Francia primero y Brasil después fueron escenarios durante las últimas semanas de una disputa incipiente que enfrenta a Estados nacionales con corporaciones digitales cuya influencia -en nombre de la libertad de expresión y de empresa- colisionan con leyes y condicionan además el debate democrático global.

En Francia, el empresario ruso Pavel Durov, cofundador y CEO de la plataforma de mensajería Telegram, fue detenido en agosto por negarse a colaborar con las autoridades que atribuyen a la aplicación facilidades para un uso delictivo.

Poco después, su colega Elon Musk, dueño de la red social X (antes Twitter, que él compró por 44 mil millones de dólares en 2022) y admirador de Donald J. Trump, vio su servicio bloqueado en Brasil por negarse dar de baja un centenar de cuentas que, según las autoridades, funcionaron como usinas antidemocráticas.

La red X había cedido antes a pedidos de cierre de cuentas de India y Turquía, pero en este caso acusó a las autoridades de Brasil de ejercer “censura” contra cuentas de contenidos antidemocráticos. Nigeria mantuvo el servicio de la aplicación suspendido siete meses. Otros países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte directamente prohibieron X. Australia prepara una ley de multas por abusos.

Ahora, Francia y Brasil hicieron gala -como antes Estados Unidos y la Unión Europea con otros gigantes digitales- de un poder legal que pretende cambiar unas reglas de juego del mundo virtual adoptadas casi naturalmente -mas no de modo inocente- desde que ese tipo de aplicaciones irrumpieron a nivel global.

Los expertos llaman además la atención sobre una verdadera revolución en marcha en Internet. Las redes sociales son ahora el canal con mayor inversión publicitaria en todo el mundo, por delante de los motores de búsqueda.

La imposición de límites y la aplicación estricta de leyes nacionales en Europa y América Latina, cuestionable para algunos en términos de libertad de expresión, coincide con el fallo de un juez estadounidense contra la matriz Alphabet que dictaminó que su popular buscador Google violó las normas antimonopolio y la confirmación de millonarias multas de la Unión Europea, también a Apple.

Para algunos expertos, como Carissa Véliz, “no es coincidencia que esta pérdida de democracia se dé al mismo tiempo que el auge de la tecnología digital (…) Hay que diseñar mejor la tecnología para que respete los derechos humanos y para que sea una influencia positiva en la democracia y no negativa”.

En este contexto, al presentar en septiembre el informe “Multilateralismo en una era de oligarquía global”, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, afirmó en que “los ultrarricos y las mega corporaciones que controlan están dando forma a las reglas globales para servir a sus intereses a expensas de las personas en todas partes”.

Você abusou, Elon

En abril, uno de los más influyentes jueces del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes (foto), ordenó a la empresa X que suspendiera más de 100 cuentas que ponían en duda que el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2018-2022) hubiese perdido las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Lula da Silva.

Desde 2019, Moraes ordenó a distintas redes sociales que retiraran al menos 300 cuentas, como parte de una campaña para regular el debate en las plataformas que le encomendó el propio Tribunal Supremo. El mismo magistrado votó a favor de considerar “inelegible” otra vez al expresidente Bolsonaro.

Disconforme, y prepotente según sus críticos, Musk optó directamente por cerrar las oficinas de la empresa en el país de 200 millones de habitantes y sexto a nivel mundial en número de usuarios de X, con 21,5 millones, detrás de Estados Unidos, Japón, India, Indonesia y Reino Unido, según Statista.

El cierre de X en Brasil la dejó sin representante legal, un requisito legal que impone Brasil para que las empresas operen en el país. El juez Moraes respondió entonces el 30 de agosto ordenando a los proveedores de servicios de telefonía móvil e Internet de Brasil que bloquearan el acceso a X. Musk lo trató de “malvado tirano”.

Inevitablemente, por el alcance de la red, el perfil de Musk y el peso institucional de Moraes, la cuestión adquirió un cariz político que involucró al propio Lula.

“El mundo no está obligado a soportar el todo vale de extrema derecha de Musk sólo porque es rico”, afirmó el presidente. «Este no es un país con complejo de inferioridad, en el que vamos a andar con miedo porque un estadounidense gritó».

En declaraciones públicas, Moraes dijo por su parte “las redes sociales son un muy buen instrumento, pero han sido utilizadas para atacar la democracia, el Estado de derecho y para amplificar los discursos de odio, misóginos, racistas y nazis”.

