Se puede socavar una democracia simplemente decidiendo quién puede presentarse a las elecciones… o no
El artículo de Delfina Rossi y Franco Metaza en Jacobin, publicado el 11 de agosto, plantea una tesis fuerte: la erosión democrática argentina no se produce necesariamente alterando el resultado de las elecciones, sino restringiendo previamente quiénes pueden competir.
La proscripción como forma contemporánea de lawfare
El eje del artículo es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Los autores sostienen que su condena en la causa Vialidad y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos deben ser leídas no solamente como un proceso judicial, sino como un mecanismo de exclusión política de la principal dirigente opositora. Señalan que Cristina permanece bajo arresto domiciliario y que la condena le impide competir electoralmente en 2027.
La comparación histórica que propone Jacobin es particularmente significativa: 1955 y 2026 no serían fenómenos idénticos, pero sí podrían cumplir una función política semejante. Después del derrocamiento de Perón, el peronismo fue proscripto durante 18 años. La exclusión se realizó entonces mediante golpes militares, decretos y prohibiciones explícitas. En el presente, sostienen Rossi y Metaza, el mecanismo opera mediante tribunales, procesos judiciales y decisiones de inhabilitación.
La fórmula podría sintetizarse así:
antes, la proscripción necesitaba tanques; hoy puede operar mediante expedientes judiciales.
El punto más interesante: no hace falta manipular las urnas
Aquí está, a mi juicio, la contribución conceptual más importante del artículo.
La democracia puede deteriorarse sin fraude electoral. Es posible mantener elecciones formalmente limpias y, simultáneamente, reducir sustancialmente la competencia democrática mediante la exclusión judicial de determinados actores.
Eso desplaza el problema desde la pregunta clásica:
“¿Se alteró el resultado electoral?”
hacia otra mucho más profunda:
“¿Quiénes tienen realmente permitido disputar el poder?”
Los autores plantean precisamente que una elección puede contar correctamente los votos y, sin embargo, producir una democracia sustancialmente mutilada si uno de los principales contendientes ha sido previamente eliminado de la competencia.
La cuestión no es solamente Cristina sí o Cristina no. El problema estructural es qué ocurre cuando un liderazgo político mantiene capacidad de representación sobre sectores sociales que el bloque dominante pretende desplazar del proceso de decisión.
El artículo caracteriza al kirchnerismo como un movimiento asociado a la redistribución de ingresos y presenta a Cristina como una adversaria particularmente conflictiva para la derecha argentina.
En ese sentido, la proscripción puede interpretarse como una tecnología política de disciplinamiento de la representación popular: no elimina necesariamente las preferencias sociales existentes, pero intenta impedir que esas preferencias puedan convertirse nuevamente en poder estatal.
Y ahí aparece una paradoja central: la exclusión de un dirigente no elimina la demanda social que ese dirigente representa. Puede incluso desplazarla desde el terreno electoral hacia otras formas de conflicto político.
La comparación latinoamericana
Rossi y Metaza inscriben el caso argentino en una secuencia regional que incluye a Lula en Brasil, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo. Su argumento es que, pese a las enormes diferencias entre cada caso, aparece una estructura recurrente: judicialización de la política, medios concentrados que producen legitimidad previa y actores políticos que terminan siendo desplazados de la competencia.
Hay que hacer, sin embargo, una precisión analítica: “lawfare” no debería convertirse en una explicación totalizante que presuponga que toda investigación o condena contra un dirigente popular es necesariamente una conspiración. La cuestión políticamente relevante es demostrar si existe una selectividad estructural en la aplicación de la justicia, si se vulneran garantías procesales, si existe coordinación entre actores judiciales, mediáticos y económicos y, sobre todo, si el resultado es una alteración sustantiva de la competencia democrática.
Ese es el terreno donde el concepto adquiere densidad analítica y deja de ser simplemente una consigna.
La tesis política de fondo
El artículo puede resumirse en una frase:
la democracia no comienza cuando se deposita el voto; comienza mucho antes, cuando todos los sectores con capacidad de representación tienen derecho efectivo a disputar el poder.
