
La inteligencia artificial ya no es un sector: es *la* apuesta. Cinco tecnológicas planean gastar 4,2 billones de dólares hasta 2029 —más que ferrocarriles, rutas e internet juntos— mientras su flujo de caja se derrumba y los precios de los tokens se hunden. El crecimiento de Estados Unidos pende de un solo hilo. El economista marxista Michael Roberts advierte en este artículo que si la productividad no aparece, el mercado lo va a sentir.

Sin Diarios Stream es el nuevo espacio de análisis, debate y actualidad política conducido por Amado Boudou, Artemio López; Mariano Frsachina, Natalia Salvo, Sebastián Fernández y Soledad Alonso. El ciclo se emite en vivo todos los martes a las 16:00 hs a través de la plataforma de YouTube del canal 1111 Contenidos. Este es el envío 2 completo. De nada.
Este formato audiovisual funciona como una extensión o propuesta hermana del tradicional programa radial Sin Diarios, el cual se transmite de manera habitual los sábados por la mañana de 9:00 a 11:30 hs en la emisora Somos Radio AM 530.

Cuando los medios de comunicación tradicionales abordan temas en los que las industrias bélicas de Occidente tienen mayor inversión, abandonan alegremente incluso la apariencia de distancia crítica del Estado. El interés de este artículo, entonces, no está solamente en determinar si es verdadera o falsa la hipótesis de participación iraní en el supuesto plan de atentado a la base milirar Fairford del Reino Unido. El eje conceptual está en observar cómo se construye socialmente la verdad en situaciones de guerra, mecanismo que puede generalizarce a otras situaciones conmocionantes (en La Argentina tuvimos episodios aún más dramáticos)
Cuando un Estado occidental está involucrado militarmente en un conflicto, la frontera entre información, seguridad nacional y comunicación estratégica puede volverse extremadamente porosa.
La secuencia puede ser:
incidente → detención → sospecha → filtración → hipótesis de inteligencia → cobertura mediática → opinión pública → legitimación de nuevas medidas de seguridad o militares.
El problema democrático aparece cuando esa cadena funciona sin que la prensa conserve suficiente distancia respecto de las fuentes estatales.
Cook lleva esa crítica hasta una cuestión estructural: la concentración de los medios en grandes corporaciones y la dependencia de fuentes oficiales hacen que, precisamente en los momentos en que el poder necesita mayor escrutinio, el periodismo pueda terminar funcionando como amplificador de la narrativa del aparato de seguridad.
En ese sentido, Fairford es un caso pequeño de un problema mucho mayor: quién controla el marco interpretativo de una guerra.
Y esa es probablemente la veta más interesante: no discutir qué debemos creer sobre los cinco detenidos, sino analizar por qué el sistema mediático parece necesitar una explicación geopolítica antes de que la investigación haya producido las pruebas que la sostengan. En el inicio un primer capítulo del video del año 2021 ¿Cómo se crean los enemigos? de María Jimena Duzán. Se pregunta ¿Por qué ser o pensar distinto era y hoy más que nunca es motivo de señalamiento y estigmatización en Colombia? El mundo mediático "occidental" es pequeño.

