venezolana debe analizarse dentro de una estructura de dependencia financiera, energética y geopolítica. Presentar la deuda como una obligación puramente contractual entre Estados, bancos y empresas oculta la relación de fuerzas que determina quién puede exigir el pago, bajo qué condiciones y mediante qué instrumentos.
En este sentido, Estados Unidos no necesita ser formalmente el principal acreedor de Venezuela para ejercer una enorme capacidad sobre su deuda. Las sanciones, el bloqueo financiero, el control de activos venezolanos en el exterior y la disputa por los ingresos petroleros transforman la deuda en un instrumento de soberanía limitada.
El petróleo es el núcleo de esta relación. Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del planeta, pero la capacidad de transformar ese recurso en ingresos líquidos depende de mercados, infraestructura, tecnología, financiamiento y canales comerciales que están sometidos, en distintos grados, al poder estadounidense. De allí surge una paradoja característica de las economías dependientes: un país puede ser extraordinariamente rico en recursos naturales y, simultáneamente, encontrarse financieramente subordinado.
La deuda deja entonces de ser solamente una magnitud contable. Se convierte en una relación social y geopolítica de poder.
la pregunta que cambia todo
La pregunta convencional es:
¿Cuánto debe Venezuela?
La pregunta políticamente relevante es:
¿Quién controla los recursos con los cuales Venezuela podría pagar esa deuda?
Esta segunda pregunta conduce directamente al problema del imperialismo contemporáneo. El mecanismo ya no requiere necesariamente una ocupación territorial ni una administración colonial directa. Puede funcionar mediante sanciones financieras, restricciones comerciales, control de activos, condicionamientos crediticios y tutela sobre las instituciones que administran los ingresos estratégicos.
Por eso resulta especialmente importante hablar de tutela neocolonial. El término permite observar que la soberanía jurídica de un Estado puede coexistir con una soberanía económica profundamente restringida.
el caso venezolano y la disputa por la renta petrolera
Venezuela no enfrenta solamente una contradicción entre Caracas y Washington. Existe una disputa más profunda alrededor de quién controla la renta petrolera venezolana y quién se apropia de ella.
La cuestión atraviesa al Estado venezolano, a las empresas petroleras internacionales, a los acreedores, al sistema financiero y a las potencias que buscan garantizar acceso privilegiado a los recursos energéticos.
Desde esta perspectiva, las sanciones no deben interpretarse únicamente como una política exterior destinada a «castigar» al gobierno de Nicolás Maduro. También pueden ser comprendidas como un mecanismo para reordenar las condiciones bajo las cuales el capital internacional accede a la renta petrolera venezolana.
La deuda puede cumplir precisamente esa función: transformar un problema financiero en una palanca de reorganización de la propiedad y del control sobre los recursos estratégicos.
Lo que está en discusión es un viejo problema latinoamericano: la diferencia entre soberanía política y soberanía económica.
Argentina ofrece un ejemplo particularmente relevante. La experiencia de la deuda externa muestra que un país puede conservar formalmente sus instituciones, elecciones y gobierno propio mientras determinados compromisos financieros reducen considerablemente el margen de decisión de la política económica.
La cuestión fundamental no es, por lo tanto, si un gobierno «paga» o «no paga». Es qué estructura productiva genera la deuda, quién recibe los recursos, quién soporta el costo del ajuste y quién obtiene los activos estratégicos cuando llega la crisis.
Cuando el endeudamiento se socializa mediante ajuste salarial, reducción del gasto público, privatizaciones y transferencia de ingresos, mientras los activos estratégicos quedan disponibles para el capital financiero y transnacional, la deuda funciona como mecanismo de transferencia de riqueza desde las mayorías sociales hacia los sectores acreedores y propietarios del capital.
La principal enseñanza del caso venezolano es que la deuda no puede separarse de la disputa por la soberanía.
Venezuela tiene petróleo, pero no controla plenamente las condiciones internacionales bajo las cuales puede comercializarlo. Tiene activos, pero algunos se encuentran bloqueados o sujetos a litigios internacionales. Tiene capacidad productiva, pero las sanciones afectan su acceso a financiamiento, tecnología y mercados.
Por eso la pregunta «¿quién debe qué a quién?» resulta mucho más subversiva que la pregunta convencional sobre el tamaño de la deuda.
Porque obliga a invertir la perspectiva:
no mirar solamente al deudor, sino también al acreedor; no solamente la obligación financiera, sino la relación de poder; no solamente el monto adeudado, sino quién termina apropiándose de la riqueza que permite pagarlo.
Y allí Venezuela vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que atraviesa a toda América Latina: la soberanía nacional no se define únicamente por la existencia de un Estado independiente, sino por la capacidad efectiva de una sociedad para decidir sobre sus recursos estratégicos y sobre el destino de la riqueza que produce.