Por eso la situación de Cristina adquiere una dimensión que excede su persona. Si una dirigente que continúa siendo central para una parte significativa del electorado puede ser excluida definitivamente de la competencia mediante una sentencia judicial, la discusión deja de ser solamente jurídica y pasa a ser una discusión sobre el régimen democrático y la distribución efectiva del poder político.
En ese sentido, el título original —“How Argentina Banned Its Opposition”— es deliberadamente contundente: no dice que Argentina haya cometido fraude electoral, sino algo más inquietante: que puede estar construyéndose una democracia en la que se vota, pero se restringe previamente quién puede ser votado
Cómo Argentina prohibió a su oposición
Cristina Fernández de Kirchner ha sido encarcelada e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Mientras Argentina se encamina hacia las elecciones de 2027, su caso muestra cómo se manifiesta la erosión democrática cuando se produce bajo la tutela judicial.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sentada junto a su abogado en el juzgado de Comodoro Py en Buenos Aires, Argentina, el 17 de marzo de 2026. (Luis Robayo/AFP vía Getty Images)
Imagina a la persona por la que ya habías decidido votar en las próximas elecciones: el líder en quien tu bando más confía, aquel cuyo nombre pondrías en la papeleta sin pensarlo dos veces. No una figura marginal. No alguien que se haya enriquecido ilícitamente o que haya sido acusado de forma creíble de ordenar un asesinato en una esquina. Imagina despertar con la noticia de que no estará en la papeleta, porque un tribunal ha dictaminado que la actividad ordinaria de gobernar —un contrato firmado, una subvención aprobada, un programa lanzado, un presupuesto promulgado— fue en realidad un delito y lo ha enviado a prisión por ello, inhabilitándolo para la vida pública de por vida.
Ten presente a esa persona, sea quien sea. Para la mitad del país es un demócrata; para la otra mitad, un republicano. Ese es precisamente el quid de la cuestión. Todo líder que ha gobernado deja tras de sí un historial de decisiones cuestionables —la esencia del gobierno no es más que decisiones cuestionables— y cualquiera de ellas puede ser reinterpretada posteriormente por un fiscal motivado y un tribunal complaciente, no como política, sino como delito. A la maquinaria no le importa por quién votaste. Solo necesita un objetivo y un tribunal.
La mayoría de los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas, sabrían de inmediato lo que estaban presenciando. No el estado de derecho, sino su inversión: los tribunales convertidos en el instrumento para eliminar al oponente que las urnas no permitirían. Entenderían que una república en la que el Estado puede encarcelar y descalificar al candidato favorito criminalizando los actos de gobierno ha dejado de ser una democracia en todo sentido relevante, y que las elecciones posteriores, por muy limpio que sea el recuento, carecen de fundamento.
Para los argentinos, nada de esto requiere imaginación. Simplemente son las noticias.
Destituido de su cargo de por vida.
Esa política es Cristina Fernández de Kirchner. Elegida dos veces presidenta y luego vicepresidenta, nunca ha perdido una elección nacional. Hoy encabeza el Partido Justicialista y sigue siendo la figura más formidable que la política argentina ha producido en este siglo. Su estatura política se ha comparado con la de Eva Perón.
Desde junio de 2025, Kirchner se encuentra en prisión. Debido a que tiene más de setenta años, cumple su condena bajo arresto domiciliario en un apartamento en la calle San José 1111 de Buenos Aires. Un brazalete electrónico monitorea sus movimientos. Sus visitas están restringidas por orden judicial. Incluso su acceso a la azotea de su casa se ha convertido en objeto de litigio federal. Este mes, un tribunal de apelaciones volvió a negarse a flexibilizar dichas condiciones. Su sentencia —seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos— es firme. No aparecerá en la boleta electoral de 2027. No volverá a aparecer en ninguna otra boleta electoral.