Por un ahorro fiscal marginal, el Gobierno está dispuesto a desmantelar una infraestructura científica construida durante años. El cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) no es simplemente una medida de austeridad: expresa una decisión política sobre qué capacidades colectivas conserva el Estado, cuáles abandona y quién ocupa el espacio que deja vacío.
Según el análisis publicado por Monthly Review Online, el presupuesto del INMeT para 2025 rondaba los 617.692 dólares y el ahorro efectivo derivado de su cierre sería de aproximadamente 103.000 dólares anuales, descontando salarios que continuarían. A cambio, se desarticula una institución con 11 hectáreas, unos 10.000 metros cuadrados de laboratorios y equipamiento científico de alta complejidad. La desproporción revela que el problema no es contable: es político.
Ubicado en Puerto Iguazú, el INMeT investiga enfermedades tropicales y problemas epidemiológicos propios de una región fronteriza con Brasil y Paraguay. Su desmantelamiento retira capacidad científica del territorio donde cumple una función estratégica. Un laboratorio, una red de vigilancia o un investigador especializado no son partidas intercambiables: constituyen capacidades acumuladas durante años y difíciles de reconstruir cuando desaparecen.
El discurso del ajuste convierte esas capacidades en “gasto”. Pero el proyecto neoliberal no se limita a reducir el Estado: modifica la relación de fuerzas entre lo público y lo privado. Allí donde el Estado deja de producir conocimiento, investigación o capacidades sanitarias, el mercado gana espacio; y el mercado distribuye esos bienes según rentabilidad y capacidad de pago, no según necesidad social. La desigualdad, por tanto, no desaparece con el retiro estatal: cambia de forma.
La dimensión territorial y estratégica es inseparable de esa operación. Concentrar recursos en los grandes centros mientras se desarman instituciones instaladas en las regiones reproduce una estructura histórica: el centro conserva recursos y decisión; las periferias quedan con los problemas y pierden herramientas para resolverlos. Al mismo tiempo, un país que desmantela laboratorios, investigadores y sistemas de vigilancia aumenta su dependencia científica y tecnológica. La dependencia también se construye desde adentro cuando se renuncia a las capacidades que permiten reducirla.
Por eso el caso del INMeT excede a la institución. Expone un método: convertir lo público en una cifra de gasto, presentarlo como burocracia, justificar su eliminación en nombre de la eficiencia y ocultar que cada cierre también redistribuye capacidades y poder. La vieja fórmula de Margaret Thatcher —“no existe la sociedad”— encuentra aquí una traducción concreta: si sólo existen individuos, las instituciones que organizan respuestas colectivas pueden presentarse como obstáculos. Pero una epidemia no se enfrenta con individuos aislados ni una emergencia sanitaria se resuelve mediante el mercado.
Los gigantes no son los pequeños organismos públicos acusados de consumir recursos. El verdadero gigante es la capacidad colectiva que permite a una sociedad producir conocimiento, proteger su territorio y disputar su dependencia.
Cuando esa capacidad se destruye en nombre del ahorro, la pregunta decisiva no es cuánto dinero se economiza, sino qué intereses se fortalecen cuando aquello que fue construido colectivamente deja de ser considerado un bien común.

El fenómeno de endeudamiento puede sintetizarse así: primero cae el salario real → aumentan los costos esenciales → se reduce el ingreso disponible → el hogar se endeuda para sostener el consumo → llega la morosidad → la deuda deja de ser una solución transitoria y se convierte en otra forma de ajuste.
Por eso, la morosidad récord no es simplemente un problema de quienes “no pagan”. Es también un indicador de la incapacidad de los ingresos laborales y previsionales para acompañar el costo de reproducción de la vida.