Deuda de Venezuela: ¿quién debe qué a quién bajo la tutela neocolonial de Estados Unidos?
Según la información publicada en junio de 2026, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se dispone a reconocer un conjunto de deudas que podrían ascender a 240 000 millones de dólares. La cifra es considerablemente superior a las estimaciones que circulaban anteriormente, que oscilaban entre los 150 000 y los 170 000 millones de dólares. Con una economía cuyo PIB se situaría hoy en día cerca de los 100 000 millones de dólares, la deuda así evaluada representaría más del 200% del PIB.
Pero esta cifra no debe aceptarse en ningún caso como un dato incuestionable. Los 240 000 millones de dólares no corresponden a una deuda homogénea, incluye bonos soberanos, deudas de la empresa petrolera estatal PDVSA, préstamos bilaterales, créditos comerciales, intereses acumulados y créditos derivados de laudos arbitrales o acuerdos de indemnización relacionados con nacionalizaciones y expropiaciones llevadas a cabo básicamente durante la presidencia de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.
La primera pregunta que hay que plantearse es muy sencilla: ¿quién debe qué a quién, en qué concepto, por qué importe y tras qué pagos ya efectuados?
Esta cuestión cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que la reestructuración se está preparando en unas condiciones políticas y económicas totalmente excepcionales.
Una reestructuración preparada bajo tutela estadounidense
Desde la agresión militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que provocó la captura, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su encarcelamiento en Estados Unidos, Venezuela se encuentra en una situación de dependencia sin precedentes respecto a Washington. La intervención estadounidense también provocó la muerte de un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos que participaban en la protección de la presidencia venezolana.
Desde entonces, Delcy Rodríguez dirige un gobierno interino que ejerce el poder en un contexto en el que Estados Unidos cuenta con un peso político, militar y económico determinante. Esta situación cobra especial relevancia al analizar la cuestión de la deuda, ya que afecta directamente a la principal riqueza del país: el petróleo.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, desde enero de 2026 Washington ejerce un control neocolonial sobre la organización de las exportaciones petroleras y sobre los flujos financieros resultantes. Según informaciones publicadas recientemente, Estados Unidos ya habría recaudado más de 13 000 millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo venezolano desde enero.
Los acreedores extranjeros reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen, con diferencia, la principal fuente de ingresos del país.
Nos encontramos ante una situación profundamente paradójica: entidades extranjeras reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen, con diferencia, la principal fuente de ingresos del país.
Esta situación presenta características que pueden calificarse legítimamente de neocoloniales. Venezuela ya no controla los beneficios derivados de sus hidrocarburos, Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso. Esta situación es rotundamente neocolonial.
Por lo tanto, la cuestión de la deuda no puede disociarse de la del control de los recursos naturales de Venezuela.
Una deuda acumulada en condiciones extraordinarias
También sería erróneo considerar la deuda venezolana como si se hubiera acumulado en condiciones económicas y financieras normales.
Estados Unidos comenzó a imponer importantes sanciones financieras a Venezuela en agosto de 2017, durante la primera presidencia de Trump. Estas sanciones limitaron las transacciones relacionadas con la deuda del Gobierno venezolano y de la principal empresa petrolera pública, PDVSA. En enero de 2019 Washington reforzó considerablemente el dispositivo sancionando a PDVSA y bloqueando los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense.
Evidentemente, estas sanciones no bastan por sí solas para explicar la crisis venezolana en su conjunto, también hay que tener en cuenta las decisiones económicas de los sucesivos gobiernos, los errores de gestión, la corrupción y el colapso de la producción petrolera.
Pero lo contrario también es cierto: es imposible analizar seriamente la capacidad de Venezuela para pagar su deuda sin tener en cuenta las sanciones que han limitado su acceso a la financiación internacional y complicado sus relaciones financieras con el exterior.
Así pues, es necesario integrar las sanciones en la auditoría de la deuda y determinar en qué medida han afectado a la capacidad de pago y refinanciación del país.
Activos venezolanos bloqueados en el extranjero
La situación resulta aún más paradójica si se tiene en cuenta que una parte de los activos de Venezuela resulta inaccesible para las propias autoridades del país. El caso más emblemático es el del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Aproximadamente 31 toneladas de oro, que representan un valor cercano a los 4 000 millones de dólares, siguen inmovilizadas en el Reino Unido. En agosto de 2026 las autoridades venezolanas solicitaron la devolución de este oro para poder financiar, entre otras cosas, la reconstrucción tras los terremotos de junio. La solicitud es aún más urgente si se tiene en cuenta que el país debe hacer frente a necesidades considerables en materia de vivienda, sanidad e infraestructuras.