El caso que dio origen a esta sentencia, conocido como Vialidad , se refería a la administración de contratos de obras viales públicas en la provincia sureña de Santa Cruz. Es importante precisar en qué se fundamenta la condena, ya que los detalles constituyen el argumento. El informe pericial que sustentaba la acusación de fraude examinó únicamente cinco de los cincuenta y un proyectos viales. El propio tribunal admitió no tener pruebas directas de conducta delictiva y haber basado su caso en inferencias.
El Tribunal Supremo que dictó la condena se ha reducido a tres magistrados. Incluso Raúl Zaffaroni, exmagistrado del Tribunal Supremo y figura influyente, ha señalado que ningún país serio confía su máximo tribunal a un panel de tres magistrados. Varios de los magistrados que intervinieron en el caso en distintas etapas mantienen vínculos sociales bien documentados con Mauricio Macri, el presidente conservador bajo cuyo mandato se gestó la acusación. Kirchner era la enemiga perfecta para Macri y la derecha argentina: mujer, peronista y defensora de la redistribución de la riqueza.
De los tanques a los tribunales
También conviene recordar que la sala del tribunal no fue el primer lugar donde se intentó. En septiembre de 2022, cuando el proceso judicial llegaba a su punto culminante, un hombre se abrió paso entre la multitud frente a la casa de Kirchner, le apuntó con una pistola a la cara y apretó el gatillo dos veces. El arma no se disparó.
Años después, la pregunta de quién, si es que alguien, lo dirigió sigue sin respuesta. Uno de los periódicos más importantes del país plasmó la secuencia en un titular muy comentado de la época: « La bala que no se disparó y la sentencia que sí lo haría» . La bala falló. La sentencia no.
Los argentinos tienen una palabra para describir lo que le están haciendo a Kirchner, y no es una que hayan acuñado para la ocasión: «proscripción». Tras el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, el peronismo —el movimiento de la clase obrera organizada del país, y durante la mayor parte de ese período su mayoría electoral— fue vetado por completo de las elecciones nacionales durante dieciocho años. Su líder vivió en el exilio; sus candidatos fueron excluidos de las papeletas; incluso su nombre fue, por un tiempo, ilegal de imprimir.
Los generales y sus aliados civiles comprendieron algo que sus descendientes aún entienden: cuando un movimiento arraigado entre los trabajadores y los pobres sigue ganando, la forma más sencilla de gobernar contra la mayoría es impedir que esta elija. Lo que ha cambiado desde 1955 es solo el instrumento. Donde antes recurrían a tanques y decretos, ahora utilizan acusaciones y tribunales de tres jueces.
Derecho argentino
Esto es lo que denomina la abreviatura «guerra jurídica»: no una teoría conspirativa, sino un patrón recurrente y reconocible con su propia gramática, que ha marcado la región durante este siglo. Fernando Lugo fue destituido en Paraguay mediante un juicio político de dos días. Dilma Rousseff fue destituida en Brasil por irregularidades en la contabilidad presupuestaria. Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado e inhabilitado para ejercer cargos públicos antes de ser finalmente exonerado. Rafael Correa fue condenado en Ecuador y obligado al exilio. Evo Morales fue inhabilitado en Bolivia. Los detalles difieren; la coreografía, no: un poder judicial complaciente, unos medios de comunicación concentrados que emiten su veredicto antes que los tribunales, una clase dirigente de política exterior que aplaude el resultado y, siempre, siempre, un objetivo que gobernó para el pueblo equivocado.
Los argentinos acudirán a las urnas en 2027 en un país donde la líder del principal partido de oposición permanece bajo vigilancia en su apartamento, sin poder presentarse a las elecciones. Es casi seguro que los votos se contarán con honestidad. Precisamente eso es lo que hace que la situación sea tan instructiva y a la vez tan sombría: se puede socavar una democracia sin siquiera tocar el recuento, simplemente decidiendo de antemano quién puede presentarse a las elecciones.
Volvamos al experimento mental, porque en realidad no es una hipótesis, sino una representación de lo que ya está sucediendo. Si reconoces el encarcelamiento y la inhabilitación del candidato por el que pensabas votar como una crisis democrática, entonces ya entiendes lo que está ocurriendo en Buenos Aires.