La revolución digital no terminó con la explotación: la hizo más veloz, más global y, en buena medida, más invisible. Detrás de la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas existe una gigantesca infraestructura material sostenida por trabajadores, energía, agua, minerales y territorios. Benjamin Selwyn advierte que la digitalización no separa al capitalismo de la destrucción ambiental: puede convertirla en un proceso más eficiente y extendido.
De allí el concepto de “ecocidio sistémico”: la destrucción de la naturaleza no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia incorporada al funcionamiento cotidiano de las cadenas globales de valor. La misma dinámica que presiona sobre los trabajadores presiona sobre los territorios. La explotación laboral y la apropiación de la naturaleza no son procesos independientes: forman parte de una misma lógica de acumulación.
La tecnología promete eficiencia, pero el capitalismo puede convertir esa eficiencia en más consumo. La llamada paradoja de Jevons muestra precisamente esa contradicción: cuando una tecnología reduce el costo de utilizar un recurso, su consumo puede aumentar en lugar de disminuir. Por eso no alcanza con afirmar que una economía más digital será necesariamente una economía más sustentable.
El litio concentra buena parte de esta contradicción. Las baterías necesarias para la transición energética requieren minerales cuya extracción demanda territorios, agua y trabajo. Selwyn muestra cómo esa cadena puede producir contaminación, agotamiento de recursos hídricos, degradación ambiental y riesgos laborales. La transición verde no elimina automáticamente las relaciones de explotación: puede trasladarlas hacia otros territorios y otros eslabones de la cadena global.
Lo mismo ocurre con la economía digital. La nube no flota en el aire. Necesita centros de datos, electricidad, chips, cables, minerales, dispositivos y enormes cantidades de infraestructura. Tampoco desaparece el trabajo: se reorganiza mediante sistemas capaces de monitorear, disciplinar y coordinar proveedores y trabajadores dispersos por el planeta. La digitalización, entonces, no desmaterializa el capitalismo: digitaliza su capacidad de organizar la producción y de ejercer control sobre ella.
Aquí aparece la cuestión central: ¿quién controla esa tecnología y quién paga sus costos? Las grandes empresas pueden utilizar la digitalización para coordinar cadenas cada vez más extensas, mientras los costos materiales, sociales y ambientales quedan distribuidos entre trabajadores, comunidades y territorios. El capital digitaliza la producción, pero no digitaliza sus costos.
Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y transición energética no puede reducirse a una cuestión tecnológica. Es también una discusión sobre poder, propiedad y distribución. Si la innovación permanece subordinada a la acumulación, una tecnología más eficiente puede significar simplemente una capacidad mayor para extraer recursos, intensificar el trabajo y ampliar los mercados.
El desafío planteado por Selwyn va en otra dirección: imponer límites ecológicos, prolongar la vida útil de los dispositivos, garantizar reparación, reducir la obsolescencia y someter las infraestructuras digitales a formas de control público y democrático.
La paradoja del capitalismo digital es que cuanto más “virtual” parece, más material puede ser su huella. La inteligencia artificial no elimina la vieja relación entre capital, trabajo y naturaleza. La reorganiza bajo nuevas tecnologías. Y detrás de cada algoritmo, cada centro de datos y cada batería sigue existiendo la misma pregunta que el capitalismo intenta ocultar: quién se apropia de los beneficios y quién soporta los costos.

La trampa del centro consiste en creer que la única alternativa a la extrema derecha es conservar el centro. Las elecciones alemanas de ayer muestran exactamente lo contrario: cuando el centro se convierte en administrador de un orden social en crisis, puede ser desplazado simultáneamente por la derecha y por la izquierda. La AfD crece donde transforma el malestar en nacionalismo excluyente; Die Linke crece donde transforma el malestar en conflicto social. El problema, entonces, no es solamente quién ocupa el centro: es quién consigue darle un sentido político al descontento de las clases subalternas.

La doble cita electoral en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha supuesto un duro golpe para el gobierno del canciller demócrata-cristiano Friedrich Merz, consolidando una profunda polarización en el país. Rusia concluyó sus primeras elecciones parlamentarias para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.
En Rusia el partido oficialista del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, se perfiló nuevamente como el claro ganador en un proceso marcado - como ya es parte del folclore occidental - por denuncias internacionales de irregularidades, podios vacíos y la inhabilitación sistemática de la oposición real (como el partido liberal Yábloko). Belive it or not.
En el inicio el streaming «DEMOLIENDO MITOS». El Dr. Ezequiel Bistoletti en charla con el analista español Juan Antonio Aguilar sobre ambas elecciones.

La deuda es el corazón del ajuste. El Presupuesto 2027 no distribuye recursos: los concentra. Mientras se recortan salarios, jubilaciones, obra pública, universidades y políticas sociales, el Estado garantiza la renta del capital financiero. El superávit fiscal aparece así como lo que realmente es: una transferencia de riqueza desde las mayorías hacia los acreedores. Detrás de la batalla por el déficit se libra una disputa de clase: quién paga la deuda y quién vive de ella.