Este caso plantea una cuestión fundamental:
¿Cómo se puede exigir a un Estado que pague a sus acreedores y al mismo tiempo impedirle que utilice libremente una parte de sus propias reservas y de sus activos depositados en el extranjero?
En consecuencia, la auditoría deberá centrarse no solo en las deudas de Venezuela, sino también en sus activos inmovilizados en el extranjero: su importe, su situación jurídica, las decisiones que llevaron a su congelación y las condiciones que permiten su recuperación.
Centerview, Mathieu Pigasse, Trump y la reestructuración de la deuda de Venezuela
El gran acuerdo energético con Estados Unidos sigue nuestro camino para convertir a Venezuela, de un país con grandes reservas, en una potencia productora de petróleo, en beneficio y felicidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/rfADqDZwA0
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 30, 2026
Con el respaldo de Washington, en mayo de 2026 Delcy Rodríguez encargó a Centerview Partners, un banco de inversión de Estados Unidos, la misión de asesorar a Venezuela en la reestructuración de su deuda soberana y de la de PDVSA.
Centerview trabaja en la elaboración de un marco macroeconómico y un plan destinados a reducir la deuda a un nivel considerado «sostenible», con el fin de permitir que Venezuela vuelva progresivamente a los mercados financieros internacionales. El Gobierno aspiraría a alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de que finalice 2026, pero es muy poco probable que se respete ese plazo.
La elección de Centerview merece atención. Su oficina de París está dirigida por Matthieu Pigasse. Según una investigación del Wall Street Journal [1], Matthieu Pigasse, que se presenta a sí mismo como un banquero de izquierdas, acudió el 24 de enero de 2026 a la Casa Blanca para asistir en presencia de Donald Trump a una proyección privada del documental Melania, dedicado a la esposa del presidente. Este encuentro tuvo lugar mientras Pigasse intentaba conseguir el mandato para la reestructuración de la deuda de Venezuela y forma parte de las gestiones que le permitieron obtener el apoyo de Mauricio Claver-Carone, quien respaldó su candidatura ante Delcy Rodríguez. Cabe señalar que la relación entre Pigasse y Mauricio Claver-Carone (muy cercano a Trump) no es nueva. Claver-Carone y Pigasse colaboraron en 2020 en la reestructuración de la deuda de Ecuador impulsada por el Gobierno neoliberal de Lenin Moreno y por el FMI.
En septiembre de 2020 Trump logró que su asesor para América Latina, Mauricio Claver-Carone —de origen cubano al igual que Marco Rubio y tan anticastrista como él—, fuera elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rompiendo así con la tradición que reservaba este cargo a un ciudadano latinoamericano o caribeño. Destituido del BID en 2022 por votación unánime de su dirección [2] tras haber aumentado en un 50% la remuneración de su protegida y jefa de gabinete, Jessica Bezoya [3], Claver-Carone conservó sus redes políticas y financieras y fue reintegrado en el dispositivo latinoamericano de Trump en 2025. Tras su paso por la administración continuó su actividad en el sector privado, al tiempo que desempeñó en 2026 un papel oficioso de intermediario entre Washington y Caracas. En particular, apoyó ante Delcy Rodríguez la candidatura de Centerview y de Matthieu Pigasse, a quien ella conocía bien, al tiempo que indicaba haber consultado al Departamento de Estado y al Tesoro de Estados Unidos.
Cabe señalar que, a finales de julio de 2026, Mauricio Claver-Carone dejó de supervisar el asunto venezolano para la Administración Trump. Aunque afirma haber abandonado voluntariamente este cargo, que desempeñaba sin estatus oficial, varias fuentes citadas por Reuters indican que habría sido empujado a marcharse, tras las crecientes tensiones en el seno de la Administración Trump en torno a su influencia en las negociaciones petroleras, las inversiones estadounidenses y la reestructuración de la deuda venezolana. Reuters señala que la gestión del asunto correrá a partir de ahora a cargo de una estructura interministerial dirigida por Marco Rubio, con un equipo reforzado en la embajada estadounidense en Caracas. En este momento, Centerview sigue siendo el actor financiero encargado de la reestructuración. Matthieu Pigasse interviene como banquero privado designado por Caracas con la autorización de Washington.
Mathieu Pigasse desempeñó un papel importante en el banco de inversión Lazard hasta su salida en 2020 [4], especialmente con motivo de la reestructuración de la deuda griega de 2012 [5] . La reestructuración de la deuda griega resultó especialmente perjudicial. La comparación con Grecia no significa que la situación de Grecia en 2012 y la de Venezuela en 2026 sean idénticas, pero lo que hay que recordar de la experiencia griega es que una reestructuración importante de la deuda no implica necesariamente el fin de la crisis. Una parte de la deuda puede condonarse o reestructurarse, dejando al país con una carga insostenible y obligándole a seguir aplicando políticas de austeridad que perjudican duramente y de forma injusta las condiciones de vida de la mayoría de la población (véase el recuadro «La reestructuración de la deuda griega en 2012»).
