Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
El creciente endeudamiento de los hogares argentinos no puede leerse como una suma de malas decisiones individuales, falta de previsión o incapacidad para administrar los ingresos. Es, antes que nada, una respuesta social a un modelo económico que deteriora el poder adquisitivo, encarece las condiciones de reproducción de la vida y obliga a millones de familias a recurrir al crédito para sostener consumos básicos. Como advirtió Mark Fisher, uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo consiste en transformar problemas estructurales en fracasos personales: aquello que produce el sistema aparece como responsabilidad del individuo. Así, la deuda deja de ser una anomalía privada y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento social. El trabajador endeudado no simplemente «gasta de más»: utiliza crédito para compensar la insuficiencia de su salario. La morosidad, entonces, tampoco expresa necesariamente irresponsabilidad: puede ser el punto en que la capacidad familiar de absorber el ajuste llega a su límite. La deuda de los hogares no es una carencia moral de las familias; es una de las formas concretas en que la crisis del modelo económico se descarga sobre ellas. Cierra el cura Juan Rega: "Deuda o hambre", en los barrios populares ya las familias comen una vez al día.
“En lugar de tratar como responsabilidad de los individuos la resolución de su propio malestar psicológico […] debemos preguntarnos cómo llegó a ser aceptable que tanta gente esté enferma.”
Max Fisher
Endeudamiento familiar, clases medias y el potencial disruptivo de una sociedad que ya no puede pagar
Los datos que aporta el Instituto Argentina Grande (IAG) permiten formular una hipótesis que excede ampliamente la dimensión financiera del fenómeno. En junio de 2026, 5,5 millones de personas registraban deudas morosas, equivalentes al 27,4% del universo de deudores y al 15% de la población de 15 años o más. Pero el dato más significativo no es solamente la expansión de la morosidad: entre junio de 2025 y junio de 2026, los deudores con atrasos superiores a un año —la categoría de mayor gravedad— aumentaron en 1.466.680 personas.1
La magnitud y la composición de este proceso permiten pensar el endeudamiento no sólo como una consecuencia del deterioro de los ingresos, sino como una posible nueva dimensión de la conflictividad social argentina. La hipótesis requiere cautela: el endeudamiento no produce mecánicamente un sujeto político. Puede generar disciplinamiento, aislamiento, temor y subordinación tanto como protesta. Su potencial disruptivo aparece cuando una experiencia inicialmente privada —“no puedo pagar”— comienza a reconocerse como una experiencia social compartida: “no podemos pagar”.
En una economía capitalista, el crédito permite adelantar consumo e inversión contra ingresos futuros. En condiciones de crecimiento y estabilidad laboral puede funcionar como instrumento de expansión de las posibilidades económicas. El problema aparece cuando el crédito deja de financiar decisiones extraordinarias y comienza a financiar la reproducción cotidiana de la vida.
Ese desplazamiento resulta particularmente relevante en la Argentina contemporánea. Cuando el ingreso corriente ya no alcanza para sostener determinados niveles de consumo, el crédito permite temporalmente cubrir la brecha. La deuda comienza así a operar como una suerte de extensión del salario. Pero existe un límite estructural: el crédito puede anticipar ingresos; no puede sustituirlos indefinidamente.
Cuando una familia toma deuda para pagar otra deuda, o utiliza crédito para afrontar gastos corrientes, se produce una transformación cualitativa. El endeudamiento deja de ser un mecanismo de expansión y comienza a convertirse en un mecanismo de administración de la insuficiencia.
Por eso resulta especialmente relevante que el mayor crecimiento se encuentre entre quienes acumulan más de un año de atraso. No estamos simplemente ante hogares que atraviesan un desfasaje temporal entre ingresos y obligaciones. Estamos frente a una proporción creciente de familias cuya capacidad de pago ha quedado estructuralmente comprometida.
El endeudado como sujeto potencialmente disruptivo
Aquí es necesario evitar cualquier mecanicismo. 5,5 millones de morosos no constituyen 5,5 millones de sujetos políticos.
La deuda posee, inicialmente, una poderosa capacidad de individualización. El problema aparece como responsabilidad personal: haber gastado demasiado, haber tomado un crédito inconveniente, haber utilizado excesivamente la tarjeta o no haber previsto una contingencia. Una contradicción social se convierte así en una sucesión de problemas privados.
Pero precisamente allí reside su potencial político.
Cuando millones de personas experimentan simultáneamente la misma imposibilidad de pago, puede comenzar a producirse un desplazamiento desde la explicación individual hacia una explicación estructural. La pregunta deja de ser “¿por qué no puedo pagar?” para convertirse en “¿por qué tantos trabajadores y familias necesitan endeudarse para sostener su vida?”
Ese desplazamiento no está garantizado. Pero si se produce, modifica la naturaleza política del fenómeno.
El sujeto potencialmente disruptivo no sería simplemente “el deudor”, sino el trabajador, la trabajadora o la familia que descubre que su endeudamiento no constituye una anomalía individual, sino una consecuencia de la relación entre salarios, precios, empleo, condiciones laborales y acceso al crédito.
Una semejanza —no una repetición— con 2001
La referencia al 2001 resulta inevitable, aunque debe utilizarse como comparación histórica y no como pronóstico.
El corralito convirtió una crisis económica y financiera en una experiencia concreta para millones de argentinos: aquello que parecía una cuestión de bancos, deuda pública, convertibilidad o reservas ingresó directamente en la vida cotidiana cuando los depositantes encontraron restringido el acceso a su propio dinero.
La situación actual es diferente, pero presenta una semejanza estructural significativa.
En 2001, amplios sectores medios experimentaron la crisis a través de la imposibilidad de disponer de sus ahorros.