A diferencia de las formas tradicionales de representación política, el fenómeno de Donald Trump expresa el surgimiento de una nueva gramática del poder donde la geopolítica deja de ser una construcción histórica para presentarse como el cumplimiento de un destino ineludible. Mediante la convergencia entre la astrología del universo MAGA, el sionismo cristiano y las teorías conspirativas, las decisiones militares y alianzas estratégicas en Medio Oriente dejan de interpretarse en clave de recursos, hegemonía o seguridad para transformarse en el desarrollo de una batalla cósmica y en la realización de profecías bíblicas. En este dispositivo ideológico, el individuo emprendedor del neoliberalismo cede su lugar al líder providencial: Dios elige, los astros anuncian, el complot explica y el líder ejecuta. Al revestir el conflicto con una narrativa trascendente y unir la administración de la alta tecnología con la eficacia del pensamiento mágico, la política se despoja de su contingencia y la deliberación democrática se vacía por completo, convirtiendo la guerra y el autoritarismo en mandatos sagrados e indiscutibles.

Lumumba es el nombre más difundido que permite comprender el núcleo de esta historia. Cuando el Congo obtuvo su independencia de Bélgica en 1960, Patrice Lumumba no planteó simplemente sustituir una bandera colonial por una bandera nacional. Su proyecto implicaba que la independencia política debía convertirse en soberanía económica y en control de las riquezas congoleñas por su propio pueblo.
El Congo poseía —y posee— una extraordinaria riqueza mineral. Allí se encontraban recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo industrial y militar de las grandes potencias. La independencia, por lo tanto, amenazaba intereses económicos que excedían ampliamente las fronteras congoleñas.
Lumumba expresó esa contradicción de manera descarnada. La independencia jurídica podía ser reconocida, pero si las riquezas, las empresas, las finanzas y las decisiones estratégicas continuaban bajo control extranjero, la descolonización quedaba incompleta.
Su enfrentamiento con las estructuras coloniales y con los intereses occidentales terminó convirtiéndolo en un obstáculo para quienes pretendían conservar el Congo dentro de una relación de dependencia. En 1961 fue asesinado, en un contexto en el que participaron actores congoleños y belgas y en el que existió también implicación estadounidense. Décadas después, investigaciones y documentos desclasificados permitieron establecer con mayor precisión la dimensión de esa intervención.
Lumumba fue eliminado, pero la pregunta que representaba sobrevivió: ¿de qué sirve la independencia si un pueblo no puede decidir sobre sus propios recursos y su propio destino?
Esa pregunta conecta 1961 con el África de 2026. Cambiaron los actores, las formas de intervención y los lenguajes de la dominación, pero permanece una disputa fundamental por el control de los recursos, los territorios y las decisiones estratégicas del continente.
Por eso Lumumba no debe aparecer solamente como una figura trágica de la Guerra Fría. Es una figura política de la emancipación anticolonial. Su asesinato expresa el límite que las potencias imperiales estaban dispuestas a aceptar para la independencia africana: banderas propias, gobiernos nacionales y soberanía formal, pero no necesariamente el control efectivo de las riquezas y de las decisiones económicas.
La historia posterior de África demuestra que esa contradicción nunca quedó resuelta. En esa perspectiva, el objeto de este estudio no es repasar el conjunto de relaciones entre Estados Unidos y cada uno de los países africanos, consiste en analizar las constantes de la política estadounidense en el continente a través de ciertos episodios muy reveladores: la lucha contra los líderes panafricanistas de la década de 1960, el apoyo prestado a aliados estratégicos como Mobutu o al régimen sudafricano del apartheid, la aparición del Mando África de los EEUU(AFRICOM) a partir de 2001 y más recientemente la reorientación de la política estadounidense ante el auge de China.