Por lo tanto, hay que mirar más allá del porcentaje de condonación anunciado.Aunque la deuda venezolana de 240 000 millones de dólares se redujera en un 50%, quedarían 120 000 millones por pagar. Con una reducción del 65%, aún quedarían 84 000 millones de dólares. En ambos casos la deuda residual y su carga supondrían un enorme lastre teniendo en cuenta el peso actual de la economía y los ingresos públicos.
Por consiguiente, la cuestión no es solo saber cuánto estarán dispuestos a condonar los acreedores, hay que saber cuánto quedará por pagar, a qué tipo de interés, durante cuánto tiempo, con qué garantías, en qué condiciones y con qué acceso a los ingresos futuros del petróleo.
¿Cómo se explica que entre mayo y junio de 2026 se haya pasado de una deuda de 150000 millones de dólares a una de 240 000 millones de dólares?
En cualquier caso, hay que tomar las cifras anunciadas con la mayor precaución y un auténtico espíritu crítico.
A finales de mayo de 2026 todos los medios de comunicación que anunciaron la elección del banco Centerview y de Matthieu Pigasse para ayudar a Caracas a reestructurar su deuda indicaban que esta ascendía a unos 150 000 millones de dólares. Un mes más tarde, el Gobierno de Delcy Rodríguez baraja una cifra de 240 000 millones de dólares. ¿A qué se debe tal diferencia?
La siguiente explicación parece razonable: dado que al Gobierno venezolano y a Centerview les interesará presentar el resultado de la reestructuración como un éxito, también les interesa inflar públicamente el importe de la deuda al inicio de la negociación. De hecho, si al término del proceso la deuda se redujera, por ejemplo, a 120 000 millones de dólares, podrían presumir de un gran éxito al anunciar que la deuda se ha reducido a la mitad. Esta presentación también conviene a los acreedores, ya que les abre mayores perspectivas para aumentar sus ganancias o limitar sus pérdidas.
Lo seguro es que el importe de la deuda anunciado es exagerado y que hay que verificar meticulosamente sus diferentes componentes: las deudas reclamadas por los distintos acreedores, los importes de las sanciones y las indemnizaciones reclamadas por los distintos protagonistas, el valor de mercado de los títulos de deuda, su legitimidad, su legalidad, etc.
¿En qué consisten esos 240 000 millones de dólares?
Con todas las reservas habituales, es fundamental distinguir las diferentes categorías de «créditos».
Un primer componente está formado por los bonos soberanos de Venezuela y los bonos de PDVSA.
El principal se estima en unos 60 000 millones de dólares, a los que se sumarían unos 40 000 millones de dólares en atrasos de pago de intereses acumulados desde el impago de 2017. Más adelante veremos que, en realidad, esta cifra es muy exagerada, ya que no tiene en cuenta el valor de los títulos en cuestión en el mercado de deuda.
Un segundo componente lo constituyen las deudas bilaterales, en particular con China y Rusia, a las que se suman las deudas con el Club de París y diversas instituciones financieras regionales.
Un tercer componente corresponde a las deudas comerciales con empresas extranjeras, especialmente las cantidades adeudadas por PDVSA a compañías petroleras extranjeras. El Financial Times menciona hasta 50 000 millones de dólares en facturas impagadas a las compañías petroleras.
Por último, otra categoría sumamente importante para nuestro análisis la constituyen las deudas derivadas de procedimientos judiciales y arbitrales internacionales, en particular las relacionadas con las nacionalizaciones y expropiaciones llevadas a cabo bajo el mandato de Hugo Chávez.
El Financial Times menciona más de 20 000 millones de dólares en créditos judiciales.
Pero estas diferentes categorías no pueden equipararse.
Un bono soberano, una factura impagada a una empresa petrolera y una indemnización fijada por un tribunal arbitral a raíz de una expropiación no son créditos de la misma naturaleza.
Las deudas derivadas de las nacionalizaciones de la época de Chávez
Esta cuestión merece una especial atención.
El Gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo numerosas nacionalizaciones y recuperaciones de control en los sectores petrolero, minero, industrial y agrícola.
Sin embargo, hay que evitar una interpretación jurídicamente errónea: el derecho internacional no prohíbe las nacionalizaciones ni las expropiaciones. Los Estados tienen derecho a recuperar el control de actividades o recursos naturales por motivos de interés público sin perjuicio de las obligaciones internacionales que hayan contraído y, en especial, de las normas relativas a la indemnización.
