“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino” Carlos Cherniak, Embajador Argentino ante la OEA.

Una de las primeras que se sumó a este descomunal esfuerzo de lobby fue Ballard, propiedad de Brian Ballard, uno de los primeros recaudadores de las campañas presidenciales de Trump, que tuvo entre sus lobbistas a la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, y la exsecretaría de Justicia, Pam Bondi. Diez días después del secuestro de Maduro, Ballard lanzó un programa de trabajo sobre Venezuela enfocado en garantizar que sus clientes “tuvieran acceso a la profunda experiencia regional y al conocimiento institucional bipartidista necesarios para tener éxito en este mercado crucial”. Para remarcar esto, la firma dijo que; “2026 marca un año transformador para la política hemisférica, y Ballard Partners se encuentra en una posición privilegiada para liderar en esta frontera”.

Para Justin Sayfie, socio de Ballard; “tras el liderazgo del presidente Trump y la destitución de Maduro, Estados Unidos estableció un marco regulatorio a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Estado para permitir una relación comercial legal y transparente con Venezuela, canalizando dicha actividad por vías reguladas en lugar de vías sancionadas. En Ballard Partners nos enorgullece representar a clientes que han optado por la vía regulada y transparente, ya que la reconstrucción de la economía venezolana es de suma importancia para la política exterior de Estados Unidos y se verá impulsada por empresas dispuestas a hacer negocios con socios dentro del marco legal estadounidense”

Ese mismo día, según una investigación de Project On Government Oversight (POGO); “Ballard registró a la empresa de inversión sueca Maha Capital como nuevo cliente, luego de que solicitara asistencia para obtener “aprobaciones para la adquisición y operación de yacimientos petrolíferos venezolanos. Micah Ketchel y Thomas Boodry, exasesores de Trump relacionados al secretario de Estado, Rubio, figuraron como parte del equipo de cabildeo. Maha Capital pagó a Ballard 120.000 dólares en el primer trimestre de 2026 para ejercer presión tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento del Tesoro”. En uno de los objetivos del lobby, descriptos en un documento oficial, se encuentra la “aprobación y adquisición de un campo petrolífero en Venezuela”.

Extracto del documento oficial del pago por lobby de Maha Capital.

Por supuesto la gestión rindió sus frutos; el 18 de marzo Maha Capital anunció la compra de una participación accionaria del 24% en PetroUrdaneta en el lago de Maracaibo, un yacimiento que en la actualidad produce 2.000 barriles diarios y tiene el potencial de multiplicarse hasta los 15 mil en el corto plazo. Esta compra accionaria a la brasileña Novonor (antes conocida como Odebrecht) fue aprobada gracias a la autorización, dada el mismo 18 de marzo por la OFAC, para que las entidades estadounidenses hagan negocios con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

Pero no fue la única beneficiada por la firma de lobby Ballard; Knob Petroleum, con sede en Panamá y proveedora de servicios relacionados con la perforación y la infraestructura de petróleo y gas, pagó 70 mil dólares para que hiciera lobby a su favor ante los departamentos de Estado y del Tesoro durante el primer trimestre del año. El 2 de marzo, su filial venezolana K-NOB Trading SA anunció que había completado con éxito un proyecto de infraestructura logística diseñado para mejorar el transporte y manejo del crudo Merey 16 en la Faja Petrolífera del Orinoco. Es posible que Knob siga buscando hacerse de contratos similares, o más grandes, en el sector petrolero venezolano.

Las gestiones no se quedan acá; la consultora española Elo Atlantic SL contrató los servicios de Ballard por 380 mil dólares, durante los primeros tres meses del año, para que le “prestara servicios de asesoría estratégica sobre posibles iniciativas de exploración de recursos naturales en Venezuela, centrándose en el manejo de la normativa, las sanciones y las políticas estadounidenses”, según los registros oficiales. Uno de los lobbistas contratados fue William Russell, un antiguo funcionario de la Casa Blanca durante la primera Administración Trump. Mientras que la empresa tailandesa Tipco Asphalt Public Company Limited destinó 60 mil dólares para que Ballard “le brindara “asesoramiento sobre licencias y/o autorizaciones del Departamento de Estado para adquirir crudo venezolano directamente de Venezuela”.

Un portavoz declaró a POGO que; “en consonancia con lo que hacen la mayoría de las empresas para entrar en el mercado venezolano, recientemente abierto, y en respuesta a su consulta, Tipco Asphalt ha contratado a varias firmas de consultoría y abogados estadounidenses para que la asesoren sobre las últimas novedades relacionadas con las sanciones estadounidenses contra Venezuela”. La compañía fue señalada en 2020 por la agencia Associated Press como una de las compañías que ayudó a PDVSA a eludir las sanciones estadounidenses.

Hasta la empresa venezolana Vale Marítimo CA pagó a Ballard para ejercer presión en relación con las operaciones y permisos en Venezuela. En total pagó 70 mil dólares para “que ejerciera presión ante los departamentos de Estado y del Tesoro durante el primer trimestre del año. Un documento presentado por Ballard describe a Vale Marítimo como una empresa minera , si bien un sitio web con datos de importación y una oferta de empleo indican que la empresa también se dedica al transporte marítimo”, de acuerdo a POGO.