“No es posible permitir que un grupo extremista se apodere de las redes sociales en un momento histórico determinado, bajo el falso argumento de la libertad de expresión ilimitada, atacando las instituciones democráticas y los derechos fundamentales de los demás”, sentenció Moraes, en San Pablo.

El juez consideró que la reacción de Musk (imagen) de cerrar la plataforma fue “deliberada, ilegal y persistente”, e impuso a X una multa adicional de 900 mil dólares a los 3,2 millones de dólares inicialmente establecida para la compañía por negarse a cumplir la orden judicial. Peor aún, la justicia congeló dos millones de dólares de la empresa Starlink de Musk en Brasil para cubrir las multas a X.

“La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudo juez no elegido en Brasil la está destruyendo con fines políticos”, atacó Musk. Moraes replicó: es un “forajido” que pretende “permitir la difusión masiva de desinformación, discursos de odio y ataques al Estado democrático de derecho, violando la libre elección del electorado, al mantener a los votantes alejados de la información real y precisa”.

Tres semanas después del bloqueo, la red acató la orden judicial y nombró un representante legal en Brasil, además de pagar las multas y eliminar las cuentas de usuarios denunciados. Los brasileños pudieron volver a X, que argumentó una reconfiguración técnica “temporal”, pero pagó con una migración parcial de usuarios.

Sólo en los tres primeros días en que X quedó inactiva en Brasil, la red social Bluesky registró más de dos millones de nuevos usuarios -tenía 5,6 millones en todo el mundo hasta entonces- y el portugués resultó la lengua más utilizada en la aplicación,desarrollada por Jack Dorsey, creador del antiguo Twitter.

“El brusco cambio de postura de Musk en Brasil parece ser una derrota para el empresario y su imagen de guerrero de la libertad de expresión”, comentó el New York Times.

De Telegram a Google

Francia, el dueño de la aplicación de mensajería Telegram, el ruso Pavel Durov (foto), quedó detenido cuatro días en agosto por orden de la justicia gala, imputado de varios delitos presuntamente facilitados desde la app. El empresario declaró oficialmente que cumple la legislación europea y “no tiene nada que ocultar”.

Según la investigación francesa, Telegram permitió a sabiendas delitos de fraude, tráfico de drogas, difusión de contenido pedófilo y delincuencia organizada, entre otros, además de negarse a compartir información con las autoridades, blanquear dinero y ofrecer servicios cifrados a delincuentes. El empresario pagó una fianza de cinco millones de euros y quedó en libertad vigilada.

Durov, con doble ciudadanía francesa y de Emiratos Árabes Unidos, fue detenido al llegar desde Azerbaiyán en un avión privado al aeropuerto de París-Le Bourget.

En esta saga de novedades de la era del “tecno feudalismo”, como la llama Yanis Varoufakis, un juez estadounidense dictaminó en agosto que el buscador Google violó la ley antimonopolio al gastar miles de millones de dólares para crear un monopolio ilegal y convertirse en el motor de búsqueda predeterminado del mundo.

En Estados Unidos fue considerada la primera gran victoria para las autoridades federales al asumir el dominio del mercado de las grandes tecnológicas, en este caos la matriz Alphabet, que en adelante corre el riesgo de ser obligada a vender el buscador, lo que cambiaría el mundo de la publicidad en línea dominado por Google durante años.

«El tribunal llega a la siguiente conclusión: Google es monopólico y ha actuado como tal para mantener su monopolio», escribió el juez de distrito Amit Mehta, de Washington. De hecho, Google controla alrededor del 90% del mercado de búsquedas online y el 95% de los teléfonos inteligentes. La publicidad de Google representó el 77% de las ventas totales de Alphabet en 2023.

Los efectos prácticos del fallo dependerán de apelaciones ante la Corte de Apelaciones, el Circuito del Distrito de Columbia y la Corte Suprema de Estados Unidos, una disputa legal que podría prolongarse hasta 2026.

Del otro lado del océano, Google y también esta vez Apple fueron obligados en septiembre a pagar miles de millones de euros en casos antimonopolio y fiscales.

Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ordenó a Google cumplir con la multa de 2.400 millones de euros impuesta por los reguladores antimonopolio hace siete años. Por otro lado, rechazó el último recurso legal de Apple contra una orden de la Comisión Europea de devolver 13.000 millones de euros en impuestos atrasados a Irlanda.