En varios casos venezolanos el Gobierno de Chávez había previsto o propuesto una indemnización con el fin de respetar el derecho internacional. El litigio se centró en el importe de dicha indemnización. Las empresas afectadas consideraban que las cantidades propuestas eran insuficientes a la luz de los tratados de protección de inversiones a los que se acogían y recurrieron a tribunales arbitrales internacionales.
Es importante precisarlo, ya que sería engañoso afirmar que Venezuela habría expropiado sistemáticamente sin indemnizar.
Bajo el mandato de Hugo Chávez (presidente de Venezuela de 1999 a 2013) las nacionalizaciones dieron lugar a situaciones muy diferentes. En varios casos —CANTV, Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela, Sidor y las cementeras Holcim, Lafarge y Cemex— el Gobierno negoció directamente con los propietarios y abonó indemnizaciones que, en ocasiones, fueron muy cuantiosas. En total se pagaron más de 7 000 millones de dólares a los propietarios de las empresas que acabamos de mencionar.
En otros casos las negociaciones fracasaron y las empresas presentaron demandas contra Venezuela ante distintos tribunales. Es el caso de dos empresas petroleras estadounidenses, ExxonMobil y ConocoPhillips; de tres empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro, como Gold Reserve, Crystallex y Rusoro; de FertiNitro (una empresa conjunta venezolana dedicada a la producción de amoníaco y urea, participada en un 35% por la empresa estadounidense Koch Industries), de Tidewater (empresa estadounidense de servicios marítimos para compañías petroleras en alta mar), de Owens-Illinois (empresa estadounidense especializada en la fabricación de envases y botellas de vidrio, sobre todo para la industria alimentaria y de bebidas) y de Monaca (filial venezolana del grupo mexicano Gruma, especializada en la producción de harinas de trigo y maíz). Diversos tribunales, entre ellos el del Banco Mundial, han condenado a Venezuela a pagar varios miles de millones de dólares en indemnizaciones y una parte importante de estas deudas nunca ha sido pagada o solo se ha hecho parcialmente.
Al examinar las reclamaciones de las empresas mencionadas anteriormente se observa su tendencia a solicitar indemnizaciones enormes, hasta el punto de que los tribunales ante los que han presentado el litigio, aunque les hayan dado la razón, han reducido considerablemente las cantidades concedidas en concepto de indemnizaciones o compensaciones. En el caso de la petrolera estadounidense ConocoPhillips, que exigía a Venezuela algo más de 30 000 millones de dólares, el tribunal del Banco Mundial (el CIADI) condenó al país a pagar 8 500 millones de dólares.
Hoy en día, se plantean las siguientes preguntas:
- ¿Se reconoce la legitimidad de las reclamaciones de las grandes empresas privadas y se aceptan los laudos dictados por instituciones como el CIRDI, el tribunal del Banco Mundial?
- ¿Qué cantidad había propuesto o abonado Venezuela?
- ¿Qué cantidad fijaron finalmente los tribunales?
- ¿Qué intereses se han añadido?
- ¿Qué pagos se han realizado desde entonces?
- ¿Y qué saldo queda realmente pendiente de pago?
En cualquier caso, no hay que aceptar las cantidades que se reclaman hoy.
Hay que someterlos a una auditoría.
Esta auditoría debe tener en cuenta el impacto humano y medioambiental de la actividad pasada de las grandes empresas que reclaman indemnizaciones. De hecho, hay que calcular el valor de los daños causados y exigir una reparación. Los daños provocados por las empresas petroleras o auríferas son especialmente elevados. Este aspecto nunca ha sido tenido en cuenta por los tribunales que han condenado a Venezuela a pagar indemnizaciones a las empresas. Venezuela debe exigir justicia.
¿Por qué Chávez, Morales y Correa abandonaron el tribunal del Banco Mundial?
Esta cuestión también debe situarse en su contexto histórico.
La Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa y la Venezuela de Hugo Chávez habían cuestionado el sistema de arbitraje entre inversores y Estados creado por el Banco Mundial y consideraban que otorgaba un poder excesivo a las grandes empresas transnacionales en detrimento de la capacidad de los Estados para ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales. La institución en cuestión forma parte del Grupo del Banco Mundial y se denomina CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Bolivia denunció el Convenio del CIADI el 2 de mayo de 2007 y su retirada se hizo efectiva el 3 de noviembre de ese mismo año. Ecuador la denunció el 6 de julio de 2009 y su retirada se hizo efectiva el 7 de enero de 2010. Venezuela notificó finalmente su retirada el 24 de enero de 2012, que se hizo efectiva el 25 de julio de 2012.
El CADTM había acogido con satisfacción estas decisiones en su momento,precisamente porque considerábamos que el sistema del CIADI favorecía en exceso los intereses de los inversores privados y limitaba la capacidad de los Estados para recuperar el control de sus recursos naturales [6] .