En la Argentina contemporánea esa operación se ve con nitidez. El trabajador precario no aparece como tal: aparece como monotributista, como “emprendedor”, como “colaborador” de una plataforma o como alguien que “eligió” la flexibilidad. Rappi, PedidosYa, Uber o el delivery de barrio no se presentan como una relación de subordinación mediada por un algoritmo, sino como un mercado de individuos libres que administran su tiempo. El salario se disuelve en “ingresos variables”; la jornada, en “disponibilidad”; el riesgo empresario, en “autonomía”.
El monotributo cumple una función ideológica precisa: formaliza la informalidad sin reconocer la dependencia. Convierte una posición de clase en una categoría fiscal. Quien vende su tiempo a un tercero sigue haciéndolo, pero ahora figura como un pequeño contribuyente responsable de sí mismo. La precariedad deja de ser un dato de la relación laboral y pasa a ser un problema de “gestión personal”.
La deuda de consumo completa el cuadro. Tarjeta, crédito digital, fiado de plataforma o préstamo informal no se leen como un mecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo en un salario insuficiente, sino como una decisión financiera del individuo. El trabajador no aparece explotado: aparece endeudado por haber consumido, por no haberse capacitado o por no haber “invertido en sí mismo”.
El lema “sé tu propio jefe” resume la inversión. Lo que en la experiencia concreta es ausencia de derechos, inestabilidad e imposibilidad de negociar colectivamente se traduce en una narrativa de libertad. La pantalla —la app, el perfil, el recuento de pedidos o de likes— ofrece la sensación de mando sobre la propia vida mientras las condiciones de esa vida siguen siendo fijadas por otro: la plataforma, el tarifario, la tasa, el cliente, el algoritmo.
Así, la clase no desaparece. Queda opacada. Lo que se ve es un enjambre de trayectorias individuales; lo que estructura esas trayectorias sigue siendo una relación desigual entre quien controla las condiciones del trabajo y quien debe aceptarlas para vivir.

Hay una escena que los veteranos de la política argentina reconocen de memoria: un gobierno anuncia medidas históricas sobre Malvinas en cadena nacional, la prensa amplifica el gesto, los diplomáticos aplauden y, en la práctica, todo queda en una declaración de principios. Esta vez el Decreto 868/2026 no inventa la Ley 26.659 ni la prohibición de explorar hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación nacional. Cambia quién la aplica, con qué velocidad y, sobre todo, dónde duele: cualquier empresa que quiera el RIGI o una concesión bajo la Ley 17.319 debe jurar que ni ella, ni sus accionistas, ni su cadena de proveedores operan en las zonas circundantes a las islas. El canciller Quirno lo dijo sin vueltas: o Malvinas, con legalidad incierta, o Argentina, con reglas y mercado. Cancillería ya mandó 180 notas a 29 países y abrió sumarios contra 60 personas y compañías, entre ellas Rockhopper, Navitas y el entorno de Sea Lion. El problema no es el relato. Es la operatoria. Varias de las firmas alcanzadas —o de sus proveedores— están al mismo tiempo en Vaca Muerta, en el GNL de Southern Energy, en Cuenca Marina Austral y hasta en las monoboyas del oleoducto que tiene que sacar el crudo argentino. El decreto no dice cómo se resuelve esa contradicción. Y mientras el Gobierno habla de soberanía sobre el Atlántico Sur, en tierra firme se repite otro patrón: Fértil Pampa entra al RIGI con casi USD 2.700 millones para industrializar gas; RefiPampa verifica $80.000 millones de deuda; Ecogas reparte $83.000 millones en dividendos en dólares con una factura impaga a Enarsa del mismo orden; el RA-10 llega a criticidad sin modelo de negocio; y las baterías del AMBA ya las pagan los usuarios. Como lo señala el Informe Energético del CEPA, mucho ruido sobre las islas. En el tablero energético, las nueces siguen siendo otras.