Hoy una parte creciente de esos sectores puede experimentar la crisis desde el extremo opuesto: no a través de la pérdida de los ahorros acumulados, sino mediante la imposibilidad de pagar el dinero que ya fue utilizado para sostener el consumo y la reproducción cotidiana.
La diferencia es sustancial.
En 2001, la crisis penetró en los hogares a través del dinero existente que quedó inmovilizado.
En 2026, puede hacerlo mediante el dinero futuro que ya fue comprometido.
No se trata, por lo tanto, de anunciar un nuevo 2001. La historia no se repite de manera mecánica. Pero sí puede reaparecer una contradicción de fondo: la distancia entre la racionalidad del sistema financiero y las necesidades concretas de reproducción de los hogares.
El corralito fue un acontecimiento que condensó contradicciones acumuladas y produjo una acelerada transformación de la percepción política. Hoy no sabemos cuál podría ser un acontecimiento equivalente. Lo que sí puede observarse es la acumulación de una condición social potencialmente explosiva.
La estabilización macroeconómica y la desestabilización doméstica
Esta cuestión adquiere particular relevancia para un modelo económico que depende recurrentemente de mecanismos de financiamiento y asistencia externa para sostener su estabilidad.
El Estado puede obtener oxígeno financiero mediante organismos internacionales, mercados de deuda o acuerdos extraordinarios con actores externos. Pero la estabilización de determinadas variables macroeconómicas no implica necesariamente la estabilización de las economías familiares.
Aquí aparece una contradicción central:
Puede existir estabilización macroeconómica mientras se profundiza la inestabilidad social de los hogares.
El acreedor externo observa reservas, déficit, deuda soberana, tipo de cambio y capacidad de repago del Estado.
El hogar observa el vencimiento de la tarjeta, el alquiler, la cuota del préstamo, los alimentos, los servicios y los medicamentos.
Son dos temporalidades diferentes.
Una economía puede exhibir señales de estabilización financiera mientras una parte creciente de la población percibe que su propia economía está cada vez menos estabilizada.
Ese desacople constituye uno de los principales problemas políticos del modelo.
La paradoja de la deuda
Existe además una contradicción particularmente fuerte.
El ajuste sobre los ingresos y el consumo reduce la capacidad de compra de los hogares. El crédito permite compensar temporalmente esa reducción. Mientras el crédito se expande, la caída de los ingresos puede quedar parcialmente disimulada.
Pero cuando aumenta la morosidad, el mecanismo comienza a operar en sentido contrario:
la deuda que inicialmente sostiene el consumo puede terminar destruyéndolo.
El hogar sobreendeudado debe destinar una proporción creciente de sus ingresos a obligaciones pasadas. Reduce consumos, posterga decisiones, refinancia, toma nueva deuda o directamente deja de pagar.
Por eso el crecimiento de los deudores con más de un año de atraso es particularmente significativo. Indica que una parte creciente de la sociedad está atravesando el límite en el cual el crédito deja de ser una solución y se transforma en una forma de exclusión financiera y social.1
Del “que se vayan todos” al “no puedo pagar”
La comparación con 2001 permite formular una hipótesis más profunda.
El “que se vayan todos” expresó una ruptura de confianza entre amplias franjas sociales y las instituciones que habían administrado la crisis. El corralito funcionó como un acontecimiento condensador: una contradicción sistémica se volvió experiencia cotidiana.
Hoy podría estar incubándose otro tipo de experiencia.
No sabemos cuál será su eventual acontecimiento condensador, y sería metodológicamente incorrecto anticiparlo. Pero sí podemos identificar una posible transformación subjetiva:
“No puedo pagar” → “no podemos pagar” → “¿por qué no podemos pagar?”
El primer enunciado expresa una situación individual.
El segundo construye una experiencia colectiva.
El tercero introduce la política.
Ese tercer momento es el decisivo. Porque allí la deuda deja de ser únicamente una relación entre un individuo y una entidad financiera para convertirse en una relación social y, potencialmente, en una relación política.
Conclusión
Los datos del Instituto Argentina Grande muestran una expansión extraordinariamente veloz de la morosidad y, sobre todo, una profundización de las situaciones de atraso.1 En junio de 2026, 5,5 millones de personas se encuentran en situación de mora y casi 1,5 millones más que un año antes acumulan atrasos superiores a doce meses.
El dato más relevante, entonces, no es solamente la cantidad de personas endeudadas. Es la posibilidad de que la deuda se transforme en una experiencia común de las clases medias y medias bajas, sectores históricamente decisivos para la estabilidad política argentina.
No estamos ante un nuevo 2001. Pero tampoco frente a un fenómeno meramente financiero.
La deuda puede funcionar como mecanismo de disciplinamiento mientras permanece individualizada. Puede comenzar a ser disruptiva cuando esa individualización se rompe.
La cuestión central no es si los endeudados van a rebelarse. La cuestión es cuándo una sociedad deja de interpretar su endeudamiento como una suma de fracasos individuales y comienza a comprenderlo como expresión de las relaciones económicas que organizan su propia reproducción.
Si ese pasaje se produce, la deuda puede convertirse en mucho más que un problema de morosidad bancaria: puede transformarse en un punto de condensación del conflicto social argentino.
Notas
- Instituto Argentina Grande (IAG), Variación de deudores según condición de pago de sus deudas, junio 2025-junio 2026. Elaboración propia del IAG sobre datos de CENDEU-BCRA. El informe registra 5,5 millones de personas con deuda morosa en junio de 2026 y un incremento de 1.466.680 deudores con atrasos superiores a un año. La categorización considera, en cada caso, la deuda con mayor atraso de pago cuando una persona posee más de una línea de crédito