Es necesario cuestionar la validez de los laudos del CIADI y someterlos a auditoría.
Las sanciones y los impagos
Venezuela se encuentra en situación de impago de gran parte de su deuda en forma de bonos desde 2017. Pero este impago también debe situarse en su contexto.
Las sanciones estadounidenses han ido cerrando progresivamente a Venezuela parte del acceso a los mercados financieros internacionales. Las sanciones contra PDVSA también han complicado enormemente la posibilidad de que la empresa petrolera pública gestione con normalidad sus flujos financieros.
Por lo tanto, hay que distinguir dos aspectos: las responsabilidades del Gobierno venezolano en la acumulación y la gestión de la deuda —deben examinarse los posibles casos de corrupción de funcionarios por parte de empresas acreedoras— y los efectos de las sanciones estadounidenses sobre la capacidad del Estado para cumplir o refinanciar sus compromisos, que también deben documentarse.
Una auditoría seria debe tener en cuenta ambas dimensiones.
El FMI vuelve a entrar en escena
Bajo la presión de Donald Trump y Marco Rubio, el FMI reanudó oficialmente las relaciones con las autoridades venezolanas en abril de 2026, tras varios años de interrupción.
Sin embargo, hay que precisar que en este momento el FMI no es el negociador de la reestructuración y que el análisis de sostenibilidad de la deuda no lo lleva a cabo directamente él. Es Centerview quien desempeña ese papel.
No obstante, el regreso del FMI no por ello es menos importante. En las reestructuraciones de deuda soberana el FMI suele desempeñar un papel central en el establecimiento del marco macroeconómico y en la definición de la deuda considerada sostenible.
El peligro es que se ponga en marcha un nuevo ciclo: reestructuración de la deuda actual, vuelta a los mercados internacionales, nuevos préstamos y, a continuación, reembolso de las deudas antiguas y nuevas gracias a los futuros ingresos petroleros.
Pedir prestado para pagar: ese es precisamente el mecanismo que puede convertir una reestructuración en un nuevo círculo vicioso de endeudamiento
Una catástrofe de grandes proporciones: los terremotos del 24 de junio de 2026
A esta situación, ya de por sí extremadamente difícil, se sumó una catástrofe natural de una magnitud excepcional. El 24 de junio de 2026 dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela, provocando importantes destrozos en varios estados y afectando a infraestructuras esenciales.
A fecha de 14 de julio las autoridades venezolanas informaban de 4 734 fallecidos, 16 740 heridos y cerca de 18 000 personas sin hogar.
La evaluación de los daños también es considerable. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó ya el 26 de junio que los daños materiales directos ascendían a 6 700 millones de dólares. Una evaluación posterior de la ONU elevó el importe de los daños directos a edificios e infraestructuras a unos 37 000 millones de dólares, sin incluir siquiera las pérdidas económicas indirectas ni el conjunto de los costes de reconstrucción.
Esta catástrofe debería llevar, necesariamente, a reconsiderar las obligaciones financieras de Venezuela. Sería absurdo exigir a un país afectado por una catástrofe de tal magnitud que destine prioritariamente sus recursos disponibles al reembolso de los acreedores extranjeros, cuando debe reconstruir viviendas, hospitales, redes de agua, carreteras, infraestructuras energéticas y servicios públicos.
La reconstrucción debe tener prioridad sobre el servicio de la deuda.
Como mínimo, debería establecerse una moratoria sobre el servicio de la deuda sin acumulación de penalizaciones ni intereses de demora, a fin de permitir que el país haga frente a la emergencia humanitaria y a la reconstrucción.
La catástrofe también debe tenerse en cuenta en cualquier análisis serio sobre la sostenibilidad de la deuda.
¿Quién ha verificado la cifra adelantada de 240 000 millones de dólares de deuda?
La cifra de 240 000 millones de dólares es considerable, pero no basta con anunciarla. Es necesario poder determinar su composición y su justificación.
Hay que saber:
- qué obligaciones siguen siendo efectivamente exigibles;
- qué deudas son del Estado y cuáles son de PDVSA;
- qué préstamos se han contraído con China, Rusia y otros Estados;
- qué créditos tienen en su poder las empresas extranjeras;
- qué laudos arbitrales se han dictado;
- qué indemnizaciones se han propuesto o ya se han abonado;
- qué pagos se han efectuado desde que se dictaron los laudos;
- qué intereses se han acumulado;
- qué créditos siguen siendo objeto de controversia;
- qué garantías se han concedido a los acreedores;
- qué activos públicos se han aportado como garantía;
- qué comisiones se han abonado a los bancos de inversión y a los bufetes de abogados.
También hay que intentar cuantificar la deuda pública interna, aunque en esta fase no forme parte del proyecto de reestructuración, que se refiere a la deuda pública externa.