Pero todas estas actividades de lobby no se circunscribieron a Ballard ni solo a las compañías mencionadas. La autorización para vender petróleo venezolano, por ejemplo, dada las casas de comercio de materias primas, Vitol y Trafigura, coincidió con una etapa de pago de sus ejecutivos a personas, o actividades, relacionadas con la Casa Blanca. “Un alto ejecutivo de Vitol donó millones de dólares a comités de acción política afines a Trump y estuvo presente en la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca, pero desde entonces se ha retirado de Vitol, según un portavoz de la compañía”, según POGO. Hasta el 31 de diciembre, la megacorporación, condenada por sobornar a funcionarios extranjeros en una acusación presentada por el Departamento de Justicia, pagó a la empresa de lobby Crossroads Strategies para “temas relacionados con los mercados energéticos globales”. Mientras que Trafigura, también condenado por sobornos en el mismo caso que Vitol, contrató los servicios de The Ragnar Group, una empresa cercana a la Casa Blanca, para que presionara al Departamento de Estado y al de Energía sobre temas energéticos.

Otras petroleras como Chevron, Shell y la francesa Maurel & Prom contrataron lobbistas para garantizarse el acceso a las riquezas petroleras venezolanas. En el caso de la francesa, antes del secuestro de Maduro, su licencia para operar en el país había sido revocado por la Administración Trump, al igual que otras empresas europeas. Por lo que destinó 720 mil dólares a la empresa Checkmate Government Relations para que sus lobbistas consiguieran un nuevo permiso. La tarea tuvo éxito debido a que, en febrero de este año, el permiso fue reestablecido gracias a la tarea de lobby de dos exfuncionarios de la Casa Blanca y Chris LaCivita Jr. , hijo de uno de los principales jefes de campaña de Trump para 2024. Todos empleados registrados de Checkmate Government Relations.

El lobby ha sido tan promiscuo que ha involucrado hasta compañías relacionadas con el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los hombres claves responsable, junto con el titular del Tesoro, Scott Bessent, de la aprobación, o el rechazo, de los permisos para operar en Venezuela. Continental Strategy de Carlos Trujillo, antiguo embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, cercano a Rubio, recibió 45.000 dólares de la compañía Helmerich & Payne, una empresa estadounidense de perforación de petróleo y gas, para tareas relacionadas con “seguridad energética y compromiso/cumplimiento comercial de Estados Unidos en Venezuela”. Hace quince años, Hugo Chávez ordenó la expropiación de once taladros de la compañía por mantenerlos “ociosos” producto de una disputa de una deuda millonaria del Estado.

Continental de Trujillo, al parecer, fue clave para que Heeney Capital y la suiza Mercuria Energy firmaran un acuerdo para la compra de minerales venezolanos con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En los registros oficiales, aparece un pago de 165 mil dólares de Mercuria Energy a la firma de lobby para tareas de presión en los Departamentos de Energía, Tesoro y Estado en temas relacionados a “procesos de concesión de licencias, mercados energéticos y proyectos de desarrollo de petróleo y minerales”. Para tal objetivo, Mercuria pagó 165 mil dólares en el primer trimestre del año mientras se negociaba el acuerdo a través del estudio jurídico Willkie Farr, asesor especializado en “el régimen de sanciones de Venezuela y OFAC”.

Extracto del documento oficial de lobby de Mercuria Energy.

Los límites son tan porosos, entre la Administración Trump, los lobbistas y los empresarios, que en la primera visita de Doug Burgum, antiguo director del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, fue acompañado, entre otros, por Govind Friedland, hijo del multimillonario dueño de la compañía, Ivanhoe Atlantic Inc, interesada en cerrar negocios petroleros y mineros en Venezuela, y Samantha Carl-Yoder, integrante del consejo ejecutivo de la empresa y una de sus antiguas lobbistas en la firma Brownstein Hyatt Farber Schreck. “Me enorgullece haber representado a Ivanhoe Atlantic Inc. junto a Govind Friedland en el viaje del secretario Burgum a Venezuela la semana pasada. Existen enormes oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan en los sectores minero y de petróleo y gas de Venezuela. ¡Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo esto!”, escribió Carl-Yoder en una publicación de LinkedIn.

El festín, por supuesto, ha continuado a tal punto que, en la última visita a Venezuela del actual director del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, varias compañías petroleras estadounidenses, con vínculos con la Casa Blanca, firmaron nuevos contratos para hacerse de proyectos petroleros. Una de ellas, una filial de Hunt Oil Company, incluso, se comprometió a invertir dos mil millones para sacar petróleo de la Faja del Orinoco y otras regiones del país. El reconocido patriarca de Hunt Oil Company es Haroldson Lafayette Hunt, conocido por su influencia en la política de Texas y haber sido un personaje importante en el gobierno de George Bush al punto de ser nombrado como miembro de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera (PFIAB) de la Casa Blanca.

El lobby, incluso, ha involucrado, al menos, una reunión con la propia Delcy Rodríguez en abril con varios ejecutivos como, por ejemplo, el director ejecutivo de Continental Resources, Doug Lawler; el empresario texano Bryan Sheffield; y el ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, actualmente integrante del consejo de administración de Aspect Holdings, una firma especializada en perforación energética. Sobre la reunión, Sheffield, quien donó un millón de dólares a la última campaña de Trump, dijo; “Venezuela vuelve a estar en el radar. Las condiciones comienzan a alinearse para una nueva etapa”.