La nueva evidencia presentada por la defensa de Cristina Kirchner reabre el debate sobre la causa Vialidad y sobre los fundamentos de una condena que no sólo impuso una pena, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si esa prueba modifica aspectos sustanciales de la sentencia, su revisión trasciende la defensa individual: pone en juego el debido proceso, la representación política y los límites de la proscripción en democracia.

El dato de que seis de cada diez familias de los barrios populares deban endeudarse para comprar alimentos adquiere una dimensión todavía más dramática cuando se lo conecta con los casos concretos de hostigamiento y sufrimiento extremo. El relevamiento del Instituto Periferias muestra que el 59,8% recurrió al endeudamiento para comprar alimentos y el 43,7% atravesó días sin comer por falta de recursos.
En este contexto, la deuda deja de ser un instrumento financiero y se transforma en un mecanismo de supervivencia. Se pide para comer, después para pagar la deuda anterior y finalmente para sostener los intereses. En los sectores de menores ingresos adquieren mayor peso los préstamos familiares y los prestamistas informales, donde pueden aparecer tasas y mecanismos de cobro particularmente gravosos.
El caso de José C. Paz por ejemplo, muestra el extremo al que puede llegar esta dinámica: una mujer endeudada para sostener su trabajo informal terminó sometida a fuertes presiones de los acreedores y, según el relato de su madre, atravesó dos intentos de suicidio. Presentamos aquí otro caso similar en Caraza, y que sugerimos escuchen los audios relacionados insertos en el texto.
La deuda, entonces, no sólo captura el ingreso futuro: puede capturar también la subjetividad de quien ya no encuentra salida porque cuando una economía obliga a endeudarse para comer, la deuda deja de ser una cuestión financiera y se convierte en una cuestión social, laboral, alimentaria y de salud mental.

El proyecto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un resultado primario positivo del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé exportaciones por unos US$133.000 millones. Son objetivos macroeconómicos ambiciosos y, particularmente en materia de crecimiento, contrastan con estimaciones privadas más moderadas.
Pero el dato político está en otro lugar: qué estructura de gasto hace posible ese resultado fiscal.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas calcula que el gasto total previsto para 2027 sería de $202,1 billones, 26,7% inferior en términos reales al gasto ejecutado en 2023, aunque superior al presupuesto 2026. Es decir, una eventual recuperación respecto del piso de 2026 no implica recomponer el nivel de presencia estatal existente antes de Milei.
Por eso, presentar el Presupuesto simplemente como un aumento del gasto respecto de 2026 puede resultar engañoso: el punto de comparación decisivo es qué Estado queda después de varios años de licuación y recorte.
La cuestión provincial
Aquí aparece una de las contradicciones más interesantes.
Las transferencias automáticas a provincias y CABA están proyectadas en unos $104 billones, con un incremento real estimado del 7,5% respecto de 2026. Pero las transferencias no automáticas presentan una caída real cercana al 1,8%.
Esto significa que la discusión no puede reducirse a si “aumenta o disminuye la coparticipación”. Hay que distinguir entre recursos automáticos establecidos por el régimen de coparticipación y recursos discrecionales cuya asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo.
Esa diferencia tiene una consecuencia política concreta: reduce el margen de negociación de los gobernadores y transforma la relación fiscal Nación-provincias en un problema estructural. La promesa de mayores recursos automáticos puede coexistir con una Nación que conserva una fuerte capacidad de disciplinamiento mediante las partidas discrecionales.
La cuestión central aparece cuando se observa qué se protege y qué se comprime.
El presupuesto mantiene como componentes enormes las prestaciones de seguridad social —ANSES representa aproximadamente el 65,5% del gasto nacional localizado en las jurisdicciones provinciales analizadas—, pero al mismo tiempo aparecen cuestionamientos por las restricciones previstas para educación, ciencia, salud y políticas sociales.
En paralelo, el proyecto contempla un fortalecimiento significativo de áreas de inteligencia, defensa y ciberseguridad. La partida del Centro Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, aparece con un incremento de 697,9%, mientras organismos científicos y tecnológicos enfrentan reducciones.
Ahí aparece la verdadera discusión: no existe “ajuste” en abstracto. Todo ajuste supone una distribución de costos y beneficios.
Cuando se reduce la capacidad estatal para financiar educación, investigación, infraestructura, asistencia o salud, el costo no desaparece: se desplaza hacia los hogares, las provincias, los trabajadores y los sectores sociales que deben sustituir con recursos propios aquello que antes proveía el Estado.
Al mismo tiempo, el presupuesto preserva la prioridad del equilibrio fiscal y del pago de la deuda. El proyecto contempla alrededor de $18,6 billones destinados a servicios de deuda.
Por eso, la pregunta política que deja abierto el Presupuesto 2027 es mucho más profunda que la discusión sobre una determinada partida: ¿qué intereses sociales quedan protegidos cuando el superávit fiscal se convierte en el principio ordenador del Estado?
La respuesta no está solamente en los números del proyecto. Está en la comparación entre lo que el Estado deja de hacer y aquello que decide seguir financiando.
El “no hay plata” deja entonces de ser una descripción de la realidad para convertirse en una decisión acerca de dónde poner la plata que sí hay, pero ¿para quien?. Ahí está el presupuesto como respuesta.