Pero también hay que examinar los activos de Venezuela.
¿Cuáles son sus ingresos petroleros?
¿Cuáles son sus activos en el extranjero?
¿Qué cantidad de oro está inmovilizada en el Reino Unido?
¿Cuáles son los demás activos congelados?
¿Qué ingresos petroleros están actualmente controlados o administrados por las autoridades estadounidenses?
¿Cuánto habrían producido estos activos si hubieran estado disponibles?
Por lo tanto, es necesario auditar tanto el pasivo como el activo.
¿Qué podría suponer para los acreedores una reestructuración de la deuda con un recorte del 50%?
El valor nominal de un título de deuda no se corresponde necesariamente con el importe realmente invertido por su titular actual. Los bonos venezolanos y los de PDVSA se negocian desde hace varios años en un mercado secundario a precios muy inferiores a su valor nominal. Algunos bonos de PDVSA se negociaban en torno a 12 ó 13 céntimos por cada dólar de valor nominal en 2024. A posteriori subieron considerablemente, alcanzando más de 40 céntimos en el caso de algunas emisiones en 2026.
Esta evolución es fundamental para comprender los intereses en juego en la reestructuración. Un fondo que hubiera comprado por 12 céntimos un título de deuda con un valor nominal de 1 dólar y que finalmente recuperara 50 céntimos en el marco de la reestructuración, habría más que cuadruplicado su inversión. Si recuperara 60 céntimos, su ganancia alcanzaría el 400%. Por lo tanto, una reducción del 50% o del 60% de la deuda nominal no significa en absoluto que los actuales titulares de los títulos de deuda sufran una pérdida equivalente sobre el capital que realmente han invertido. Por el contrario, algunos inversores especializados en deuda en dificultades pueden obtener ganancias considerables.
Es imprescindible distinguir entre el valor nominal de los títulos de deuda, su valor de mercado y el precio de adquisición por parte de sus actuales titulares. En el marco de una auditoría ciudadana, también habría que tratar de identificar a los principales titulares actuales de la deuda y cuando sea posible, las condiciones en las que adquirieron sus títulos de deuda.
En un próximo artículo expondré diferentes escenarios de reestructuración con una estimación de las ganancias y pérdidas para los titulares de la deuda, formulando toda una serie de propuestas que apuntan hacia la soberanía del país y del pueblo.
Por una auditoría ciudadana de la deuda y las cuentas públicas
La conclusión es evidente: antes de cualquier reestructuración global de la deuda es necesario llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda y de las cuentas públicas de Venezuela [7]. Esta auditoría debe ser independiente de los acreedores, de los bancos de inversión encargados de negociar la reestructuración y de las instituciones financieras internacionales.
Debe contar con la participación de organizaciones sociales, sindicales, universitarias y ciudadanas, así como disponer de pleno acceso a la información necesaria.
Debe abarcar los ingresos del Estado, los ingresos petroleros, las cuentas de PDVSA, los contratos petroleros, los préstamos, las garantías, los reembolsos efectuados y los activos que se mantienen en el extranjero.
Debe evaluar el impacto sobre la población y el medio ambiente de la actividad pasada de las grandes empresas que reclaman indemnizaciones. De hecho, conviene evaluar los daños causados por estas empresas y exigirles que garanticen su reparación. Los daños provocados por las empresas petroleras, mineras, etc., son especialmente importantes. Este aspecto nunca ha sido tenido en cuenta por los tribunales que han condenado a Venezuela a pagar indemnizaciones a las empresas.
Asimismo, debe examinar el conjunto de las deudas reclamadas a Venezuela, distinguiendo entre:
la deuda efectivamente adeudada;
la deuda ya reembolsada;
las deudas impugnadas;
las deudas derivadas de laudos arbitrales;
las indemnizaciones negociadas tras las nacionalizaciones;
los intereses acumulados;
los posibles créditos jurídicamente impugnables;
y las deudas cuya legitimidad deba examinarse.
El objetivo es impedir que el pueblo venezolano se vea condenado a reembolsar durante décadas una gran cantidad de deudas cuyo origen, composición, importe real y pagos ya efectuados no hayan sido verificados públicamente.
Recuperar la soberanía sobre los recursos y la deuda
La cuestión de la deuda es inseparable de la de la soberanía. Venezuela posee recursos naturales considerables. Pero la soberanía sobre estos recursos no puede limitarse a la propiedad jurídica de los yacimientos.
Significa que el pueblo venezolano debe poder decidir sobre el uso de esos recursos y controlar las cuentas públicas a las que se destinan los ingresos procedentes de los mismos.
Los ingresos del petróleo deben destinarse, ante todo, a reconstruir el país, desarrollar los servicios públicos, garantizar el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y la alimentación, y reconstruir las infraestructuras destruidas.