La conversación con Maisa Bascuas permite pensar el feminismo popular como una tradición latinoamericana de lucha que articula género, clase, territorio y soberanía. Desde las revoluciones independentistas y la Revolución Cubana hasta las huelgas feministas contemporáneas, esta perspectiva cuestiona la explotación capitalista, el patriarcado, el racismo y el endeudamiento como dimensiones de una misma estructura de dominación. El feminismo deja así de ser solamente una agenda de derechos individuales para convertirse en una práctica colectiva de organización y resistencia: si nuestras vidas sostienen la reproducción de la sociedad, detener ese trabajo también puede convertirse en una herramienta de poder popular.

Las elecciones rusas transcurren bajo una fuerte continuidad política y en un contexto económico cada vez más condicionado por la guerra. El problema que plantea Michael Roberts no es solamente quién obtiene los votos, sino qué capacidad tiene el sistema para producir una salida al estancamiento económico, la dependencia de una economía de guerra y el conflicto prolongado con Ucrania. Detrás de la estabilidad política aparece una contradicción: mientras el Estado puede sostener el esfuerzo bélico mediante el gasto público y la movilización de recursos, la economía civil enfrenta límites crecientes y una perspectiva de bajo crecimiento. La guerra, lejos de ser una variable externa, se convierte así en un componente estructural del funcionamiento económico y político ruso.
La cuestión central es la relación entre estabilidad política y estancamiento económico: una estabilidad que puede sostenerse mientras continúe la capacidad estatal para financiar la guerra, pero que enfrenta tensiones cuando ese mecanismo deja de traducirse en mejoras materiales para la población.

El debate sobre una futura IA superinteligente capaz de destruir a la humanidad puede estar ocultando un peligro mucho más inmediato: el uso actual de la inteligencia artificial como instrumento de vigilancia, guerra y control social. Gaza ofrece el ejemplo más brutal de una tecnología que no necesita volverse autónoma para multiplicar la capacidad de destrucción de los Estados y los ejércitos. El problema, entonces, no es sólo qué hará la IA cuando sea superinteligente, sino quién controla hoy esa inteligencia y al servicio de qué intereses.

La inteligencia artificial no aparece aquí como una tecnología neutral capaz de resolver las contradicciones del capitalismo, sino como una gigantesca nueva esfera de acumulación, concentración y competencia imperialista. El problema central vuelve a ser quién controla el capital, quién captura el excedente y quién soporta los costos de la transformación tecnológica. En paralelo, la expansión financiera, el endeudamiento y la disputa por el dinero mundial expresan una crisis de hegemonía que puede alimentar nuevas formas de autoritarismo y fascismo