No pueden considerarse una fuente de reembolso destinada, ante todo, a tranquilizar a los mercados financieros y a los acreedores.
La cuestión fundamental es la siguiente:
En lugar de preguntar a los acreedores qué están dispuestos a aceptar, hay que preguntar al pueblo venezolano qué es lo que realmente hay que pagar, a quién, por qué y en qué condiciones.
Se recomienda lograr que un gobierno auténticamente comprometido con el pueblo consiga la cancelación de todas las deudas ilegítimas o ilegales, o que decrete su repudio.
La perspectiva de una reestructuración de la deuda con la cancelación de todas las deudas ilegítimas o ilegales no debe concebirse como el paso previo al regreso de Venezuela a los mercados financieros internacionales. Debe ponerse en práctica un nuevo modelo de política económica y social para que las grandes fortunas del país y las grandes empresas nacionales y extranjeras aporten al erario público lo necesario para reducir al mínimo la necesidad de recurrir a nuevos préstamos. Además, es necesario descartar el recurso a los mercados financieros para saldar antiguas deudas ilegítimas o ilegales.
La perspectiva de una reestructuración de la deuda debe ser la ocasión para abrir un debate público sobre la financiación del gasto público, el uso y protección de los recursos naturales, y el futuro económico del país con el fin de garantizar el bienestar de la población.
En definitiva, se trata de recuperar lo que pertenece al pueblo venezolano:
la soberanía sobre sus recursos;
la soberanía sobre sus ingresos;
la soberanía sobre sus cuentas públicas;
la soberanía sobre su deuda;
la soberanía sobre sus decisiones económicas y sociales.
No puede existir una soberanía plena y completa cuando la principal riqueza del país está bajo el control unilateral de una potencia extranjera, cuando los activos nacionales permanecen congelados en el exterior y cuando las decisiones que comprometen durante varias décadas los ingresos futuros del país se negocian entre el Gobierno, los bancos de inversión y los acreedores internacionales.
Conclusión
Antes de decidir cuánto debe pagar Venezuela, hay que saber cuánto debe realmente. En lugar de garantizar a los acreedores el acceso a los ingresos futuros del petróleo, hay que devolver al pueblo venezolano el control de esa riqueza. En lugar de hablar del regreso de Venezuela a los mercados financieros, hay que permitir que Venezuela recupere su soberanía económica.
Por eso, la prioridad debería ser una moratoria sobre el servicio de la deuda, seguida de una auditoría ciudadana exhaustiva de las cuentas públicas, la deuda, los ingresos petroleros y los activos de Venezuela. La reconstrucción del país y la satisfacción de las necesidades de su población deben tener preeminencia sobre el pago a los acreedores.
Anexo: Cuadro con una estimación del importe de las reclamaciones financieras contra Venezuela (en miles de millones de dólares estadounidenses). Las cifras indicadas corresponden a las reclamaciones de los acreedores, que deben ser auditadas y pueden dar lugar a anulaciones o repudios (*).
| Crédito | Orden de magnitud | A auditar especialmente |
|---|---|---|
| Bonos soberanos + PDVSA | 60 mil millones de dólares | Importe del principal, cláusulas contractuales, titulares, garantías |
| Intereses impagados desde 2017 | 40 mil millones de dólares | Verificación del cálculo y de los tipos aplicados |
| Empresas petroleras y proveedores | Entre 30 000 y 50 000 millones de dólares | Facturas realmente adeudadas, contratos, entregas y pagos ya realizados |
| Laudos arbitrales / litigios por expropiaciones | 20 mil millones de dólares | Indemnizaciones ya abonadas, laudos, intereses, pagos y saldos reales. Legitimidad y legalidad de las reclamaciones |
| China | De 10 000 a 20 000 millones de dólares | Contratos, reembolsos ya efectuados y garantías petroleras |
| Rusia | 6 mil millones de dólares | Contratos y pagos efectuados |
| Club de París | 8,7 mil millones de dólares | Composición exacta e historial de los reembolsos |
| Bancos multilaterales | 4 mil millones de dólares | Naturaleza y régimen jurídico de los créditos |
| Total: | Es decir, entre 180 000 y 210 000 millones de dólares | Por identificar y auditar en su totalidad y de manera integral |
(*) Una auditoría integral no se limita a una auditoría contable, sino que implica tener en cuenta la legalidad y la legitimidad de las reclamaciones.
Fuente: recopilación de los datos disponibles a 15 de agosto de 2026, principalmente del Financial Times y de Reuters.
El autor agradece a Patrick Saurin su revisión del texto y a Fernanda Gadea su revisión de la traducción al castellano.
Publicado en CADTM el 20/08/2026
